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SCP 1204/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad: · Sala Segunda · 4 de agosto de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
4 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad:
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
63929-2024-128-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12 de 18 de enero de 2024, cursante de fs. 13 vta. a 15, pronunciada por el Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia las Mujeres y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la mencionada autoridad.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1204/2026-S2 Sucre, 4 de AGOSTO de 2026 JURISPRUDENCIA REITERADA - Pronto despacho SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad: Expediente: 63929-2024-128-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 12 de 18 de enero de 2024, cursante de fs. 13 vta. a 15, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Deybi Cossio Algarañaz en representación sin mandato de Richard Luciano Jorquera Allendes, contra Gabriela Suarez Vaca, Jueza de Ejecución Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. OBJETO PROCESAL

Por memorial presentado el 17 de enero de 2024 cursante a fs. 1; y, de 10 a 11 vta., el accionante denunció la lesión de su derecho a la libertad; así como la garantía del debido proceso en sus vertientes de celeridad e inmediatez, alegando que, dentro del proceso penal sustanciado en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 21 de marzo de 2021, fue condenado a tres años de privación de libertad, cumpliendo dicha condena. Formuló incidente de redención de pena por trabajo, que después de la tramitación correspondiente y el cumplimiento de los requisitos establecidos, fue declarado fundado a través de Auto Interlocutorio 368/2023 de 29 de diciembre, redimiendo su pena a un año y doce días de su condena principal, resolución que fue debidamente notificado a la víctima y al Ministerio Público el 10 de enero de 2024, a efectos de que puedan impugnarla dentro del plazo previsto por ley; empero, dicho fallo quedó ejecutoriado al no haber sido recurrido por ninguna de las partes. Ante la ejecutoria del aludido Auto Interlocutorio que redimió su pena, la Jueza demandada no expidió el correspondiente mandamiento de libertad por cumplimiento de condena definitiva, pese a hacerle conocer en múltiples ocasiones su indebida detención; por lo que solicita se conceda la tutela; y la emisión del mandamiento de libertad en el plazo de 24 horas.

La Jueza de Ejecución Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, no remitió informe ni concurrió a la audiencia de la presente acción tutelar, dejando establecido que no consta formulario de notificación. El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 12 de 18 de enero de 2024, cursante de fs. 13 vta. a 15, concedió la tutela solicitada, disponiendo que “… la Juez que dé cumplimiento a lo que hoy día este ha resuelto de manera inmediata”; en razón a que se pudo evidenciar que la autoridad demandada, en la misma resolución que motivó la esta acción tutelar, dispuso la emisión de mandamiento de libertad; y que si bien no se pudo librar dicho mandamiento, es precisamente por la interposición de la presente acción de amparo. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. TRÁMITE PROCESAL

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.

III. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL FALLO

III.1. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho

La SCP 0428/2025-S3 de 23 de mayo, haciendo cita a la SCP 0002/2019-S1 de 7 de enero, determinó que: «…en cuanto a los trámites y solicitudes cuando una persona se encuentra privada de libertad éstas deben ser atendidas con la mayor celeridad, por encontrarse de por medio la libertad de las personas en ese entendido (…) “El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó que el recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-: ‘…puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida’”. De donde se colige que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional sentada por el Tribunal Constitucional, el habeas corpus traslativo o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad (…). La jurisprudencia citada, ha señalado que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad» (las negrillas corresponden al texto original).

II. 2. Análisis del caso concreto.

El accionante, a través de su representante sin mandato, activó la presente acción de libertad, denunciando que la autoridad judicial demandada, no emitió mandamiento de libertad por cumplimiento de condena efectiva a su favor, pese a haber transcurrido cuatro días de la ejecutoria del Auto Interlocutorio que declaró fundado el incidente de redención de pena por trabajo, en el cual se redimió la pena que se le impuso a un año y doce días; por lo que, al haber sido condenado el 21 de marzo de 2021, la misma ya fue cumplida. En ese contexto, de antecedentes se advierte que, mediante Auto Interlocutorio 368/2023 de 29 de diciembre, la Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz en suplencia legal de su similar Cuarta , declaró fundada la demanda incidental de redención de la pena por trabajo, concediéndola en favor del Richard Luciano Jorquera Allendes -ahora accionante-, por haber trabajado 754 días, a razón de 8 horas diarias, y se redime 1 año y 12 días de su condena principal de tres años de reclusión por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica (fs. 4 a 9); a su vez, a fs. 2 y 3 cursan los formularios de notificación a Maura Zeballos Saavedra y al Fiscal de Materia, Oswaldo Tejerina, el 10 de enero de 2024. Ahora bien, en la problemática planteada, el accionante alude que en múltiples ocasiones hizo conocer a la Jueza de Ejecución Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, que se encontraba indebidamente detenido, por exceder el cumplimiento de la condena impuesta y posteriormente redimida; extremo que no fue controvertido por dicha autoridad ni tampoco el justificativo de la falta de emisión del mandamiento de libertad respectivo ante la ejecutoría del Auto Interlocutorio, que concedió el beneficio de redención al accionante, en razón a que, no remitió el informe respectivo ni se presentó a la audiencia de acción de libertad; en ese entendido, corresponde la remisión a la jurisprudencia constitucional que indica que: “…es posible aplicar el principio de presunción de veracidad, por inasistencia de la autoridad demandada a la audiencia de acción de libertad y falta de informe sobre los hechos denunciados, tomando en cuenta las circunstancias del caso, siempre que su aplicación no afecte a terceros interesados o el interés público. Si bien este principio es propio del procedimiento administrativo, a través del cual la administración pública a-priori, presume iuris tantum, que el actuar de los administrados en la presentación de documentos y declaraciones formuladas responde a la verdad de los hechos que aseveran. En sentido más amplio, resulta aplicable cuando el servidor público, por su inasistencia a la audiencia de acción de libertad o falta de informe priva al juez o tribunal de garantías, de pruebas que ayuden a esclarecer los hechos y decidir la situación demandada, viéndose en la necesidad de dar crédito a las aseveraciones del accionante, sustentándose en el principio de buena fe, en tanto que tal presunción como se tiene referido, no afecte derechos de terceros o el interés público” (SCP 0095/2024-S4, de 9 de abril entre otras), ya que no se cuenta con elementos materiales que desvirtúen los hechos acusados en la acción de libertad. De lo expuesto, se percibe que efectivamente la autoridad demandada incurrió en dilación indebida respecto al trámite de redención aludido y la emisión del mandamiento de libertad reclamado; por ello, se concluye que, en el presente caso no se observó el principio de celeridad, por tratarse de una persona privada de libertad, correspondiendo aplicar el entendimiento desarrollado en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que establece que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad, tal como sucede en el caso. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12 de 18 de enero de 2024, cursante de fs. 13 vta. a 15, pronunciada por el Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia las Mujeres y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la mencionada autoridad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1204_2026-S2.pdf · páginas 1 a 5.

Huella digital del PDF (SHA-256): efd87aea6ebf10eb6435ed9d75d2f5c1540b3fecf05c8d547c6132e7d53e9fe8

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