Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14/2024 de 25 de abril, cursante de fs. 17 a 18, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos expuestos por dicha autoridad.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1189/2026-S2 Sucre, 4 de agosto de 2026 JURISPRUDENCIA REITERADA - Pronto despacho y trámite procesal de la apelación incidental a una medida cautelar. SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 63686-2024-128-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 14/2024 de 25 de abril, cursante de fs. 17 a 18, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mauricio Toro Canedo en representación sin mandato de Alejandro Rafael Toro Canedo, contra Claudia Marcela Castro Dorado y Carlos Antonio Fiorilo Cruz, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Mediante memorial presentado el 24 de abril de 2024 cursante de fs. 1 a 2 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión del debido proceso, señalando que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, hace más de un mes formuló recurso de apelación en contra del Auto Interlocutorio emitido en la audiencia de medidas cautelares, en la cual se determinó cumpla detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz; sin embargo, a la fecha de presentación de esta acción tutelar, el expediente se encuentra en la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sin que se hubiera señalado día y hora de audiencia, existiendo retardación de justicia por parte de las autoridades judiciales demandadas; en virtud de lo cual, solicita se conceda la tutela y se ordene a los Vocales demandados que en el día procedan al sorteo del recurso de apelación referido.
Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito cursante a fs. 13, señaló que el 9 de abril de 2024, se hubiera procedido al sorteo de la causa por Secretaría, mediante Sistema SIREJ; sin embargo, existieron problemas a momento del sorteo; por lo que se envió una nota al encargado del referido sistema, para la habilitación de los Vocales que conforman la mencionada Sala para el sorteo, la cual no tuvo respuesta; por lo que, ese error de sistema, no sería atribuible a la misma. Carlos Antonio Fiorilo Cruz, Vocal de la Sala Penal, no presentó informe oral o escrito, pese a su legal notificación, según consta en formulario de fs. 5. El Juez de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 14/2024 de 25 de abril, cursante de fs. 17 a 18, concedió la tutela solicitada; ordenando a las autoridades realizar un sorteo, en caso de no contar con sistema, proceder al sorteo manual, para posteriormente señalar día y hora de audiencia en el día para resolver la apelación presentada por el ahora accionante. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.
Al respecto, la SCP 1907/2012 de 12 de octubre, señaló lo siguiente: “…el art. 251 del CPP vigente por el art. 15 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC) dispone que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares será apelable en el efecto no suspensivo en el término de setenta y dos horas, y que una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante la Corte Superior de Justicia -ahora Tribunal Departamental de justicia, en el término de veinticuatro horas. El tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”; entendimiento que se complementa con el razonamiento contenido en la SC 0384/2011-R de 7 de abril, que complementó las sub reglas establecidas en la SC 0078/2010-R de 3 de marzo, en sentido que se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, también cuando: “(…) d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”.
El art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), instituye que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (el resaltado es añadido); en ese entendido, se reconoce el principio de celeridad como un componente esencial del debido proceso, que tiene como premisa establecer que los trámites dentro de cualquier causa sea esta de índole judicial o administrativa se efectúen sin demoras innecesarias, en armonía con los arts. 178.I y 180.I de la Norma Suprema que instituyen de manera taxativa la aplicación del citado principio en la potestad de impartir justicia.
Ahora bien en lo concerniente a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (las negrillas nos pertenecen).
El accionante, por intermedio de su representante sin mandato, activó la presente acción de libertad, denunciando que, habiendo interpuesto apelación incidental contra del Auto Interlocutorio en el que se determinó cumpla la medida cautelar de detención preventiva, y haberse remitido los antecedentes ante la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, esta última instancia hasta la presentación de la presente acción tutelar, no procedió a realizar el sorteo de dicho recurso; por lo que hasta la fecha no se señaló día y hora de audiencia para la fundamentación oral de su recurso. Ahora bien, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, en el contexto normativo del art. 251 del CPP, una vez que fue interpuesto el recurso de apelación incidental contra una medida cautelar, el mismo debe ser remitido ante el Tribunal superior en el plazo de veinticuatro horas, para que el Tribunal de apelación resuelva, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior; siendo que de lo contrario, el afectado, se encuentra facultado de acudir a esta vía constitucional a través de la acción traslativa o de pronto despacho, que se constituye en el mecanismo procesal idóneo en los casos en los que exista vulneración al principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad. Con ese contexto, remitiéndonos al Informe brindado por la Vocal codemandada, ésta afirma que, el 9 de abril de 2024, por Secretaría se procedió al sorteo del recurso de apelación incidental presentado por el peticionante de tutela mediante Sistema SIREJ; y que, al presentar problemas se remitió una nota al encargado del mismo, para la habilitación del sistema de sorteo, sin que ello hubiera sido atendido. De lo precedentemente expuesto, se concluye que, no obstante, de no tenerse certeza sobre la fecha de la formulación de la apelación incidental referida por el accionante, según el informe precedentemente descrito, el 9 de abril de 2024, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, contaba con los antecedentes del mismo; sin embargo, hasta la interposición de la acción de libertad, que data del 24 del mismo mes y año, no se señaló audiencia de consideración de apelación de medidas cautelares, retraso que se pretende atribuir a la falta de respuesta del encargado del Sistema SIREJ, a la nota de solicitud de habilitación emanada el 9 del mes y año ya mencionados, aspecto que no justifica de manera alguna la dilación procesal en la que se incurrió; puesto que, el mencionado recurso no se resolvió dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones establecido por la parte final del art. 251 del CPP; a pesar de tratarse de una solicitud en la que se encuentra involucrado el derecho a la libertad física y personal.
Por lo previamente desarrollado, y la jurisprudencia citada; se concluye que, los Vocales demandados incurrieron en una dilación indebida, generando una lesión al derecho a la libertad del accionante, quien se encuentra detenido preventivamente; por ello, corresponde conceder la tutela solicitada; debido a que las autoridades demandadas no observaron el cumplimiento del principio de celeridad, necesario en todo trámite vinculado a resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; por lo cual, dicha omisión por parte de éstos debe ser enmendada a través de la presente acción de libertad traslativa o de pronto despacho, conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14/2024 de 25 de abril, cursante de fs. 17 a 18, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos expuestos por dicha autoridad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1189_2026-S2.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 38d4986981f86b40eb76ecf5c9940540478c7fdcc0e9bda4fdb2f7dc730f4435
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