Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 3 de octubre de 2025
Concede la tutela
Los accionantes a través de su representante denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, al principio de celeridad y a la “garantía de legalidad”; toda vez que, el 27 de abril de 2023, el Juez ahora demandado, ordenó sus detenciones preventivas y en la misma audiencia plantearon recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio emitido; sin embargo, hasta el momento de la interposición de la acción de libertad dicha apelación no fue remitida al Tribunal de alzada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15/2023 de 5 de mayo, cursante de fs. 12 a 13 vta., pronunciada por Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, con base a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; en los mismos términos y alcances dispuestos por el Juez de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1208/2025-S3 Sucre, 3 de octubre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 55475-2023-111-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 15/2023 de 5 de mayo, cursante de fs. 12 a 13 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Víctor Franz Flores Lero en representación sin mandato de Frida Lely, Royer; y, Karem Deysi todos de apellido Cosme Sinka contra René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 4 de mayo de 2023, cursante de fs. 2 a 4 vta, los accionantes, a través de su representante manifestaron que:
Dentro el proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 27 de abril de 2023, en audiencia de consideración de medidas cautelares de carácter personal, el Juez -ahora demandado-, ordenó sus detenciones preventivas de forma presuntamente arbitraria y sin que el Ministerio Público hubiera presentado elementos de convicción para acreditar riesgo procesal alguno. Ante ello en la misma audiencia plantearon recurso de apelación incidental contra la resolución emitida. Sin embargo, hasta el momento de la interposición de la acción de libertad transcurridos “…CIENTO SESENTA Y OCHO HORAS O SIETE DIAS CALENDARIOS O CUATRO DIAS HÁBILES…” (sic), dicha impugnación no fue remitida al Tribunal de alzada.
Denunciaron la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, al principio de celeridad y a la “garantía de legalidad”; citando al efecto los arts. 178 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitaron se conceda la tutela, ordenando al Juez demandado, remitir en el día el cuaderno de apelación al Tribunal de alzada, restituyendo el orden de las formalidades.
Celebrada la audiencia pública virtual el 5 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 11 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su representante sin mandato, ratificaron in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar y ampliándolas señalaron que: a) Al amparo del art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, interpusieron recurso de apelación incidental, contra el Auto Interlocutorio que dispuso sus detenciones preventivas; b) El Juez ahora demandado, desde la audiencia de aplicación de medidas cautelares, hasta la interposición de la acción de libertad no remitió el cuaderno de apelaciones al Tribunal de alzada, incumpliendo el plazo de veinticuatro horas previsto por el Código de Procedimiento Penal; c) Se constituyeron al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz día tras día para hacer seguimiento; sin embargo, habiendo transcurrido ocho días, no tienen noticia que la apelación hubiera sido remitida al Superior en grado; d) El art. 180 de la CPE, establece el principio de gratuidad en la administración de la justicia y más allá de que, la autoridad demandada hubiera cumplido con la remisión del referido recurso de apelación, igual se hubiera consumado la vulneración de sus derechos; y, e) Solicitó se conceda la acción de libertad en la modalidad innovativa.
René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, a través de informe escrito presentado el 5 de mayo de 2023; cursante a fs. 10 y vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada en mérito a los siguientes argumentos: 1) No remitió la apelación incidental ante la existencia de un memorial de 28 de abril de 2023; y, 2) Víctor Hugo Quispe Limachi, Auxiliar del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, el 2 de mayo de igual año, puso a su conocimiento la referida apelación para su decreto; empero, hasta la fecha no se descargó en el libro diario de auxiliatura, motivo por el que no pudo remitir dicho actuado al Tribunal de alzada.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 15/2023 de 5 de mayo, cursante de fs. 12 a 13 vta., concedió la tutela impetrada, disponiendo que, la autoridad demandada, remita en el día los antecedentes del recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 27 de abril de 2023, al Tribunal de alzada, con base en los siguientes fundamentos: i) El art. 251 del CPP, establece que, ‘“interpuesto el recurso (…) las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia en el término de 24 horas, bajo responsabilidad”’ (sic); ii) Por la carga procesal y por el personal acéfalo en los Juzgados de Instrucción Penal de El Alto del indicado departamento; además la cantidad limitada de fotocopias asignadas, la SCP 0162/2018-S2 de 14 de mayo, consideró esos factores y estableció que es posible ampliar los plazos a setenta y dos horas, en situaciones que exista justificaciones razonables; iii) El Juez ahora demando en su informe de 5 de mayo de 2023, refirió que no habría remitido la apelación incidental al superior en grado, debido a que en el cuaderno de control jurisdiccional se encontraría un memorial de 28 de abril de 2023, sin mencionar de qué se trataría y cuál de las partes lo presentó; y, cómo se respondió, antecedentes que no fueron adjuntados al expediente del proceso; y, iv) Hasta la celebración de la presente audiencia de garantías, la autoridad ahora demandada no remitió el cuaderno de apelación al Tribunal de alzada, ocasionado graves perjuicios para los ahora impetrantes de tutela, quienes se encuentran a la espera de un pronunciamiento para la resolución de su situación jurídica.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa el informe de 5 de mayo de 2023, en que el Juez -ahora demandado-refirió que no remitió la apelación incidental al Tribunal de alzada “… el cuaderno de control jurisdiccional se encontraba con memorial de fecha 28 de abril de 2023 que se presentó a este despacho judicial…” (sic [fs. 10 y vta.]).
Los accionantes a través de su representante denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, al principio de celeridad y a la “garantía de legalidad”; toda vez que, el 27 de abril de 2023, el Juez ahora demandado, ordenó sus detenciones preventivas y en la misma audiencia plantearon recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio emitido; sin embargo, hasta el momento de la interposición de la acción de libertad dicha apelación no fue remitida al Tribunal de alzada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0620/2024-S4 de 17 de septiembre, sostuvo que: «…la SC 0011/2010-R de 6 de abril, en cuanto a la acción de libertad precisó que: “…es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida (…) sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE”. En cuanto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, sostuvo que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta:
‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’”» (las negrillas son nuestras).
Al respecto, la SCP 0557/2020-S2 de 21 de octubre, sostuvo que: «La SCP 1619/2012 de 1 de octubre, citando a su vez, fallos constitucionales precedentes, estableció que: “Tratándose de la impugnación de las resoluciones que impongan, modifiquen o revoquen las medidas cautelares, el ordenamiento jurídico penal establece el recurso de apelación en el art. 251 del CPP, como un medio ordinario de carácter procesal que la ley confiere a los agraviados por un pronunciamiento judicial, a efectos de buscar una determinación justa, con la pretensión de una revisión integral o parcial de lo determinado, al considerarse la existencia de un agravio o lesión.
La SCP 0055/2012 de 9 de abril, señaló que: ‘En el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos e impugnaciones que otorga a las partes en el proceso penal, establece el de apelación incidental contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, que por su configuración procesal y su propia naturaleza se refleja como un mecanismo sumarísimo y efectivo de protección contra presuntas lesiones y restricciones al derecho a la libertad de los imputados y procesados, en el que el Tribunal de alzada tiene la oportunidad de corregir, en su caso, los errores del inferior alegados; dado que conforme prevé el art. 251 del CPP, (modificado por la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana de 4 de agosto de 2003), una vez interpuesto este recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia en el término de 24 horas, debiendo el Tribunal de apelación referido, resolver dicho recurso, sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones’. En ese marco, el Código de Procedimiento Penal, instituye dentro de su sistema de recursos -en observancia del art. 180.II de la CPE, que garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales-, en su art. 251, modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 03 de mayo de 2019-, se reitera, el recurso de apelación en el efecto no suspensivo contra la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, otorgando a las partes a ese efecto, el término de setenta y dos horas. Disponiendo que: ‘La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior’
En virtud a la previsión contenida en el art. 251 del CPP, la jurisprudencia constitucional, estableció la viabilidad de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho en los casos en que existe dilación en la remisión del recurso de apelación de las resoluciones que rechazan la solicitud de cesación de la detención preventiva. Al respecto, la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, en virtud a un desarrollo de la jurisprudencia constitucional vinculada a la tramitación del recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, con la finalidad de otorgar seguridad jurídica a los justiciables, sistematizó las subreglas delineadas por este Tribunal, estableciendo en lo pertinente al presente caso, las siguientes consideraciones: ‘…iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.
vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte’”» (las negrillas son nuestras).
Los impetrantes de tutela a través de su representante denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, al principio de celeridad y a la “garantía de legalidad”; toda vez que, en audiencia de consideración de medidas cautelares de carácter personal celebrada el 27 de abril de 2023, el Juez ahora demandado, ordenó sus detenciones preventivas. En la misma audiencia a través de su abogado defensor interpusieron el recurso de apelación incidental contra la el Auto Interlocutorio emitido; sin embargo, hasta el momento de la interposición de la acción de libertad, dicha apelación no fue remitida al Tribunal de alzada. De los antecedentes plasmados en conclusiones, se tiene el informe de 5 de mayo de 2023, en que el Juez -ahora demandado- refirió que no habría remitido la apelación incidental al Tribunal de alzada puesto que, “…el cuaderno de control jurisdiccional se encontraba con memorial de fecha 28 de abril de 2023 que se presentó a este despacho judicial…” (sic [Conclusión II.1]). En ese sentido de acuerdo al entendimiento expresado en la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, debe tenerse en cuenta que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. En ese marco se evidencia que, en audiencia de consideración de medidas cautelares de carácter personal llevada a cabo el 27 de abril de 2023; el Juez demandado, ordenó la detención preventiva de los ahora accionantes. Ante ello en la misma audiencia a través de su abogado defensor formularon recurso de apelación incidental contra la resolución emitida. Sin embargo, el Juez ahora demandado habiendo transcurrido cinco días hábiles hasta el día de la celebración de la audiencia de garantías (5 de mayo del mismo año), no remitió el cuaderno de apelación al superior en grado (Conclusión II.1). Aspecto que el Juez demandado, confirmó en su informe de 5 de mayo de 2023, denotando así que, incumplió injustificadamente el plazo previsto en el art. 251 del CPP. Resultando inadmisible la dilación del referido trámite de apelación, durante cinco días hábiles, máxime cuando el mismo está relacionado con la eventual restricción de la libertad de los impetrantes de tutela, ante la aplicación de medidas cautelares de detención preventiva. Conforme a lo expuesto, resulta incuestionable que el Juez demandado, inobservó la obligación regulada en el art. 251 del CPP, que prevé que cuando el recurso apelación incidental es planteado de forma oral, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el Tribunal de alzada, en el término de veinticuatro horas; conforme a las subreglas establecidas por este Tribunal (Fundamento Jurídico III.2). Al no obrar en dicho sentido, incumplió con la norma procesal aplicable al presente caso, en afectación a sus derechos a la libertad vinculada al debido proceso, en conexitud al principio de celeridad y a la “garantía de legalidad”, por cuanto la modificación de su situación jurídica dependía del análisis a ser efectuada por el Tribunal de apelación, disponiendo su revocatoria o confirmación, previo cumplimiento del trámite de rigor; por ello corresponde conceder la tutela. En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15/2023 de 5 de mayo, cursante de fs. 12 a 13 vta., pronunciada por Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, con base a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; en los mismos términos y alcances dispuestos por el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
1 Artículo 251. (Apelación). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante la Corte Superior de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1208_2025-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): a56eb62fcd61f2a4aba6f331e8623946d37092b5af706488f14a328226abd4b5
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