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SCP 1171/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de agosto de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
4 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
63056-2024-127-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 6/2024 de 4 de abril, cursante de fs. 23 vta. a 28, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada respecto al demandado, David Aguilar Aguilar, Juez del Tribunal de Sentencia Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, disponiendo que dicha autoridad verifique y efectivice la remisión de la apelación planteada por el accionante contra la Resolución de 18 de marzo de 2024, siempre y cuando ello no hubiese ya ocurrido.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el cumplimiento de plazos en la remisión de apelación de cautelares.
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1171/2026-S2 Sucre, 4 de agosto de 2026 JURISPRUDENCIA REITERADA - Pronto despacho SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 63056-2024-127-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 6/2024 de 4 de abril, cursante de fs. 23 vta. a 28, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Adolfo Paniagua Coronado en representación sin mandato de Juan Denilzon Villarroel Díaz contra David Aguilar Aguilar, Juez del Tribunal de Sentencia Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba.

I. OBJETO PROCESAL

Por memorial presentado el 3 de abril de 2024, cursante de fs. 1 a 3 vta., el accionante, denuncia la lesión del debido proceso en su elemento celeridad, vinculado a su libertad, alegando que, dentro el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, en audiencia de cesación de la detención preventiva de 18 de marzo del mismo año, interpuso recurso de apelación incidental contra la Resolución de la misma fecha, que rechazó su solicitud de cesación a la medida extrema; empero, no se remitieron los antecedentes al Tribunal de alzada, conforme lo prevé el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), pese a haber transcurrido “10 días”; consecuentemente, interpone la presente acción de defensa, solicitando “SE EXHORTE” a la autoridad demandada, que en el plazo de veinticuatro horas, remita a la Sala Penal de turno, el referido recurso de apelación. Ante ello, el Juez demandado, por informe escrito cursante de fs. 21 a 22, señaló que la acción de defensa interpuesta en su contra, carece de sustento, dado que las diligencias posteriores a la emisión de una resolución jurisdiccional, son realizadas y cumplidas por los servidores de apoyo jurisdiccional, sea de la Oficina Gestora de Procesos, Secretaría o Auxiliares; en ese orden, la remisión de los expedientes y cuadernillos de apelación, no es la función propia del juez, por lo que, a su criterio, carece de legitimación pasiva para ser demandado; consecuentemente, solicita se deniegue la tutela. La Jueza de garantías denegó -en parte- la tutela solicitada por falta de legitimación pasiva. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. TRÁMITE PROCESAL

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el cumplimiento de plazos en la remisión de apelación de cautelares.

Sobre la procedencia de la acción de libertad de pronto despacho, la justicia constitucional, a través de distintos fallos, ha desarrollado los elementos y finalidad de esta tipología de la acción de libertad; así, sistematizando dichos entendimientos, la SCP 0494/2018-S1 de 11 de septiembre, citando a su vez la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio y su similar 0132/2017-S3 de 6 de marzo, precisó que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y; c) correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y; 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad.

Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ´…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos” (las negrillas nos corresponden). En esa misma línea y en cuanto al trámite procesal de la apelación incidental de una medida cautelar, la SCP 0435/2015-S3 de 17 de abril a partir de lo previsto en el art. 180 de la CPE en concordancia con el art. 251 del CPP señaló que: “Para el recurso de apelación incidental de medidas cautelares, de forma específica el art. 251 del CPP, establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas, y una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, debiendo resolver el Tribunal de alzada en el plazo de setenta y dos horas” (el resaltado nos pertenece).

III.2. Análisis del caso concreto

La problemática planteada por el accionante, converge en que, dentro del proceso penal seguido en su contra, en audiencia de aplicación de cesación de la detención preventiva de 18 de marzo de 2024, interpuso recurso de apelación incidental (fs. 12 a 17); empero, el Juez demandado, transcurridos “10 días”, no remitió el cuaderno de apelación al Tribunal de alzada, incumpliendo el plazo procesal determinado por el art. 251 del CPP. Al respecto, el Juez demandado, lejos de desvirtuar esa situación y acreditar la remisión oportuna, en su informe presentado dentro de esta acción de defensa, se limitó a señalar que -a su criterio-, no tendría legitimación pasiva; toda vez que, la remisión del cuaderno de apelaciones corresponde al personal de apoyo dependiente de la Oficina Gestora de Procesos, Secretaría y/o demás personal de apoyo jurisdiccional, no siendo dicha remisión una función propia de su autoridad; asimismo, cursa en el expediente constitucional informe de la Secretaria del Tribunal del proceso penal de origen, en el cual señala que, debido a que no se contaba con la firma de la Jueza en suplencia legal, el recurso de apelación formulado, recién fue remitido el 3 de abril de 2024; además de que, recientemente asumió funciones, y que la sobrecarga laboral impedía cumplir plazos.

En ese contexto, al evidenciarse que, en efecto se incurrió en omisión y dilación dentro del trámite del recurso de apelación planteado por el accionante, corresponde aplicar los entendimientos asumidos en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, dado que la referida remisión correspondía ser efectuada dentro del plazo establecido por la norma procesal penal que establece: “Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad.” -art. 251 del CPP-, lo cual, claramente no ocurrió, sin que sea evidente la alegada falta de legitimación pasiva expuesta por el Juez demandado, dado que, dicha autoridad, en su calidad de Presidente del Tribunal de Sentencia Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba -según consigna el pie de firma de su sello-, además de ser Juez titular de dicho Tribunal, tiene la obligación de realizar el seguimiento del cumplimiento de su orden dispuesta en la Resolución de 18 de marzo de 2024, la cual señala: “…remítase antecedentes ante la Sala Penal de Turno…” (sic [fs. 17]); pues, debió realizar un control horizontal, considerando que, como lo informó la Secretaria de dicho Tribunal, la Jueza que conoció de las medidas cautelares, ejercía en suplencia legal para conformar quorum del Tribunal que resolvió la cesación a la detención preventiva; asimismo, la autoridad demandada, debió realizar un control vertical respecto a la Secretaria de despacho para la remisión propiamente dicha; todo lo cual evidencia que, la ausencia del seguimiento y control del proceso del cual está obligado como director del mismo, configura a tener legitimación pasiva y responsabilidad en la demora de remisión del cuaderno de apelación al Tribunal de alzada, porque no cumplió lo dispuesto en el art. 251 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; por lo que, en aplicación de los entendimientos asumidos en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar -en parte- la tutela impetrada con relación al Juez demandado, y conceder tutela contra la Secretaria, que no fue demandada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 6/2024 de 4 de abril, cursante de fs. 23 vta. a 28, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada respecto al demandado, David Aguilar Aguilar, Juez del Tribunal de Sentencia Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, disponiendo que dicha autoridad verifique y efectivice la remisión de la apelación planteada por el accionante contra la Resolución de 18 de marzo de 2024, siempre y cuando ello no hubiese ya ocurrido. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1171_2026-S2.pdf · páginas 1 a 5.

Huella digital del PDF (SHA-256): 1c736f181742336f4d4e226c7f96639dbdcb6402f0f3371b1368380cd4d6cfb8

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