B.IA.LEGAL

SCP 1139/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 19 de septiembre de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
19 de septiembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
55125-2023-111-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, por cuanto: i) Estando cumpliendo una sentencia condenatoria de seis años en el CERPROM, pese a que, cumplió la condena dispuesta, se encuentra con un año y más de detención ilegal e indebida, e imposibilitado de poder realizar las solicitudes necesarias para recobrar su libertad ante el juez de ejecución de sentencia, toda vez que, el tribunal que emitió la sentencia no remitió antecedentes para que el referido juzgado efectúe el cómputo de plazo correspondiente; y, ii) Una vez constatado por el SIREJ que el expediente se encontraba en el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, el 27 de febrero de 2023, presentó memorial solicitando se ordene al Director de Régimen Penitenciario, que emita certificado de permanencia y conducta, providenciado por los Jueces del referido Tribunal fuera de las veinticuatro horas establecidas por ley, debido al extravío del expediente, motivo por el cual solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Se ordene al autoridad judicial o tribunal de sentencia que tuviera en su poder el expediente, en el día libre mandamiento de libertad a su favor; b) Ordenar al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz que en el día instruya o ponga a funcionamiento los equipos informáticos en las plataformas del Palacio de Justicia; y, c) En mérito a lo informado por las autoridades codemandadas en audiencia de garantías solicitó se conceda la acción tutela en la modalidad innovativa, toda vez que, se dio respuesta al mencionado escrito fuer…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 002/2023 de 14 de abril, cursante de fs. 63 a 69 vta., emitida por la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto a Juan Pablo Olmos Tapia y Santa Cruz Arias Gutiérrez, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, conforme lo dispuesto por la Jueza de garantías y sobre la base de los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° DENEGAR la tutela peticionada con relación Freddy Larrea Melgar, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; María Alejandra López Vargas, Cinthia María Mamami Ibarra, Sindy Brigitte Romero Padilla y Gabriela Suarez Vaca, Juezas de Ejecución Penal Primera, Segunda, Tercera y Cuarta de la Capital, respectivamente, y Nuria Marietka Lino Hurtado, ex Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Montero, todos del citado departamento. 3° Llamar la atención a la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz, por no haber cumplido con su obligación de remitir al Tribunal Constitucional Plurinacional, toda la prueba que le sirvió de base para su determinación.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Respecto a la acción de libertad innovativa
  3. III.3. Supuestos para la legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad
  4. III.4. Análisis del caso concreto
  5. III.5. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1139/2025-S3 Sucre, 19 de septiembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 55125-2023-111-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 002/2023 de 14 de abril, cursante de fs. 63 a 69 vta.; pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Zacaria Tamacuine Abacay contra Freddy Larrea Melgar, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; Nuria Marietka Lino Hurtado, ex Jueza; Juan Pablo Olmos Tapia, Juez; y, Santa Cruz Arias Gutiérrez, Jueza, del Tribunal de Sentencia Penal Primero Montero; María Alejandra López Vargas, Cinthia María Mamani Ibarra, Sindy Brigitte Romero Padilla, Gabriela Suárez Vaca, Juezas de Ejecución Penal Primera, Segunda, Tercera y Cuarta de la Capital respectivamente, del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 13 de abril de 2023, cursante de fs. 6 a 8, el accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la comisión del delito de violación, fue sentenciado a cumplir una condena de seis años, en el Centro de Readaptación Productiva Okinawa de Montero (CERPROM), sin embargo, pese a cumplir seis años de condena, a la fecha se encuentra con más de un año de detención ilegal e indebida, puesto que, ante el desconocimiento del juzgado en el que está radicado su proceso, intentó buscarlo en los juzgados de ejecución penal pero no fue posible ubicarlo; por lo que, efectuada la pesquisa mediante el sistema digital evidenció que el expediente aun estaría radicado en el Tribunal de Sentencia Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, con el Número Único de Registro Judicial (NUREJ) 201700675M, expediente 43/17, toda vez que, no se remitió antecedentes al juez de ejecución penal, para que lleve adelante el control del cumplimiento de la sentencia. Mediante memorial -de 27 de febrero de 2023- solicitó al referido Tribunal de Sentencia que ordene a la Dirección de Régimen Penitenciario emita certificación de permanencia y conducta, escrito que hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad no fue respondida, porque al parecer, el expediente se encontraba extraviado, motivo por el cual su persona permanece ilegalmente detenido. Al no existir certeza de qué autoridad judicial o tribunal se encontraba en posesión de su expediente, y con la finalidad de que se le otorgue el mandamiento de libertad definitiva, se vio en la necesidad de interponer esta acción tutelar, no sólo contra los jueces del citado Tribunal de Sentencia, sino también contra todos los jueces de ejecución penal y el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, este último por inacción y con el objetivo de reponer y/o poner en funcionamiento en las plataformas judiciales los equipos informáticos a efectos de que se pueda hacer el seguimiento de las causas mediante el Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), el cual no funciona desde el atentado de la quema del Palacio de Justicia de Santa Cruz, y desde el traslado de los juzgados por la construcción del nuevo edificio de la localidad Montero.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la libertad, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia: a) Se ordene a la autoridad judicial o tribunal de Sentencia que tenga en su poder el expedienté original o el legajo de fotocopias legalizadas de los antecedentes de su proceso penal, en el día libre mandamiento de libertad definitiva a su favor; y, b) Ordene al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que en el día instruya o ponga en funcionamiento los equipos informáticos en las plataformas del Palacio de Justicia, casas judiciales, para que la población en general tenga acceso a la información pertinente.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 14 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 62 a 63, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola señaló que: 1) Las autoridades codemandadas refirieron que su expediente no figura en sus archivos; sin embargo, los fundamentos de su acción de libertad fueron claros, toda vez que, se estableció que se accionó contra todos los jueces, ante el desconocimiento del juzgado en el que radicaba su proceso, y el hecho que no pudo realizar la búsqueda de su proceso mediante el SIREJ debido a la inexistencia de computadoras que tengan acceso al mecanismo de consulta digital; sin embargo, de manera sorpresiva constató que recientemente se puso en funcionamiento dos computadoras para lo antes señalado; 2) Respecto al informe presentado por los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero, lamentó que no se haya dado respuesta a su memorial desde el mes de febrero, y que recién tomaran conocimiento que su proceso no cuenta con sentencia condenatoria; 3) El 15 de abril de 2023, cumpliría siete años de detención, y conforme lo informado por las autoridades codemandadas del mencionado Tribunal de Sentencia, lleva a pensar que el acto procesal por el que se emitió la resolución de condena al no haber sido apelada no fue transcrita, pues de ser cierto el expediente no cuenta con sentencia, extraña el hecho que las audiencias no se llevaran a cabo de manera continua, más allá de la mora procesal existente en los despachos judiciales, tiene que quedar claramente establecido que fueron siete años de detención y que el trámite sigue en curso en ese Tribunal; 4) Si se hubiera dado respuesta dentro del plazo de ley a la solicitud presentada el mes de febrero, se hubiera evitado la presentación de la acción de libertad; 5) No entiende por qué no se convocó a defensa pública para que se asuma defensa en su favor; y, 6) Toda vez que el escrito formulado no fue providenciado dentro de las veinticuatro horas solicita se conceda la tutela bajo la modalidad de pronto despacho.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Freddy Larrea Melgar, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a través de informe escrito presentado el 17 de abril de 2023, cursante a fs. 61, señaló que: i) Ordenó de manera oportuna la habilitación del servicio de búsqueda de procesos vía personal y telefónica en las oficinas de telefonía del Edificio Central de ese distrito judicial; ii) Debido al siniestro suscitado el mes de diciembre de 2022 -quema del edificio-, así como, el traslado de la casa de justicia de Montero, el sistema de seguimiento de causas dejó de funcionar algunos días, empero, a la fecha se encuentra en funcionamiento tanto en el palacio de justicia de Montero, como en el de la Capital; y, iii) Cumplió con sus obligaciones al momento de emitir la directriz correspondiente, motivo por el cual solicitó se deniegue la tutela respecto a su persona. Juan Pablo Olmos Tapia y Santa Cruz Arias Gutiérrez, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, a través de informe escrito presentado el 14 de abril de 2023, cursante de fs. 39 a 40 vta., solicitaron se deniegue la tutela impetrada, en mérito a los siguientes argumentos: a) Lo denunciado por el impetrante de tutela respecto a la afectación de sus derechos constitucionales carece de credibilidad; toda vez que, el mencionado despacho judicial cuenta con inventarios tanto de causas remanentes como de causas nuevas, las cuales son registradas con el nombre de las partes, delito y fecha de ingreso; asimismo, todos los libros existentes en ese Tribunal como del libro diario se encuentra al acceso de los interesados, no siendo necesario acudir al sistema informático para la ubicación de una causa penal, al margen que cuenta con una Secretaria y personal de apoyo jurisdiccional que tienen la función de orientar a las partes sobre el estado de sus causas; b) Por la documental aparejada se demostró que el accionante pudo acceder a la información sobre el estado actual de su causa mediante el apersonamiento tanto a las oficinas del Tribunal de Sentencia, del Ministerio Público en la localidad de Warnes, así como, en la propia instalación del Tribunal que cuenta con dos equipos de computadoras con acceso al SIREJ para consultas de los litigantes; c) Del cuaderno procesal se puede evidenciar que el impetrante de tutela presentó memoriales ante la Gestora de Procesos de Montero el 29 de noviembre de 2022 y 27 de febrero de 2023, dirigidos a ese Tribunal de Sentencia suscritos por el accionante y su abogado, lo que acreditó que ambos tenían conocimiento de que el proceso se encuentra radicado en ese Tribunal, y su estado actual estaba en etapa de juicio oral pendiente de conclusión, situación que desvirtúa lo manifestado por el impetrante de tutela, que alega desconocer en qué juzgado o tribunal se encuentra el proceso y que el mismo ya cuenta cumpliendo una sentencia condenatoria; d) El impetrante de tutela suscribió un preacuerdo de una posible salida alternativa; sin embargo, no fue considerada por no haber sido tramitada según a la normativa procesal penal actual y no cumplirse con las condiciones y requisitos establecidos por los arts. 326 y 373 del Código de Procedimiento Penal (CPP), así se evidencia del acta que cursa en el expediente, y de la grabación del referido actuado procesal; e) No es cierto que el accionante haya sido condenado a seis años de privación de libertad y a la fecha ya hubiera cumplido la pena referida; f) Conforme la documental adjuntada se demostró que el Tribunal contaba con acefalías de jueces y personal de apoyo que incidieron en la suspensión de las audiencias de juicios orales para la conclusión de la etapa del juicio oral, pese a ello, ya se tiene señalada audiencia para el 11 de abril de 2023, que será reprogramada conforme a la Circular 01/2023 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia de priorización de las causas remanentes y de las causas de delitos contra la libertad sexual y la vida; y, g) La presente acción de libertad no cumple con los requisitos de procedencia exigidas, motivo por el cual solicitaron se declare su improcedencia. Nuria Marietka Lino Hurtado, exJueza del Tribunal de Sentencia Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, a través de informe escrito de 13 de abril de 2023, cursante de fs. 43 a 44, solicitó se deniegue la tutela impetrada respecto a su persona, en atención a que a esa fecha ya no funge como Jueza del referido Tribunal de Sentencia, motivo por el cual no podría verificar si el expediente se encuentra radicado o no en mismo, menos podría providenciar si el memorial que encontraría pendiente de resolución. María Alejandra López Vargas, Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, a través de informe escrito de 14 de abril de 2023, cursante a fs. 45, solicitó se deniegue la tutela, en mérito los siguientes argumentos: 1) De la revisión de los libros existentes en su Juzgado, así como, del SIREJ, se evidenció que no tiene registrada ninguna causa para el control de cumplimiento de sentencia condenatoria ejecutoriada contra el impetrante de tutela; 2) El accionante manifestó que no tiene certeza de qué autoridad judicial o Tribunal se encuentra en posesión del expediente; en consecuencia, no precisó cuáles son las vulneraciones que su autoridad hubiese realizado contra su persona; y, 3) Revisado el sistema informático, el proceso del impetrante de tutela se encontraba radicado en el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero. Cinthia María Mamani Ibarra, Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, no presentó informe escrito, tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 17. Sindy Brigitte Romero Padilla, Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, a través del informe escrito presentado el 14 de abril de 2023, cursante a fs. 49, solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos: i) No cuenta con legitimación pasiva toda vez que el expediente no se encuentra radicado en su Juzgado; ii) De la consulta efectuada a su personal de apoyo jurisdiccional constató que ninguna persona se apersonó a consultar si el proceso del impetrante de tutela se encontraba radicado en ese juzgado; y, iii) La localidad de Montero cuenta con juzgado de ejecución penal, que no fue demandado situación que causa extrañeza, ya que, solamente se accionó contra los jueces de sentencia de la capital. Gabriela Suárez Vaca, Jueza de Ejecución Penal Cuarta de la Capital, del referido departamento, a través de informe escrito de 14 de abril de 2023, cursante a fs. 48, solicitó se deniegue la tutela, señalando que la revisión del SIREJ, así como, de los libros de registro de ese Juzgado, no cursa proceso con sentencia ejecutoriada del solicitante de tutela, motivo por el cual carece de legitimación pasiva en la presente acción de libertad.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 002/2023 de 14 de abril, cursante de fs. 63 a 69 vta., denegó la tutela solicitada, con relación a los demandados Freddy Larrea Melgar, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia; María Alejandra López Vargas, Cinthia María Mamami Ibarra, Sindy Brigitte Romero Padilla y Gabriela Suárez Vaca, Juezas de Ejecución Penal, Primera, Segunda, Tercera y Cuarta de la Capital, respectivamente, y Nuria Marietka Lino Hurtado, ex Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Montero, todos del departamento de Santa Cruz, ésta última por falta de legitimación pasiva; y, concedió la tutela respecto a Juan Pablo Olmos Tapia y Santa Cruz Arias Gutiérrez, Jueces del referido Tribunal de Sentencia, disponiendo que: a) En el plazo de veinticuatro horas se emita resolución de señalamiento de día y hora de audiencia de juicio oral, en un plazo no mayor a diez días, debiendo tomar de oficio la debida diligencia e inclusive hacer uso del poder ordenador y disciplinario para lograr la concurrencia de las partes hasta la emisión de la sentencia; b) Poner a la vista de los litigantes el cuaderno procesal, el libro diario, debiendo subir los actuados al SIREJ para que las partes procesales puedan acceder a la información digital; y, c) Se exhorta a los Jueces demandados a cumplir a cabalidad los plazos procesales a efecto de atender de manera oportuna los memoriales de los litigantes. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) Respecto a Freddy Larrea Melgar, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; María Alejandra López Vargas, Cinthia María Mamami Ibarra, Sindy Brigitte Romero Padilla y Gabriela Suarez Vaca, Juezas de Ejecución Penal, Primero, Segunda, Tercera y Cuarta de la Capital, respectivamente; y, Nuria Marietka Lino Hurtado, exJueza del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero, es necesario establecer con carácter previo que los demandados adquieren esta calidad por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción; en el presente caso, no se llega a establecer el vínculo causal que hubiere existido, respecto a los presuntos derechos y garantías invocados por el impetrante de tutela, razón por la cual estas autoridades carecen de legitimación pasiva para ser demandados en el presente mecanismo tutelar, ya que no se especificó de qué manera su accionar hubiera incidido sobre la libertad del prenombrado, más aun cuando se tiene demostrado que éste sí conocía el juzgado donde radicaba su proceso; 2) Respecto a Juan Pablo Olmos Tapia y Santa Cruz Arias Gutiérrez, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero, de la revisión del expediente se evidenció que el hoy accionante se encuentra procesado penalmente por el Ministerio Público por el delito de violación, y se encuentra detenido preventivamente desde el 20 de “marzo” de 2016, en el CEPROM de Montero; a la fecha son siete años de detención preventiva sin juicio oral instalado ni sentencia; así también, debe considerarse que el expediente se encuentra radicado en el dicho Tribunal de Sentencia desde el 15 de febrero de 2017, evidenciándose una indebida tramitación del proceso por más de cinco años, no siendo justificable la falta de jueces y personal subalterno, por su carácter temporal; 3) Respecto al memorial presentado por el impetrante de tutela el 27 de febrero de 2023, se constató que fue decretado el 8 de marzo del mismo año -fuera del plazo de ley- por los citados jueces codemandados; sin embargo, no existe constancia de notificación al accionante ni a sus abogados; y, 4) Se concluye que las autoridades codemandadas incurrieron en una dilación indebida, olvidándose que al tratarse de procesos de violencia sexual, éstos deben ser rápidos y priorizados, no siendo válidos los argumentos expuestos en su informe, considerando que tomaron conocimiento de la solicitud de procedimiento abreviado el 28 de agosto de 2020, si bien, se señaló que ya se tenía programada audiencia de juicio oral, los mismos no fueron diligenciados, ni tampoco figuran las actas de instalación de esas audiencias, donde se detallen los motivos de las suspensiones, incumpliendo lo dispuesto por el art. 113.II del CPP modificado por Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, motivo por el cual al no haber tomado las acciones de impulso procesal y la debida diligencia para garantizar la instalación del juicio oral en el presente caso, se debe conceder la acción de libertad innovativa a fin de evitar que se vuelva a ocurrir estos actos a posterioridad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se estableció lo siguiente:

II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Zacaria Tamacuine Abacay -accionante- por la supuesta comisión del delito de violación, quien se encontraba privado de libertad desde el 20 de abril de 2016, en el CERPROM; por lo que, el 28 de agosto de 2020, se instaló la audiencia de consideración de salida alternativa de procedimiento abreviado, oportunidad en la que el Fiscal de Materia se retractó en el petitorio, señalando que el imputado le hizo incurrir en error, siendo que el delito por el que se encontraba detenido preventivamente era de abuso sexual y no así de violación, motivo por el que suspendió la audiencia, en consecuencia no se emitió sentencia condenatoria, actuados que fueron constatados por la Jueza de garantías, al acceso al expediente del proceso penal (fs. 65 vta.). II.2. Cursa memorial presentado el 27 de febrero de 2023, por el impetrante de tutela al Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero de la Capital del departamento de Santa Cruz -codemandados-, solicitando certificación de permanencia y conducta (fs. 1). Decretado por las autoridades el 8 de marzo de igual año, sin notificación a las partes conforme lo corroborado por la Jueza de garantías (fs. 65 vta.). II. 3. Consta informe escrito presentado el 14 de abril de 2023, emitido por Santa Cruz Arias Gutiérrez y Juan Pablo Olmos Tapia, Jueces codemandados del indicado Tribunal de Sentencia, por el que, hacen conocer que el peticionante de tutela formuló memoriales tanto el 29 de noviembre de 2022 y el 27 de febrero de 2023, motivo por el cual tenía conocimiento que su proceso se encontraba en ese Tribunal y en etapa de juicio oral pendiente de conclusión, si bien, señalaron audiencias de juicio oral las mismas fueron suspendidas ante las acefalías tanto de jueces como de personal de apoyo jurisdiccional, pese a ello, ya se tiene señalado el verificativo de juicio oral para el 11 de abril de ese año (fs. 24 a 40.); sin embargo, hasta la fecha de consideración de la acción de libertad no fueron notificadas las partes del proceso, conforme lo evidenciado por la Jueza de garantías, y no controvertido por las autoridades codemandadas (fs. 68 vta. a 69 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, por cuanto: i) Estando cumpliendo una sentencia condenatoria de seis años en el CERPROM, pese a que, cumplió la condena dispuesta, se encuentra con un año y más de detención ilegal e indebida, e imposibilitado de poder realizar las solicitudes necesarias para recobrar su libertad ante el juez de ejecución de sentencia, toda vez que, el tribunal que emitió la sentencia no remitió antecedentes para que el referido juzgado efectúe el cómputo de plazo correspondiente; y, ii) Una vez constatado por el SIREJ que el expediente se encontraba en el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, el 27 de febrero de 2023, presentó memorial solicitando se ordene al Director de Régimen Penitenciario, que emita certificado de permanencia y conducta, providenciado por los Jueces del referido Tribunal fuera de las veinticuatro horas establecidas por ley, debido al extravío del expediente, motivo por el cual solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Se ordene al autoridad judicial o tribunal de sentencia que tuviera en su poder el expediente, en el día libre mandamiento de libertad a su favor; b) Ordenar al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz que en el día instruya o ponga a funcionamiento los equipos informáticos en las plataformas del Palacio de Justicia; y, c) En mérito a lo informado por las autoridades codemandadas en audiencia de garantías solicitó se conceda la acción tutela en la modalidad innovativa, toda vez que, se dio respuesta al mencionado escrito fuera del plazo estipulado por ley. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La sistematización que será desglosada a continuación fue desarrollada en la SCP 0032/2019-S2 de 25 de marzo, entre otras:

«La Constitución Política del Estado, reconoce la inviolabilidad del derecho a la libertad dentro del catálogo de los derechos civiles y políticos; lo que trae como corolario, la obligación para el Estado de protegerlo por su vital importancia en el desarrollo de la personalidad; y al ser un valor inspirador del orden social y jurídico sirve de sustento a la construcción y vigencia del modelo de Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional. Una de las dimensiones en las que se manifiesta este derecho, es la libertad física, reconocido en el art. 23 de CPE, que establece:

I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales (…)

III. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley

De estas disposiciones se puede extraer, que el sistema jurídico y político boliviano, instituyó la reserva legal como garantía de este derecho; es decir, que de acuerdo a la voluntad del constituyente, es el legislador quien se halla facultado para limitar el ejercicio del mismo; de igual modo, otorgó a la persona garantías jurisdiccionales para el resguardo de dicho derecho, entre las que se halla la acción de libertad, configurada como un mecanismo de defensa para lograr su protección, en caso de ser restringido u amenazado de restricción; así lo establece el art. 125 de la CPE:

Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad.

Ahora bien, a partir de la clasificación del entonces hábeas corpus -ahora acción de libertad-, desarrollada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre y la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se hizo alusión al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” . Bajo ese razonamiento, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor 2El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 3El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.

celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración que realice el juez del acervo normativo que se produzca, conforme a la normativa legal.» Por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.

III.2. Respecto a la acción de libertad innovativa

La SCP 1021/2019-S2 de 22 de noviembre, cita lo siguiente: «…la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, sobre la base de la SC 0327/2004-R de 8 de junio, recoge el estándar alto de protección respecto a la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de este mecanismo de defensa; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal». Al respecto, el Fundamento Jurídico III.1, de la citada Sentencia establece:

[…] de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos.

En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (las negrillas son nuestras).

Recogiendo el sentido finalista de protección de la acción de libertad innovativa, la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio, sentencia sistematizadora de línea, concluyó lo siguiente:

[E]fectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional, que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales; en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. […]

Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).

III.3. Supuestos para la legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad

La SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, entre otras, desarrollo la siguiente sistematización jurisprudencial: Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 0691/2001-R de 9 de julio, definió la legitimación pasiva, señalando que ésta debe ser entendida como: “…la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción”.

Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril, se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o contra un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto.

Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, se reforzó el razonamiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad, es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción.

Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, ratificada posteriormente por la SC 0332/2010-R de 17 de junio, y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0345/2012 de 22 de junio y 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras, estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril9, en el 6El FJ III.5, menciona: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”.

7El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.

8El FJ III.2, indica: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”. 9El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen Fundamento Jurídico III.2, que establece:

[Ahora] bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado… (las negrillas son añadidas).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, por cuanto: 1) Al encontrándose recluido en el CERPROM en cumplimiento a la sentencia condenatoria de seis años fijada en su contra, pese al cumplimiento de la misma, lleva un año y más de detención ilegal e indebida, e imposibilitado de poder realizar las solicitudes necesarias para recobrar su libertad ante el juez de ejecución de sentencia, toda vez que, el tribunal que emitió la sentencia no remitió antecedentes para que el referido juzgado efectuara el cómputo de plazo correspondiente; y, 2) Una vez constatado en el SIREJ que el expediente se encontraba en el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz el 27 de febrero de 2023, presentó memorial solicitando se ordene al Director del Régimen Penitenciario emita certificación de permanencia y conducta, siendo providenciado por los Jueces codemandados del referido despacho judicial fuera de las veinticuatro horas establecidas por ley, en atención a que el cuaderno procesal se encontraba extraviado. De la revisión de antecedentes y conforme los datos consignados en las Conclusiones del presente fallo constitucional, así como, de lo constatado por el Juez de garantías se advierte que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela por el delito de violación, éste se encontraba detenido preventivamente en el indicado Centro de Readaptación desde el 20 de abril de 2016. Desde el 15 de febrero de 2017, el expediente se encontraba radicado en el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz; por lo cual, el 28 de agosto de 2020, se llevó a cabo la audiencia de consideración de salida alternativa de procedimiento abreviado, audiencia en la que el Fiscal de Materia asignado al caso se retractó en cuanto al petitorio, toda vez que, constató que el delito por el que el impetrante de tutela se encontraba detenido preventivamente era por el de violación y no de abuso sexual, como refirió el imputado, motivo por el cual se suspendió la audiencia, encontrándose el proceso en etapa de juicio oral; con señalamientos de audiencias, las cuales fueron suspendidas sin justificación alguna, sin constancia de instalación de las mismas ante la inexistencia de actas que acrediten aquel extremo, por lo que, se concluye en primer lugar que el impetrante de tutela se encuentra detenido preventivamente y no cumpliendo la sentencia como refirió en los fundamentos de su acción de libertad (Conclusiones II.1 y II.3). Asimismo, se constató que el memorial presentado por el impetrante de tutela fue el 27 de febrero de 2023, siendo decretado por los Jueces codemandados del citado Tribunal de Sentencia el 8 de marzo de ese año, sin que exista constancia de notificación a los sujetos procesales con dicho actuado procesal (Conclusión II.2). Los citados Jueces codemandados desde el momento de recepción de la causa penal -15 de febrero de 2017- hasta el momento de consideración de la acción de libertad, generaron una dilación injustificada e ilegal de más de cinco años respecto a la tramitación del proceso del impetrante de tutela, el cual se encuentra en etapa de juicio oral; en consecuencia, retardaron la emisión de la decisión judicial conforme a derecho, toda vez que, ya se hubiese señalado audiencia de juicio, empero, se constató que dicho actuado procesal no fue puesto a conocimiento de los sujetos procesales, lo que incide en el desconocimiento del estado en el que se encuentra su proceso, pese a que, solicitó mediante memorial de 27 de febrero de 2023, se requiriera a la Dirección del Régimen Penitenciario la emisión del certificado de permanecía y conducta, que fue resuelto mediante decreto de 8 de marzo del igual año; es decir, fuera del plazo establecido por ley, situación que corrobora lo manifestado precedentemente, que el aludido Tribunal de Sentencia tramitó de manera indebida el proceso; por consiguiente, dilató de manera injustificada e ilegal el mismo. Consecuentemente, si bien, los Jueces codemandados del citado Tribunal de Sentencia señalaron verificativo de juicio oral y dieron respuesta al memorial presentado por el impetrante de tutela; no es menos evidente, que sí existió demora, tanto en el trámite del juicio oral, así como, en la respuesta a la solicitud efectuada por el accionante el 27 de febrero de 2023, retraso que se constituye en una dilación indebida, que ha tenido por consecuencia, la afectación de su derecho a la libertad, debido a que esta demora se produjo, de manera posterior al rechazo de salida alternativa efectuada el 28 de agosto de 2020, supuesto que activa la procedencia de la acción de libertad traslativa, conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; puesto que, toda autoridad judicial que tenga conocimiento de alguna solicitud vinculada con la libertad debe otorgar la máxima celeridad debida, situación que no ocurrió en el caso de autos, al haberse constatado que el proceso del impetrante de tutela, pese a encontrarse radicado en el señalado Tribunal de Sentencia desde el 15 de febrero de 2017, no contaba con sentencia, incluso hasta la fecha de interposición de esta acción de libertad, ello derivado de la suspensión injustificada de las audiencias de juicio oral; así como, por el trámite anómalo efectuado por más de cinco años por las autoridades codemandadas, quienes respondieron a las solicitudes efectuadas fuera del plazo de ley; motivo por el cual debe considerarse lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; en sentido que, opera la acción de libertad innovativa, aún hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de este mecanismo; puesto que, lo que se pretende con esta modalidad de acción de libertad, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos lesivos a derechos fundamentales; en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, este mecanismo tutelar se activa no solo para proteger derechos desde una dimensión subjetiva; sino también, desde una dimensión objetiva, con el fin de evitar la reiteración de conductas que están proscritas por el ordenamiento jurídico, por ser lesivas a derechos fundamentales. Asimismo, respecto a los argumentos esgrimidos por las autoridades demandadas sobre acefalías de jueces y personal de apoyo, dicha justificación resulta irrelevante para justificar el hecho de las suspensiones de las audiencia de juicio, tales argumentos carecen de relevancia ante las obligaciones que tienen las autoridades judiciales de dar celeridad a los casos en los que se trate de la libertad de los procesados; y en el caso analizado, como ya se refirió previamente, los Jueces codemandados de inicio demostraron dilación por más de cinco años en la tramitación de la etapa de juicio oral, hecho que constituye innegablemente un atentado al derecho a la libertad del accionante.

En consecuencia, corresponde conceder la tutela respecto a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero de la Capital del departamento de Santa Cruz, a través de las acciones de libertad innovativa y de pronto despacho, al evidenciarse la existencia del acto lesivo por la demora injustificada en la que incurrieron. Por otro lado, respecto a Freddy Larrea Melgar, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia; María Alejandra López Vargas, Cinthia María Mamami Ibarra, Sindy Brigitte Romero Padilla y Gabriela Suarez Vaca, Juezas de Ejecución Penal, Primera, Segunda, Tercera y Cuarta de la Capital, respectivamente; y, Nuria Marietka Lino Hurtado, ex Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero, todos del departamento de Santa Cruz, toda vez que, conforme a lo constatado por la Jueza de garantías, que el impetrante de tutela presentó memoriales al referido Tribunal de Sentencia, acreditando que tenía conocimiento que el proceso se tramitaba en el mismo (Conclusión II.3). En ese sentido, conforme se señaló en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, para la procedencia de esta acción tutelar es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida; situación que no ha ocurrido en la presente causa, debido a que en el caso en análisis se evidenció que el expediente radica en el mencionado Tribunal, y no así en los juzgados de las autoridades ya señaladas; en consecuencia, carecen de legitimidad pasiva dentro del proceso penal seguido contra el impetrante de tutela, motivo por el cual debe denegarse la tutela respecto a estas autoridades prenombradas.

III.5. Otras consideraciones

No obstante, es menester recordar a la Jueza de garantías que resolvió en primera instancia la presente acción de libertad, que conforme se establece en el art. 29 del Código Procesal Constitucional (CPCo), referido a las reglas generales de tramitación de las acciones de tutela: 4. El expediente constará por escrito y estará integrado por:

a) El memorial o documento en el que se halle transcrita la pretensión oral, en caso de la Acción de Libertad. b) El auto de admisión y las providencias que se emitan. c) Las notificaciones que correspondan. d) El informe o contestación a la acción. e) Los documentos que contengan elementos de prueba. f) El acta de audiencia.

g) La resolución de la Jueza, Juez o Tribunal en Acción de Defensa (las negrillas nos corresponden). En ese orden, sobre la remisión de los antecedentes que deben ser enviados ante el Tribunal Constitucional Plurinacional por la respectiva autoridad constitucional; la jurisdicción constitucional, se ha pronunciado a través de numerosos y uniformes fallos, respecto a que la determinación del Tribunal o Juez de garantías o Sala Constitucional debe estar sustentada en los elementos de convicción presentados por las partes o respecto de los cuales tuvo conocimiento para fundar su decisión, los mismos que deben ser remitidos a esta instancia, para que este Tribunal pueda constatar los actuados que sustentaron el fallo del Juez o Tribunal de garantías venido en revisión. Así la SCP 0087/2012 de 19 de abril, ha resaltado la importancia que conlleva esta obligación, manifestando:

[Q]ue todo juez o tribunal de garantías, cuenta con la obligación de remitir al Tribunal Constitucional Plurinacional:

a. Toda la prueba aportada por la parte accionante y demandada en la acción de libertad. b. La prueba que de oficio pudo producir máxime cuando la misma haya servido para resolver inicialmente la problemática.

En este sentido, la inobservancia en la remisión de los elementos de convicción por parte de jueces y tribunales de garantías, provocaría a este Tribunal la necesidad de su solicitud, que no sólo implicaría un costo adicional a la administración de justicia constitucional sino también, provocaría una dilación en la misma. Revisados los actuados procesales, se evidencia que no fue remitida ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, la documentación verificada por la Jueza de garantías que le sirvió de base y sustento para su determinación, sea la que pudo evidenciar a partir del principio de inmediación, o la que de oficio pudo producir, situación que no aconteció en el presente caso; por lo que, se solicita que en lo posterior se remitan ante esta instancia constitucional todas las documentales arrimadas a la acción tutelar, conforme lo establecido en los arts. 38 y 29 del CPCo. En consecuencia, la Jueza de garantías al conceder en parte la tutela respecto a Juan Pablo Olmos Tapia y Santa Cruz Arias Gutiérrez Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento Santa Cruz; y, denegar la tutela impetrada, respecto a las otras autoridades codemandadas, por falta de legitimación pasiva, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 002/2023 de 14 de abril, cursante de fs. 63 a 69 vta., emitida por la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto a Juan Pablo Olmos Tapia y Santa Cruz Arias Gutiérrez, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, conforme lo dispuesto por la Jueza de garantías y sobre la base de los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° DENEGAR la tutela peticionada con relación Freddy Larrea Melgar, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; María Alejandra López Vargas, Cinthia María Mamami Ibarra, Sindy Brigitte Romero Padilla y Gabriela Suarez Vaca, Juezas de Ejecución Penal Primera, Segunda, Tercera y Cuarta de la Capital, respectivamente, y Nuria Marietka Lino Hurtado, ex Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Montero, todos del citado departamento. 3° Llamar la atención a la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz, por no haber cumplido con su obligación de remitir al Tribunal Constitucional Plurinacional, toda la prueba que le sirvió de base para su determinación.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El art. 8.II de la CPE, dispone: “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad…”.

4 En el Fundamento Jurídico III.1 de la citada Sentencia se expone el desarrollo completo de la línea jurisprudencial sobre la acción de libertad innovativa. 5El Cuarto Considerando, refiere: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”.

deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional. En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1139_2025-S3.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 2e91e6012b54ea54e9e6c122f453939938f93d6f05d1dfe488c054f387de7165

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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