B.IA.LEGAL

SCP 1184/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 23 de octubre de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
23 de octubre de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
47610-2022-96-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante alega la lesión de sus derechos a la libertad y de locomoción; toda vez que, la autoridad judicial demandada, dispuso su detención preventiva por el lapso de seis días, ello debido a que en audiencia de revocatoria de las medidas de protección no se valoró las pruebas de descargos presentadas por su parte, si bien la acción de libertad se rige por el principio de subsidiariedad, en el presente caso debe aplicarse la excepción al ser la apelación un recurso no idóneo ni oportuno; por lo que, solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia se disponga: 1) Dejar sin efecto la Resolución de 9 de mayo de 2022 y el mandamiento de detención preventiva; y, 2) Se ordene se emita nueva Resolución en el que exista una valorización de la prueba de descargo. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: i) Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Vías paralelas; ii) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, iii) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2022 de 11 de mayo, cursante de fs. 83 a 87 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en su dimensión traslativa o pronto despacho, en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional y conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a dejar sin efecto la Resolución de 9 de mayo de 2022 emitida por la Jueza demandada al concurrir el principio de subsidiariedad excepcional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Vías paralelas
  2. III.2. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1184/2023-S1 Sucre, 23 de octubre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 47610-2022-96-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 05/22 de 11 de mayo de 2022, cursante de fs. 83 a 87 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Carlos Arroyo Arebalo en representación sin mandato de Jhunior Abiany Arancibia García contra María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 10 de mayo de 2022, cursante de fs. 68 a 70 vta., el accionante a través de su representante sin mandato manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que se sigue en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica a instancia de Ruth Yovanna Huanca Balderrama, misma que denunció ante el Juez de control jurisdiccional incumplimiento de las medidas de protección impuestas, mereciendo como respuesta el Decreto de 18 de abril de 2022, en el que señala audiencia para su consideración para el 29 del mismo mes y año, a horas 10:30. Ante la imposibilidad de asistir a la referida audiencia por parte del denunciado, presentó memorial adjuntando la documental respectiva que demostraba tal extremo, oportunidad en la que estuvieron presentes “Ingrid Fabiola” y Carlos Arroyo Arebalo como abogados, esperando de que sean llamados o se les envíe el enlace para la audiencia virtual, habiendo esperado hasta las 11:05; al no existir llamado alguno a la audiencia y como su abogado tenía otras actividades en diferentes juzgados tuvo que ausentarse; sin embargo, posteriormente fue de su conocimiento que la audiencia se llevó adelante declarando rebelde, librándose la correspondiente orden de aprehensión de 03 de mayo de 2022; ante lo cual, se presentó formulando apersonamiento, comparecencia y purga su rebeldía. Mediante providencia de 4 de mayo de 2022, la Jueza demandada programó nueva audiencia para el 9 del mismo mes y año, a efecto de considerar la revocatoria de las medidas de protección y en dicha audiencia la autoridad judicial demandada sin ningún argumento jurídico y realizando una valoración totalmente parcializada de las pruebas omitiendo las que se presentó de su parte ordenó la detención preventiva, por el plazo de seis días. Señala que este supuesto incumplimiento de las medidas de protección, es una forma de presión, puesto que en un proceso penal paralelo que sigue contra Ruth Yovanna Huanca Balderrama, en el cual se ordenó como medida de protección el levantamiento de inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común o de posesión legitima, medida a la que se puso resistencia, antecedente que no fue considerado por la referida autoridad.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

Considera la vulneración de sus derechos a la libertad y de locomoción; sin citar precepto constitucional alguno.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia se disponga: a) Dejar sin efecto la Resolución de 9 de mayo de 2022 y el mandamiento de detención preventiva; y, b) Se ordene se emita nueva Resolución en el que exista una valorización de la prueba de descargo.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, fue llevada a cabo el 11 de mayo de 2022, según consta en acta cursante de fs. 80 a 82 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato ratificó el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliando señaló lo siguiente: 1) Sobre el incumplimiento del principio de subsidiariedad observado por la Jueza demandada, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional y el Código Procesal Constitucional (CPCo), existen excepciones que flexibilizan su cumplimiento, como ocurre en el presente caso al encontrarse con detención por seis días y el recurso de apelación por los tiempos de su tramitación no resulta idóneo para resguardar el derecho a la libertad; es decir, que la protección que pudiere darse por dicho recurso puede resultar tardía; asimismo, de la revisión realizada en sistema, no fue remitido el recurso de apelación que se formuló; 2) En la presente acción constitucional se cuestiona la no valoración de la prueba que se presentó en la audiencia de revocatoria de medidas de protección; en dicha oportunidad, Ruth Yovanna Huanca Balderrama quien es parte denunciante, presentó una serie de pruebas que no demuestran el referido incumplimiento; 3) Si bien es correcto que el hoy accionante fue al trabajo de la denunciante, ello se debió a que debía notificarle con la medida de protección dispuesta en su favor, además que en dicha oportunidad fue acompañado de funcionarios policiales, acto que no puede ser considerado como incumplimiento a una medida de protección; y, 4) La SCP 1120/2017-S2 de 23 de octubre, abre la posibilidad de que esa instancia pase a valorar la prueba, verificando si las autoridades no se apartaron del marco legal de razonabilidad y equidad, no omitieron de manera arbitraria la consideración de algún elemento probatorio, parcial o totalmente, o basaron su decisión en prueba inexistente.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Decimacuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito de 11 de mayo de 2022, cursante a fs. 79 y vta., señaló lo siguiente: i) Se debe considerar que la Resolución que determinó la detención por seis días fue al amparo del art. 389 quinques de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, habiéndose realizado una valoración armónica de los argumentos esgrimidos y pruebas presentadas, utilizándose el criterio jurídico y sana critica, tal como faculta el art. 173 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, ii) El accionante, interpuso recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio de 9 de mayo de 2022, donde se determinó la detención por el plazo de seis días, y dicho recurso se encuentra remitido a la Sala Penal Tercera, por lo que primero debe resolverse dicho medio de impugnación activado, incumpliéndose de esa manera con el principio de subsidiariedad.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 05/22 de 11 de mayo de 2022, cursante de fs. 83 a 87 vta., concedió la tutela solicitada en su dimensión traslativa o de pronto despacho, ordenando que la autoridad judicial demandada en el día, remita el recurso de apelación; y, denegó la tutela impetrada, en su dimensión reparadora, por no poder ejercerse el control tutelar al no contar con el acta de audiencia de 9 de mayo 2022. Determinación asumida bajo los siguientes argumentos: a) Sobre la valoración de la prueba no puede ingresar a analizar ese extremo, más aún cuando no cuenta con un sostén digital o impreso del acta en cuestión para realizar aquel control tutelar constitucional y no pudiendo presumir su veracidad indubitablemente; y, b) Sobre la remisión del recurso de apelación, el accionante argumenta que no se remitió a la Sala Penal de turno, mientras que la autoridad demandada asevera que ya hubiera sido remitida y sorteada; empero, no adjunta documental alguna que permita constatar ese extremo; en ese contexto, al tratarse de un recurso de apelación de una persona privada de libertad, este debe ser tramitado con la mayor celeridad posible sin lugar a excusa alguna. En la vía de enmienda complementación y aclaración, el accionante solicitó se conceda un cuarto intermedio a fin de que se remita el acta de 9 mayo de 2022, con el objeto que se ingrese al fondo y se conceda la tutela; petición que fue declarado no ha lugar, con el argumento de que no es permitido la suspensión de audiencias al existir un impedimento constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa providencia de 18 de abril de 2022, emitida por María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz -autoridad judicial demandada-, en la cual señaló audiencia para el 29 del mismo mes y año a horas 10:30, a efecto de considerar la revocatoria de medidas de protección contra Jhunior Abiany Arancibia García -hora accionante- (fs. 18). II.2. Se tiene acta de audiencia de revocatoria de medidas de protección celebrada ante el Juzgado Público de Instrucción en lo Penal Decimocuarto de la Capital, acto en el que se declaró al accionante rebelde, disponiendo en aplicación del art. 89 del CPP, su arraigo, así como también la publicación de sus datos para su búsqueda y aprehensión (fs. 26 a 28 vta.). II.3. Por Decreto de 4 de mayo de 2022, la Jueza demandada señaló audiencia para su consideración para el 9 de ese mismo mes y año a efecto de considerar la revocatoria de medidas de protección contra el impetrante de tutela (fs. 57). II.4. Consta mandamiento de detención preventiva de 9 de mayo de 2022, librado por la Jueza demandada, contra el solicitante de tutela, medida a ser cumplida en el Centro Penitenciario Palmasola (fs. 65).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante alega la lesión de sus derechos a la libertad y de locomoción; toda vez que, la autoridad judicial demandada, dispuso su detención preventiva por el lapso de seis días, ello debido a que en audiencia de revocatoria de las medidas de protección no se valoró las pruebas de descargos presentadas por su parte, si bien la acción de libertad se rige por el principio de subsidiariedad, en el presente caso debe aplicarse la excepción al ser la apelación un recurso no idóneo ni oportuno; por lo que, solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia se disponga: 1) Dejar sin efecto la Resolución de 9 de mayo de 2022 y el mandamiento de detención preventiva; y, 2) Se ordene se emita nueva Resolución en el que exista una valorización de la prueba de descargo. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: i) Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Vías paralelas; ii) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, iii) Análisis del caso concreto.

III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Vías paralelas

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0241/2018-S2 de 12 de junio, asumió el siguiente razonamiento: El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad; ya en el marco de la Constitución Política del Estado vigente a partir de 2009, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que la acción de libertad, no 1El FJ III.1.2., señal: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.

En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”. 2El FJ III.4, menciona: “Bajo la premisa expuesta, los medios de defensa, y en este caso la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria; por ello, y sin que implique una restricción a sus alcances, ni desconocimiento al principio de favorabilidad, sino para que no pierda su esencia misma de ser un recurso heroico, se ha establecido que en los casos, que en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, a través de la acción de libertad, hay aspectos que se deben tener en cuenta, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones, en los siguientes supuestos: Primer supuesto:

Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación.

Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria.

Posteriormente, la SC 0105/2010-R de 10 de mayo señaló que cuando quien recurre de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aun en el supuesto que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, no procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad; puesto que de lo contrario, se crearía una disfunción procesal opuesta al orden jurídico. Más adelante en la SC 0687/2011-R de 16 de mayo se denegó la tutela en razón a que el accionante activo paralelamente las jurisdicciones ordinaria y constitucional, luego la SCP 0160/2014-S2 de 20 de noviembre, también denegó la tutela por activación paralela de las jurisdicciones ordinaria y constitucional.

Conforme a lo anotado, se evidencia que la jurisprudencia constitucional mantuvo uniforme el entendimiento de la no procedencia de la acción de libertad cuando el impetrante de tutela activa simultáneamente las jurisdicciones ordinaria y constitucional, en mérito a la subsidiariedad excepcional.

III.2. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituirse un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.

Tercer supuesto:

Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”. 3El FJ III.3, indica: “En ese sentido, para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”.

derecho, goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del cual, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo 4El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”.

El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”.

El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 5El FJ III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.

Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…)

Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante alega que, dentro del proceso penal iniciado en su contra, se dispuso la aplicación de medidas de protección en favor de la denunciante; posteriormente, ante la solicitud realizada por Ruth Yovanna Huanca Balderrama, se llevó adelante la audiencia de revocatoria de las medidas de protección, acto procesal en el que sin haberse valorado la prueba de descargo presentada de su parte, la autoridad judicial demandada determinó su detención preventiva por seis días en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola”, por lo que mediante esta acción tutelar impetra que sea la justicia constitucional disponga dejar sin efecto la Resolución de 9 de mayo de 2022 y el mandamiento de detención preventiva, ordenándose se emita nuevo fallo en el que exista una valorización de la prueba de descargo.

Así identificado el objeto procesal, resulta necesario efectuar una contextualización de los antecedentes que originaron la interposición de esta acción tutelar, así como los actuados referidos por la Jueza accionada; en ese sentido se tiene que, en una primera oportunidad Ruth Yovanna Huanca Balderrama, solicitó a la Jueza ahora demandada se lleve a cabo audiencia de revocatoria de medidas de protección, mismo que fue atendido de manera favorable por decreto de 18 de abril de 2022, fijándose como fecha para la celebración de la audiencia el 29 de abril de ese mismo año (Conclusión II.1); sin embargo, ante la inasistencia del ahora solicitante de tutela al referido acto procesal, la Jueza Pública de Instrucción en lo Penal Decimocuarta, determinó su rebeldía, ello en aplicación del art. 89 del CPP (Conclusión II.2), al haberse cumplido la purga de la rebeldía conforme la providencia de 3 de mayo de 2022 (fs. 24), por providencia de 4 de mayo de 2022, se programó el acto procesal para el 9 de ese mismo mes y año (Conclusión II.3), finalmente, en el expediente cursa mandamiento de detención preventiva contra Jhunior Abiany Arancibia García, a ser cumplido en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz "Palmasola" (Conclusión II.4). A partir de ello, si bien el representante del accionante postula como agravio la omisión valorativa de la prueba de descargo por parte de la Jueza demandada; empero, de los datos que fueron expuestos en la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, se tiene que Contra la Resolución de 9 de mayo de 2022, el accionante activó una apelación, lo que se constituye en un medio de defensa eficaz en el que puede hacer valer los extremos ahora expuestos en la presente acción, motivo por el cual esta jurisdicción se ve impedida de ingresar a analizar el fondo, por inobservancia de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, al haberse activado paralelamente tanto la jurisdicción ordinaria como la constitucional, no pudiendo hacer pronunciamiento alguno, puesto que de hacerlo como pide la parte accionante se podría generar una suerte de duplicidad de fallos sobre un mismo asunto, es así que dicha instancia al tener los elementos necesarios para evaluar la supuesta omisión valorativa, viene a ser la idónea para resolver dicho agravio, es así que no corresponde a este Tribunal ingresar a analizar el fondo de lo planteado. Por otro lado, en cuanto a la demora en la remisión del recurso de apelación al Tribunal de alzada, es evidente que existió dilación por parte del Juez demandado, porque desde que fue interpuesta la apelación el 9 de mayo de 2022, hasta el 11 del mismo mes y año que fue cuando se presentó la acción de libertad que ahora se analiza, dicha apelación no hubiera sido remitida, porque si bien el demandado mencionó que si lo hizo, el accionante refirió que no constaba esa remisión en el sistema., generando duda sobre dicha remisión, motivo por lo cual, es correcta la decisión asumida por la Sala Constitucional, de conceder la tutela en la modalidad de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, descrita en el Fundamento Jurídico III.2, de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, para que la apelación concluya en el plazo previsto. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2022 de 11 de mayo, cursante de fs. 83 a 87 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en su dimensión traslativa o pronto despacho, en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional y conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a dejar sin efecto la Resolución de 9 de mayo de 2022 emitida por la Jueza demandada al concurrir el principio de subsidiariedad excepcional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

FDO. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

FDO. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Más sobre Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1184_2023-S1.pdf · páginas 1 a 10.

Huella digital del PDF (SHA-256): ce94e7f5d8a39b494cea13ca83157546f2ffc386fbf2367b9f3dfcb4ada6e694

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →