B.IA.LEGAL

SCP 1210/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 13 de noviembre de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
13 de noviembre de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
40840-2021-82-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos tutela alega la vulneración de sus derechos a la libertad y el debido proceso en su vertiente celeridad; toda vez que, los Vocales ahora demandados, hasta la fecha de presentación de la presente acción de libertad, no resolvieron la petición de homologación de la amnistía formulada y reiterada por la Directora del SEPDEP y su persona; sino, dichas solicitudes fueron providenciadas por la Secretaria de Sala indicando se esté al sorteo de la causa de 12 de abril de 2021 y a la competencia del Tribunal de alzada; por lo que, solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene a las autoridades señaladas resuelvan en el plazo máximo de veinticuatro horas la solicitud de homologación de amnistía presentada. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada; para le efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; ii) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; y, iii) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelven: CONFIRMAR la Resolución 5/2021 de 15 de junio, cursante de fs. 38 a 43, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, sobre la base de los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y ratificando los términos dispositivos de la Jueza de garantías. 2° Exhortar a la Vocal demandada, para que aplique los entendimientos asumidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, al momento de resolver la libertad de las personas en utilización del principio de celeridad y respeto a los derechos fundamentales.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  2. III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1210/2023-S1 Sucre, 13 de noviembre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 40840-2021-82-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 5/2021 de 15 de junio, cursante de fs. 38 a 43, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Samuel Alex Orihuela Sanabria; Humberto Trigo Guzmán y Carolina Torres Ortiz Flores en representación sin mandato de Antonio Jacobo Dajbura Sabag contra Jesús Víctor Gonzales Milán y María Giovanna Pizo Guzmán, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 14 de junio de 2021, cursante de fs. 12 a 15, el accionante a través de sus representantes sin mandato, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato, fue emitida sentencia absolutoria a su favor, por no existir elementos probatorios que acrediten la comisión de mencionados delitos; que, apelada como fue, se radicó en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Cumplidos los requisitos dispuestos en el Decreto Presidencial 4461 de 18 de febrero de 2021, cuales son, ser parte de un proceso penal y que el mismo haya superado el máximo legal sin existir sentencia condenatoria ejecutoriada, y contar con más de cincuenta y ocho años de edad, se acogió al derecho de amnistía establecido en éste; en cuyo mérito, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) emitió la Resolución Administrativa 06/2021 de 30 de abril, concediéndole la solitud correspondiente. Continuando con el trámite exigido por el referido Decreto Presidencial, el 13 de mayo de 2021, el SEPDEP remitió los antecedentes a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -donde se encontraba la causa con recurso de apelación-; a fin de que, la concesión de amnistía sea homologada, siendo respondida por proveído de 18 de igual mes y año, indicando se esté a la competencia de ese Tribunal de alzada conforme el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP); así, el 28 del mes y año mencionados, el señalado Servicio reiteró el pedido de homologación de amnistía, argumentando que según el Decreto nombrado, una vez emitida la Resolución de amnistía, el juez de la causa tiene el plazo de tres días para homologar dicha Resolución y, que tomando en cuenta que en dicha Sala se encontraban los antecedentes del proceso, se deduce que sus componentes son competentes para conocer la homologación; frente a lo cual, los Vocales ahora demandados, mediante proveído de 1 de junio de 2021, manifestaron estese al sorteo de 12 de abril de 2021. De esta manera, los Vocales demandados al incumplir el Decreto Presidencial 4461, generaron una dilación innecesaria y un procesamiento indebido de una persona de la tercera edad parte de un grupo vulnerable; puesto que, hasta la fecha estas autoridades no tienen la más mínima intención de homologar la concesión de amnistía.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y el debido proceso en su vertiente celeridad, sin citar norma constitucional alguna que la contenga.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga que los Vocales ahora demandados resuelvan en el plazo máximo de veinticuatro horas la solicitud de homologación de amnistía presentada por el SEPDEP.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad se realizó el 15 de junio de 2021, según consta en acta cursante a fs. 37 y vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de sus abogados, ratificó íntegramente los términos de su demanda tutelar, enfatizando que, el control de su Despacho y Secretaría, es función de los Vocales.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Informe escrito presentado el 15 de junio de 2021, cursante a fs. 36 y vta., señaló lo siguiente: a) El 12 de abril de 2021 fue sorteada la apelación restringida formulada por el ahora accionante, misma que al estar siendo resuelta con la suplencia legal del Vocal de turno, no fue posible la notificación a éste con la resolución emitida; b) De acuerdo al informe elaborado por la Secretaria de la Sala Penal Tercera del citado departamento, su persona desconocía de la petición de homologación de amnistía hasta la notificación con la presente acción de libertad, memoriales que fueron providenciados inadecuadamente por la funcionaria aludida; frente a los cuales, el ahora solicitante de tutela bien pudo hacer uso del recurso de reposición, a objeto de que en la Sala se verifique la viabilidad o no de su pretensión; por lo que, si bien las peticiones de indulto deben ser sustanciadas con la celeridad que el caso amerita, no es posible exigir tal circunstancia cuando esta obligación y pretensión era desconocida, observándose entonces falta de legitimación pasiva; y, c) En relación a Jesús Víctor Gonzales Milán -Vocal codemandado-, no existe legitimación pasiva; puesto que, se excusó del conocimiento del proceso penal.

I.2.3. Participación del tercero interesado

El Ministerio Público, en audiencia manifestó que no se vulneró ningún derecho del ahora solicitante de tutela; puesto que, sí hubo respuesta en sentido de que la Sala no era competente para resolver sobre la homologación de la amnistía ; y, la apelación restringida fue sorteada como corresponde.

I.2.4. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 5/2021 de 15 de junio, cursante de fs. 38 a 43, denegó la tutela impetrada respecto a Jesús Víctor Gonzales Milán -Vocal codemandado-, y concedió la tutela con relación a María Giovanna Pizo Guzmán, -Vocal ahora codemandada-, ordenando a esta autoridad, que en el plazo de veinticuatro horas se pronuncie respecto al memorial de 13 de mayo de 2021 presentado por la Directora del SEPDEP; decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: 1) En el presente caso, no existe legitimación pasiva respecto a Jesús Víctor Gonzales Milán, autoridad codemandada, porque éste se excusó de asumir conocimiento de la causa en apelación por estar dentro de las causales de excusa previstas en el CPP; de esta manera, el prenombrado no tenía obligación alguna de resolver la solicitud de amnistía formulada; 2) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho desarrollada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, cuya línea en cuanto al principio de celeridad en su alcance como elemento del debido proceso dentro de los procesos judiciales; esencialmente, conlleva el cumplimiento de los plazos procesales fijados por la norma, y de no existir los mismos, el cumplimiento de actuaciones procesales en el plazo más razonable y breve posible, máxime si se trata del ámbito penal y de por medio se encuentran solicitudes vinculadas a la libertad del procesado, busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante la presencia de dilaciones indebidas e injustificadas, para resolver situaciones jurídicas de la persona que se encuentra privada de libertad; 3) Se evidencia una dilación indebida al no haberse resuelto la solicitud de amnistía de acuerdo a lo establecido por el Decreto Presidencial 4461; aspecto que, no puede justificarse en los términos referidos por la autoridad demandada, al indicar que no fue ella sino la Secretaria de la Sala Penal Tercera del citado departamento, quien emitió los decretos de 18 de mayo y 1 de junio, ambos de 2021, siendo la causa que le impidió conocer y resolver dicho pedido; sin embargo, de las normas del CPP, modificadas por la Ley 1173, si bien dentro de las atribuciones de los secretarios del área penal está el emitir algunos decretos, esta facultad se encuentra limitada a la naturaleza de la pretensión; de esta manera, teniendo en cuenta que la solicitud de amnistía, por su connotación con el derecho a la libertad concebido como un derecho fundamental, en el marco del debido proceso, de ninguna manera puede ser catalogada como un planteamiento de mero trámite, como erróneamente fue entendido por la Secretaria de Sala y admitido por la Vocal demandada; y, 4) En consecuencia, la Vocal ahora demandada debió resolver los escritos presentados por la Directora del SEPDEP, ya sea admitiendo o rechazando la solicitud de amnistía en el plazo establecido por el Decreto Presidencial 4461; y de modo alguno, dicha situación debió ser definida por la funcionaria de apoyo jurisdiccional, que como sucedió, ésta determinó estarse a la competencia de ese Tribunal de alzada y al sorteo de la causa; más, si se considera -en consonancia con la jurisprudencia constitucional- que la competencia de los Tribunales de alzada para conocer peticiones incidentales como en el caso, la extinción de la acción penal por amnistía -además del art. 27.2 del CPP-, corresponde al Juez o Tribunal donde radica la causa, en el presente caso, la Sala Penal Tercera del departamento de Cochabamba; asimismo, la Secretaria de dicha Sala debió informar a la Vocal demandada para que la misma resuelva la señalada solicitud, y en su caso, en observancia de la adecuada gestión del despacho a su cargo, debió revisar las peticiones planteadas a diario ante esa instancia.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 3 de agosto de 2022 (fs. 59) a solicitud de la Magistrada Relatora se dispuso la suspensión del plazo, a objeto de solicitar documetnacion complementaria; habiéndose remitido la misma, se reanudó el plazo a partir del día siguiente hábil de la notificación con el Decreto Constitucional de 17 de octubre de 2023 (fs. 157), de acuerdo a antecedenbtes. Por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del plazo legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones:

II.1. Según Auto de Vista 01 de 11 de enero de 2021, Jesús Gonzales Milán, Vocal de la Sala Penal Tercera del citado departamento, se excusó del conocimiento del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Antonio Jacobo Dajbura Sabag, y solicita a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Cochabamba, se lo aparte del conocimiento de dicho proceso penal; excusa declarada legal (fs. 34 y 35). II.2. El Servicio Plurinacional de Defensa Pública-Cochabamba, por Resolución 06/2021 de 30 de abril, resolvió declarar procedente la solicitud de amnistía de Antonio Jacobo Dajbura Sabag, disponiendo además la remisión de dicha Resolución al Juzgado de origen para su respectiva homologación en tiempo oportuno; considerando, que el nombrado interesado contaría con una sentencia absolutoria que no se hubiera ejecutoriado, y que se comprobó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 5 del Decreto Presidencial 4461, además de encontrarse dentro de un grupo vulnerable, al contar con “67” años (fs. 4 a 5 vta.). II.3. Mediante Memorial de 14 de mayo de 2021, la Directora Departamental de Defensa Pública de Cochabamba, dirigido a los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia, solicita se de curso al pedido de homologación de la amnistía de Antonio Jacobo Dajbura Sabag -conforme al art. 6 del Decreto Presidencial 4461- señalando que el tiempo máximo de duración legal del proceso penal fue superado, sin que se cuente con sentencia condenatoria ejecutoriada, y que el nombrado pertenece a un grupo de riesgo vulnerable, al contar con “67” años de edad (fs.3); siendo providenciado el 18 de igual mes y año, refiriendo: “Estese a la competencia de este Tribunal de Alzada, conforme establece el art. 398 del C.P.P.” (fs. 6). II.4. La Directora del SEPDEP de Cochabamba, por Memorial presentado el 28 de mayo de 2021 a los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del mencionado departamento, reiteró su solicitud de homologación de amnistía, señalando que conforme al Decreto Presidencial 4461, el Juez de la causa es quien debe resolver las solicitudes de homologación de amnistía; entonces, tomando en cuenta que el Juez de la causa es aquel con quien se encuentran los antecedentes del proceso, se deduce que los Vocales que conforman la Sala Penal Tercera son competentes para ello; siendo providenciada el 1 de junio de 2021, refiriendo: estese al sorteo de 12 de abril de 2021 (fs. 7 y vta., y 8). II.5. Por memorial de 11 de junio de 2021, Antonio Jacobo Dajbura Sabag peticionante de tutela, solicitó a los Vocales de la Sala Penal Tercera del departamento de Cochabamba, homologación de amnistía, manifestando que nada tiene que ver el sorteo de 12 de abril del referido año -citado en el proveído de 1 de junio de 2021-; toda vez que, este se hizo para resolver el recurso de apelación formulado por la parte contraria, no así para resolver la amnistía (fs. 10).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos tutela alega la vulneración de sus derechos a la libertad y el debido proceso en su vertiente celeridad; toda vez que, los Vocales ahora demandados, hasta la fecha de presentación de la presente acción de libertad, no resolvieron la petición de homologación de la amnistía formulada y reiterada por la Directora del SEPDEP y su persona; sino, dichas solicitudes fueron providenciadas por la Secretaria de Sala indicando se esté al sorteo de la causa de 12 de abril de 2021 y a la competencia del Tribunal de alzada; por lo que, solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene a las autoridades señaladas resuelvan en el plazo máximo de veinticuatro horas la solicitud de homologación de amnistía presentada. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada; para le efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; ii) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; y, iii) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, asumió el siguiente razonamiento:

La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; por esta razón, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril se amplió la referida clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.

III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0613/2018-S2 de 8 de octubre, asumió el siguiente razonamiento:

En cuanto al principio de celeridad, el art. 178.I de la CPE, dispone que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respecto a los derechos”; asimismo, el art. 180.I de la CPE, expresa que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez”, ambos artículos se encuentran relacionados a lo establecido en el art. 115.II de la misma Norma Suprema al señalar que: “ El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas nos corresponden). Complementando lo señalado, la SC 0010/2010-R de 6 de abril, razonó que la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos, ratificado dicho entendimiento en la SC 0023/2013 de 4 de enero.

Posteriormente, la SC 0953/2015-S3 de 6 de octubre, respecto a la aplicación del principio de celeridad en trámites judiciales, alegó que la celeridad se constituye en un elemento integrante del debido proceso, su observancia obliga a quienes administran justicia, al deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas en cumplimento de los plazos establecidos en la norma, en ese sentido el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial, determina que la celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. Asimismo, el citado principio como elemento del debido proceso se encuentra además interrelacionado con otros principios, derecho y garantías. Entendimiento reiterado en la SCP 1156/2016-S3 de 25 de octubre.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos tutela alega la vulneración de sus derechos a la libertad y el debido proceso en su vertiente celeridad; toda vez que, los Vocales ahora demandados, hasta la fecha de presentación de la presente acción de libertad, no resolvieron la petición de homologación de la amnistía formulada y reiterada por la Directora del SEPDEP y su persona; sino, dichas solicitudes fueron providenciadas por la Secretaria de Sala indicando se esté al sorteo de la causa de 12 de abril de 2021 y a la competencia del Tribunal de alzada; por lo que, solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene a las autoridades señaladas resuelvan en el plazo máximo de veinticuatro horas la solicitud de homologación de amnistía presentada.

Con carácter previo al análisis de los extremos descritos precedentemente, corresponde señalar que conforme el Auto de Vista 01 de 11 de enero de 2021, el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Cochabamba, Jesús Gonzáles Milán -ahora codemandado- se excusó del conocimiento del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Oscar Jimmy Treviño Ramírez contra el ahora peticionante de tutela. Al respecto, se debe señalar que, en cuanto al cumplimiento de la legitimidad pasiva en la acción de libertad, la abundante jurisprudencia constitucional exige la coincidencia entre la persona o autoridad que presuntamente cometió la trasgresión de derechos fundamentales y garantías constitucionales y aquella contra quién se dirige la acción. Bajo este entendimiento, en el caso particular se evidencia que debido a la excusa formulada por el Vocal codemandado, se lo separó del conocimiento y resolución de la referida causa penal; consecuentemente, este Tribunal no advierte el acto ilegal u omisión indebida en que hubiera incurrido, correspondiendo denegar la tutela en relación a esta autoridad jurisdiccional demandada por falta de legitimación pasiva. Ahora bien, como se señaló en el Fundamento Jurídico III.1, de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad de pronto despacho, busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos. Este entendimiento deja claramente establecido que todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser tramitadas, resueltas y efectivizadas con la mayor celeridad. Según los antecedentes que cursan en el expediente se advierte que el SEPDEP-Cochabamba, por Resolución 06/2021, declaró procedente la solicitud de amnistía de Antonio Jacobo Dajbura Sabag -ahora accionante- disponiendo además la remisión de dicha Resolución al juzgado de origen para su respectiva homologación en tiempo oportuno, al considerar que el interesado contaría con una sentencia absolutoria que no se hubiera ejecutoriado, y que se comprobó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 5 del Decreto Presidencial 4461, además de encontrarse dentro de un grupo vulnerable, al contar con “63” (sic) años de edad. Así, por memorial de 14 de mayo de 2021, la Directora del referido Servicio, pidió a los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, se de curso al pedido de homologación de la amnistía -conforme al art. 6 del mencionado Decreto Presidencial-, señalando que el tiempo máximo de duración legal del proceso penal fue superado, sin que se cuente con sentencia condenatoria ejecutoriada, y que el nombrado pertenece a un grupo de riesgo vulnerable, al contar con “67” (sic) años de edad; siendo providenciado el 18 de igual mes y año, refiriendo “Estese a la competencia de este Tribunal de Alzada, conforme establece el art. 398 del C.P.P.”. Asimismo, el 28 de mayo de 2021, la indicada autoridad reiteró su solicitud de homologación de amnistía, señalando que conforme al Decreto Presidencial 4461, el juez de la causa es quien debe resolver las solicitudes de homologación de amnistía; entonces, tomando en cuenta que el juez de la causa es aquel con quien se encuentran los antecedentes del proceso, se deduce que los Vocales que conforman la Sala Penal Tercera serían los competentes para ello; siendo providenciada el 1 de junio de 2021, refiriendo, estese al sorteo de 12 de abril de 2021. A su vez, mediante escrito de 11 de junio de 2021, Antonio Jacobo Dajbura Sabag solicitó a los Vocales de la Sala Penal Tercera señalada ut supra homologación de amnistía, manifestando que nada tiene que ver el sorteo de 12 de abril del referido año -citado en el proveído de 1 de junio de 2021- toda vez que este se hizo para resolver el recurso de apelación formulado por la parte contraria, no así para resolver la amnistía. De esta manera, en el caso analizado, se evidencia que la Vocal ahora demandada no actuó con la debida celeridad; puesto que, debió considerar que la solicitud del peticionante de tutela se encontraba vinculada a su libertad física o personal; y si bien, para la citada autoridad, el afirmar que no tuvo conocimiento de las solicitudes de homologación de amnistía en razón a que la Secretaria fue quien providenció a las mismas, ello no exime de responsabilidad a la autoridad jurisdiccional a cargo; toda vez que,: “…le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado…”. Consiguientemente, en el caso en cuestión, si bien resultaba posible extender la demanda contra el personal de apoyo jurisdiccional, eso no exime de posibles responsabilidades atribuibles a esta autoridad, por estar a cargo del juzgado y del personal de apoyo judicial.

Por consiguiente, es evidente la dilación indebida en la que incurrió la autoridad demandada, en razón de que no existe justificación alguna para la dilación indebida en la resolución de la solicitud de amnistía de acuerdo a lo establecido por el Decreto Presidencial 4461; aspecto que no puede justificarse en los términos expuestos por esta autoridad, al indicar que no fue ella, sino la Secretaria de Sala quien emitió los decretos de 18 de mayo y 1 de junio de 2021 y que ello hubiera sido la causa que le impidió conocer y resolver dicho pedido, teniendo en cuenta que la solicitud de amnistía, por su connotación con el derecho a la libertad concebido como un derecho fundamental, en el marco del debido proceso, de ninguna manera puede ser catalogada como un planteamiento de mero trámite, como erróneamente fue entendido por la Secretaria de Sala y admitido por la Vocal demandada; más, si se considera -en consonancia con la jurisprudencia constitucional- que la competencia de los Tribunales de alzada para conocer peticiones incidentales como en el caso, la extinción de la acción penal por amnistía -además del art. 27.2 del CPP-, corresponde al juez o tribunal donde radica la causa, en el caso, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

En ese contexto, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es obligación que toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad; situación que no ocurrió en el presente caso; toda vez que, hasta la fecha de presentación de la acción de defensa, no fue resuelta la petición de homologación de la amnistía formulada y reiterada por la Directora del SEPDEP y el ahora solicitante de tutela, resultando evidente la dilación indebida, demorando la consideración de su pedido referido a su libertad personal, respecto del cual, las autoridades judiciales como administrativas están en el deber de actuar con la mayor celeridad y diligencia, dada la alta intensidad que representa la privación de la libertad personal.

En consecuencia, corresponde conceder la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, por no haberse observado el principio de celeridad. En consecuencia, la Jueza de garantías al conceder la tutela impetrada, evaluó de forma correcta los datos del proceso y las normas aplicables al caso.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelven: CONFIRMAR la Resolución 5/2021 de 15 de junio, cursante de fs. 38 a 43, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, sobre la base de los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y ratificando los términos dispositivos de la Jueza de garantías. 2° Exhortar a la Vocal demandada, para que aplique los entendimientos asumidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, al momento de resolver la libertad de las personas en utilización del principio de celeridad y respeto a los derechos fundamentales. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente…”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente…”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´.Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenado…”.

2 El FJ III.5, indica: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).

3 “…la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad; y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos…”

4 “La celeridad se constituye en un elemento integrante del debido proceso, su observancia compele a quienes administran justicia, al deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas en cumplimiento de los plazos establecidos en la norma y de no existir este dentro de un término razonable con el objetivo de que los trámites judiciales cumplan su finalidad de forma oportuna, en ese sentido, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determina que la celeridad “comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. En ese entendido, el principio de celeridad como elemento del debido proceso, se encuentra además interrelacionado con otros principios, derechos y garantías; es decir, que ante su inobservancia no solo se afecta el mismo sino también a la garantía del debido proceso, así por ejemplo la demora en dar una respuesta oportuna a los trámites judiciales vulnera los derechos de petición independientemente de que sea resuelta de forma positiva o negativa, de acceso a la justicia como la potestad de la persona para acudir ante la autoridad judicial competente demandando el restablecimiento de sus derechos de forma oportuna y el principio de seguridad jurídica que merecen las partes intervinientes en el proceso, motivos que hacen que sea objeto de protección constitucional”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1210_2023-S1.pdf · páginas 1 a 12.

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