Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 17 de septiembre de 2025
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 4 de abril de 2023, cursante de fs. 27 a 29 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1172/2025-S4 Sucre, 17 de septiembre de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 55117-2023-111-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 4 de abril de 2023, cursante de fs. 27 a 29 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jhon Ariel Rioja Guzmán en representación sin mandato de Wilfredo Reinaga Burgoa contra María Teresa Apaza Paz, Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba.
Por acta de recepción de acción de libertad verbal de 3 de abril de 2023, cursante de fs. 12 a 15, el accionante expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público a denuncia de Victoria Elizabeth Mercado Álvarez por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 24 de marzo de 2023, se desarrolló una audiencia de salida alternativa de procedimiento abreviado, en el curso de la misma, fue indebidamente desconectado de la plataforma virtual: Primero se le interrumpió el audio y luego fue retirado de la sala, sin ser reincorporado pese a sus reiterados intentos de comunicación con la Secretaría del Juzgado; en consecuencia, la audiencia se realizó sin su presencia ni una defensa técnica efectiva, vulnerándose su derecho a la defensa material y técnica, reconocido por los arts. 119 de la Constitución Política del Estado (CPE), 9 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y la jurisprudencia interamericana (Caso Ruano Torres vs. El Salvador).
Frente a esa vulneración, el 27 de marzo de 2023, interpuso incidente de nulidad, al constituir lo sucedido un defecto absoluto previsto por el art. 169.3 del CPP; de este modo, conforme el art. 314.II del CPP, la autoridad judicial tenía la obligación de señalar audiencia en el plazo de veinticuatro horas y notificar a las partes, debiendo celebrarse la audiencia dentro de los tres días siguientes. Pese a la claridad de la norma, la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, ahora accionada, no señaló audiencia en el referido término legal y al momento de la interposición de la presente acción, ya transcurrieron siete días sin pronunciamiento, configurando una dilación indebida contraria al principio de celeridad procesal.
Señaló como lesionados sus derechos a la libertad, defensa, igualdad y tutela judicial efectiva, vinculados al principio de celeridad; citando al efecto, los arts. 8.II, 22, 23, 116.II, 178 y 189 de la CPE.
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene que la autoridad jurisdiccional hoy accionada señale: “…FECHA Y HORA DE AUDIENCIA PARA RESOLVER EL INCIDENTE PLANTEADO…” (sic).
Celebrada la audiencia el 4 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 23 a 24 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, por intermedio de su abogado, se ratificó inextenso en su demanda tutelar.
María Teresa Apaza Paz, Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito cursante de fs. 25 y 25 vta. señaló: a) El impetrante de tutela fue imputado por el delito de violencia familiar o doméstica, el 16 de febrero de 2023, siendo cautelado mediante Auto interlocutorio de 17 de febrero de 2023, por denuncia de Victoria Elizabeth Mercado Álvarez; durante la investigación, el Ministerio Público solicitó procedimiento abreviado, el cual fue denegado el 24 de marzo de 2023, debido a la oposición fundamentada de la víctima, cumpliéndose así lo previsto en el art. 373.III del CPP; motivo por el cual, su defensa interpuso incidente de nulidad de audiencia de salida alternativa, remitido al despacho a su cargo el 28 de marzo de 2023, fijándose audiencia para el 4 de abril del mismo año; y, b) De acuerdo al art. 314 del CPP, los incidentes deben plantearse dentro de 10 días y el Juez debe señalar audiencia dentro de 24 horas, realizándose dentro de 3 días, infiriéndose que se cumplieron los plazos establecidos por la norma adjetiva penal, considerando días hábiles y la excesiva carga procesal del juzgado, que cuenta únicamente con una funcionaria en Secretaría, sin auxiliar ni pasante “…que cuando ingresamos AMBAS a audiencia QUEDA PARALIZADO EL JUZGADO POR FALTA DE PERSONAL, ES COMPLETAMENTE IMPOSIBLE, POR LA CONDICIÓN HUMANA DE LAS DOS PERSONAS QUE TRABAJAN EN ESTE JUZGADO, CUMPLIR CON RESOLVER EN EL TERMINO ESTABLECIDO LA GRAN CANTIDAD (MILES) DE PROCESOS QUE EXISTE EN ESTE JUZGADO, superando nuestra CAPACIDAD HUMANA QUE TIENE SUS LIMITES…”(sic); consecuentemente, no se verifica vulneración alguna de derechos ni del debido proceso y el señalamiento de audiencia fue realizado dentro del término legal, respetando la capacidad humana y los recursos disponibles del juzgado.
El Juez de Sentencia Penal Cuarto de Quillacollo del departamento de Cochabamba, mediante Resolución de 4 de abril de 2023, cursante de fs. 27 a 29 vta., denegó la tutela impetrada bajo los siguientes fundamentos: 1) De la revisión de la prueba documental presentada, se establece que el 27 de marzo de 2023, a las 16:50, el impetrante de tutela presentó incidente de nulidad de audiencia de salida alternativa; la oficina gestora de procesos remitió el memorial al Juzgado el 28 de marzo de 2023, fijándose la audiencia para considerar el incidente el 4 de abril del mismo año conforme a la providencia de 29 de marzo de 2023; por lo que, considerando el cómputo de plazos legales; es decir, las 24 horas para señalar audiencia más 3 días para sustanciarla, descontando fines de semana, la audiencia se desarrolló a solo un día del límite establecido por la norma procesal penal, cumpliéndose por tanto con los plazos dispuestos por Ley, en consonancia a la jurisprudencia constitucional que establece en casos de exceso de carga laboral y falta de personal de apoyo, razonable un plazo de hasta cuatro días, sin que ello implique vulneración del principio de celeridad procesal; y, 2) Se considera la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, así como la innovativa; dado que, la jurisdicción constitucional protege la vida, libertad física y locomoción frente a acciones u omisiones que restrinjan o amenacen estos derechos, incluso cuando los hechos denunciados hayan cesado; así en el presente caso, la audiencia extrañada ya fue señalada; por lo que, no se configura vulneración constitucional alguna.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 27 de marzo de 2023, por Wilfredo Reinaga Burgoa –hoy impetrante de tutela–, mediante el cual, formula incidente de nulidad de la audiencia de salidas alternativas del procedimiento abreviado celebrada el 24 de marzo de 2023 (fs. 3 a 4 vta.). II.2. Consta en antecedentes, el informe de 4 de abril de 2023, emitido por María Esther Peláez Muruchi, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, en el que se señala que dicho despacho judicial cuenta únicamente con la Jueza y la Secretaria; extremo –según se hace constar en el mismo informe–, fue puesto en conocimiento de Presidencia y del Consejo de la Magistratura del departamento en el mes de noviembre de 2022, sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta (fs. 26).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, defensa, igualdad y tutela judicial efectiva vinculados al principio de celeridad; reclamando que, durante la audiencia de salida alternativa de procedimiento abreviado realizada el 24 de marzo de 2023, fue indebidamente desconectado de la plataforma virtual y la audiencia continuó sin su presencia ni defensa efectiva; por lo que, interpuso incidente de nulidad el 27 de marzo de 2023, debiéndose haberse señalado audiencia dentro de veinticuatro horas y sustanciado en un plazo de tres días, conforme al art. 314.II del CPP, pero hasta la fecha de interposición de la acción, transcurrieron siete días sin pronunciamiento alguno. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La SCP 0309/2025-S3 de 30 de abril, reiterando el entendimiento asumido por diversa jurisprudencia constitucional referida este aspecto expreso que: “La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de habeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al habeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el habeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Con ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad” (las negrillas nos corresponden).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, defensa, igualdad y tutela judicial efectiva vinculados al principio de celeridad; reclamando que, durante la audiencia de salida alternativa de procedimiento abreviado realizada el 24 de marzo de 2023, fue indebidamente desconectado de la plataforma virtual y la audiencia continuó sin su presencia ni defensa efectiva; por lo que, interpuso incidente de nulidad el 27 de marzo de 2023, debiéndose haberse señalado audiencia dentro de veinticuatro horas y sustanciado en un plazo de tres días, conforme al art. 314.II del CPP, pero hasta la fecha de interposición de la acción transcurrieron siete días sin pronunciamiento alguno.
Ahora bien, corresponde señalar, en primer término, que la presente labor constitucional se desarrollará a partir de los antecedentes remitidos a este Tribunal, teniéndose como verosímiles los hechos expuestos por el Juez de garantías; ello en virtud del principio de inmediación que rige las acciones de defensa; puesto que, la labor del Juez o Tribunal de garantías, se funda en la compulsa de los antecedentes procesales y en la valoración de las circunstancias manifestadas por las partes, advertidas directamente durante la audiencia de acción de libertad. A tal efecto, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ahora impetrante de tutela, éste formuló incidente de nulidad de audiencia de salida alternativa, que según el timbre electrónico, se presentó el 27 de marzo de 2023 a las 16:50, remitiéndose dicho escrito al día siguiente 28 de ese mes y año, al Juzgado a cargo de la autoridad jurisdiccional accionada, quien por providencia de 29 del mismo mes y año señaló audiencia para considerar el incidente para el 4 de abril de igual año; así contrastando el tiempo transcurrido con el plazo previsto por el art. 314.II del CPP que señala: "La jueza o el juez de Instrucción en lo Penal dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, señalará audiencia y notificará a las partes con la prueba idónea y pertinente. La audiencia se llevará a cabo dentro del plazo de tres (3) días, en la cual se considerará el planteamiento de las excepciones e incidentes y respuestas de las partes”, se tiene que la indicada audiencia se encuentra fijada únicamente a un día del plazo que establece la norma procesal penal. Bajo este antecedente, conforme a la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo, en todo trámite judicial –y particularmente en materia penal–, toda solicitud que involucre el derecho a la libertad física o personal debe ser tramitada con la mayor celeridad posible, dentro de un plazo razonable y observando los términos previstos por la norma adjetiva penal. En ese contexto, se advierte que la Jueza demandada, mediante el informe escrito presentado en esta acción tutelar, explicó que el retraso observado obedeció a la excesiva carga procesal existente en su despacho; el cual, cuenta únicamente con la secretaría del Juzgado como apoyo jurisdiccional, careciendo de personal auxiliar o pasante, situación que provocaría que, al celebrarse audiencias, el trabajo del juzgado se paralice totalmente, tornando materialmente imposible atender oportunamente la gran cantidad de causas que se encuentran en trámite, por exceder la capacidad operativa del personal disponible.
En virtud de lo expuesto, y conforme a la jurisprudencia glosada en el fundamento jurídico referido ut supra, así como el documento de descargo presentado que confirma dicha situación de falta de personal durante la audiencia de consideración de la presente acción tutelar (Conclusiones II.2), se concluye que el retraso de un día en la programación del acto procesal destinado al conocimiento y resolución del incidente de nulidad de audiencia de salida alternativa se encuentra razonablemente justificado, al responder a circunstancias objetivas vinculadas a limitaciones estructurales del órgano jurisdiccional y no a una conducta negligente atribuible a la autoridad demandada; motivo por el cual, se debe denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 4 de abril de 2023, cursante de fs. 27 a 29 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1172_2025-S4.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): 99d5edc16fe29e3e2f5b83913012bb6d92a9b560cea5644d5d7792e26aa3b2f4
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