B.IA.LEGAL

SCP 1188/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 23 de octubre de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
23 de octubre de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
47652-2022-96-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El representante del accionante formula acción de libertad en su modalidad pronto despacho, refiriendo que al finalizar la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares celebrada el 5 de mayo de 2022, se formuló recurso de apelación incidental en el marco del art. 251 del CPP; es así que, teniendo el Juez demandado el plazo de veinticuatro horas para remitir antecedentes ante el Tribunal de alzada, a la fecha de interposición de la acción de libertad, no se realizó dicho envió, lesionando sus derechos a la defensa y a la libertad. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: 1) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 2) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; y, 3) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2022 de 13 de mayo, cursante de fs. 74 a 75 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, en base a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional y en base a los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías, sin costas por ser excusable.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1188/2023-S1 Sucre, 23 de octubre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 47652-2022-96-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 04/2022 de 13 de mayo, cursante de fs. 74 a 75 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Julio César Torrico Salinas en representación sin mandato de Jorge Diego Fernández Castro contra Alipio Veliz Veliz, Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 12 de mayo de 2022, cursante de fs. 1 a 5, el accionante a través de su representante sin mandato manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de homicidio; por Auto Interlocutorio de 5 de mayo de 2022, el Juez demandado dispuso su detención preventiva, y contra dicha determinación en esa misma audiencia presentó recurso de apelación incidental en el marco del art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Refiere que a la fecha de interposición de la presente acción tutelar transcurrió un tiempo abundante y aún no se remitió la apelación ante el Tribunal ad quem, y si bien en el sistema se señala que el proceso estuviera sorteado a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; sin embargo, en los hechos no se remitió a esa instancia los antecedentes. .

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

Denuncia la lesión de su derecho a la libertad de las personas detenidas preventivamente al no cumplirse con el principio de celeridad en la tramitación de su recurso de apelación, citando al efecto los arts. 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene a la autoridad judicial demandada remita en el día ante el Tribunal de alzada que corresponda la apelación incidental interpuesta por Jorge Diego Fernández Castro.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 13 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 72 a 73, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El abogado del impetrante de tutela en audiencia se ratificó en los términos del memorial de acción de libertad presentado y ampliando sus argumentos señaló que: a) El 5 de mayo de 2022 era día jueves, e interpuesta que fue el recurso de apelación, esta tenía que remitirse dentro de las siguientes veinticuatro horas como establece el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), al Tribunal de alzada de turno; b) El referido recurso debió remitirse hasta el día viernes de la anterior semana y la audiencia ante el superior en grado debió haberse llevado acabo hasta el día miércoles de esa semana, ello tomando en cuenta los tres días siguientes hábiles de su remisión conforme se dispone en el adjetivo penal; sin embargo, a ese día viernes 13 de igual mes y año, todavía no se enviaron los antecedentes de su recurso; c) La legitimación pasiva en la presente acción de libertad la tiene el Juez demandado, quien tiene a su cargo el control jurisdiccional, como el control del trabajo que se realiza en su juzgado y no así la Secretaria Abogada; y, d) Ya van siete días desde la realización de la audiencia cautelar y el Juez demandado no ha remitido el cuaderno a la Sala correspondiente. En audiencia se señaló como lesionados los derechos a la defensa y a la libertad del accionante que se encuentra con medidas cautelares de carácter personal.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Alipio Veliz Veliz, Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro, presentó informe escrito el 13 de mayo de 2022, conforme consta a fs. 14 y vta., indicando lo siguiente: 1) Efectivamente a la culminación de la audiencia el ahora impetrante de tutela por intermedio de su defensa técnica interpuso recurso de apelación, habiéndose dispuesto por su parte que por Secretaría de este despacho se labre al acta correspondiente y se eleve al Tribunal superior, en el plazo establecido en el Código de Procedimiento Penal; 2) En su calidad de Juez no tiene como deber remitir las apelaciones de manera personal, sino que es responsabilidad del personal subalterno, es así que la acción de libertad de pronto despacho debiera estar dirigida contra la Secretaria Abogada por incumplimiento o inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas, conforme establece la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril; 3) No es la primera vez que su personal de apoyo tiene ese actuar negligente de ahí que se dispuso librar denuncias ante el Consejo de la Magistratura como también hacer instructivos para que cumpla sus funciones; por lo que, pone a conocimiento el Instructivo 03/2022 de 7 de abril, donde en el punto tercero se dispuso que la Secretaria remita apelaciones y acusaciones en el plazo de veinticuatro horas, bajo responsabilidad; además se debe considerar que por la carga procesal de su juzgado no le es posible realizar seguimiento de todos los procesos o apelaciones; y, 4) El recurso fue remitido y sorteado ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de dicho departamento, pero por falta de formalidades en el testimonio de apelación fue devuelta, dicho cumplimiento de formalidades son atribuciones propias de la Secretaria Abogada y no de esa autoridad jurisdiccional.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 04/2022 de 13 de mayo, cursante de fs. 74 a 75 vta., concedió la tutela solicitada y en consecuencia se dispuso que la autoridad jurisdiccional disponga la remisión de los actuados pertinentes ante el Tribunal de alzada, en el día, sobre el recurso de apelación interpuesto por el accionante, con costas; bajo los siguientes argumentos: i) Revisados los antecedentes y datos del cuaderno de control jurisdiccional se establece que no existe nota alguna donde se haya dejado constancia que se ha cumplido con la remisión de actuados pertinentes al recurso de apelación que ha interpuesto el ahora accionante; ii) Desde el 5 de igual mes de 2022 hasta el día de hoy que es 13 de del citado mes y año, ha trascurrido un tiempo considerable y en efecto nos encontramos ante una situación que afecta el derecho de libertad de la parte acciónate, máxime si consideramos que el mismo se encuentra guardando detención preventiva; iii) El demandado debió asumir acciones contra la Secretaria Abogada para que se cumpla con lo ordenado respecto a la remisión del recurso de apelación, al no haber adoptado ninguna medida ha incurrido en una dilación indebida; y, iv) Las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0598/2018-S1 de 8 de octubre; 0518/2017-S2 de 5 de junio; 0234/2011-R de 16 de marzo; y, “0645/-S2” de 18 de julio, refirieron que la acción de libertad también procede ante actos dilatorios como ocurre en el caso de autos donde el Juez demandado no ha cumplido con la remisión de actuados pertinentes, respecto al recurso de apelación interpuesto por el ahora accionante dentro del plazo establecido por ley incurriendo en una dilación indebida; por lo que, es viable la presente acción de libertad, mucho más si consideramos que la parte accionante se encuentra privada de libertad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Auto Interlocutorio 284/2022 de 5 de mayo; por el cual, el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro, declaró como procedente y fundada la aplicación de detención preventiva de los imputados Jorge Diego Fernández Castro, Oscar Mauricio Tapia Tastaca, Cristian Olvaldo Mamani Fernández y Macgiver Fernández Mamani y determinó imponer la medida cautelar de carácter personal a ser cumplido en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro; en ese mismo acto procesal el hoy accionante amparado en el art. 251 del CPP, presentó recurso de apelación (fs. 31 a 45). II.2. Cursa mandamiento de detención preventiva librado contra Jorge Diego Fernández Castro, dando cumplimiento así al Auto Interlocutorio 284/2022 (fs. 46). II.3. Por nota de 13 de mayo de “2021”, el cuaderno de control jurisdiccional del proceso seguido por el Ministerio Público contra Oscar Mauricio Tapia Tastaca y otros, es remitido en su integridad ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro (fs. 71).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El representante del accionante formula acción de libertad en su modalidad pronto despacho, refiriendo que al finalizar la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares celebrada el 5 de mayo de 2022, se formuló recurso de apelación incidental en el marco del art. 251 del CPP; es así que, teniendo el Juez demandado el plazo de veinticuatro horas para remitir antecedentes ante el Tribunal de alzada, a la fecha de interposición de la acción de libertad, no se realizó dicho envió, lesionando sus derechos a la defensa y a la libertad. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: 1) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 2) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente entendimiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre1, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.

Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril2, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.

Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el 1El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”.

El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”.

El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad…”. 2El FJ. III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.

Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…)

Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0140/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente entendimiento: El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de 3El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:

a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.

b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.

c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.

protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, c) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia.

Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”. De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2014 de 4 de junio señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación.

Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del Código de Procedimiento Penal (CPP); decreto a partir del cual, se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en el Fundamento Jurídico III.3:

i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.

ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal.

iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. Página 11 de 14 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.

iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.

v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.

vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, refiere que el 5 de mayo de 2022, el Juez demandado impuso detención preventiva en su contra; por lo que, interpuso recurso de apelación incidental, en el marco del art. 251 del CPP; empero, a la fecha de interposición de la presente acción de libertad, no se remitió antecedentes al Tribunal de alzada. Ahora bien, considerando lo aseverado por la parte impetrante de tutela y la documental cursante en el expediente constitucional, se tiene que dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de homicidio -art. 251 del Código Penal (CP)-, el cual se encuentra radicado en el Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro, a tiempo de celebrarse la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, por Auto Interlocutorio 284/2022, se llegó a determinar procedente y fundado la aplicación de detención preventiva de Jorge Diego Fernández Castro, Oscar Mauricio Tapia Tastaca, Cristian Olvaldo Mamani Fernández y Macgiver Fernández Mamani, medida a ser cumplida en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro; seguidamente, al finalizar la audiencia en cuestión la defensa técnica de Jorge Diego Fernández Castro -ahora accionante-, interpuso de manera oral recurso de apelación amparado en el art. 251 del CPP (Conclusión II.1); seguidamente, se libró el respectivo mandamiento de detención preventiva (Conclusión II.2); por lo que, al finalizar la merituada audiencia se dio cumplimiento al indicado mandamiento; así también, de las fotocopias legalizadas adjuntas al expediente constitucional se encuentra como último actuado el oficio de 13 de mayo de 2022; por el que, se remitió el cuaderno de control jurisdiccional del proceso seguido por el Ministerio Público contra Oscar Mauricio Tapia Tastaca y otros, al Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital de dicho departamento (Conclusión II.3). Por su parte, la autoridad judicial demandada, en su informe escrito no negó en ningún momento lo aseverado por la parte solicitante de tutela, atribuyendo el retraso en la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada, a la falta de cuidado de la Secretaria Abogada de su Juzgado (funcionario que no es parte en la presente acción), señalando que como Juez al disponer en el Auto Interlocutorio que se remita el recurso de apelación en el plazo establecido por el Código de Procedimiento Penal, cumplió responsablemente con sus funciones y que si aún el recurso de apelación no se encuentra en la Sala Penal de turno es debido a que la Secretaria Abogada no cumplió con sus funciones inobservando incluso el Instructivo 03/2022 de 7 de abril, emitido internamente y que debe ser cumplido por la referida Secretaria; por cuanto, la responsabilidad es únicamente de dicha funcionaria judicial, además debe ser objeto de valoración que por la carga procesal en su juzgado, no puede hacer seguimiento a todas las solicitudes que se encuentran en ese despacho judicial. En ese marco, a partir del reclamo constitucional que motivó la interposición de esta acción de defensa, corresponde señalar que conforme a la jurisprudencia constitucional establecida en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se tiene que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad. En ese contexto, en cuanto a la actuación del Juez demandado de la revisión de antecedentes presentados, así como de los argumentos expuestos a tiempo de prestar su informe escrito ante el Tribunal de garantías, dicha autoridad judicial señaló que, si bien en la audiencia celebrada el día jueves 5 de mayo de 2022 -de consideración de aplicación de medida cautelar- el impetrante de tutela interpuso verbalmente apelación contra el Auto Interlocutorio 284/2022, que dispuso declarar procedente la detención preventiva; sin embargo, de acuerdo a lo informado por el Juez demandado, éste señala que la responsabilidad sería de la Secretaria Abogada de su Juzgado que no cumplió con sus funciones, puesto que según su criterio su responsabilidad terminaba con la determinación de consignar en el acta que el proceso sea remitido conforme a ley, a ello se debe añadir el Instructivo –interno- 03/2022, que cursó a la Secretaria Abogada en cuyo punto Tercero establece “Realizar las actas emitidas en audiencias, como también remitir apelaciones y acusaciones sea en el plazo de 24 horas (…) bajo responsabilidad” (sic); y que dicha funcionaria tuviere ya denuncias ante el Consejo de la Magistratura por temas similares. Que de todo lo expuesto a este punto, resulta correcta la denuncia presentada por el accionante debido que de acuerdo a las conclusiones y argumentos vertidos se establece que celebrada la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares y pronunciado el Auto Interlocutorio 284/2022, se formuló el aludido recurso de apelación incidental en el marco del art. 251 del CPP, cuyo primer párrafo textualmente señala: “La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad”, del contenido de esta disposición legal se establece que el legislador al consignar plazos breves dio relevancia a la situación jurídica de las personas y sus derechos que involucran, resguardando precisamente la libertad de las personas que se encuentran cumpliendo una medida restrictiva. En ese contexto de la Conclusión II.3 del presente fallo constitucional se rescata como último actuado dentro del referido proceso penal, la existencia de un oficio de 13 de mayo de “2021”, que viene a ser una nota de atención de remisión del cuaderno del control jurisdiccional ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro, no existiendo constancia alguna del envió del recurso de apelación al Tribunal de alzada, extremo que es admitido por el Juez demandado, es así que desde el jueves 5 hasta el 13 de mayo de 2022, transcurrieron siete días calendario sin que el proceso hubiere sido enviado a la Sala Penal de turno, cuando de acuerdo a la normativa adjetiva penal este debió ser efectuado en el término de veinticuatro horas, existiendo por ende una suerte de falta de inobservancia al principio de celeridad que no puede ser deslindada con el argumento de que su personal subalterno es negligente y que su deber concluyó al determinar que el mencionado recurso sea remitido en el plazo establecido en el adjetivo penal. Sobre lo alegado por el Juez demandado, respecto a la demora en la tramitación de la apelación interpuesta por el impetrante de tutela se establece que dichas justificaciones no resultan atendibles (Instructivo interno y proceso ante el Consejo de la Magistratura), como tampoco que en el acta ya hizo constar la orden de que se cumpla la remisión del recurso de apelación ahora extrañado, tomando en cuenta que es su responsabilidad el seguimiento del cumplimiento de las órdenes que imparte a su personal, así como del control de las causas puestas a su conocimiento, y la conclusión del trámite de las mismas en su Juzgado, más aún cuando el Juez demandado manifiesta que el proceso fue remitido por sorteo ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro y que por falta de formalidades en el testimonio de apelación fue devuelta, extremo que evidencia que éste tenía conocimiento de la existencia de una omisión procesal respecto una actuación que le era inherente, no evidenciándose que hubiese asumido una actuación diligente y proactiva, siendo que era su deber adoptar las medidas administrativas necesarias para el cumplimiento de la remisión de la apelación formulada; no obstante, no realizó actuaciones tendientes a que se materialice el acto omitido, ni efectuó el respectivo seguimiento, menos constató si las observaciones realizadas por el Tribunal de alzada fueran cumplidas en el día, no siendo correcto el criterio que maneja el demandado al indicar que su responsabilidad acaba con impartir órdenes a su personal y que no sería su responsabilidad el remitir los recursos, cuando es este el responsable de todo el trabajo que se realiza en su juzgado. Por lo mencionado corresponde conceder la tutela impetrada por el accionante. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2022 de 13 de mayo, cursante de fs. 74 a 75 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, en base a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional y en base a los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías, sin costas por ser excusable. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

4 El FJ III.4, refiere: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”. 5El FJ III.4, indica: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1188_2023-S1.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): db149696d6bc991e3bb6155930a38281a41452811622526b1b26a1c6839040f8

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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