Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 22 de septiembre de 2025
Concede la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad personal; toda vez que, el 5 de abril de 2023 interpuso un incidente de nulidad por defectos absolutos contra el mandamiento de aprehensión emitido el 27 de marzo del mismo año por la Fiscal de Materia asignada al caso. Posteriormente, el 12 de abril de igual año, solicitó por escrito la resolución del referido incidente; no obstante, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, el Juez demandado no tramitó el incidente planteado. La autoridad demandada no presentó informe alguno, ni asistió a la audiencia de garantías para rebatir los argumentos del impetrante de tutela. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12 de 14 de abril de 2023, cursante de fs. 181 a 183, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1112/2025-S2 Sucre, 22 de septiembre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 55149-2023-111-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 12 de 14 de abril de 2023, cursante de fs. 181 a 183, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Wilder López Ayzacayo en representación sin mandato de Alberto Rodrigo Gutiérrez Fleig contra Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 13 de abril de 2023, cursante a fs. 1 y 19 a 20 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
El 17 de marzo de 2023, realizó un viaje familiar a la ciudad de Miami de Florida de los Estados Unidos de América (EE.UU.), en compañía de Betty Vanessa Bravo Ortiz, su esposa, y sus hijos menores de edad. El 21 de ese mismo mes y año, surgió una disputa entre su esposa y él, en la que también intervino uno de sus hijos menores. A raíz de este incidente, la policía lo arrestó para su disposición ante la autoridad judicial del referido Estado, quien le informó sobre sus cargos y le impuso una sanción económica que le permitió continuar el proceso en libertad hasta la fecha de su juicio. Estando procesado en el extranjero, su esposa retornó a Bolivia el 21 de marzo de 2023, y el 22 del mismo mes y año sentó una denuncia verbal en su contra ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de La Guardia del departamento de Santa Cruz, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica. El 27 de marzo de 2023, la Fiscal de Materia a cargo de la investigación emitió mandamiento de aprehensión en su contra, vulnerando sus derechos y garantías constitucionales; por lo que, el 31 de ese mes y año, solicitó fecha para que su declaración informativa sea de forma virtual al estar impedido de retornar de EE.UU., adjuntando su pasaporte que demuestra la salida de Bolivia, pero no retorno, y documentación para desvirtuar los riesgos procesales de fuga y obstaculización, pese a que la carga de la prueba es de la parte acusadora; solicitud reiterada el 4 de abril de ese año. No obstante, el 5 de abril de 2023 planteó incidente de nulidad por defectos absolutos no susceptibles de convalidación contra el mandamiento de aprehensión y, ante la inacción judicial, el 12 del referido mes y año presentó nuevo memorial reiterando la resolución del incidente, que hasta la fecha de presentada la acción de libertad no fue resuelto.
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, -se infiere-denuncia la lesión de su derecho a la libertad personal, sin citar norma constitucional alguna.
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene a la autoridad demandada que proceda a resolver el incidente de nulidad del mandamiento de aprehensión por defectos absolutos presentado el 5 de abril de 2023, pese a que, el 12 de igual mes y año, por escrito impetró su pronta resolución.
Celebrada la audiencia pública virtual el 14 de abril de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 181, se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad.
Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz, no presentó informe ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 23.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 12 de 14 de abril de 2023, cursante de fs. 181 a 183, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada dé el trámite correspondiente al incidente formulado por el accionante; con base en los siguientes fundamentos: a) El impetrante de tutela presentó un incidente de nulidad por defectos absolutos contra la Resolución de aprehensión de 27 de marzo de ese mismo año, emitida por la Fiscal de Materia de la causa ante el Juez con control jurisdiccional, señalando que dicho mandamiento de aprehensión no cumple con las formalidades legales requeridas; y, b) Transcurrieron aproximadamente diez días “…y siempre aplicando al principio de veracidad…” (sic), sin que se atendiera el referido incidente, el cual podría dejar sin efecto el mandamiento de aprehensión, aspecto que guarda relación directa con la libertad del peticionante de tutela. En vía de complementación, el abogado del impetrante de tutela solicitó que Juez demandado “…proceda a ordenar la notificación con este incidente inmediatamente porque con eso con lo que estamos atorando claro ósea lo que corresponde ahí es correr en traslado para determinar de qué señala y después una audiencia lo pueda resolver el incidente. Entonces que se corren traslado solamente y que esa es la parte contraria, el juez quien resuelva porque hemos pedido que el incidente sea resuelto por escrito en base a jurisprudencia constitucional, que ya se ha presentado” (sic). En respuesta, el Juez de garantías contestó que no le corresponde ver como se resolverá el incidente, siendo tuición de la jurisdicción ordinaria.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. A través de memorial presentado el 5 de abril de 2023, Alberto Rodrigo Gutiérrez Fleig -accionante- se apersonó ante Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz -hoy demandado-, interponiendo “…INCIDENTE DE NULIDAD DE MANDAMIENTO DE APREHENSIÓN POR DEFECTOS ABSOLUTOS NO SUSCEPTIBLES DE COVALIDACION…” (sic), y solicitó se imprima el trámite correspondiente, declarando fundado el mismo (fs. 10 a 15 vta.). II.2. Mediante memorial presentado el 12 de abril de 2023, el accionante
“RATIFICA INCIDENTE DE DE NULIDAD DE MANDAMIENTO DE APREHENSIÓN POR DEFECTOS ABSOLUTOS NO SUSCEPTIBLES DE COVALIDACION…” (sic), solicitando al Juez demandado notifique a la parte contraria, para que luego de tres días resuelva lo requerido conforme al art. 314 del Código de Procedimiento Penal (CPP [fs. 16 a 18 vta.]).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad personal; toda vez que, el 5 de abril de 2023 interpuso un incidente de nulidad por defectos absolutos contra el mandamiento de aprehensión emitido el 27 de marzo del mismo año por la Fiscal de Materia asignada al caso. Posteriormente, el 12 de abril de igual año, solicitó por escrito la resolución del referido incidente; no obstante, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, el Juez demandado no tramitó el incidente planteado. La autoridad demandada no presentó informe alguno, ni asistió a la audiencia de garantías para rebatir los argumentos del impetrante de tutela. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Desde la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, se establece en la jurisprudencia constitucional que, frente a una amenaza a la libertad, previamente a la interposición del habeas corpus -ahora denominado acción de libertad-debe acudirse al juez competente para que ejerza el control jurisdiccional; en este sentido, siguiendo el razonamiento la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, se estableció que: “III.4. Situaciones excepcionales en las que a través de la acción de libertad, no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática denunciada (…) Primer presupuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación” (las negrillas y el subrayado, corresponden al texto original). En correlato, se tiene que los arts. 169 y 170 del CPP, regulan los supuestos de hecho catalogados como defectos procesales absolutos y relativos, precisamente, para corregir actos procesales defectuosos que puedan afectar derechos fundamentales, entre ellos la libertad cuando el acto impugnado amenaza o priva de libertad a un procesado. Ahora bien, el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; en consecuencia, consagra el principio de celeridad como un componente esencial del debido proceso, lo cual exige que toda causa -sea esta judicial o administrativa- se tramite sin demoras innecesarias; es decir, de manera oportuna. Por su parte, los arts. 178.I y 180.I de la Norma Suprema, instituyen de manera explícita la aplicación del citado principio en la potestad de impartir justicia. Con referencia a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (el resaltado es propio); de lo que se extrae que procede la acción de libertad de pronto despacho respecto a un incidente de actividad procesal defectuosa planteado contra un acto que prive o amenace privar de libertad a un imputado.
El accionante, mediante la denominada acción de libertad preventiva, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad personal, puesto que, pese a haber interpuesto un incidente de nulidad por defectos absolutos contra un supuesto mandamiento de aprehensión emitido en su contra, el Juez ahora demandado no resolvió dicho incidente. Aun cuando en dos oportunidades solicitó que se atienda y resuelva el referido incidente para su consideración, su solicitud no fue atendida. En efecto de la revisión de antecedentes del cuaderno constitucional, se advierte que, efectivamente, por el memorial presentado el 5 de abril de 2023 ante el Juez demandado, el accionante formuló incidente de nulidad del mandamiento de aprehensión evacuado en su contra, por supuestos defectos absolutos. Posteriormente, mediante memorial del 12 del mismo mes y año, solicitó la resolución del mismo y, al respecto, resulta relevante señalar que, el impetrante de tutela, cumpliendo la jurisprudencia constitucional referida en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, no acudió directamente a la justicia constitucional, sino que activó previamente el mecanismo procesal idóneo previsto en la vía ordinaria, en cumplimiento del principio de subsidiariedad excepcional. En efecto, el incidente planteado ante la autoridad demandada, constituye el cauce procesal legalmente previsto para cuestionar mandamientos de aprehensión viciados, conforme a los arts. 314 y 315 del CPP. Por tanto, en el particular, el incidente fue planteado conforme a derecho, y el accionante incluso insistió en su resolución sin obtener respuesta alguna del Juez demandado, poniendo en vilo su libertad. Es precisamente esta omisión judicial la que habilita la presente acción de tutela, al configurarse una amenaza en la afectación al derecho a la libertad personal y a la tutela judicial efectiva. Por lo tanto, corresponde conceder la tutela, ordenando que la autoridad demandada resuelva la situación del peticionante de tutela respecto al mandamiento de aprehensión pendiente de ejecución. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12 de 14 de abril de 2023, cursante de fs. 181 a 183, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1112_2025-S2.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): 32d0db4525608ee92c8261f6ba785d5874496beb9fb8fbf8eee5d6b211a80e82
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