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SCP 1170/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de agosto de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
4 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
62886-2024-126-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 96/2024 de 17 de marzo, cursante de fs. 76 a 80 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Tercero de Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada respecto a Luis Fernando Alcocer Delgadillo; Director Nacional del IDIF, en los mismos términos que el Juez de garantías. 2º DENEGAR la tutela solicitada con relación a Vania Beatriz Romero Peña, Jueza y Fabiola Alba Padilla, Secretaria, ambas del Juzgado Publico Mixto Civil, Comercial, Familia e Instrucción Penal del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz, conforme a los razonamientos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1170/2026-S2 Sucre, 4 de agosto de 2026 JURISPRUDENCIA REITERADA - Pronto despacho SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 62886-2024-126-AL Departamento: La Paz En revisión de la Resolución 96/2024 de 17 de marzo, cursante de fs. 76 a 80 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Nicolás Renato Morales Aguilera en representación sin mandato de José Ignacio Morales Aguilera contra Vania Beatriz Romero Peña, Jueza y Fabiola Erika Alba Padilla, Secretaria, ambas del Juzgado Publico Mixto Civil, Comercial, de Familia e Instrucción Penal del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz; y, Luis Fernando Alcocer Delgadillo, Director Nacional del Instituto De Investigaciones Forenses (IDIF).

I. OBJETO PROCESAL

El accionante a través de su representante sin mandato, denunció la vulneración de sus derechos a la vida, la integridad física, la salud y la libertad; toda vez que, se presentó una solicitud para que a través del IDIF, posterior a la evaluación médica se homologuen los certificados médico-psiquiátricos presentados ante la autoridad de control jurisdiccional, con la finalidad de que con dicha prueba se conceda su internación en un centro psiquiátrico cuente con las atenciones médicas específicas para su enfermedad; ya que, de acuerdo a los informes mencionados, presuntamente padece de esquizofrenia y que, a causa de autolesiones producidas, quedó sin visión en ambos ojos. Presentó ante el juzgado una solicitud de cesación de la detención preventiva por las mismas circunstancias de salud empero no fue atendida oportunamente, en consecuencia, el IDIF no asumió las acciones de evaluación pertinentes, la autoridad de control jurisdiccional no emitió pronunciamiento a la solicitud de cesación de la detención preventiva y la Secretaria demora en pasar a despacho dicha solicitud, evadiendo sus responsabilidades, al efecto, solicitó que se disponga que la autoridad de control jurisdiccional resuelva la solicitud de cesación a la detención preventiva en mérito a su actual estado de salud, que el IDIF materialice la valoración médico forense solicitada y que, la Secretaria asuma acciones para la realización de la evaluación forense a través de ciudadanía digital. La autoridad y la funcionaria judicial demandadas, en su informe establecen que no se vulneraron los derechos de los cuales se solicita la tutela; puesto que, se actuó de manera diligente ante cada una de las solicitudes presentadas por el accionante, pese a la sobrecarga procesal existente en su juzgado. A su vez, el Director del IDIF codemandado, en audiencia de garantías, estableció que, al margen de las dificultades administrativas de coordinación con el Gobernador del recinto penitenciario, para la autorización del ingreso de la médico designada para la valoración, su autoridad ordenó que se cursen las solicitudes correspondientes a fin de que la misma se haga presente en dicho recinto para la valoración, el mismo día de la audiencia de acción de libertad -18 de marzo de 2024-. La Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, concedió en parte la tutela en relación a Vania Beatriz Romero Peña, Jueza demandada, disponiendo que señale audiencia en el plazo de 24 horas o que se haga llegar la documental de la notificación a las partes en caso de que ya se hubiera señalado dicha audiencia, asimismo, concedió la tutela en relación a Luis Fernando Alcocer Delgadillo; Director del IDIF, disponiendo que en el día se realice la valoración médica dispuesta mediante requerimiento fiscal; y, denegó la tutela en relación a Fabiola Alba Padilla, Secretaria del juzgado. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. TRÁMITE PROCESAL

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, sostuvo que: «La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, citando a la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, sostuvo que:“…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…' (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas. En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: '…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”’» (las negrillas corresponden al texto original).

III.2. Análisis del caso concreto

Conforme a lo expuesto por el accionante, dentro del proceso penal, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, seguido por el Ministerio Publico, cada uno de los demandados incumplió las obligaciones que tienen, puesto que, existiendo un requerimiento fiscal de urgente evaluación forense -que consta a fs. 60-, solicitada ante el IDIF, esta dependencia representó dicha solicitud, bajo el argumento de que no podían proceder a realizar la evaluación debido a que se cargó a la plataforma una hoja que no correspondía a la causa, representación escrita de 14 de marzo de 2024 que consta a fs. 56 siendo los demás datos correctos. De acuerdo al informe del Director del IDIF, el mismo dispuso que se proceda a realizar la evaluación ordenada por la autoridad fiscal a primeras horas de la mañana del mismo día de la audiencia de acción de libertad; lo que permite asumir que ello se debió a la interposición de la presente acción de defensa y de ninguna manera justifica el actuar dilatorio de cuatro días asumido por el personal de dicha dependencia. En cuanto a la Jueza demandada, la solicitud de señalamiento de audiencia, y cursa a fs. 38 una providencia de fecha 14 de marzo de 2024, es decir emitió este pronunciamiento el mismo día de su presentación (fs. 35 a 36), señalando la fecha para el desarrollo de la audiencia para 18 de marzo del mismo mes y año, es decir para después de un día hábil de emitida la providencia, lo que hace entrever que la autoridad judicial asumió las acciones pertinentes, con la diligencia correspondiente. A su vez, se advierte que la Secretaria del mismo despacho judicial, también actuó con diligencia, puesto que para el pronunciamiento de la Juez de control jurisdiccional, fue necesario que la funcionaria de apoyo, remita a despacho de manera inmediata el memorial de solicitud referido, providenciado de manera inmediata. Ahora bien, conforme se tiene del Fundamento Jurídico III.1, la acción de libertad, al ser un medio constitucional eficaz para proteger el derecho a la libertad y a la vida y que además actúa siendo reparador, si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida, se pudo evidenciar el actuar dilatorio por parte del personal del IDIF, quien en audiencia de garantías reconoció que el 14 de marzo a las 10:28 ingreso un requerimiento fiscal que solicitaba la evaluación médica del accionante, que por descuido y falta de revisión correcta de la documentación presentada, provocó un perjuicio al solicitante de tutela, cuando el mismo se encontraba en un estado de salud delicado que requería de una urgente atención a su situación procesal conforme se advierte del Requerimiento fiscal de 13 de marzo de 2024 (fs. 61) y el Informe Psiquiátrico 10/2024 del médico psiquiatra del Centro Penitenciario Palmasola (fs. 62), sin que ello haya sido superado por la orden de evaluación emitida por el Director para que en el día se proceda a realizar dicho actuado; es decir, la dilación denunciada es evidente, es en ese sentido que la presente acción constitucional opera como un medio reparador y correctivo, en mérito a la restitución de los derechos y garantías vulnerados y la advertencia de que estos actos dilatorios no se repitan en similares situaciones.

En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber concedido en parte la tutela impetrada con relación a Luis Fernando Alcocer Delgadillo y Vania Beatriz Romero Peña y denegado en parte la tutela impetrada con relación a Fabiola Alba Padilla obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 96/2024 de 17 de marzo, cursante de fs. 76 a 80 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Tercero de Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada respecto a Luis Fernando Alcocer Delgadillo; Director Nacional del IDIF, en los mismos términos que el Juez de garantías. 2º DENEGAR la tutela solicitada con relación a Vania Beatriz Romero Peña, Jueza y Fabiola Alba Padilla, Secretaria, ambas del Juzgado Publico Mixto Civil, Comercial, Familia e Instrucción Penal del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz, conforme a los razonamientos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1170_2026-S2.pdf · páginas 1 a 5.

Huella digital del PDF (SHA-256): fcf339c299c34070dde5a95ce5ac0117125902f3ec5d0c655cf409fc139c8f59

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