Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 04/2024 de 31 de enero, cursante de fs. 32 a 37, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada cumpla con dar respuesta a las solicitudes realizadas por el accionante y disponer las correspondientes notificaciones, con la debida diligencia y dentro de los plazos procesales, siempre y cuando ello no hubiese ya ocurrido.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1140/2026-S2 Sucre, 4 de agosto de 2026 JURISPRUDENCIA REITERADA - Pronto despacho SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 61613-2024-124-AL Departamento: Cochabamba En revisión de la Resolución 04/2024 de 31 de enero, cursante de fs. 32 a 37, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Fausto Hugo Medrano contra Luz Nahir Acebey Arispe, Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba.
Mediante memorial presentado el 30 de enero de 2024, cursante a fs. 1; y de 3 a 6 vta., el accionante denunció la lesión de su derecho a la libertad, la salud y la vida; así como la garantía del debido proceso en su vertiente de celeridad, alegando que, a raíz del proceso penal seguido en su contra por la comisión del delito de violación, se encuentra cumpliendo la pena privativa de libertad de 15 años en el Centro Penitenciario de El Abra de la ciudad de Cochabamba. En tal circunstancia, presentó diferentes escritos: uno el 11 octubre, tres memoriales el 30 del mismo mes, uno el 27 de noviembre, y otro el 08 de diciembre, todos del 2023, en los cuales solicitó salida judicial al Banco Unión para cobrar su sueldo como rentista jubilado; y al Hospital Obrero 2 de esa ciudad para ser atendido debido a las afecciones que padece por su avanzada edad, ya que cuenta con 80 años. La primera solicitud fue respondida, señalando que debía adjuntar documentación de respaldo; sin embargo, el resto de los memoriales no obtuvieron respuesta, lo que motivó la presente acción tutelar, a través de la cual el impetrante de tutela solicitó la autorización de su salida con el custodio correspondiente, con la finalidad de dirigirse al Banco Unión y al Hospital Obrero 2 de Cochabamba. Ante ello, Luz Nahir Acebey Arispe, Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba –ahora demandada-, por informe escrito cursante de fs. 28 a 29 vta., solicitó se deniegue la tutela, con base en los siguientes argumentos: a) Los memoriales fueron respondidos dentro de los plazos establecidos; b) El accionante solicitó salida judicial para acudir al Banco Unión a cobrar su renta; sin embargo, debió acreditar que se trataba de una gestión personalísima, conforme al art. 109 numeral 3 de la Ley de Ejecución de Penas y Supervisión (LEPS); y, c) También solicitó salida judicial para concurrir al Hospital Obrero 2; empero, no adjuntó la recomendación emitida por el Médico del Régimen Penitenciario, exigencia prevista en el art. 92 de la citada norma. El Juez de garantías, por Resolución 04/2024 de 31 de enero, cursante de fs. 32 a 37, denegó la tutela, aduciendo que las solicitudes efectuadas por el accionante fueron respondidas oportunamente, y contienen los motivos por los cuales no se autorizó la salida. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.
Sobre la procedencia de la acción de libertad de pronto despacho, la jurisprudencia constitucional, a través de distintos fallos, ha desarrollado los elementos y finalidad de esta tipología de la acción de libertad; así sistematizando dichos entendimientos la SCP 0494/2018-S1 de 11 de septiembre, citando a su vez la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio y su similar 0132/2017-S3 de 6 de marzo, precisó: «“El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’.» (las negrillas nos corresponden).
El accionante reclama que presentó memoriales el 11 y 30 de octubre (en esta última fecha tres escritos); 27 de noviembre y 08 de diciembre, todos del 2023, a través de los cuales solicitó salidas judiciales al Banco Unión y al Hospital Obrero 2 de Cochabamba; alegando que, si bien el primero de ellos fue respondido disponiendo que se debe adjuntar documentación de respaldo, el resto de los memoriales no obtuvieron respuesta, afectando las salidas que requiere por su salud y condición de adulto mayor, al contar con 80 años de edad. Al respecto, la autoridad judicial demandada en su informe señaló que no se vulneró ningún derecho, debido a que respondió los memoriales del accionante; tal es así que, en respuesta a la primera solicitud de salida judicial se emitió el decreto de 11 de octubre de 2023, que rechazó la salida por falta de documentación de respaldo idónea y objetiva (fs. 19 a 20). De igual forma, consta en obrados solicitud de salida médica para la atención de un especialista en urología; así como requerimiento de certificaciones sobre permanencia y buena conducta, y estado de salud, solicitudes que, juntamente con otros dos memoriales, fueron presentadas el 30 de octubre de 2023, y resueltas por decreto de 31 de igual mes y año, que observó las peticiones efectuadas, esta última resolución fue notificada a las partes el 30 de enero de 2024 (fs. 21 a 26 vta). Por otro lado, si bien la autoridad judicial demandada alega haber respondido las solicitudes de 27 de noviembre y 8 de diciembre de 2023; empero no se tiene mayores antecedentes al respecto; tampoco consta en obrados la notificación correspondiente.
A partir de esos antecedentes, es pertinente precisar que la problemática planteada no radica únicamente en determinar si la autoridad judicial demandada emitió resoluciones que brinden respuesta a los memoriales presentados por el accionante, sino en establecer si dichas resoluciones fueron puestas en conocimiento de las partes dentro del plazo previsto por ley considerando el contexto de la solicitud, de manera que se pueda garantizar el ejercicio efectivo de los derechos invocados por el impetrante de tutela. En ese orden, las actuaciones referidas precedentemente dan cuenta que el decreto de 31 de octubre de 2023 -que resolvió los tres memoriales de 30 del mismo mes y año-, no fue notificado oportunamente al accionante; en tanto que la respuesta a los memoriales de 27 de noviembre y 8 de diciembre del mismo año, de existir, tampoco fue notificada al prenombrado, quien precisamente ante la falta de respuesta a sus solicitudes, interpuso la presente acción de defensa; posterior a ello, el mismo día, recién se efectuó la notificación con el decreto de 31 de octubre de 2023. En consecuencia, es evidente que en el presente caso existió una dilación/omisión en la que converge el reproche constitucional que se efectúa a la Jueza demandada; toda vez que se produjo el acto formal de decretar los memoriales de 30 del citado mes y año, pero se omitió dar a conocer al solicitante -hoy accionante- la determinación asumida dentro del plazo de 24 horas siguientes a su pronunciamiento, plazo compatible con los principios de celeridad y eficacia que rigen la tutela judicial efectiva, dilación que en el caso, no solo fue excesiva al prolongarse por tres meses, sino que privó al accionante de la posibilidad de subsanar oportunamente las observaciones efectuadas para reiterar su solicitud sobre una base cierta, lo cual no ocurrió por el desconocimiento del decreto que contenía dichas observaciones; y por la falta de respuesta y notificación a su dos posteriores solicitudes de noviembre y diciembre de 2023, prolongando injustificadamente la posibilidad de acceder a las órdenes de salida requeridas; más aún si se considera que el privado de libertad –ahora impetrante de tutela-contaba con 80 años de edad, impidiendo que el nombrado cuente con la posibilidad de acceder a las órdenes de salida que le permitan obtener recursos económicos provenientes de su renta para la atención médica especializada y adquisición de medicamentos indispensables para las enfermedades propias de su edad. En ese entendido, el debido proceso en su elemento celeridad, exige que la respuesta judicial no se agote con la emisión de una providencia, sino que ésta sea puesta a conocimiento de la parte interesada dentro de plazos previstos por ley, pues únicamente a partir de la notificación adquiere eficacia jurídica. Por consiguiente, este Tribunal aplicando el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que obliga a los operadores de justicia tramitar con la mayor celeridad las solicitudes que tengan vinculación con la libertad, concluye que la autoridad judicial demandada incurrió en una dilación indebida al no garantizar que el decreto que dio respuesta a una parte de las solicitudes del accionante fuera oportunamente puesto en su conocimiento; y peor aún, que los memoriales presentados en los dos meses posteriores, no tengan respuesta y notificación verificables, siendo que las peticiones efectuadas se encontraban vinculadas a la salud y vida del privado de libertad; por lo que corresponde conceder la tutela por celeridad como elemento del debido proceso, en relación a los referidos derechos. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 04/2024 de 31 de enero, cursante de fs. 32 a 37, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada cumpla con dar respuesta a las solicitudes realizadas por el accionante y disponer las correspondientes notificaciones, con la debida diligencia y dentro de los plazos procesales, siempre y cuando ello no hubiese ya ocurrido. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1140_2026-S2.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): a940b0749776b82d45962f805dc8e122a4fe102fbe07c2030638c563f6745413
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