Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 076/2024 de 13 de abril, cursante de fs. 15 a 17, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Séptimo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos precedentemente expuestos.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1135/2026-S2 Sucre, 4 de agosto de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 63930-2024-128-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 076/2024 de 13 de abril, cursante de fs. 15 a 17, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Daniela Sanabria Rojas y Jorge Daniel Condori Machaca en representación sin mandato de Cristian Gonzalo Rojas Flores contra Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente celeridad; puesto que, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Publico en su contra, por la presunta comisión de delito de violación, se dispuso su detención preventiva; por lo que, solicitó su cesación, y ante el rechazo, interpuso recurso de apelación incidental; en consecuencia, la Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -demandada-, señaló audiencia para el 24 de febrero de 2024, que fue suspendida -por inasistencia del Ministerio Público- para el 25 de igual mes y año, acto que también fue diferido -por algún motivo-, al igual que el programado para el 27 de ese mes y año -en el que debía darse lectura al respectivo auto de vista-; finalmente, fijó audiencia para el 1 de marzo del indicado año; empero, tampoco se llevó a cabo, por falta de diligenciamiento al Centro Penitenciario San Pedro del señalado departamento, a efectos de proporcionar el link de la audiencia para su conexión virtual, dilatándose de esta forma la resolución hasta el momento de interposición de la presente acción de defensa; por lo que, solicitó que en el marco del art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP) la nombrada, resuelva la apelación incidental que interpuso.
Ante ello, la Vocal demandada, en audiencia de garantías, señaló que: a) No cuenta con los actuados del proceso, dado que fue recientemente notificada con la presente acción tutelar; b) La audiencia reclamada, se instaló y las partes procedieron a presentar sus fundamentaciones, sin embargo, a solicitud de la víctima, se dispuso el “saneamiento procesal”, dejando sin efecto el desarrollo de la audiencia de apelación incidental, habiéndose requerido la remisión de los actuados extrañados para desarrollar el acto; c) Posteriormente se produjo un nuevo “saneamiento procesal”; y, d) No cuenta con legitimación pasiva para ser demandada; dado que, el “saneamiento procesal” fue dispuesto por la Secretaria de su Despacho, quien no devolvió el legado de la apelación al juzgado de origen para su subsanación. El Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 076/2024 de 13 de abril, cursante de fs. 15 a 17, denegó la tutela impetrada; al efecto sostuvo que, la Vocal demandada carece de legitimación pasiva; además, el accionante no denunció esa demora ante la Vocal demandada; tampoco especificó cuál es la acción u omisión que vulneró de manera directa su derecho a la libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.
En cuanto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, ampliando la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, identificando además la efectuada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación al hábeas corpus en: “1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad”; entendida esta última como el mecanismo idóneo cuando se busca: “…acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos” ([SCP 0011/2014 de 3 de enero] el resaltado es nuestro). En el caso de la suspensión de la audiencia de medida cautelar y su reprogramación, la SCP 0048/2025-S3 de 10 de marzo, estableció el siguiente razonamiento: “…los administradores de justicia están en el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata; en este caso si hubiera una causa justificada de suspensión el plazo de reprogramación debería ser cumplido estrictamente por el ahora Juez demandado bajo lo previsto en los arts. 113.II y 239 numerales 1,2,5 y 6 del CPP, modificado por la Ley 1173; es decir generando un nuevo señalamiento, en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas, debiendo incluso habilitarse horas inhábiles”.
Conforme lo expuesto por el accionante, se encuentra cumpliendo detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz; ante ello, solicitó la cesación ante el juez de control jurisdiccional, quien denegó su pretensión; por lo que, interpuso recurso de apelación incidental y una vez radicado dicho recurso ante la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la Vocal demandada señaló sucesivas audiencias sin que se hubiera resuelto el medio de impugnación, suspendiéndose reiteradamente las mismas. Por su parte, la Vocal demandada, señaló que, la suspensión de las audiencias se debió a la inasistencia de las partes; a la solicitud de “saneamiento procesal” de la víctima; no obstante, fijó audiencia para el 13 de abril de 2024, a efecto de resolver la situación jurídica del accionante. Al respecto, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues, de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho; en ese contexto, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye en el mecanismo destinado a acelerar los trámites judiciales cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Asimismo, en cuanto a la reprogramación de audiencias en esos casos, la jurisprudencia citada en el referido Fundamento, determinó que, cuando hubiera una causa justificada de suspensión de la audiencia de consideración a la cesación de la detención preventiva, en el marco de las previsiones contenidas en los arts. 113.II y 239 numerales 1, 2, 5 y 6 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, el juzgador debe fijar una nueva audiencia en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas, debiendo incluso habilitarse horas inhábiles. Ahora bien, en el caso analizado, del acta de audiencia de 24 de febrero de 2024 -fs. 2-, se evidencia que la Vocal demandada, no obstante haber instalado el acto, no concluyó con la emisión del auto de vista correspondiente, sino que dispuso: “...VAMOS A DIFERIR ESTA AUDIENCIA PARA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2024, A HORAS 19:00 P.M.” (sic); sin embargo, dicha audiencia tampoco se llevó a cabo, siendo posteriormente reprogramada para el 1 de marzo del citado año. En tal virtud, es posible evidenciar que la Vocal demandada incumplió el plazo de tres días establecido en el tercer párrafo del art. 251 del CPP, para emitir la resolución que correspondía respecto a la apelación incidental sometida a su conocimiento; si bien atribuye la responsabilidad a la Secretaria de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no se evidencia que hubiera adoptado alguna medida destinada a evitar o corregir las dilaciones producidas que serían atribuibles a dicha funcionaria, lo que evidencia responsabilidad en la demandada. De lo señalado, se advierte dilación indebida e injustificada en la emisión del auto de vista correspondiente; y si bien la Vocal demandada informó que fijó audiencia para el 13 de abril de 2024, a efectos de emitir la respectiva resolución; sin embargo, debe tenerse presente que el tiempo transcurrido hasta dicho señalamiento excedió ampliamente el plazo de tres días previsto por el art. 251 del CPP, así como el término establecido para la reprogramación de audiencias conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; por lo que, corresponde aplicar la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, a efectos de garantizar la resolución oportuna de la situación jurídica del accionante.
Por las razones expuestas, corresponde conceder la tutela solicitada, disponiendo que la Vocal demandada, de forma inmediata a su notificación con el presente fallo, celebre la audiencia y resuelva el recurso de apelación incidental planteado por el accionante, conforme corresponda en derecho, siempre y cuando ello no hubiera sucedido ya o su situación jurídica no se hubiera modificado por otra causa. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 076/2024 de 13 de abril, cursante de fs. 15 a 17, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Séptimo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos precedentemente expuestos. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1135_2026-S2.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): ff0660e0c9873afa7692f5ca342ed6beb02cbf3a73dd09d679220360641e0680
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