Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 094/2024 de 17 de mayo, cursante de fs. 19 a 20 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Séptimo y Juzgado de Partido de Sustancias Controladas Liquidador de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que el Vocal demandado, de forma inmediata a su notificación con el presente fallo, celebre audiencia y resuelva conforme corresponda en derecho, el recurso de apelación incidental planteado por los accionantes, siempre y cuando ello no hubiese sucedido ya, o la situación jurídica de los mismos no se hubiese modificado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1152/2026-S2 Sucre, 4 de agosto de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 64359-2024-129-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 094/2024 de 17 de mayo, cursante de fs. 19 a 20 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Alberto Chambilla Choque en representación sin mandato de Álvaro Mario Mamani Mayta y Juvenal Mamani Condori contra Carlos Antonio Fiorilo Cruz, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Los accionantes, a través de su representante sin mandato, denunciaron la lesión de su derecho a la libertad, en vinculación con el debido proceso en su vertiente de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual y pornografía, mediante Auto Interlocutorio 150/2024 de 5 de marzo, de situación jurídica, el juez de control jurisdiccional dispuso la continuidad de su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro del departamento de La Paz; por lo que, plantearon recurso de apelación incidental; en consecuencia, Carlos Antonio Fiorilo Cruz, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal del mismo departamento -demandado-, señaló audiencia para el 22 de abril de 2024, la cual fue suspendida con nota marginal, al igual que tres posteriores audiencias fijadas, dicha dilación impidió la resolución del medio de impugnación que interpuso; razón por la cual, pidió que se le conceda tutela ordenando que el Vocal demandado dentro de las veinticuatro horas, instale audiencia y resuelva la apelación incidental, conforme los alcances del art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Ante ello, el Vocal demandado, señaló que suspendió la audiencia de 16 de mayo de 2024, por inasistencia del Ministerio Público, cuya presencia era necesaria en resguardo de los derechos de la víctima, tratándose de un hecho calificado como violación grupal; no obstante, el acto fue reprogramado para el 18 del mismo mes y año, a horas 08:15; por lo que, solicitó se deniegue la tutela. El Tribunal de Sentencia Séptimo y Juzgado de Partido de Sustancias Controladas Liquidador de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 094/2024 de 17 de mayo, cursante de fs. 19 a 20 vta., denegó la tutela solicitada, sosteniendo que la parte accionante, en el marco del art. 401 del CPP pudo formular recurso de reposición contra las notas marginales, al tratarse de determinaciones jurisdiccionales; además, los problemas técnicos e inasistencia de las partes no son de su responsabilidad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.
Al respecto, la SCP 1838/2013 de 25 de octubre, señala que: “El art. 251 del CPP, sobre la apelación contra la resolución que resuelve la imposición, modificación o rechazo de las medidas cautelares, establece que: 'La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante la Corte Superior de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas. El Tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior'. (…) Asimismo, de acuerdo al procedimiento del recurso de apelación contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, es de naturaleza sumaria, una vez planteado este recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, a efectos de que el Tribunal de alzada al momento de recibir las actuaciones pertinentes, ingrese al análisis de fondo de la cuestión planteada a efecto de resolver la misma, ya sea aprobando o revocando la resolución impugnada, de acuerdo a los antecedentes que informan el proceso, definiendo de esta manera la situación jurídica del o de la imputada y sin más trámite, resolverá la apelación en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones conforme se señaló en el acápite anterior; es decir, que el mencionado recurso de apelación, constituye un medio idóneo, eficaz e inmediato de defensa con el que cuentan las partes para demandar supuestas lesiones a sus derechos, posibilitando que el tribunal de alzada corrija los errores del inferior denunciados en el recurso. El referido recurso de apelación, resulta idóneo porque está expresamente establecido en el Código de Procedimiento Penal para impugnar las medidas cautelares que vulneren el derecho a la libertad del imputado, como emergencia de la aplicación de las medidas cautelares; e inmediato, porque debe ser resuelto sin demora, en un plazo de sólo tres días” (el resaltado es propio).
La parte accionante, denuncia que la demora en la tramitación del recurso de apelación incidental que interpusieron contra el Auto Interlocutorio 150/2024 de 5 de marzo -por el cual se dispuso la continuidad de su detención preventiva-, vulnera su derecho a la libertad, en vinculación con el debido proceso en su vertiente de celeridad; que, pese a haberse señalado sucesivas audiencias para considerar dicho recurso, estas fueron suspendidas por distintas circunstancias, sin que hasta la “fecha” de interposición de la presente acción de libertad se hubiera definido su situación jurídica en segunda instancia. Conforme a los datos expuestos por la parte impetrante de tutela -que no fueron controvertidos-, se advierte que el Vocal demandado, después de radicado el medio de impugnación, señaló una primera audiencia para el 22 de abril de 2024, pero no se llevó a cabo por problemas de conexión en la Plataforma Informática Cisco Webex y se fijó una nueva para el 3 de mayo de igual año, esta tampoco se realizó, debido a la recarga de audiencias del nombrado, la extensión de la jornada laboral y dificultades de conexión; por lo que, fue diferida para el 13 del indicado mes y año, oportunidad en la que la actuación se suspendió nuevamente en razón a su licencia sin goce de haberes, programándose una cuarta audiencia para el 16 del referido mes y año.
Del contexto fáctico referido, es posible establecer que, desde la radicatoria del recurso de apelación incidental -9 de abril de 2024- hasta la presentación de la acción de libertad -17 de mayo de 2024-, transcurrieron más de cinco semanas sin que el Vocal demandado hubiera emitido pronunciamiento sobre la apelación; aspecto que también se corrobora del contenido del informe que presentó indicando que fijó audiencia para el 18 del mismo mes y año. Al respecto, conforme se desglosó en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la apelación incidental prevista por el art. 251 del CPP constituye un mecanismo de defensa de carácter idóneo, eficaz e inmediato frente a decisiones relativas a medidas cautelares; precisamente por su incidencia en la libertad personal, dicha norma establece un procedimiento sumario y dispone que el Tribunal de apelación resuelva el recurso en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones. Por tanto, la celeridad no constituye una exigencia meramente formal, sino una condición necesaria para que el control de la medida cautelar sea efectivo y oportuno. Bajo ese parámetro, las razones que determinaron las distintas suspensiones en el caso analizado, no resultan suficientes para justificar la demora producida. Los problemas de conexión, la recarga de audiencias y la licencia de la autoridad judicial pueden explicar la imposibilidad de celebrar determinadas audiencias en las fechas inicialmente señaladas; sin embargo, frente a una apelación vinculada directamente con la libertad, tales circunstancias no relevaban al Vocal demandado de adoptar las medidas necesarias para que el recurso fuera resuelto dentro de un plazo compatible con la naturaleza del trámite previsto por el art. 251 del CPP. En cuanto a la audiencia fijada para el 16 de mayo de 2024, el Vocal demandado informó que fue suspendida debido a la inasistencia del Ministerio Público, cuya presencia consideró necesaria en resguardo de los derechos de la víctima, particularmente por tratarse de un hecho calificado como violación grupal. Al respecto, aun cuando dicha circunstancia pudiera justificar la suspensión de ese acto en concreto, no permite explicar la demora acumulada desde la radicatoria del recurso, pues con anterioridad ya se habían producido otras suspensiones por motivos diferentes. Por ello, la situación planteada exigía una actuación particularmente diligente, que permitiera garantizar tanto los derechos de la víctima como el control oportuno de la medida cautelar impuesta a los accionantes. No puede perderse de vista que la obligación de resolver con celeridad una apelación de esta naturaleza responde a la especial protección constitucional de la libertad personal; en consecuencia, la sucesión de suspensiones y el transcurso del tiempo sin que se hubiera resuelto el recurso determinaron que los accionantes permanecieran privados de libertad sin obtener oportunamente el pronunciamiento del Vocal demandado sobre la medida cautelar que cuestionaron. Por consiguiente, se evidencia que la demora producida en la resolución de la apelación incidental excedió el plazo previsto por el art. 251 del CPP y, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, configuró una dilación indebida lesiva al derecho a la libertad, en vinculación con el debido proceso en su vertiente de celeridad; por ello, corresponde conceder la tutela solicitada por pronto despacho, a objeto de que la autoridad demandada celebre audiencia y resuelva de forma inmediata el recurso de apelación incidental planteado, conforme corresponda en derecho, siempre que ello no hubiese ya sucedido o la situación jurídica de los accionantes se hubiera modificado. En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 094/2024 de 17 de mayo, cursante de fs. 19 a 20 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Séptimo y Juzgado de Partido de Sustancias Controladas Liquidador de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que el Vocal demandado, de forma inmediata a su notificación con el presente fallo, celebre audiencia y resuelva conforme corresponda en derecho, el recurso de apelación incidental planteado por los accionantes, siempre y cuando ello no hubiese sucedido ya, o la situación jurídica de los mismos no se hubiese modificado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1152_2026-S2.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): f653be52576680ca1dbf7dfbdca303c7e5bf64dc744991b0c6c811aec2e03761
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