Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 005/2024 de 15 de marzo, cursante de fs. 33 a 34 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres Segunda de la Capital del departamento de Beni; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada por José Luis Cueto Lijeron, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1142/2026-S2 Sucre, 4 de agosto de 2026 JURISPRUDENCIA REITERADA – Pronto despacho/Dilación audiencia garantes SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 62754-2024-126-AL Departamento: Beni En revisión la Resolución 005/2024 de 15 de marzo, cursante de fs. 33 a 34 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Luis Cueto Lijeron contra David Ramiro Pérez Coronado, Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Beni.
Por memorial presentado el 14 de marzo de 2024, cursante a fs. 1; y de 3 a 5 vta., el accionante denunció la lesión de la garantía del debido proceso en sus vertientes de defensa e igualdad de las partes, vinculada a su derecho a la libertad, y al principio de seguridad jurídica, alegando que dentro el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas y otros, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de Mocoví. El 1 de marzo de 2024, la autoridad judicial demandada le otorgó cesación a la detención preventiva, imponiéndole medidas menos gravosas, entre ellas, la presentación de dos garantes fiables y abonables en derecho; en cumplimiento a dichas medidas, ofreció garantes solicitando día y hora para su juramento, señalándose audiencia para el 14 del mismo mes y año a horas 10:30; sin embargo, la misma fue suspendida sin siquiera haberse instalado debido la inasistencia del Ministerio Público, pese a su notificación con dicho acto procesal, acorde al informe del Secretario del Juzgado. Conforme a lo expuesto, interpone la presente acción de defensa, solicitando se ordene al Juez demandado, fije fecha y hora de juramento de garantes dentro de las 24 horas, disponiendo al efecto su traslado al respectivo juzgado. David Ramiro Pérez Coronado, Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Beni -ahora demandado-, en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela, alegando que se suspendió la audiencia de juramento de garantes de 14 de marzo de 2024, debido a que el accionante, a horas 08:32 de ese mismo día, presentó memorial sustituyendo a una de las garantes ofrecidas por otro, escrito con el que debía notificarse al Ministerio Público; asimismo, manifestó que en la referida fecha señaló nueva audiencia de juramento para el 19 del mismo mes y año. La jueza de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres Segunda de la Capital del departamento de Beni, constituida en Jueza de garantías, concedió en parte la tutela solicitada, ordenando el desarrollo inmediato de la audiencia de presentación de garantes con la presencia de todas las partes; al efecto, dispuso el traslado del ahora accionante al juzgado respectivo. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.
Sobre la procedencia de la acción de libertad de pronto despacho, la jurisprudencia constitucional, a través de distintos fallos, ha desarrollado los elementos y finalidad de esta tipología de la acción de libertad; así sistematizando dichos entendimientos la SCP 0494/2018-S1 de 11 de septiembre, citando a su vez la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio y su similar 0132/2017-S3 de 6 de marzo, precisó: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’.
Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’” (las negrillas nos corresponden).
De la pretensión procesal expuesta por el accionante, se advierte que el reclamo que motivó la interposición de la presente acción de defensa converge en que el Juez demandado suspendió la audiencia de juramento de garantes de 14 de marzo de 2024 por inasistencia de la Fiscal de materia asignada al caso, pese a que la misma fue notificada con dicho acto procesal. Al respecto, conforme a los entendimientos expuestos en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, todas las autoridades que conozcan petitorios o trámites en los que se vea involucrada la libertad de una persona, deben resolver los mismos con la celeridad debida, o por lo menos dentro de los plazos establecidos, pero sin dilaciones o demoras que comprometan el derecho a la libertad. Así, en el presente caso, se tiene que la audiencia de juramento de garantes de 14 de marzo de 2024 fue suspendida por inasistencia del Ministerio Público, aspecto corroborado por la fotocopia de Libro de Audiencias del Juzgado (fs. 23) y acta de audiencia (fs. 28 a 29), en los que se consignó de forma expresa como motivo de suspensión la inasistencia del Ministerio Público, pese a su notificación; la defensa del impetrante de tutela manifestó que este hecho no constituía óbice para suspender la misma; empero, el Juez demandado de forma expresa señaló que la Fiscal asignada mediante “mensajes” solicitó la suspensión de dicha audiencia debido a que se encontraba en otra audiencia en ese momento, procediéndose de esa forma; ante la solicitud de que la audiencia se celebre en el día, el Juez demandado expuso la recarga laboral, señalando nueva audiencia para el 19 del mismo mes y año como un “regalo del día del padre” (fs. 28 a 29).
De lo expuesto, se evidencia que la actuación del Juez demandado resulta lesiva al derecho a la libertad y al debido proceso en su elemento celeridad, por cuanto la suspensión de la audiencia de juramento de garantes, obedeció exclusivamente a la inasistencia de la Fiscal de materia, circunstancia que no constituía un impedimento jurídico para instalar la audiencia ni justificaba diferir un acto procesal cuyo objeto es posibilitar el cumplimiento de las medidas impuestas para hacer efectiva la libertad del accionante, dado que si la audiencia tiene por finalidad verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas para la ejecución de una medida menos gravosa que la detención preventiva, el órgano jurisdiccional tiene el deber de adoptar todas las medidas necesarias para evitar dilaciones indebidas en observancia de los principios de celeridad, eficacia y tutela judicial efectiva; por lo que, la ausencia de la representante del Ministerio Público no puede trasladar sus consecuencias al justiciable, menos aun cuando la suspensión de audiencia incide directamente en el ejercicio de su derecho a la libertad; por lo que correspondía que el Juez demandado instale la audiencia, y se pronuncie sobre el ofrecimiento de garantes, resolviendo el pedido de sustitución de uno de ellos, lo cual no ocurrió, prolongando innecesariamente la restricción de la libertad del accionante. Tampoco resulta justificable el argumento de la autoridad judicial demandada de suspender la audiencia debido a que el memorial de sustitución de garante presentado por el ahora accionante no habría sido de conocimiento del Ministerio Público, ya que, de acuerdo al acta de fs. 28 a 29, la suspensión de audiencia se basó únicamente en la inasistencia de la Fiscal asignada; de otro lado, en el marco de la oralidad que rige al proceso penal, la sustitución de garante debió ser tratada en la misma audiencia y no ser motivo de suspensión. En ese contexto se establece que en el presente caso existió dilación y omisión injustificadas en la consideración de un actuado vinculado a efectivizar la libertad del accionante, por lo que corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 005/2024 de 15 de marzo, cursante de fs. 33 a 34 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres Segunda de la Capital del departamento de Beni; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada por José Luis Cueto Lijeron, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1142_2026-S2.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 65829ed8de674146145df976b21123800c9e59a8e857a46b3836409e9488be26
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