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SCP 1157/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de agosto de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
4 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
64192-2024-129-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/24 de 25 de abril de 2024, cursante de fs. 177 a 180 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos resueltos por el Juez de garantías, salvo que por el transcurso del tiempo la situación jurídica de la accionante se hubiera modificado.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Jurisprudencia reiterada sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1157/2026-S2 Sucre, 4 de agosto de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 64192-2024-129-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 03/24 de 25 de abril de 2024, cursante de fs. 177 a 180, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Winter Rómulo Hinojosa Téllez en representación sin mandato de Primitiva Franco contra Olvis Egüez Oliva, Esteban Miranda Terán, Maria Cristina Díaz Sosa, José Antonio Revilla Martínez, Marco Ernesto Jaimes Molina, Juan Carlos Berrios Albizu, Carlos Alberto Egüez Añez, Ricardo Torres Echalar y Edwin Aguayo Arando, entonces Magistrados de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

I. OBJETO PROCESAL

La accionante a través de su representante sin mandato, señaló como lesionado el debido proceso y sus derechos al acceso a la justicia, a la libertad, a ser juzgada sin dilaciones indebidas, así como a los principios de dirección judicial del proceso, seguridad jurídica, legalidad y celeridad; puesto que, dentro de la extradición dispuesta en su contra, por memorial presentado el 16 de abril de 2024, ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia -demandada-, solicitó la emisión del mandamiento de libertad en su favor, en razón al cumplimiento del periodo dispuesto para su detención preventiva, petición que no mereció pronunciamiento alguno; por lo que, pidió se conceda la tutela y se ordene a los demandados emitir resolución fundamentada de fondo. Marco Ernesto Jaimes Molina, entonces Presidente del Tribunal Supremo de Justicia -demandado-, sostuvo que los exmagistrados de ese Tribunal que no actuaron en calidad de tramitadores de la causa, carecen de legitimación pasiva para ser demandados, por ende, la acción de libertad debió dirigirse expresamente contra el Magistrado tramitador y no contra todos los miembros de esa entidad, máxime si no se estableció de qué forma cada uno de ellos lesionó los derechos reclamados; asimismo, indicó que la pretensión deducida en la jurisdicción constitucional no responde a la naturaleza jurídica de la acción de libertad; pues, la supuesta demora en la atención de su solicitud no constituye la causa de su privación de libertad, la misma que se debe a la emisión del mandamiento de detención librado en su contra; además, contra la impetrante de tutela se siguen diversidad de procesos penales. Finalmente, el memorial de 16 de abril de 2024, ratificado por escrito de 22 de igual mes y año, tiene como única finalidad inducir en error a la justicia constitucional, toda vez que, sin siquiera esperar el pronunciamiento del entonces Magistrado tramitador -veinticuatro horas-, interpuso la acción de defensa paralelamente; no obstante, debía tomarse en cuenta la emisión del proveído de 23 del mismo mes y año; a través del cual, se determinó poner en conocimiento del Ministerio Público su petitorio, a efectos de su pronunciamiento, como sucede en todo proceso contradictorio; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada. Olvis Egüez Oliva, Esteban Miranda Terán, Maria Cristina Díaz Sosa, José Antonio Revilla Martínez, Juan Carlos Berrios Albizu, Carlos Alberto Egüez Añez, Ricardo Torres Echalar y Edwin Aguayo Arando, entonces Magistrados de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, no presentaron informe escrito ni se presentaron a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante de fs. 75 a 102 y 107 a 119. El Juez de Sentencia, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 03/24 de 25 de abril de 2024, cursante de fs. 177 a 180, concedió la tutela solicitada, disponiendo que los demandados resuelvan de inmediato la situación jurídica de la accionante; por cuanto, los nombrados no emitieron las providencias correspondientes dentro del plazo de veinticuatro horas, pese a que la impetrante de tutela se encontraba con detención preventiva con fines de extradición y la había aceptado con efecto diferido; asimismo, se generó estado de indefensión, al no haberse emitido una respuesta positiva o negativa a la solicitud de mandamiento de libertad y no existía otro mecanismo intraprocesal para obtener una respuesta oportuna. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. TRAMITE PROCESAL

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Jurisprudencia reiterada sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, manifestó al respecto que la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, señaló que: “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…’ (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas.”

III.2. Análisis del caso concreto

El reclamo de la accionante se centra en que los demandados no emitieron un pronunciamiento sobre su solicitud de mandamiento de libertad. De los antecedentes relevantes traídos en revisión, se advierte que, a través de Auto Supremo 19/2022 de 10 de marzo, emitido por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, se dispuso la detención preventiva de Primitiva Franco con fines de extradición, con nombre supuesto “Aleyda Franco Ramos” -fs. 3 a 5-; posteriormente, mediante Auto Supremo 78/2023 de 4 de julio, se declaró procedente la solicitud de extradición de la nombrada, con carácter diferido, disponiendo su entrega al Estado requirente - República de Chile-, cuya ejecución quedó hasta que los procesos penales aperturados en Bolivia concluyan - fs. 8 a 11-. En ese contexto, la detención preventiva de la impetrante de tutela fue ejecutada el 17 de noviembre de 2023, mediante el mandamiento respectivo emitido por la Jueza de Instrucción Penal Sexta de la Capital del departamento de Cochabamba -fs. 6 a 7-;

posteriormente, por memorial de 6 de febrero de 2024, la impetrante de tutela, solicitó a dicha autoridad la cesación a la detención preventiva por vencimiento del plazo, mereciendo el decreto de 7 de igual mes y año, por el que la referida Jueza dispuso que tal petición sea planteada ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, al constituirse esta en la autoridad competente a dicho efecto -fs. 12 y 13-. En consecuencia, la solicitud fue dirigida ante dicha instancia, en la que Edwin Aguayo Arando, entonces Magistrado tramitador, mediante decreto de 15 de febrero de 2024, rechazó la pretensión deducida, señalando que el término previsto para la formalización de la solicitud de extradición ya había sido cumplido por el Estado requirente y que, en consecuencia, no podía alegarse el vencimiento del plazo de detención preventiva; por lo que, dispuso que la impetrante esté a lo determinado en el AS 78/2023 -fs. 14 y vta.-. Posteriormente, mediante memoriales presentados el 16 y 23 de abril de 2024, la impetrante de tutela reiteró su solicitud de emisión de mandamiento de libertad en su favor, alegando el cumplimiento del plazo dispuesto para su detención preventiva con fines de extradición. Ante ello, el Magistrado tramitador emitió providencia de 23 de igual mes y año, que dispuso pasar la solicitud a conocimiento del Ministerio Público para su pronunciamiento -fs. 165 a 168-. Sin embargo, no consta que dicha determinación le hubiera sido notificada. Ahora bien, conforme al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho constituye el mecanismo idóneo para obtener celeridad cuando una dilación indebida incide directamente en el derecho a la libertad. En ese marco, corresponde verificar si, en el caso concreto, la actuación cuestionada generó una demora injustificada en la definición de la situación jurídica de la impetrante de tutela. Al respecto, se tiene que, si bien en cuanto a una anterior solicitud de libertad formulada por la accionante existió un pronunciamiento del entonces Magistrado tramitador a través del decreto de 15 de febrero de 2024, la petición formulada mediante memoriales de 16 y 23 de abril de igual año, no mereció una respuesta de fondo, pues la providencia de 23 de abril se limitó a disponer que el planteamiento sea puesto en conocimiento del Ministerio Público. Por consiguiente, hasta la interposición de la presente acción de defensa, no se advierte que la autoridad competente hubiera emitido una determinación que defina la situación jurídica de la impetrante de tutela respecto a la nueva solicitud de libertad.

En ese sentido, la sola emisión de la providencia de 23 de abril de 2024 no desvirtúa la dilación denunciada, pues dicho actuado no resolvió la pretensión formulada ni analizó la situación jurídica de la privada de libertad, sino que difirió su consideración al disponer la intervención del Ministerio Público. Asimismo, el hecho de que la solicitud de 23 de abril de 2024 hubiera sido presentada con posterioridad a la acción de libertad no permite concluir, que se hubiera producido una activación paralela de dos jurisdicciones. Por el contrario, la providencia emitida en la misma fecha evidencia que, aun cuando la autoridad tomó conocimiento de la petición, no resolvió el fondo de lo solicitado, sino que dispuso su remisión al Ministerio Público, manteniéndose la incertidumbre respecto a la situación jurídica de la impetrante de tutela. En tal orden, la falta de un pronunciamiento oportuno sobre la solicitud de libertad formulada por la accionante generó una dilación indebida vinculada directamente con su derecho fundamental a la libertad, al prolongar la incertidumbre respecto a la continuidad de la medida que restringía dicho derecho, concurriendo los presupuestos que hacen viable la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, correspondiendo conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/24 de 25 de abril de 2024, cursante de fs. 177 a 180 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos resueltos por el Juez de garantías, salvo que por el transcurso del tiempo la situación jurídica de la accionante se hubiera modificado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1157_2026-S2.pdf · páginas 1 a 6.

Huella digital del PDF (SHA-256): 15e08e3c62db61cf75dbf5ab51f1796a82557e289950cd8dfb81fcd51dc06644

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