Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2024 de 26 de abril, cursante de fs. 40 a 43, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la referida Jueza, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1156/2026-S2 Sucre, 4 de agosto de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 63738-2024-128-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 09/2024 de 26 de abril, cursante de fs. 40 a 43, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Pedro Junior Martínez Campos contra Franz Álvaro Gutiérrez Cabrera, Juez y Jhoselin Gushi Bustamante, Secretaria ambos del Juzgado de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz.
El accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación agravada, se dispuso su detención preventiva en audiencia realizada el 10 de febrero de 2023; posteriormente, habiendo solicitado cesación a la medida extrema, esta, fue negada mediante Auto Interlocutorio de 26 de septiembre de igual año; ante ello, su defensa interpuso apelación incidental, en aplicación del art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), solicitando que se remitan los antecedentes ante el Tribunal de alzada, a cuyo efecto, el entonces juez de control jurisdiccional dispuso que la Secretaria envíe obrados en el plazo de veinticuatro horas; sin embargo, por errores del sistema en relación al Número de Registro Judicial (NUREJ), se procedió a un nuevo sorteo; en consecuencia, el 14 de abril de 2024, se dejó el expediente original en el Juzgado de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, y el 15 de dicho mes y año hizo saber a esa instancia que se tenía pendiente una apelación incidental, solicitando que fuera remitida a la brevedad posible a la Sala Penal de turno; no obstante, pese a haber dejado los recaudos respectivos para la apelación, tanto el Juez como la Secretaria de dicho Juzgado -ahora demandados-, se niegan a remitir la apelación incidental pendiente, indicando que se presentó acusación formal en su contra y que no se puede enviar a ninguna Sala Penal -pese a que dicha acusación no le fue notificada, y el referido Juzgado sigue asumiendo competencia-; es así que, transcurrieron seis meses y veintiocho días, sin que la referida apelación incidental hubiera sido remitida al Tribunal de alzada ni, por consiguiente, resuelta; por lo que, ante tal dilación pidió se le conceda tutela ordenando que la parte demandada remita la apelación incidental a la Sala Penal de turno. Ante ello, los demandados, señalaron que: a) Con posterioridad a la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva de 26 de septiembre de 2023, cursa la acusación formal presentada el 10 de octubre de igual año, ante el Juzgado de Instrucción Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, y que recién el 3 de abril de 2024, dicho Juzgado se percató de su error y declinó competencia a su Juzgado, remitiendo el expediente en físico, el 17 de igual mes y año; y, b) En relación a la citada acusación formal, se ordenó que se sortee al Tribunal de Sentencia de turno; por ello es que, la demora procesal y negligencia no les puede ser atribuida, ni señalarse que estarían negando remitir la apelación incidental, cuando lo cierto es que recién el 25 de abril de 2024, el abogado defensor del accionante se apersonó para informar que estaba pendiente ese medio de impugnación, cuando ya cursa el sorteo de 18 de abril de igual año, al Tribunal de Sentencia Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, siendo que, una vez sorteada la acusación formal, el Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), ya no les permite generar ningún otro actuado procesal. La Jueza de Sentencia Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 09/2024 de 26 de abril, cursante de fs. 40 a 43, concedió la tutela solicitada, ordenando a la parte demandada, remitir la apelación incidental a la Sala Penal de turno, en el término de veinticuatro horas, por cuanto existió falta de diligencia de la parte demandada, ante la no remisión oportuna de la apelación contra la Resolución de 26 de septiembre de 2023. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.
Respecto a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (las negrillas nos pertenecen).
De otro lado, en cuanto al trámite procesal de la apelación incidental de una medida cautelar, la SC 0384/2011-R de 7 de abril, complementó las sub reglas establecidas en la SC 0078/2010-R de 3 de marzo, en sentido que se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, también cuando: “(…) d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”.
El objeto procesal de esta acción de libertad se circunscribe a la supuesta dilación indebida en la que incurrieron el Juez y la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandados-, al no haber remitido los antecedentes de la apelación incidental interpuesta por la defensa del accionante contra el Auto Interlocutorio de 26 de septiembre de 2023, que negó la solicitud de cesación a la detención preventiva, formulada en audiencia de esa fecha; sin que los antecedentes hubieran sido remitidos al Tribunal de alzada. Encontrándose identificada la problemática a resolver por medio de esta acción tutelar, se deben analizar los supuestos que llevaron a la demora señalada, afectando la situación jurídica del impetrante de tutela al no haber sido remitida su apelación oportunamente; en ese sentido, entre los mecanismos de defensa previstos para la protección del derecho a la libertad se encuentra la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, destinada a acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando se advierten dilaciones indebidas en la resolución de la situación jurídica de una persona privada de libertad. Asimismo, corresponde considerar que, tratándose de la apelación de las medidas cautelares, el art. 251 del CPP establece que: “La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”. En el presente caso, revisados los antecedentes adjuntos, se tiene el acta de audiencia de cesación a la detención preventiva de 26 de septiembre de 2023, en la que consta que el Juez de Instrucción Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz denegó la solicitud efectuada por el accionante; dicha determinación fue apelada en el mismo acto procesal -fs. 13 a 19 vta.-; sin embargo, habiendo transcurrido más de seis meses desde la interposición del recurso al momento de plantearse la presente acción tutelar, no existe constancia de que las actuaciones pertinentes hubieran sido remitidas al Tribunal de alzada. Dicha falta de envío fue reconocida expresamente en el informe de los demandados, quienes, pretendiendo justificarla, indicaron que recién el 3 de abril de 2024, el Juzgado de Instrucción Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz se había percatado de su error, declinando competencia a su Juzgado, en el cual se radicó el proceso el 17 de igual mes y año, dándose cuenta que cursaba una acusación formal de 10 de octubre de 2023; por lo que, se ordenó que se sortee al Tribunal de Sentencia de turno; asimismo, los demandados señalaron que el sorteo de la acusación formal efectuado el 18 de abril de 2024, que recayó en el Tribunal de Sentencia Primero de la Capital del referido departamento, impedía generar nuevos actuados en el sistema SIREJ; sin embargo, dicha circunstancia tampoco justifica la falta de remisión de la apelación incidental, pues, conforme estableció la Jueza de garantías, existían mecanismos administrativos y técnicos que permitían superar la eventual imposibilidad generada por el aludido sistema, mediante las gestiones correspondientes ante la Unidad de Informática o Presidencia y, de ser necesario, el envío de copias de los actuados al citado Tribunal de Sentencia, a efectos de posibilitar la remisión de la apelación ante la Sala Penal de turno. Por consiguiente, los aspectos señalados por los demandados no constituyen una justificación suficiente para la falta de remisión de la apelación incidental de una medida cautelar. Al respecto, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, toda autoridad judicial que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física de una persona tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible o dentro de un plazo razonable; ya que, de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho. En el presente caso, efectivamente se advierte una demora de más de seis meses en la remisión del legajo de apelación al Tribunal de alzada, sin que hasta la fecha de interposición de esta acción -26 de abril de 2024- exista constancia alguna de haberse cumplido con dicha diligencia; inactividad procesal que se configura en dilación indebida que incide materialmente en el tratamiento de una solicitud vinculada al derecho a la libertad del accionante, contraviniendo el principio de celeridad como componente de la garantía del debido proceso; circunstancia que impide que el nombrado obtenga oportunamente el control jurisdiccional de la decisión que mantiene su situación de privado de libertad. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2024 de 26 de abril, cursante de fs. 40 a 43, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la referida Jueza, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1156_2026-S2.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): 70d97900743f3fa60e4d6751ad48a5acba50606862e469e2d4c10122e7bb4905
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