Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de agosto de 2026
Concede en parte la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR en parte la Resolución 02/2024 de 17 de enero, cursante de fs. 62 a 63 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, únicamente respecto al Juez demandado, disponiendo que dicha autoridad judicial señale audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva del accionante, dentro del plazo de veinticuatro horas de notificado con el presente fallo const itucional; salvo que por el transcurso del tiempo ya se haya efectivizado dicho señalamiento; y, 2° DENEGAR en parte la tutela solicitada, respecto al Fiscal de Materia y Director del Centro Penitenciario Qalauma del departamento de La Paz, conforme a los fundamentos expresados en la presente Resolución constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1197/2026-S2 Sucre, 4 de agosto de 2026 JURISPRUDENCIA REITERADA - Pronto despacho SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expedientes: 63781-2024-128-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 02/2024 de 17 de enero, cursante de fs. 62 a 63 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Erick Antonio Montaño Rojas en representación sin mandato de Hernán Kevin Llanco Mamani contra Juan Carlos Montalban Zapata, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz; Hernán Kieffer Aranda, Fiscal de Materia; y, Edgar Fernando Espinoza Colque, Director del Centro Penitenciario Qalauma del mismo departamento.
El accionante a través de su representante sin mandato mediante memorial cursante a fs. 38 a 41, denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la presunción de inocencia, al debido proceso vinculado a los principios de celeridad y seguridad jurídica, alegando que dentro del proceso penal seguido en su contra, el 15 de diciembre de 2023, solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva, empero hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar -16 de enero de 2024- la autoridad judicial demandada no señaló la misma, sin considerar que el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP) establece que el juez o tribunal debe señalar audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas, vulnerando el principio de celeridad y plazo razonable. Solicitó que la autoridad demandada convoque a la audiencia impetrada, en el plazo de veinticuatro horas. El Juez demandado, en su informe escrito cursante de fs. 51 a 52 vta. precisó que corresponde denegar la tutela impetrada, debido a que el accionante solicitó la cesación de la medida cautelar impuesta; empero, no especificó la causal prevista en el art. 239 del citado Código; razón por la cual, mediante providencia de la misma fecha -15 de diciembre de 2024- observó el memorial presentado, a efectos de no generar incertidumbre a momento de resolverse dicha pretensión. Sin embargo, contra dicha resolución, el prenombrado no interpuso el recurso de reposición conforme lo establecido en el art. 401 del CPP, cuestionando la decisión asumida. El Fiscal de Materia demandado, en audiencia de acción de libertad, señaló que el impetrante de tutela no cumplió con lo establecido en el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo) y 125 de la Constitución Política del Estado (CPE); por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada, por no existir fundamento. El Director del Centro Penitenciario Qalauma demandado, en audiencia de la acción tutelar, refirió que se limita a cumplir las resoluciones o mandamientos de condena o de detención preventiva, emitidos por las autoridades competentes, no analiza los procesos en los que se emitieron. El Juez de garantías constitucionales, mediante Resolución 02/2024 de 17 de enero, cursante de fs. 62 a 63 vta., denegó la tutela solicitada; puesto que, contra el Decreto de 15 de diciembre de 2023, el accionante no planteó recurso de reposición, resultando viable la aplicación de la subsidiariedad excepcional de esta acción de defensa. Respecto al Fiscal de Materia codemandado, la imputación formal que presentó, en su caso, debió ser observada y plantear un incidente ante el Juez de la causa y no acudir directamente a la jurisdicción constitucional y con relación al Director codemandado, carece de legitimación pasiva en esta acción tutelar. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.
La SCP 0396/2020-S3 de 3 de agosto, preciso que la SC 0044/2010-R de 20 de abril, ampliando la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, identificando además a la efectuada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación al hábeas corpus: “1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad”; entendida esta última como el mecanismo idóneo cuando se busca: “…acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del calor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos” (SCP 0011/2014 de 3 de enero) (el resaltado es nuestro). En el caso particular y con referencia a la solicitud de señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva, con base en el art. 239.1 del CPP, modificado por Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, que dispone: “(CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; (…) Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas” (el resaltado nos corresponde). Precepto normativo del cual se infiere que, formulada la solicitud de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva por existir nuevos elementos que desvirtúen aquellos que la fundaron, el administrador de justicia se halla compelido a señalar verificativo en el término máximo de 48 horas.
De los antecedentes relevantes traídos en revisión, se estableció que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Hernán Kevin Llanco Mamani -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de corrupción de niña, niño o adolescente, mediante memorial presentado el 15 de diciembre de 2023 (fs. 53 a 55 vta.), solicitó al Juez demandado, señale audiencia de cesación de la detención preventiva, impetrando fundamentar y ampliar la misma en audiencia; pedido efectuado de conformidad con lo dispuesto en el art. 231 bis del CPP. A tal efecto, la citada autoridad judicial, a través de la providencia de 15 del citado mes y año, señaló que el prenombrado no hizo referencia a cuál de los numerales del art. 239 del CPP; “…toda vez que el referido artículo tiene una diversidad de causales cesación, aspecto que deben ser aclarados por el imputado, por lo que previamente debe subsanarse su pretensión” (sic) (fs.56). De lo expuesto, y conforme se tiene expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se advierte que el Juez demandado inobservó lo establecido en el art. 239 del CPP, el cual establece que, una vez planteada la solicitud de cesación de las medidas cautelares se debe señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas; extremo que no aconteció en el caso que se analiza, denotándose dilación indebida en la que incurrió la precitada autoridad demandada, en la tramitación de las medidas cautelares personales e infringiendo el principio de celeridad establecido en la Constitución Política del Estado; puesto que, desde la solicitud de audiencia (15 de diciembre de 2023), hasta la presentación de esta acción de defensa (16 de enero de 2024), transcurrió más de un mes sin que pueda llevarse a cabo el referido actuado procesal, a efectos de considerar la situación jurídica del peticionante de tutela, demora que no es excusable por ningún justificativo; dado que, tratándose de peticiones vinculadas a la libertad, éstas deben ser atendidas con la celeridad que se requiere. En consecuencia, corresponde conceder la tutela impetrada, al encontrarse la problemática planteada dentro los alcances de la acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho, la misma que se constituye en el mecanismo procesal idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad, respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad. En cuanto al Fiscal de Materia y el Director del Centro Penitenciario Qalauma, codemandados, no se advierte coincidencia entre los hechos demandados y los nombrados, concurriendo falta de legitimación pasiva, por ende, amerita denegar la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró parcialmente de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR en parte la Resolución 02/2024 de 17 de enero, cursante de fs. 62 a 63 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, únicamente respecto al Juez demandado, disponiendo que dicha autoridad judicial señale audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva del accionante, dentro del plazo de veinticuatro horas de notificado con el presente fallo const itucional; salvo que por el transcurso del tiempo ya se haya efectivizado dicho señalamiento; y, 2° DENEGAR en parte la tutela solicitada, respecto al Fiscal de Materia y Director del Centro Penitenciario Qalauma del departamento de La Paz, conforme a los fundamentos expresados en la presente Resolución constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1197_2026-S2.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 810f761d839a540cb57b0fa7256d9d4e497d785132e12be2817c8bf8f35227db
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