B.IA.LEGAL

SCP 1155/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de agosto de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
4 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
64044-2024-129-AL
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 001/2024 de 9 de mayo, cursante de fs. 37 a 40, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de Yacuiba del departamento de Tarija; y, en consecuencia; CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que la audiencia de control de plazo de la medida cautelar impuesta contra el accionante, sea señalada en el plazo previsto en el art. 239 del Código de Procedimiento Penal, a menos que por el transcurso del tiempo, la situación jurídica del nombrado ya hubiese sido definida.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la competencia de los jueces de instrucción penal para resolver solicitudes de cesación de la detención preventiva cuando existe acusación fiscal
  2. II.2. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1155/2026-S2 Sucre, 4 de agosto de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 64044-2024-129-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 001/2024 de 9 de mayo, cursante de fs. 37 a 40, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marco Antonio Carbajal Gallardo contra Guido Barrios Arce, Juez de Instrucción Penal Segundo de Yacuiba del departamento de Tarija.

I. OBJETO PROCESAL

El accionante denunció la lesión de la garantía del debido proceso en su componente celeridad vinculado a su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión del delito de robo agravado, se encontraba programada la audiencia de control de plazo para el 5 de mayo de 2024, a efectos de considerar la cesación a la detención preventiva; sin embargo, no se llevó a cabo debido a que el 3 del mismo mes y año, el Ministerio Público lo acusó formalmente; empero, dicha actuación no se encontraba registrada en el Sistema de Justicia Libre 2 (JL2), ni contaba con cargo de recepción que otorgue certeza sobre su presentación; pese a ello, el Juez de Instrucción Penal Segundo de Yacuiba del departamento de Tarija -demandado-, ordenó la remisión de la causa al Juez de Sentencia, a ese efecto, los antecedentes fueron recibidos por la Oficina Gestora de Procesos recién el 6 de ese mes y año; razón por la cual, la causa aún se encontraba bajo conocimiento del demandado, no existiendo motivo legal para suspender el actuado previamente señalado, menos aún sin su instalación formal; esperó pacientemente por tres meses la realización de la extrañada audiencia, considerando que existía la posibilidad de arribar a un acuerdo con la víctima y eventualmente solicitar una salida alternativa; por lo que, ante la falta de respuesta favorable y al no haberse definido oportunamente su situación procesal, solicitó se conceda la tutela ordenando que se lleve a cabo la referida audiencia y se disponga su libertad.

El Juez demandado, sostuvo que, el art. 325.I del Código de Procedimiento Penal (CPP) dispone que una vez presentada la acusación formal, corresponde remitir los antecedentes al Juez o Tribunal de Sentencia, en el plazo de veinticuatro horas; por lo que, procedió en tal sentido; asimismo, el accionante debe acudir a la instancia pertinente para solicitar la cesación a la detención preventiva que le fue impuesta. El Juez de Sentencia Penal Segundo de Yacuiba del departamento de Tarija, constituido en Juez de garantías, por Resolución 001/2024 de 9 de mayo, cursante de fs. 37 a 40, denegó la tutela solicitada, al efecto sostuvo que el accionante debe desvirtuar los riesgos procesales para obtener su libertad; el hecho de que la acusación formal presentada el 3 de mayo de 2024, no esté consignado en el Sistema JL2, no da lugar a desconocer el Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ); la remisión fue dispuesta la citada fecha y si bien se materializo el 7 de igual mes y año; empero, por la naturaleza del acto no tenía sentido que se lleve a cabo por no operar el vencimiento del plazo. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. TRÁMITE PROCESAL

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la competencia de los jueces de instrucción penal para resolver solicitudes de cesación de la detención preventiva cuando existe acusación fiscal

En cuanto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, ampliando la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad identificando, además al efectuada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación al hábeas corpus: “1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad”; entendida esta última como el mecanismo idóneo cuando se busca: “…acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del calor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos” ([SCP 0011/2014 de 3 de enero] el resaltado es nuestro). Por su parte, la SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, en cuanto a la competencia de los jueces de instrucción penal para resolver la cesación a la detención preventiva cuando ya existe acusación fiscal, sostuvo que: “…toda vez que, el juez de instrucción penal tiene el control jurisdiccional de la causa en la etapa preparatoria, es ésta, la autoridad que debe conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares, pese a la presentación de la acusación fiscal, siendo plenamente competente hasta que la causa sea radicada ante el juzgado o tribunal de sentencia penal, lo contrario, conllevaría dejar al imputado en incertidumbre jurídica'” (las negrillas son nuestras).

II.2. Análisis del caso concreto

El accionante denunció que la autoridad demandada no celebró la audiencia de control de plazo señalada para el 5 de mayo de 2024, bajo el argumento de que el Ministerio Público presentó acusación formal y que, por tal motivo, correspondía remitir los antecedentes al juzgado o tribunal de sentencia, sin considerar que, a la fecha fijada para la audiencia, la causa todavía no había sido radicada ante dicha instancia. Al respecto, de acuerdo a lo expuesto por las partes, se tiene que el accionante se encontraba con detención preventiva dispuesta por el plazo de tres meses, habiéndose fijado en la propia resolución que el control de ese término sería el 5 de mayo de 2024. Posteriormente, el Ministerio Público presentó acusación formal por la presunta comisión del delito de robo agravado y, mediante providencia de 3 de igual mes y año, el Juez demandado dispuso la remisión de los antecedentes a la Oficina Gestora de Procesos para su respectivo sorteo y posterior envío al juzgado o tribunal de sentencia de turno. Sin embargo, conforme a los datos considerados por el Juez de garantías, los antecedentes fueron efectivamente enviados a la Oficina Gestora de Procesos recién el 6 de mayo de 2024, previo sorteo, la causa radicó ante el Juzgado de Sentencia Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija, el 7 de ese mismo mes y año. En consecuencia, en la fecha en la que debía desarrollarse la audiencia fijada con anterioridad -para el 5 del citado mes y año-, la causa aún no había sido radicada ante el indicado Juzgado de Sentencia. En ese contexto, la autoridad demandada no podía sustentar la suspensión de la audiencia únicamente en la presentación de la acusación formal, pues, conforme al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la presentación de la acusación no produce por sí misma el desplazamiento inmediato de la competencia del juez de instrucción penal, siendo la radicatoria efectiva ante el juez o tribunal de sentencia la que determina dicho extremo. Más aún, en el presente caso, la audiencia cuestionada había sido señalada con anterioridad a la presentación de la acusación fiscal. Por consiguiente, al momento en que debía desarrollarse la audiencia de 5 de mayo de 2024, el Juez demandado aún ejercía el control jurisdiccional de la causa y, por tanto, correspondía que instalara el acto previamente señalado y emitiera la determinación que en derecho corresponda respecto de la situación jurídica del accionante, sin que resulte jurídicamente atendible la suspensión sustentada exclusivamente en la existencia de una acusación fiscal que todavía no había sido radicada ante el Juzgado de Sentencia Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija. La omisión descrita adquirió relevancia constitucional debido a que el accionante se encontraba privado de libertad y la audiencia tenía precisamente por finalidad examinar su situación jurídica ante el vencimiento del plazo por el cual se había dispuesto su detención preventiva. En tales circunstancias, la falta de instalación de una audiencia previamente señalada, basada en un entendimiento incorrecto respecto de la pérdida de competencia del juez de instrucción penal, impidió que el accionante obtuviera oportunamente un pronunciamiento jurisdiccional sobre su situación jurídica y, en su caso, pudiera ejercer los mecanismos de impugnación que el ordenamiento jurídico le reconoce. No desvirtúa lo anterior el hecho de que, posteriormente, la causa hubiera sido remitida a la Oficina Gestora de Procesos y radicada ante el supra citado Juzgado, pues tales actuaciones se produjeron después de la fecha fijada para la audiencia cuya suspensión se cuestiona. En consecuencia, la posterior radicatoria no convalida la omisión en que incurrió la autoridad demandada al momento en que todavía ejercía el control jurisdiccional de la causa y debía resolver la situación jurídica del accionante. Por otra parte, es necesario precisar que la tutela constitucional no puede traducirse en la disposición de libertad inmediata del impetrante de tutela, como fue solicitado, puesto que la determinación sobre la procedencia o no de su libertad corresponde a la autoridad jurisdiccional que actualmente ejerce competencia, previo cumplimiento de los presupuestos y procedimientos establecidos por la normativa procesal penal. La protección constitucional que corresponde otorgar se circunscribe, por tanto, a la lesión producida por la falta de instalación y resolución oportuna de la audiencia previamente señalada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 001/2024 de 9 de mayo, cursante de fs. 37 a 40, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de Yacuiba del departamento de Tarija; y, en consecuencia; CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que la audiencia de control de plazo de la medida cautelar impuesta contra el accionante, sea señalada en el plazo previsto en el art. 239 del Código de Procedimiento Penal, a menos que por el transcurso del tiempo, la situación jurídica del nombrado ya hubiese sido definida. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Más sobre Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1155_2026-S2.pdf · páginas 1 a 5.

Huella digital del PDF (SHA-256): 7ec0d832b02c65afbb68c8450fa139447ccdfdd3bfa9b5da957f69fcfb5fa836

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →