Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR, la Resolución 46/2024 de 15 de marzo, cursante de fs. 44 a 47 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal del Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada por Lucio Luna Cachi, disponiendo que la Jueza demandada efectivice la remisión de la apelación planteada contra la Resolución 89/2024, siempre y cuando ello no hubiese ya ocurrido.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1141/2026-S2 Sucre, 4 de agosto de 2026 JURISPRUDENCIA REITERADA – Pronto despacho/dilación remisión de apelación cautelares SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 62752-2024-126-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 46/2024 de 15 de marzo, cursante de fs. 44 a 47 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Lucio Luna Cachi contra Modesta Lourdes Huanca Marca, Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Oruro.
Por memorial presentado el 14 de marzo de 2024, cursante de fs. 1 a 3 vta., el accionante denunció de la lesión de la garantía del debido proceso en su elemento celeridad, vinculado a su derecho a la libertad, alegando que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, en audiencia de aplicación de medidas cautelares de 8 de marzo de 2024, la Jueza demandada dispuso su detención preventiva en el Recinto Penitenciario de San Pedro de la ciudad de Oruro; es así que -al desconocer si su entonces defensa impugnó dicha resolución- el 11 del señalado mes y año, su nuevo abogado defensor presentó memorial de apelación incidental; empero, pese a haber transcurrido “CUATRO DIAS HABILES Y DOS DIAS INHABILES” desde la presentación del recurso, los antecedentes no fueron remitidos al Tribunal de alzada, conforme prevé el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); motivo por el cual, interpuso la presente acción de defensa, solicitando se ordene a la autoridad judicial demandada la remisión inmediata de los antecedentes al Tribunal de alzada que corresponda. Modesta Lourdes Huanca Marca, Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Oruro -ahora demandada-, por informe presentado en audiencia, solicitó se deniegue la tutela, con base en los siguientes argumentos: a) Que, el 8 de marzo de 2024 se encontraba en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Segundo, habiendo realizado un total de doce audiencias; y, b) El 11 del mismo mes y año -fecha en la cual el accionante presentó su recurso de apelación incidental en la Oficina Gestora de Procesos-, se encontraba con permiso; sin embargo, dicho recurso fue recibido en Auxiliatura de su despacho a horas 17:00 de ese día, y decretado en la misma fecha; es decir, dentro del plazo previsto por ley, remitiéndose el legajo de apelación el 13 del citado mes y año al Tribunal de alzada, debido a que recién el 12 de marzo se proveyó los recaudos correspondientes. La Sala Constitucional Segunda de la Capital del departamento de Oruro, por Resolución 46/2024 de 15 de marzo, cursante de fs. 44 a 47 vta., denegó la tutela, exhortando a la Jueza demandada a no condicionar la remisión de antecedentes a la provisión de recaudos por las partes dentro de procesos penales. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.
Sobre la procedencia de la acción de libertad de pronto despacho, la jurisprudencia constitucional, a través de distintos fallos, ha desarrollado los elementos y finalidad de esta tipología de la acción de libertad; así sistematizando dichos entendimientos la SCP 0494/2018-S1 de 11 de septiembre, citando a su vez la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio y su similar 0132/2017-S3 de 6 de marzo, precisó: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus – ahora acción de libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y; c) correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y; 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad.
Respecto a esta última –la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ´…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos´” (las negrillas nos corresponden).
En esa misma línea y en cuanto al trámite procesal de la apelación incidental de una medida cautelar, la SCP 0435/2015-S3 de 17 de abril a partir de lo previsto en el art. 180 de la CPE en concordancia con el art. 251 del CPP señaló que: “Para el recurso de apelación incidental de medidas cautelares, de forma específica el art. 251 del CPP, establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas, y una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, debiendo resolver el Tribunal de alzada en el plazo de setenta y dos horas” (las negrillas nos corresponden).
La problemática planteada por el accionante se circunscribe a que, dentro del proceso penal incoado en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, se dispuso su detención preventiva en el Recinto Penitenciario de San Pedro de la ciudad de Oruro. Frente a dicha determinación, el 11 de marzo de 2024, presentó memorial formulando recurso de apelación incidental; sin embargo, pese a haber transcurrido “CUATRO DIAS HABILES Y DOS DIAS INHABILES”, la autoridad judicial demandada no remitió el cuaderno de apelación al Tribunal de alzada, incumpliendo el plazo procesal establecido para ello. Al respecto, del Auto interlocutorio 89/2024 de 8 de marzo, sobre aplicación de medidas cautelares, cursante de fs. 29 a 32, se advierte que, una vez dispuesta la detención preventiva del impetrante de tutela, en audiencia su entonces defensa formuló de forma oral recurso de apelación incidental; no obstante, la nueva defensa desconociendo tal situación, el 11 del mismo mes y año, mediante memorial, nuevamente interpuso recurso de apelación incidental contra la referida Resolución (fs. 35); este último escrito, conforme lo expone la Jueza demandada en su informe, no habría sido remitido en el plazo de 24 horas, debido a que la parte apelante –hoy accionante-no proveyó los recaudos de ley sino hasta el 12 del citado mes y año; empero, sobre la apelación interpuesta en audiencia, la referida autoridad no explicó el motivo por el cual no se procedió a la remisión en el plazo señalado por ley. En ese contexto, resultan aplicables al presente caso, los entendimientos asumidos por la reiterada jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo, sobre el cumplimiento del debido proceso en su elemento celeridad en toda solicitud, trámite o recurso dentro de un proceso judicial; más aún en aquellos casos en los que se encuentre de por medio la libertad del procesado, y específicamente en el trámite de apelación de medidas cautelares, dentro del cual, interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas al Tribunal Departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, en cumplimiento a lo previsto por el art. 251 del CPP. En ese orden, independientemente de que en el caso exista una apelación oral en la audiencia de medidas cautelares y otra escrita posterior a dicha audiencia, es evidente que el recurso de apelación no fue remitido al Tribunal de alzada dentro del plazo previsto por ley, pues el cómputo de las 24 horas para remisión del legajo, corría desde el 8 de marzo de 2024 –fecha de la audiencia de aplicación de medidas cautelares (fs. 25 a 28 vta.)-, dejando establecido que, aún si se computara el plazo desde la interposición escrita de la apelación -11 del citado mes y año-, no se cumplió con el mandato del art. 251 del CPP, dado que, en atención a lo manifestado por la Jueza demandada, el cuaderno de apelación fue remitido recién el 13 de marzo de 2024, lo que evidencia que, en efecto, se incurrió en dilación indebida que impidió que un Tribunal de alzada resuelva, conforme a derecho, la situación jurídica del accionante, por lo que corresponde otorgar la tutela solicitada.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR, la Resolución 46/2024 de 15 de marzo, cursante de fs. 44 a 47 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal del Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada por Lucio Luna Cachi, disponiendo que la Jueza demandada efectivice la remisión de la apelación planteada contra la Resolución 89/2024, siempre y cuando ello no hubiese ya ocurrido.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1141_2026-S2.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 386e54ec0908ede8f203e6c37000f73d3f3db6ba8423b26a12ddc43d9716e1a8
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