Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 7 de octubre de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de los derechos a la libertad, a la defensa, al debido proceso y a la igualdad, puesto que, la Fiscal de Materia hoy demandada, formuló acusación formal de manera consecutiva a la imputación formal, sin haber efectuado la totalidad de los actuados investigativos y dejándolo desprovisto de asumir su derecho a la defensa y recobrar su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2023 de 9 de mayo, cursante de fs. 60 vta. a 64 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, aclarándose que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática identificada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1215/2025-S3 Sucre, 7 de octubre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 55443-2023-111-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 01/2023 de 9 de mayo, cursante de fs. 60 vta. a 64 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Weymar Ángel Baldiviezo Díaz contra Gilda Lorena Fernández Valeriano, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 8 de mayo de 2023, cursante de fs. 34 a 38, el accionante expresó:
El 30 de enero de 2023, Víctor René Isnado Isnado interpuso denuncia en su contra, por la supuesta comisión del delito de robo agravado; seguidamente, el 7 de febrero del mismo año, el Ministerio Público emitió la Resolución Fiscal de Aprehensión en aplicación al art. 226 del Código de Procedimiento Penal (CPP). El 8 de febrero de igual año, la Fiscal de Materia -ahora demandada- emitió imputación formal en su contra por el citado delito, solicitando su detención preventiva por el lapso de tres meses en el Centro Penitenciario Morros Blancos de Tarija, con la finalidad de realizar las actuaciones investigativas, recepción de la declaración de los testigos, apertura y examen de las grabaciones de las cámaras de seguridad, requerimientos fiscales a la Telefónica Celular de Bolivia S.A. (Tigo), a la Empresa de Telecomunicaciones Nuevatel PCS de Bolivia S.A. (Viva) y a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (Entel), requisa del vehículo secuestrado y requerimiento de informe a la empresa Tigo “…referente al número que se cargó la tarjeta encontrada en el lugar del hecho y que se encuentra secuestrada” (sic); sin embargo, esa misma fecha se efectuó la audiencia de consideración de medidas cautelares, donde el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Tarija, emitió Auto Interlocutorio 19/2023 de 8 de febrero, disponiendo su detención preventiva por el lapso de treinta días, también se señaló audiencia de consideración de situación jurídica para el 9 de marzo del mismo año. De las diligencias de investigación, únicamente se realizó el secuestro de las grabaciones de las cámaras; además solicitó se recepcione la declaración testifical del “Sr. Chipana”, empero, la misma no fue realizada. Transcurrieron veintisiete días y no fueron realizados los actos investigativos. El 6 de marzo de igual año, se presentó acusación formal, sin permitir asumir su derecho a la defensa, toda vez que, presentó memoriales impetrando diligencias, las cuales no fueron realizadas; esta vulneración a sus derechos, fueron reclamados ante el Juez a quo. El 9 del mismo mes y año, se realizó la audiencia de cesación a la detención preventiva, en dicha celebración no fue atendida el petitorio, puesto que, cursaba en obrados una acusación formal. Posteriormente, el 11 de igual mes, se celebró la audiencia de control de la medida cautelar, empero, nuevamente no fue atendida su petición. Alegó que la Fiscal de Materia demandada, vulneró su derecho a la defensa y a la igualdad previsto en el art. 12 del CPP, al haber formulado la acusación formal, sin haber concluido los actos investigativos.
Denunció la vulneración de los derechos a la libertad, a la defensa, al debido proceso y a la igualdad, sin citar al efecto precepto constitucional alguno.
Solicitó se conceda la tutela impetrada y se disponga: a) La restitución de los derechos y las formalidades legales; y, b) La anulación de la acusación formal y “…se disponga un plazo prudencial antes de emitir acusación fiscal…” (sic).
Celebrada la audiencia pública virtual el 9 de mayo de 2023, conforme el acta de audiencia cursante de fs. 58 a 60 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolo manifestó que: 1) “…no se hubiera agotado ninguna vía respecto a resoluciones judiciales, si bien establece y no existe un procedimiento dentro del código de procedimiento penal, para poder impugnar o recurrir a este tipo de acciones, concretamente generadas por el Ministerio Público, pues obviamente se ha acudido a la acción de libertad…” (sic); 2) El Ministerio Público inicialmente solicitó tres meses para su detención preventiva y para realizar los actos investigativos -se otorgó treinta días-, empero, no concluyó en la realización de los mismos, lo cual generó la vulneración a sus derechos; 3) En las actas de audiencia de “control de detención preventiva” del 9 y 11 de marzo de 2023, en la primera ocasión el Juez a quo suspendió la misma indicando que no tiene competencia; seguidamente, en la otra audiencia esta autoridad judicial, “…justamente en base a una acción de libertad que también interpone el accionante, en todo caso el control de plazo el 11 de marzo, que no se va a fundamentar porque mi persona es quien estaba fundamentado, y el juez dice que no se va fundamentar sobre el tema de los brazos, porque no es la naturaleza de la audiencia, por eso es que obviamente hemos visto afectado el debido proceso, o el procesamiento indebido, que ha generado la continuación de esta detención preventiva…” (sic).
Gilda Lorena Fernández Valeriano, Fiscal de Materia, por informe escrito, de fs. 56 a 57 vta., manifestó lo siguiente: i) El 8 de febrero de 2023, en mérito a la imputación formal se celebró la audiencia de consideración de situación jurídica, en la cual se emitió Auto Interlocutorio 19/2023, disponiendo la detención preventiva del imputado -ahora accionante- por el plazo de treinta días en el Centro Penitenciario Morros Blancos de Tarija, asimismo, se señaló “…audiencia de control de plazo de duración a la detención preventiva para el 9 de marzo de 2023…” (sic); ii) El “único argumento” alegado por el imputado -ahora accionante- es la emisión de la acusación formal de manera simultánea o próxima a la formulación de la imputación formal; iii) El planteamiento de la acción de libertad desvirtúa la esencia misma de este recurso tutelar, toda vez que, el imputado no agotó las vías previstas en el art. 239 del CPP, tampoco se encuentra ilegalmente privado de su libertad; así también, hizo referencia a la modalidad traslativa o de pronto despacho, buscando acelerar los trámites judiciales o administrativos, empero, en el presente caso no existió dilación, tampoco la falta de celeridad; iv) Se realizó todos los actos de investigación establecidas, motivo por el cual se formuló la acusación formal; v) El sindicado pretende “…la anulación de la acusación y que se disponga un plazo prudencial antes de emitir la acusación debiendo realizar todos los actos e investigación…” (sic), sin embargo, esta petición no corresponde ser atendida por la vía constitucional; y, vi) Solicitó denegar la tutela impetrada, toda vez que, no se vulneró el derecho a la libertad.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Resolución 01/2023 de 9 de mayo, cursante de fs. 60 vta. a 64 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) En la acción de libertad no se estableció de qué manera se suscitó la vulneración al derecho a la libertad, toda vez que, este derecho fue restringido de acuerdo a normativa, vale decir, mediante una disposición de medida cautelar -detención preventiva-; y, b) De la prueba aparejada, no se advirtió el agotamiento de los mecanismos legales establecidos en el Código de Procedimiento Penal -Ley 1970 de 25 de marzo de 1999- y en la Ley Orgánica del Ministerio Público -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, ya sea para impugnar o interponer reclamo contra los actuados defectuosos por intermedio de los recursos idóneos y oportunos.
De la revisión y compulsa de los antecedentes cursantes en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. De la Acta de audiencia de garantías de 9 de mayo de 2023, el accionante, a través de su abogado expresó “…que no se hubiera agotado ninguna vía respecto a resoluciones judiciales, si bien establece y no existe un procedimiento dentro del código de procedimiento penal, para poder impugnar o recurrir a este tipo de acciones, concretamente generadas por el Ministerio Público, pues obviamente se ha acudido a la acción de libertad…” (sic [fs. 59 vta.]).
El accionante denuncia la vulneración de los derechos a la libertad, a la defensa, al debido proceso y a la igualdad, puesto que, la Fiscal de Materia hoy demandada, formuló acusación formal de manera consecutiva a la imputación formal, sin haber efectuado la totalidad de los actuados investigativos y dejándolo desprovisto de asumir su derecho a la defensa y recobrar su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0650/2024-S4 de 24 de septiembre, estableció que: «Al Respecto, la SCP 0441/2023-S4 de 5 de junio, establece que: “Por disposición del art. 125 de la CPE, la acción de libertad se constituye en el mecanismo de defensa de los derechos a la libertad y la vida de toda persona, cuando considere que su vida se encuentra en peligro o que es ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de su libertad personal, siendo una de sus características más relevantes la exención de formalidades procesales para su activación, dado que puede ser presentado por cualquier persona afectada u otra a su nombre sin necesidad de mayor exigencia que su sola identificación, además que puede ser realizada por escrito o de manera verbal. (…)
En ese sentido, el art. 279 del Código de Procedimiento Penal (CPP), dispone que la Fiscalía y la Policía Nacional actuarán siempre bajo control jurisdiccional; norma que guarda coherencia con el art. 54.1 del adjetivo penal, que señala que los jueces de instrucción penal serán competentes para el control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en el mismo ordenamiento legal; lo que implica que, el juez que ejerce el control jurisdiccional, en la etapa que corresponda, tiene el deber de ejercer el control del proceso, tanto en las actuaciones del Ministerio Público como en las que correspondan a la Policía Nacional, control que debe ser ejercido en resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes en el proceso. Así fue razonado en la SCP 0003/2020-S3 de 2 de marzo, cuando señaló que: ‘…el Juez de Instrucción Penal, es el encargado del control jurisdiccional desde el primer acto del proceso hasta la conclusión de la etapa preparatoria, teniendo bajo su control todos los actos investigativos realizados por el Ministerio Público, así como las actuaciones de la Policía Nacional, en tal sentido las partes ante cualquier acto vulneratorio de sus derechos deben denunciar previamente ante dicha autoridad judicial, las posibles lesiones de derechos a objeto de su resguardo y en su caso restitución, pues el control jurisdiccional se constituye en el medio idóneo, oportuno y eficaz para ello‛. Dicho lineamiento también fue asumido en la SC 0054/2010-R de 27 de abril, al señalar que: ‘…ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales y -se reitera- sólo en caso de verificarse que existirá una dilación o que esa instancia no se constituye en la eficaz y oportuna para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa‛. (…) En ese marco, la aplicación excepcional de la subsidiariedad resulta aplicable a los casos en los cuales la causa se encuentre bajo control jurisdiccional, toda vez que, en el marco del principio de constitucionalidad contenido en el art. 410.I de la CPE, todas las personas, órganos públicos e instituciones se encuentran sometidos a la Ley Fundamental, de manera que, es obligación prima facie, de las autoridades que ejercen dicho control, conocer y resolver en primer término las denuncias de vulneración a derechos fundamentales, y solo en defecto de ellas y de persistir la lesión alegada, se aperture la justicia constitucional al efecto, con mayor razón si los actos lesivos se producen en desobediencia de resoluciones emanadas de la propia autoridad jurisdiccional“» (las negrillas nos corresponden).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa, al debido proceso y a la igualdad, puesto que, la Fiscal de Materia ahora demandada formuló acusación formal de manera consecutiva a la imputación formal, sin haber efectuado la totalidad de los actuados investigativos y dejándolo desprovisto de asumir su derecho a la defensa y recobrar su libertad.
De la revisión de los antecedentes, se advierte que, el 30 de enero de 2023 se interpuso denuncia contra el accionante, por la presunta comisión del delito de robo agravado; posteriormente, el 7 de febrero del mismo año, el Ministerio Público procedió con la aprehensión del prenombrado; y el 8 de igual mes, la Fiscal de Materia –demandada-, formuló imputación formal, razón por la cual fue celebrada la audiencia de aplicación de medidas cautelares, donde se emitió Auto Interlocutorio 19/2023, disponiendo la detención preventiva por el lapso de treinta días en el Centro Penitenciario Morros Blancos de Tarija; asimismo, fue señalada audiencia de consideración de situación jurídica para el 9 de marzo de similar año; de manera ulterior, el 6 del mismo mes y año, la autoridad fiscal presentó acusación formal, ante este acontecimiento, el accionante reclamó la falta de realización de los actos de investigación y que la prematura presentación de la misma vulneró su derecho a la defensa y a la libertad. Conforme al acta de la audiencia (virtual) de control de la detención preventiva de 9 de marzo de 2023, no estuvieron presentes el imputado, tampoco la víctima, ni su abogado, motivo por el cual se imposibilitó la consideración de la cesación a la detención preventiva; así también, el Juez a quo puso a conocimiento la formulación de la acusación formal, disponiendo que en aplicación al art. 325.I del CPP, se remita para el respectivo sorteo de la autoridad jurisdiccional, la cual deberá efectuar la audiencia de consideración de situación jurídica del imputado hoy accionante; sin embargo, del “ACTA DE AUDIENCIA DE CONTROL DE DURACIÓN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA Y DE CESACIÓN A LA DETENCIÓN PREVENTIVA” (sic) de 11 de marzo de 2023, efectuada por el Juez a quo, dispuso mantener incólume la detención preventiva.
En ese contexto, el Fundamento Jurídico III.1 citado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, referida a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, haciendo mención al art. 279 del CPP establece que “La Fiscalía y la Policía Nacional actuarán siempre bajo control jurisdiccional”, misma que guarda relación con el art. 54.1 del citado Código; en tal sentido, la autoridad judicial siendo el encargado de la dirección de los actos procesales, así también, del cumplimiento de las directrices establecidas en el adjetivo penal; por lo que, cualquiera de las partes ante un acto vulneratorio, irregularidades, actos ilegales u omisiones incurridas por los fiscales deberá denunciar recurriendo al medio idóneo, oportuno y eficaz, vale decir, mediante la vía incidental; en el presente caso, el accionante no demostró las supuestas omisiones de la Fiscal de Materia, ni que hubiera reclamado las mismas ante el Juez que ejerce el control jurisdiccional.
Bajo ese razonamiento jurisprudencial, el abogado del ahora accionante en audiencia de garantías expresó que “…no se hubiera agotado ninguna vía respecto a resoluciones judiciales, si bien establece y no existe un procedimiento dentro del código de procedimiento penal, para poder impugnar o recurrir a este tipo de acciones, concretamente generadas por el Ministerio Público…” (sic); de lo cual se advirtió que el impetrante de tutela no recurrió a los medios de defensa idóneos y oportunos establecidos en la jurisdicción ordinaria, es decir, mediante incidente de actividad procesal defectuosa establecida en el art. 167 y siguientes del CPP, teniendo en cuenta que, las actuaciones del Ministerio Público están supeditadas al control jurisdiccional de la autoridad jurisdiccional competente, la cual tiene el deber de ejercer la dirección del proceso penal, el resguardo de los derechos y las garantías de las partes procesales. Por consiguiente, corresponde denegar la tutela, debido a que no acudió a la instancia intraprocesal establecida a objeto de restituir la lesión de sus derechos. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2023 de 9 de mayo, cursante de fs. 60 vta. a 64 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, aclarándose que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática identificada.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1215_2025-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): d39b6ae0bfe8e93df1650c1300215c26dc41bfbda504015386ef9ac035670e20
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