B.IA.LEGAL

SCP 1192/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de protección de privacidad · Sala Segunda · 10 de octubre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
10 de octubre de 2025
Acción
Acción de protección de privacidad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
67726-2024-136-APP
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de protección de privacidad

Qué se discutió

El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la autodeterminación informática, a la intimidad, a la dignidad, honra, honor, imagen y al debido proceso en su elemento motivación; toda vez que la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Vínculo Laboral “VINTO” R.L. -entidad demandada-: i) Reportó sus datos personales como garante de un supuesto crédito en la base de datos del Buró de Información INFOCRED BI S.A., sin previo conocimiento, participación ni procedimiento que le permitiera objetar ese registro; ii) No cuenta con documentación idónea que acredite su condición de garante o deudor dentro de la Cooperativa, pues la carpeta de crédito en la que figura se encontraría observada y ofrecida como prueba en un proceso de reparación de daño seguido contra exfuncionarios, motivo por el cual no le ha sido exhibida; y, iii) Como consecuencia de dicho reporte, sus datos de identidad se encuentran registrados con calificación “F” en el sistema de riesgos, por una deuda indirecta en estado de ejecución, lo que le ha impedido acceder a créditos bancarios y, en general, al sistema financiero formal. Ante ello, la entidad demandada señala que: a) El accionante tenía pleno conocimiento de que figuraba como garante solidario y mancomunado de un crédito otorgado a favor de su hermano desde la gestión 2014–2015 y que, pese a ello, durante años no asumió defensa alguna para anular o dejar sin efecto esa condición; b) El reporte en la Central de Riesgos y en INFOCRED BI S.A. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 164/2024 de 17 de septiembre, cursante de fs. 259 a 268 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de la problemática de fondo.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza de la acción de protección de privacidad: alcances y límites cuando la controversia recae en la fuente del dato
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1192/2025-S2 Sucre, 10 de octubre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de protección de privacidad Expediente: 67726-2024-136-APP Departamento: Oruro En revisión la Resolución 164/2024 de 17 de septiembre, cursante de fs. 259 a 268 vta., pronunciada dentro de la acción de protección de privacidad interpuesta por Peter Alejandro Arellano Orellana contra Cintya Doris Suárez Chávez, Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Vínculo Laboral “VINTO” Responsabilidad Limitada (R.L.).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 10 de diciembre de 2024, cursante a fs. 1 y 29 a 36, el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Desde 2015, sus datos personales fueron registrados en la base de datos del Buró de Información INFOCRED BI S.A., con calificación “F”, como garante de un crédito otorgado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Vínculo Laboral “Vinto” R.L. -ahora entidad demandada- a favor de Ismael Danny Bravo Orellana; sin embargo, nunca suscribió contrato de préstamo alguno ni fue convocado para cumplir las formalidades ante Notario de Fe Pública propias de este tipo de operaciones, ni otorgó consentimiento para ser incorporado como socio de la referida Cooperativa, pese a lo cual figura como tal desde abril de 2012, sin previo procedimiento legal, notificación o aviso que le permita impugnar dicho registro. A raíz de dicho reporte y de la calificación “F” en el sistema de INFOCRED BI S.A., sus datos de identidad se encuentran “manchados”, lo que le ha impedido acceder, desde 2015, a créditos en el sistema financiero, incluidos de vivienda social y comerciales, lo que le ha generado un perjuicio económico. Ante la persistencia del registro, inicialmente realizó reclamos verbales y, posteriormente, en la gestión 2024, cursó solicitudes escritas ante distintas instancias: a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), poniendo en conocimiento los extremos del perjuicio; al Buró de Información INFOCRED BI S.A., solicitando la corrección del reporte, recibiendo respuesta en el sentido de que la actualización y modificación de los registros sólo puede provenir de la entidad que proporciona la información; y, finalmente, a la entidad demandada, que reconoció que su persona figura como garante de un crédito otorgado a su hermano y que la carpeta respectiva ha sido ofrecida como prueba en un proceso de reparación de daño civil seguido contra exfuncionarios de la entidad, pero se negó a gestionar la exclusión o corrección del registro mientras no exista resolución judicial en dicho proceso.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la autodeterminación informática, intimidad, dignidad, honra, honor, propia imagen y al debido proceso en su componente motivación; citando al efecto los arts. 21.2 de la Constitución Política del Estado (CPE); 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga que la entidad demandada: a) Elimine de manera inmediata y definitiva el registro de datos en la base de datos de INFOCRED BI S.A., en la cual figura como garante de una deuda en estado de ejecución, con calificación “F”, así como de cualquier otra base de datos donde la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Vínculo Laboral “VINTO” R.L. haya reportado información; b) Ordene la exhibición de toda la documentación que supuestamente respalda ese crédito y su condición de garante; y, en su defecto, se declare la inexistencia de esa documentación y de la deuda, con la consecuente eliminación de todo reporte perjudicial; y, c) Se condene con costas procesales.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 17 de septiembre de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 246 a 258, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela, por sí y a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de protección de privacidad y, ampliando en audiencia, señaló que: 1) Según la propia entidad demandada, su nombre aparece en una carpeta de crédito que fue incorporada como parte de un informe de auditoría dentro de un proceso penal por falsedad material, uso de instrumento falsificado y estafa seguido contra exfuncionarios de la Cooperativa; sin embargo, precisó que él no fue ofrecido ni figura como testigo en la acusación del Ministerio Público ni en la acusación particular, ni es parte en dicho proceso, por lo que las irregularidades internas de la Cooperativa no deberían traducirse en un reporte que afecta su historial en el sistema financiero; 2) El 9 de agosto de 2024, volvió a acudir por escrito a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Vínculo Laboral “Vinto” R.L., solicitando se le certifique el estado del proceso de reparación del daño seguido contra exfuncionarios de la entidad y se le extienda copia legalizada de la carpeta en la que supuestamente habría garantizado de manera solidaria el crédito observado; en respuesta, el 13 de igual mes y año, la entidad demandada le respondió que la carpeta en la cual figura como garante solidario se encuentra ofrecida como prueba dentro del proceso de reparación del daño instaurado contra los ex trabajadores, proporcionándole el NUREJ del juicio radicado ante el Juzgado de Sentencia Penal Quinto del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro y reiterando que, mientras dicho proceso no cuente con resolución, no gestionaría la exclusión de su nombre del reporte en INFOCRED BI S.A.; y, 3) No existe a su nombre proceso coactivo, ejecutivo ni preliminar de reconocimiento de firmas vinculado al crédito referido, ni actuación alguna orientada al cobro de la supuesta obligación; pese a ello, la Cooperativa lo mantiene registrado con calificación “F” en INFOCRED BI S.A., lo que ha impedido que acceda a créditos de vivienda social y otros productos financieros, afectando su honra, imagen y proyecto de vida.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Cintya Doris Suárez Chávez, Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Vínculo Laboral “VINTO” R.L., por informe escrito cursante de fs. 71 a 73, y en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela impetrada, bajo los siguientes argumentos: i) El accionante tenía pleno conocimiento de que figuraba como garante de un crédito solidario y mancomunado otorgado en favor de Ismael Danni Bravo Orellana desde la gestión 2014–2015; sin embargo, desde entonces no asumió defensa alguna para anular o dejar sin efecto su condición de garante frente a la entidad financiera ni en sede judicial; ii) La acción de protección de privacidad no corresponde, por cuanto, de manera previa a cualquier sanción de orden administrativo, todas las entidades bancarias y financieras informan a prestatarios y garantes que, en caso de mora y ejecución, serán reportados a la Central de Riesgos; pese a ello, el impetrante nunca objetó dicho registro ni formuló reclamo oportuno; iii) El accionante sabía que estaba reportado en la Central de Riesgos; en ese contexto, en la gestión 2015 la Cooperativa se encontraba en pleno inicio de un proceso penal contra ex trabajadores por presuntas irregularidades, proceso en el que actualmente varios de ellos cumplen condena en el penal de San Pedro por el delito de estafa a víctimas múltiples. En dicho proceso se presentó un informe de auditoría en el que figura el crédito respecto del cual el accionante aparece como garante, sin que éste se hubiera apersonado para hacer valer derecho alguno; iv) Recién el 9 de abril de 2024 el accionante formuló reclamo formal, cuando se le hizo conocer su condición de garante, el hecho de que se encontraba reportado en la Central de Riesgos y el procedimiento para solicitar la exclusión de dicha base de datos; v) Se le informó que existía un proceso penal de reparación de daños en curso, dentro del cual la carpeta de crédito en la que figura como garante solidario y mancomunado se encuentra ofrecida como prueba; por esa razón, no es posible extenderle copia de toda la documentación ni retirar su nombre del reporte mientras dicho proceso no concluya con resolución definitiva; vi) De la propia redacción de la demanda se evidencia que el accionante en ningún momento afirma haber estado indebida o ilegalmente impedido de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados en la Central de Riesgos, lo que demuestra que conocía su registro y el motivo del mismo; por tanto, no se habría vulnerado su derecho a la intimidad o privacidad, ni a su honra y reputación, sin causa justa y legal; y, vii) El nombre del accionante aparece en la base de datos desde 2012 y que ello obedece a “tremendos errores” cometidos por exfuncionarios en la elaboración de carpetas y manejo de sistemas; que desde la primera auditoría la carpeta vinculada al crédito quedó en condición de “carpeta observada”, motivo por el cual la Cooperativa no inició proceso coactivo mientras no se esclarezcan tales irregularidades; y que, dictada la sentencia penal condenatoria, se inició un proceso de recuperación del daño en el cual dicha carpeta constituye prueba documental, por lo que la Cooperativa no puede “sacar” al accionante del sistema de información ni modificar su registro en la Central de Riesgos, pues ello implicaría alterar la prueba ofrecida en dicho proceso.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Julio René De Bonadona Velásquez, Gerente General de INFOCRED BI S.A., mediante informe escrito cursante de fs. 101 a 104, señaló que: a) INFOCRED BI S.A., es un buró de información constituido al amparo de la Ley de Servicios Financieros -Ley 393 de 21 de agosto de 2013-, como empresa de servicios financieros complementarios, cuyas actividades se limitan a recolectar, almacenar, consolidar y procesar información de endeudamiento remitida por entidades financieras y por la Central de Información Crediticia dependiente de la ASFI, sin realizar operaciones de préstamo ni emitir reportes propios; b) En virtud de lo dispuesto por la Ley 393 de 21 de agosto de 2013 y el Reglamento para Burós de Información, así como por la cláusula octava del Contrato de Provisión de Información Crediticia suscrito con la entidad demandada, INFOCRED BI S.A. no puede generar, modificar ni eliminar de oficio la información recibida, siendo responsabilidad exclusiva de su cliente la veracidad, actualización y corrección de los datos reportados; c) El registro observado por el accionante proviene de la Cooperativa demandada como fuente de información, por lo que cualquier eventual error o irregularidad en el mismo no es atribuible a INFOCRED BI S.A.; y d) El accionante recién acudió a INFOCRED BI S.A. el 7 de marzo de 2024, a través de ventanilla ASFI, por lo que no es cierto que haya reclamado durante ocho años sin respuesta. En función de lo expuesto, carece de competencia legal para atender la pretensión de eliminación o modificación del registro cuestionado y solicita se lo excluya de la presente acción tutelar en su calidad de tercero interesado.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Resolución 164/2024 de 17 de septiembre, cursante de fs. 259 a 268 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Vínculo Laboral “VINTO” R.L. que, en el plazo improrrogable de cuarenta y ocho horas, elimine de forma inmediata y definitiva de la base de datos de INFOCRED BI S.A. toda la información crediticia que afecte al accionante con C.I. 5739448; específicamente, deberá suprimir el registro que lo califica con “F” desde el 30 de noviembre de 2015 como garante de una deuda en ejecución, y cualquier otro reporte que lo muestre como garante de un crédito en estado de ejecución reportado por esta Cooperativa, sin costas procesales; y, denegó con relación al debido proceso en su elemento motivación; asimismo, respecto a que se ordene la exhibición de toda la documentación que la Cooperativa dice poseer vinculada al crédito ficticio por el cual se lo hubiese sancionado; “…debiendo (…) acudir a la instancia llamada por ley…” (sic); con base en los siguientes fundamentos: 1) En cuanto al cuestionamiento de la parte demandada sobre el principio de subsidiariedad, el accionante reclamó reiteradamente el registro cuestionado: primero ante la ASFI, luego ante INFOCRED BI S.A. y, finalmente, ante la entidad demandada, sin obtener la corrección o eliminación de sus datos, por lo que tuvo por cumplido el requisito de acudir previamente a las instancias ordinarias antes de activar la jurisdicción constitucional; 2) A partir de la documentación aportada y de lo manifestado por la Cooperativa demandada, se tiene que no existe respaldo documental claro y disponible que acredite la condición del accionante como garante deudor, pues la carpeta de crédito correspondiente a su hermano se encuentra observada desde la auditoría especial de créditos, fue incorporada como prueba en el proceso penal y de reparación de daños seguido contra exfuncionarios y no ha sido exhibida al accionante ni a la propia Sala, de modo que la propia entidad reconoce no tener certeza plena sobre la supuesta obligación; 3) El mantenimiento del registro del accionante en INFOCRED BI S.A. con calificación “F” y deuda en estado de ejecución, proyecta públicamente su imagen como deudor moroso, impidiéndole acceder a créditos, en particular a un crédito de vivienda social rechazado por el Banco Mercantil en nota de 22 de agosto de 2024, lo que afecta su honra, reputación y proyecto de vida, conforme al entendimiento jurisprudencial del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre el alcance de la acción de protección de privacidad; 4) Es evidente que los datos reportados por la Cooperativa se encuentran objetivamente cuestionados, pues derivan de una carpeta observada en el marco de un proceso penal por falsedad material, uso de instrumento falsificado y estafa a víctimas múltiples; en tales condiciones, al no contar la Cooperativa con certeza sobre la legitimidad del crédito ni sobre la condición del accionante como garante, la persistencia del reporte vulnera sus derechos vinculados a la autodeterminación informativa, la dignidad, la imagen, la honra y la reputación; 5) Los reportes efectuados por la Cooperativa respecto del accionante vulneraron su derecho a la autodeterminación informativa, al mantener un dato gravoso sin sustento documental suficiente, generándole perjuicios concretos en su acceso al sistema financiero formal; y, 6) Respecto a la vulneración del debido proceso en su elemento de motivación, este aspecto no puede ser tutelado a través de la acción de protección de privacidad. En vía de enmienda, complementación y aclaración, el impetrante de tutela solicitó a la Sala Constitucional que pueda aclarar a la parte demandada que el plazo de cuarenta y ocho horas es desde el momento en que toman conocimiento de la resolución constitucional. Al respecto, la Sala precitada aclaró que, en el plazo de veinticuatro horas, la parte demandada debe emitir al accionante una certificación en la que se señale que será retirado de la base de datos del Buró de Información INFOCRED BI S.A. como deudor garante; asimismo, rectificó el plazo de cuarenta y ocho horas para la eliminación de dicha información, precisando que esta se hará efectiva a partir del 15 de octubre de 2024, fecha en la cual -según explicó la parte demandada- se remitirán las actualizaciones correspondientes al mes de septiembre.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta Nota de 12 de abril de 2024, emitida por Cintya Doris Suárez Chávez, Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Vínculo Laboral “VINTO” R.L. -entidad ahora demandada-, dirigida a Peter Alejandro Arellano Orellana -accionante-, por la que da respuesta a la solicitud de 9 del mismo mes y año, informándole que, de la revisión de antecedentes, se verificó que éste figura como garante de un crédito otorgado a favor de Ismael Danny Bravo Orellana; que la carpeta de crédito correspondiente ha sido ofrecida como prueba dentro de un proceso de reparación de daños seguido contra exfuncionarios de la Cooperativa; y que, en razón de ello, mientras no cuenten con resolución judicial que admita dicha carpeta, no pueden tener un respaldo para hacer viable su solicitud (fs. 16). II.2. Cursa nota de 13 de agosto de 2024, emitida por la demandada, dirigida a la accionante, por la que responde a la solicitud presentada por ésta última el 9 del mismo mes y año, reiterando que la carpeta de crédito en cuestión se encuentra dentro de un proceso de reparación del daño instaurado en contra de los ex trabajadores de la Cooperativa, proceso que aún se encontraría en pleno desarrollo y a la fecha no tendría una resolución judicial (fs. 18).

II.3. Consta en obrados el Informe sobre Auditoría Especial de Carpetas de Crédito – Gestión 2010–2013, de 11 de septiembre de 2014, elaborado por la Auditoría Interna de la entidad demandada, en el que, luego de revisar las operaciones de crédito cursadas entre 2010 y 2013, se identifican en el acápite 4.2 “Créditos con documentación irregular” diversas operaciones otorgadas con inobservancia de los requisitos de respaldo y archivo documental. Dentro de dicho listado se incluye el crédito otorgado a favor de Ismael Danny Bravo Orellana, por un monto de Bs15 000.- (quince mil bolivianos), consignado con saldo pendiente y estado “para ejecución”, el cual es expresamente catalogado como crédito otorgado irregularmente y sometido a observación (fs. 121 a 152). II.4. Se tiene constancia de un proceso penal instaurado por el Ministerio Público, a instancia de la entidad demandada contra varios exfuncionarios de dicha entidad por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, entre otros, vinculado a la tramitación irregular de créditos en la gestión 2012; cuyo último actuado verificable en obrados corresponde al Auto de Vista 49/2022 de 29 de marzo, mediante el cual la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro declaró improcedentes los recursos de apelación interpuestos por los acusados y, en mérito a ello, confirmó la Sentencia 01/2020 de 12 de marzo, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital de dicho departamento (fs. 230 a 240).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la autodeterminación informática, a la intimidad, a la dignidad, honra, honor, imagen y al debido proceso en su elemento motivación; toda vez que la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Vínculo Laboral “VINTO” R.L. -entidad demandada-: i) Reportó sus datos personales como garante de un supuesto crédito en la base de datos del Buró de Información INFOCRED BI S.A., sin previo conocimiento, participación ni procedimiento que le permitiera objetar ese registro; ii) No cuenta con documentación idónea que acredite su condición de garante o deudor dentro de la Cooperativa, pues la carpeta de crédito en la que figura se encontraría observada y ofrecida como prueba en un proceso de reparación de daño seguido contra exfuncionarios, motivo por el cual no le ha sido exhibida; y, iii) Como consecuencia de dicho reporte, sus datos de identidad se encuentran registrados con calificación “F” en el sistema de riesgos, por una deuda indirecta en estado de ejecución, lo que le ha impedido acceder a créditos bancarios y, en general, al sistema financiero formal. Ante ello, la entidad demandada señala que: a) El accionante tenía pleno conocimiento de que figuraba como garante solidario y mancomunado de un crédito otorgado a favor de su hermano desde la gestión 2014–2015 y que, pese a ello, durante años no asumió defensa alguna para anular o dejar sin efecto esa condición; b) El reporte en la Central de Riesgos y en INFOCRED BI S.A. constituye una consecuencia regular y conocida de la mora y eventual ejecución del crédito, extremo sobre el cual los prestatarios y garantes son informados, por lo que el accionante no puede alegar sorpresa ni desconocimiento; y, c) La carpeta de crédito en la que figura como garante se encuentra observada desde la primera auditoría interna y fue incorporada, junto con el informe correspondiente, como prueba documental dentro de un proceso penal y de reparación de daños seguido contra exfuncionarios por estafa a víctimas múltiples; por esa razón no le es posible extender copia de dicha carpeta ni retirar su nombre del sistema de riesgos mientras esos procesos no concluyan. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Naturaleza de la acción de protección de privacidad: alcances y límites cuando la controversia recae en la fuente del dato

La acción de protección de privacidad, prevista en los arts. 130 y 131 de la CPE, y desarrollado su esquema procesal en los arts. 58 a 63 del Código Procesal Constitucional (CPCo), es una garantía constitucional de carácter tutelar cuyo objeto jurídico consiste en “…garantizar el derecho de toda persona a conocer sus datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, que se encuentre en archivos o bancos de datos públicos o privados; y a objetar u obtener la eliminación o rectificación de éstos cuando contengan errores o afecten a su derecho a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación” -art. 58 del CPCo-. Los arts. 60 y 63 del referido Código delimitan, respectivamente, quién puede ser sujeto pasivo de la acción y cuáles son los efectos de la tutela, configurando un esquema funcional consistente con el objeto de esta acción correlativo a la consecución de la protección de datos personales. No obstante, si bien del derecho a la autodeterminación informativa se desprenden diversos ámbitos de tratamiento de datos personales desde los cuales pueden originarse controversias, cuando la discusión no se dirige al dato ya registrado, sino a la fuente que originó su registro, resulta necesario introducir una precisión conceptual que permita delimitar adecuadamente el objeto de esta garantía. Para comprender con mayor precisión los alcances de la acción de protección de privacidad en materia de tutela de datos personales, resulta útil distinguir, en términos analíticos y esquemáticos, dos niveles en la construcción de los registros: por una parte, el registro de datos personales en el archivo o banco de datos -esto es, el dato en sí mismo- y, por otra, el hecho, acto o relación jurídica que le da origen -esto es, la fuente del dato-. El primero se refiere a la constancia objetiva que aparece en el archivo o banco de datos; mientras que el segundo remite a la situación jurídica subyacente, entendida como el conjunto de hechos, actos o relaciones jurídicas de las cuales ese registro trae causa. Esta distinción tiene un carácter analítico, de manera que, aun cuando en ciertos supuestos el propio registro pueda cumplir simultáneamente funciones de archivo/banco de datos y de fuente del dato, a efectos de esta garantía interesa diferenciar el plano del dato tal como se trata en el archivo, del de la situación jurídica subyacente que lo origina o fundamenta. A este respecto, corresponde precisar que la acción de protección de privacidad tiene por objeto el primer nivel, esto es, el registro y tratamiento del dato personal, en cuanto pueda afectar la autodeterminación informativa de la persona y, con ello, sus derechos de la personalidad. En este plano, el análisis se centra en el dato tal como aparece en el archivo o banco de datos, en la forma en la que es conservado, utilizado o difundido, y en la eventual necesidad de disponer su revelación, objeción, rectificación o supresión. En cambio, cuando el problema jurídico se sitúa en el segundo nivel de análisis, es decir, cuando la controversia de origen o esencial recae sobre la fuente misma del dato -como puede suponer la discusión sobre su existencia, validez, autenticidad, licitud, eficacia u otros extremos semejantes-, la pretensión relativa al dato registrado, aun formulada en términos de acceso, rectificación, objeción o supresión, se encuentra estructuralmente supeditada al esclarecimiento previo de esa situación jurídica subyacente. En tales casos, el objeto procesal se desplaza desde el control del tratamiento de la información hacia el esclarecimiento de hechos y relaciones jurídicas controvertidas que exceden el ámbito propio de esta garantía y requieren un debate cognoscitivo, contradictorio y probatorio amplio; por ello, la controversia debe ser sustanciada, en primer término, en las vías ordinarias o especializadas que correspondan, y sólo una vez definida la situación de la fuente del dato será posible, en su caso, adecuar el tratamiento del registro en el archivo o banco de datos, no siendo la acción de protección de privacidad la vía idónea para resolver directamente ese tipo de controversias.

III.2. Análisis del caso concreto

Delimitada la problemática que motivó la interposición de la presente acción de protección de privacidad, y conocidos los argumentos expuestos tanto por el accionante como por la entidad demandada, se advierte que la pretensión tutelar se orienta, esencialmente, a: 1) Obtener la eliminación inmediata y definitiva del registro mediante el cual el accionante figura con calificación “F” como garante de un crédito en la base de datos de INFOCRED BI S.A. y demás sistemas de riesgos; y, 2) Lograr la exhibición de la carpeta de crédito en la que se lo consigna como garante o, en su defecto, la declaración de inexistencia de la documentación y de la deuda. De conformidad con lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de protección de privacidad tiene por objeto la protección del derecho de autodeterminación informativa, esto es, el registro y tratamiento del dato personal en archivos o bancos de datos, cuando su conservación, uso o difusión resulte arbitraria, errónea o lesiva de los derechos de la personalidad. Sin embargo, cuando la controversia central se desplaza a la fuente del dato -esto es, a la existencia, validez, autenticidad, licitud o eficacia de la relación jurídica, acto o hecho que da origen al registro-, la pretensión relativa al dato se encuentra estructuralmente supeditada al esclarecimiento previo de esa situación jurídica subyacente, el cual debe producirse en las vías ordinarias o especializadas que correspondan. En el caso concreto, de los antecedentes expuestos en los acápites I.1 y I.2 de presente fallo constitucional, se desprende que el conflicto no se agota en el dato tal como aparece en el archivo o banco de datos -esto es, el registro del accionante con calificación “F” como garante de un crédito en el Buró de información de INFOCRED BI S.A.-, sino que gira, de manera principal, en torno a la propia fuente de dicho registro. En efecto, el accionante sostiene que nunca suscribió contrato de préstamo ni otorgó consentimiento para ser garante, que el crédito sería ficticio y que su firma habría sido indebidamente utilizada; por su parte, la Cooperativa demandada afirma que el accionante figura como garante solidario y mancomunado en una carpeta de crédito que fue objeto de observaciones en auditoría y que actualmente se encuentra incorporada como prueba documental dentro de un proceso penal y de reparación de daños seguido contra exfuncionarios por estafa a víctimas múltiples. Tales extremos se corroboran con la prueba cursante en obrados: i) Las notas de respuesta de 12 de abril y 13 de agosto de 2024, en las que la entidad demandada reconoce que la carpeta de crédito en la que aparece el accionante fue ofrecida como prueba en el proceso de reparación de daños seguido contra exfuncionarios y condiciona cualquier modificación del registro a la existencia de una resolución judicial dentro de dicho proceso (Conclusiones II.1 y II.2); ii) El Informe sobre Auditoría Especial de Carpetas de Crédito – Gestión 2010-2013, elaborado por la Auditoría Interna de la entidad demandada, en el que, dentro del acápite “Créditos con documentación irregular”, se incluye el crédito concedido a favor de Ismael Danny Bravo Orellana, consignado con saldo pendiente y estado “para ejecución”, expresamente catalogado como crédito otorgado irregularmente y sometido a observación (Conclusión II.3); y, iii) Los antecedentes del proceso penal instaurado por el Ministerio Público, a instancia de la entidad demandada, contra varios exfuncionarios por la presunta comisión de delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, vinculados precisamente a la tramitación irregular de créditos en la gestión 2012, causa en la que el último actuado verificable es el Auto de Vista 49/2022 de 29 de marzo, que confirma la Sentencia 01/2020 12 de marzo, dictada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro (Conclusión II.4). Así planteado el conflicto, la decisión sobre si corresponde o no la eliminación, rectificación o mantenimiento del registro en INFOCRED BI S.A. y en la Central de Riesgos depende, de manera directa, de la determinación previa acerca de la existencia, autenticidad y validez de la relación crediticia que supuestamente vincula al accionante como garante. Para establecer si el dato registrado es “erróneo” o “indebido” en los términos del art. 58 del CPCo y a efectos de la presente acción de protección de privacidad, este Tribunal Constitucional Plurinacional tendría que ingresar a un examen propio de la jurisdicción ordinaria y verificar si existió o no contrato de préstamo, si la documentación de la carpeta de crédito refleja una relación jurídica real o fue producto de irregularidades internas, si hubo falsificación o uso de instrumento falsificado, y cuáles son las consecuencias civiles, comerciales o penales de tales hechos. Se trata, por tanto, de cuestiones que exigen un debate cognoscitivo, contradictorio y probatorio amplio, ajeno al objeto jurídico y naturaleza sumaria, expedita y tutelar de la acción de protección de privacidad. En ese entendido, aun cuando la pretensión se formule en apariencia como una solicitud de rectificación o supresión de datos, el objeto real de la controversia radica en la definición de la situación jurídica subyacente -la supuesta obligación crediticia y la condición del accionante como garante-, esto es, en la fuente del dato. Mientras esa situación no sea esclarecida en los procesos ordinarios o especializados pertinentes, esta jurisdicción no puede, sin desnaturalizar la acción de protección de privacidad, ordenar la eliminación o modificación del registro en los bancos de datos financieros, pues ello implicaría anticipar un pronunciamiento sobre extremos de hecho y de derecho reservados al juez natural. En consecuencia, al recaer la controversia principal en la fuente del dato y no en un tratamiento autónomamente arbitrario de la información personal, la acción de protección de privacidad deviene improcedente para resolver directamente el conflicto planteado, sin perjuicio de que el accionante, en el marco de las vías ordinarias o especializadas que correspondan, pueda accionar los mecanismos legales que le franquea el ordenamiento jurídico para cuestionar la supuesta relación crediticia de la cual deriva -y es fuente- el registro de datos en el Buró de información, así como para obtener, en su caso, la exhibición íntegra de la carpeta de crédito y promover cuanta reclamación estime pertinente. Sólo una vez definida en la vía idónea la situación jurídica del crédito y de la condición del accionante, será posible adecuar, de corresponder, el tratamiento de sus datos personales en los archivos o bancos de datos financieros. En mérito a lo expuesto, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 164/2024 de 17 de septiembre, cursante de fs. 259 a 268 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de la problemática de fondo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1192_2025-S2.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): a13f3348d5289f9b854bb93094a3da59b0863150d38c295da0ad33a012e9267d

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