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SCP 1201/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de agosto de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
4 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
63860-2024-128-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2024 de 16 de abril, cursante de fs. 33 vta. a 36 vta., pronunciada por el Juez de Partido de Sentencia Penal Liquidador Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispuestos que el Juez de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1201/2026-S2 Sucre, 4 de agosto de 2026 JURISPRUDENCIA REITERADA - Pronto despacho SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 63860-2024-128-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 05/2024 de 16 de abril, cursante de fs. 33 vta. a 36 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Henry Mamani Pérez contra María Giovana Pizo Guzmán, Vocal; Carol Ivonne Vega Colque, Secretaria; y, Naira Alejandra Rojas Senzano, Auxiliar, todas de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I. OBJETO PROCESAL

El accionante, por memorial presentado el 15 de abril de 2024, denuncio la lesión del debido proceso, y del derecho a la libertad, así como al principio de celeridad; puesto que, en el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, una vez resuelta la apelación incidental de medida cautelar declarándola parcialmente procedente, no remitió el legajo de apelación al Juzgado de origen, habiendo transcurrido dos semanas desde la realización de la audiencia en alzada; por lo que, solicitó que las demandadas “en el día” realicen la devolución del legajo de apelación incidental a dicho despacho judicial. Ante ello, las demandadas señalaron que, la referida apelación ingresó a la Sala, de la cual forman parte, el 23 de febrero de 2024, misma que fue resuelta por Auto de Vista 125/2024 de 2 de abril, declarando procedente en parte el referido recurso, fallo que, junto al acta de audiencia y demás antecedentes, fue devuelta al Juzgado de origen; asimismo, argumentando también que, en virtud al plan de descongestionamiento, se incrementó la carga laboral en dicha instancia.

Por su lado, la Secretaria codemandada, además del informe conjunto desarrollado en el párrafo anterior, indicó que, el legajo de apelación fue devuelto al Juzgado de origen el 15 de abril de 2024, de acuerdo a documental que adjuntó. El Juez de garantías concedió la tutela solicitada por pronto despacho. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. TRÁMITE PROCESAL

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

El art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), instituye que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (el resaltado es añadido); en ese entendido, se reconoce el principio de celeridad como un componente esencial del debido proceso, que tiene como premisa establecer que los trámites dentro de cualquier causa sea esta de índole judicial o administrativa se efectúen sin demoras innecesarias, en armonía con los arts. 178.I y 180.I de la Norma Suprema, que instituyen de manera taxativa la aplicación del citado principio en la potestad de impartir justicia. Ahora bien, en lo concerniente a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

De los antecedentes relevantes traídos en revisión, el accionante refirió que, en el referido proceso penal seguido en su contra, el Tribunal de alzada, una vez resuelta la apelación incidental de medida cautelar, no remitió el legajo de apelación al Juzgado de origen, habiendo transcurrido dos semanas desde la realización de la audiencia.

En tal sentido, de acuerdo al informe de la demandada y los datos cursantes en la resolución del Juez de garantías, la apelación ingresó a la referida Sala Penal el 23 de febrero de 2024, resuelta mediante Auto de Vista 125/2024 de 2 de abril en audiencia de la misma fecha, declarando procedente en parte la referida apelación, misma que, junto a sus antecedentes, fue remitida al Juzgado de origen el 15 de abril de 2024 a horas 15:22; es decir, luego de las diligencias de citación con la presente acción de defensa a las demandadas. Con tales antecedentes, debemos remitirnos al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el cual señala que, toda autoridad que conozca y resuelva peticiones concernientes al derecho a la libertad física del impetrante, debe tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables a objeto de no incurrir en una restricción indebida del señalado derecho. Consiguientemente, en el caso de análisis, desarrollada la audiencia de apelación el 2 de abril de 2024, el Tribunal de alzada recién remitió los antecedentes correspondientes al Juzgado de origen el 15 del mismo mes y año -se asume, a causa de la interposición de esta acción tutelar-, evidenciándose una dilación indebida; toda vez que, tratándose de la petición de una persona que se encuentra privada de libertad, la autoridad jurisdiccional debió actuar con la celeridad necesaria y realizar la remisión del legajo de apelación al Juzgado de origen dentro de las veinticuatro horas de concluida la audiencia; puesto que, el justificativo expresado por las demandadas en el informe presentado, referido a que, en virtud del plan de descongestionamiento se incrementó la carga laboral en su despacho, no resulta suficiente ni acreditado para la demora en la que se incurrió, tomando en cuenta también que la jurisprudencia constitucional establecida en la SC 0111/2012 de 27 de abril, el plazo de veinticuatro horas para remitir el legajo de apelación por el Tribunal de alzada, generando indudablemente una afectación al derecho a la libertad y al principio de celeridad procesal; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2024 de 16 de abril, cursante de fs. 33 vta. a 36 vta., pronunciada por el Juez de Partido de Sentencia Penal Liquidador Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispuestos que el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1201_2026-S2.pdf · páginas 1 a 4.

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