Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 34/2023 de 19 de mayo, cursante de fs. 28 a 30 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres, Público de Niñez y Adolescencia Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada -o quien se encuentre en la titularidad del cargo-, si aún no lo hubiera hecho, resuelva de manera inmediata el recurso de reposición planteado, conforme a derecho, sin que el presente fallo constitucional implique pronunciamiento alguno sobre el fondo o sentido de la decisión que deba adoptar la jurisdicción ordinaria.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1191/2026-S2 Sucre, 4 de agosto de 2026 JURISPRUDENCIA REITERADA - Pronto despacho SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 63696-2024-128-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 34/2023 de 19 de mayo, cursante de fs. 28 a 30 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Raúl Gallo Ordoñez en representación sin mandato de Yovana Marisol Apaza Calle y Duay Yerson Arroyo Mamani contra Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz.
Los accionantes, a través de su representante, denuncian la lesión de sus derechos a la libertad, presunción de inocencia, tutela judicial efectiva y del principio de celeridad; puesto que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de asesinato, se emitió requerimiento conclusivo de sobreseimiento, mismo que fue impugnado por la víctima y ratificado por el Fiscal Departamental de La Paz, quien puso a conocimiento del Juez demandado la Resolución FDLP/WEAL/S-286/2023 de 24 de abril; no obstante, esta autoridad, en lugar de reconsiderar su situación jurídica, se limitó a señalar por decreto de 16 de mayo de 2023, que el representante del Ministerio Público debía estar a los plazos establecidos por ley; en mérito a ello, formuló recurso de reposición, agotando así la subsidiariedad; de ese modo, consideran que se encuentran detenidos indebidamente y solicitan se conceda la tutela disponiendo la restitución de sus derechos y garantías. Ante ello, el Juez demandado solicitó se deniegue la tutela, argumentando que, la referida Resolución fue puesta a su conocimiento el 15 de mayo de 2023, y el recurso de reposición incoado por los impetrantes de tutela, fue resuelto, dando lugar y viabilidad a su pretensión.
El Juez de garantías denegó la tutela impetrada por falta de legitimación pasiva. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.
Al respecto, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, señaló que: “…La jurisprudencia constitucional en sus diferentes fallos, ha establecido que el derecho a la libertad física, supone un derecho fundamental de carácter primario para el desarrollo de la persona, entendimiento que se sustenta en la norma prevista por el art. 6.II CPE, pues en ella el Constituyente boliviano ha dejado expresamente establecido que la libertad es inviolable y, respetarla y protegerla es un deber primordial del Estado. Atendiendo esta misma concepción de protección es que creó un recurso exclusivo, extraordinario y sumarísimo a fin de que el citado derecho goce de especial protección en casos de que se pretenda lesionarlo o esté siendo lesionado.
Bajo esa premisa fundamental, debe entenderse que toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud” (las negrillas son nuestras).
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, presunción de inocencia, tutela judicial efectiva y del principio de celeridad; debido a que, pese al sobreseimiento ratificado por el Fiscal Departamental de La Paz y puesto en conocimiento del Juez demandado, este se limitó a emitir un decreto de 16 de mayo de 2023, sin resolver su situación jurídica; ante ello, interpusieron recurso de reposición, considerando agotada la subsidiariedad, y alegan encontrarse indebidamente privados de libertad, solicitando la concesión de tutela.
En el caso concreto se advierte que, los accionantes, encontrándose privados de libertad, interpusieron recurso de reposición contra el decreto de 16 de mayo de 2023, solicitando que la autoridad judicial reconsidere su situación jurídica; empero, el Juez demandado no acreditó objetivamente que dicho recurso hubiera sido resuelto, pues, si bien indicó en su informe que fue atendido, no acompañó la resolución correspondiente ni otro elemento que permita documentalmente verificar su existencia.
Al respecto, conforme al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, cuando una solicitud o recurso se encuentra directamente vinculado con el derecho a la libertad, la autoridad judicial tiene el deber de tramitarlo y resolverlo con la debida celeridad, evitando toda dilación indebida; en ese sentido, la obligación constitucional no consiste en resolver favorablemente la pretensión, sino en emitir oportunamente una respuesta expresa y fundamentada.
Por consiguiente, al no haberse demostrado que el recurso de reposición fue efectivamente resuelto, se evidencia una demora atribuible a la autoridad demandada, que adquiere relevancia constitucional por incidir en la situación jurídica de personas privadas de libertad; en consecuencia, se configura la lesión del principio de celeridad, vinculada con el derecho a la libertad, correspondiendo conceder la tutela solicitada en su dimensión traslativa o de pronto despacho, disponiendo que la autoridad demandada, si aún no lo hubiera hecho, resuelva de manera inmediata el recurso de reposición planteado, conforme a derecho.
Asimismo, no resulta atendible la falta de legitimación pasiva establecida por el Juez de garantías, puesto que la autoridad demandada es precisamente quien tenía a su cargo la resolución del recurso de reposición cuya falta de atención oportuna se denuncia, existiendo, por tanto, relación directa entre la autoridad demandada y la presunta lesión constitucional.
En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 34/2023 de 19 de mayo, cursante de fs. 28 a 30 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres, Público de Niñez y Adolescencia Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada -o quien se encuentre en la titularidad del cargo-, si aún no lo hubiera hecho, resuelva de manera inmediata el recurso de reposición planteado, conforme a derecho, sin que el presente fallo constitucional implique pronunciamiento alguno sobre el fondo o sentido de la decisión que deba adoptar la jurisdicción ordinaria. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1191_2026-S2.pdf · páginas 1 a 4.
Huella digital del PDF (SHA-256): f4b73ee8d8f5436c01adcb50e2286b95ea33bef22b5e81bc157314e1a9b57167
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →