B.IA.LEGAL

SCP 1104/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 9 de julio de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
9 de julio de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
79950-2025-160-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica; puesto que, ante la formulación de la acusación formal contra Percy Alfredo Villafuerte Fernández, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, el 2 de octubre de 2025, no se cumplió con lo establecido por el art. 325.I del CPP, al no remitir dicha acusación en el plazo de veinticuatro horas, previo sorteo a través del Sistema Informático de Gestión de Causas por la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para el conocimiento de la Jueza, Juez o Tribunal de Sentencia para el inicio de la fase de juicio oral, público y contradictorio, encontrándose concluida la etapa preparatoria, habiendo el Juez de la causa omitido la remisión, a pesar que fue reiterada el 30 de igual mes y año. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad innovativa; b) Legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional del Órgano Judicial; c) La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico; y, d) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 278/2025 de 5 de diciembre, cursante de fs. 25 a 26, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Vigesimocuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, respecto al debido proceso al evidenciarse la dilación indebida que vulneró; asimismo, la seguridad jurídica, correspondiendo aplicar la modalidad de acción de libertad innovativa, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Exhortar al Juez y Secretaria ambos del Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimosegundo de la Capital del departamento de La Paz, para que en lo sucesivo obren de acuerdo al mandato de las normas y se abstengan de incurrir en dilación indebida en la remisión de obrados cuando se presente una acusación formal, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad innovativa
  2. III.2. Legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional del Órgano Judicial
  3. III.3. La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1104/2026-S1 Sucre, 9 de julio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 79950-2025-160-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 278/2025 de 5 de diciembre, cursante de fs. 25 a 26, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por PP en representación sin mandato de su hija menor de edad AA contra Mario Helmer Laura Picavia, Juez y Jhannet Gisel Huanca Condori, Secretaria ambos del Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimosegundo de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La parte accionante por memorial presentado el 4 de diciembre de 2025, cursante de fs. 14 a 15, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de PP en representación sin mandato de su hija menor de edad AA -accionante-, contra Percy Alfredo Villafuerte Fernández por la presunta comisión del delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP), manifiesta que el 2 de octubre de 2025, la Fiscal de Materia presentó acusación formal contra el nombrado, misma que fue puesta en conocimiento del Juez ahora accionado, cumpliéndose así la etapa preparatoria, posteriormente la referida Fiscal de Materia el 30 de igual mes y año, solicitó que se remita ese proceso para el inicio del juicio oral, público y contradictorio, no teniendo conocimiento de las providencias al encontrarse el “expediente” en despacho. El art. 325 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece que una vez presentado el requerimiento conclusivo de acusación en el plazo de veinticuatro horas, previo sorteo, se remitirá antecedentes a la Jueza, Juez o Tribunal de Sentencia bajo responsabilidad; sin embargo, hasta el “…3 de diciembre de 2025…” (sic) no fue remitida la causa, considerando que por ese motivo existía una dilación indebida en la tramitación de dicho proceso, incumpliendo plazos procesales y los deberes de supervisar que su personal subalterno cumpla sus órdenes. En virtud a lo expuesto, considera que no solo se incumplió con los plazos procesales, sino también se denegó al Juez o Tribunal de Sentencia la competencia que tiene para conocer la presente causa, generando inseguridad jurídica en todas sus actuaciones judiciales que emita después de la acusación formal; puesto que, transcurrió más de dos meses de la formulación de dicha acusación.

I.1.2. Derecho, garantía y principios supuestamente vulnerados

La parte accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica; citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que en el día se remita al Juez o Tribunal de Sentencia el cuaderno de control jurisdiccional; así también, se remita antecedentes al Ministerio Público por incumplimiento de deberes, plazos procesales y disposiciones legales; asimismo, al Régimen Disciplinario al existir una falta grave establecida por el art. 187.9 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 5 de diciembre de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 21 a 24 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante a través de su abogada en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo, manifestó que, es una acción traslativa o de pronto despacho, en cuanto a la subsidiariedad el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció que en casos de violencia contra las mujeres existe una excepción, con la finalidad de poder acoger la vulneración de derechos de ese grupo vulnerable para evitar consecuencias irreparables en el futuro, lo que correspondería en el presente caso al tratarse de una víctima menor de edad; por otra parte, después de realizarse el respectivo control de cuándo remitirían el cuaderno de control jurisdiccional, la respuesta fue que el mismo se encontraba en despacho, que ya remitirían dicho cuaderno; sin embargo, fueron notificados el 26 de noviembre de 2025, con una modificación de medidas cautelares, lo que significó que no llevaron el mencionado cuaderno a la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal departamental de Justicia de La paz, por dos meses, motivo por el cual reclamó con la presente acción de libertad, que todos deben ser juzgados en un plazo razonable y viceversa, en consecuencia por ser menor de edad también tiene ese derecho; puesto que, el Juez ahora accionado al percatarse de la falta de remisión debió obrar con premura, resolver y remitir el citado cuaderno; además que, el citado Juez tenía conocimiento de que su persona no tendría sus enseres personales, ropa, ni útiles escolares, no pudiendo vivir tranquilos al ser acosada por su madre y abuelos maternos, para levantar la denuncia, existiendo por ello una dilación injustificada y si bien se dio la orden de remisión del señalado cuaderno, eso no quita que desde el 2 de octubre de 2025, existía la acusación formal.

I.2.2. Informe de la autoridad y funcionaria de apoyo jurisdiccional accionadas

Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimosegundo de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia, manifestó que: a) Existe una total deslealtad de la accionante; puesto que, no cuenta con los requisitos para poder plantear una acción de libertad, tomando en cuenta que no se encuentra en riesgo su vida, su libertad y no es la parte imputada; b) No conoce el “tema” del juzgado; ya que, se encontraba sin Auxiliar y sin Secretaria por más o menos seis meses, y recientemente le fueron asignados; por otra parte, se presentó la acusación formal en octubre de 2025, y no se encontraba cumpliendo funciones, contando incluso hasta el 24 de noviembre de igual año, con baja médica, por ello no sería quien recibió la mencionada acusación; c) Existe el decreto de remisión, sorteándose la causa al Juzgado de Sentencia Decimoséptimo de la Capital del citado departamento; d) La “parte imputada” presentó en dos oportunidades modificación a las medidas cautelares, porque se encontraría con detención domiciliaria casi un año, llevándose a cabo la audiencia en la que se rechazó y declaró infundada la misma; y, el día de “ayer” se llevó a cabo la segunda audiencia de modificación de medidas cautelares, concediéndose en parte; ya que, la parte accionante manifestó que no se opondría a la medida cautelar siempre y cuando se le devuelvan sus enseres de su domicilio anterior a las víctimas, modificándose la medida cautelar en ese sentido, fallo que también se encuentra arrimado al cuaderno de control jurisdiccional, el cual fue apelado por la “parte denunciante” -accionante-, encontrándose dentro del plazo de veinticuatro horas para remitir la resolución y remitir el legajo recurso de apelación incidental, y el día “hoy” se pidió el referido cuaderno; y, e) Pide se deniegue la tutela solicitada y se remita antecedentes ante el Ministerio de Justicia para un proceso disciplinario por plantear acciones de libertad faltando a la verdad; ya que, no es posible que remita el señalado cuaderno si está presentando ese recurso de apelación, generando retardo. Jhannet Gisel Huanca Condori, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimosegundo de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia manifestó que: 1) Se ratifica en lo manifestado por el Juez hoy accionado; puesto que, su Juzgado se encontraba con diferentes Jueces en suplencia legal, aspecto que fue de conocimiento de las partes procesales; 2) En el cuaderno de control jurisdiccional se evidencia que se solicitaron dos modificaciones a las medidas cautelares; 3) El 4 de diciembre de 2025, se llevó adelante la audiencia de modificación de medidas cautelares, dentro de la cual la parte accionante a través de su representante formuló recurso de apelación incidental, encontrándose dentro de plazo establecido para remitir dicho recurso ante la Sala correspondiente; puesto que, la norma les faculta veinticuatro horas; y, 4) Solicita se sancione a la “accionante” al actuar con deslealtad procesal al no informar todos los actuados que se desarrollaron dentro del mencionado cuaderno.

I.2.4. Resolución

El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Vigesimocuarto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 278/2025 de 5 de diciembre, cursante de fs. 25 a 26, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) Evidentemente el 2 de octubre de 2025, se recepcionó en la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento, la “Acusación Fiscal” en el proceso penal signado con el Número de Registro Judicial (NUREJ) 201103052402519, seguido a denuncia de la parte accionante contra Percy Alfredo Villafuerte Fernández por la presunta comisión del delito de abuso sexual; inclusive el 30 de igual mes y año, el Fiscal de Materia requirió la remisión de antecedentes al “Juzgado de Sentencia Penal”; ii) Se advierte del informe de los hoy accionados que las circunstancias fueron vinculadas a una suplencia legal del Juez ahora accionado; así como, audiencias emergentes de solicitudes de modificaciones de las medidas cautelares, las cuales fueron de conocimiento de la parte accionante, no habiendo establecido en sus argumentos que esa situación fue la que propició la necesidad de mantener el cuaderno de control jurisdiccional en el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimosegundo de la Capital de dicho departamento, y que inclusive se estaría actuando de mala fe; iii) Se presentó el oficio de remisión de obrados originales al Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimoséptimo de la Capital del indicado departamento, teniendo en el reverso el cargo con fecha de “hoy” a las 9:35 horas; y, iv) La SCP 1451/2022-S3 de 7 de noviembre, se refiere a la sustracción de materia y la inexistencia del objeto procesal; bajo ese entendimiento, en el presente caso se tiene que más allá de las circunstancias vinculadas a la realización de audiencias de modificación de medidas cautelares, la remisión de obrados originales a instancias llamadas por ley para la realización del juicio correspondiente fue cumplido el día de “hoy” -5 de diciembre de 2025-, constatando en los antecedentes concernientes a la notificación de los ahora accionados, quienes asumieron el conocimiento del reclamo en sede constitucional a las 10:17 horas, determinando que la remisión del cuaderno de control jurisdiccional fue efectuada con anterioridad a que se anoticien de la acción de libertad y tomando en cuenta el petitorio, se torna insubsistente porque los hechos reclamados como atentatorios fueron cumplidos, restituyéndose en consecuencia el presunto escenario de vulneración de derechos, no pudiéndose ejecutar la posible concesión de tutela, al no existir aspecto alguno para tutelar.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 del julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes (fs. 30 a 35); por lo que, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal Constitucional Plurinacional, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa. Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

Mediante decreto constitucional de 13 de marzo de 2026, cursante a fs. 37, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 8 de julio del citado año, cursante a fs. 41; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acusación formal presentado el 2 de octubre de 2025, ante Mario Helmer Laura Picavia Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimosegundo de la Capital del departamento de La Paz, -ahora accionado-, contra Percy Alfredo Villafuerte Fernández por la presunta comisión del delito de abuso sexual (fs. 6 a 12). II.2. Por memorial presentado el 30 de octubre de 2025, ante el Juez hoy accionado, la Fiscal de Materia solicitó la remisión de la causa, al existir resolución de acusación formal, conforme al art. 325.I del CPP, y se inicie la fase de juicio oral, público y contradictorio (fs. 13). II.3. Mediante Oficio de 5 de diciembre de 2025, se evidencia la remisión de obrados en originales de la acusación formal, ante el Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimoséptimo de la Capital del departamento de La Paz, con el cargo de recepción de la misma fecha, a las 9:35 horas (fs. 20 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica; puesto que, ante la formulación de la acusación formal contra Percy Alfredo Villafuerte Fernández, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, el 2 de octubre de 2025, no se cumplió con lo establecido por el art. 325.I del CPP, al no remitir dicha acusación en el plazo de veinticuatro horas, previo sorteo a través del Sistema Informático de Gestión de Causas por la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para el conocimiento de la Jueza, Juez o Tribunal de Sentencia para el inicio de la fase de juicio oral, público y contradictorio, encontrándose concluida la etapa preparatoria, habiendo el Juez de la causa omitido la remisión, a pesar que fue reiterada el 30 de igual mes y año. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad innovativa; b) Legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional del Órgano Judicial; c) La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico; y, d) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad innovativa

La SCP 1016/2019-S2 de 22 de noviembre, recogiendo el razonamiento realizado en la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, establece que: “…la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional.

(…)

Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: ‘Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan’” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional del Órgano Judicial

La SCP 0722/2024-S1 de 31 de diciembre, señala que: “El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0536/2020-S1 de 21 de septiembre, 0755/2020-S1 de 19 de noviembre y 0101/2021 de 27 de mayo, entre otras, mismas que describe, lo siguiente: (...) ‘…la legitimación pasiva recae sobre toda persona cuya acción u omisión se constituya en causal para la vulneración o amenaza en la integridad y eficacia de los derechos tutelados por la presente acción de defensa; más aún, si el texto constitucional deja abierta la posibilidad de dirigir la demanda inclusive contra personas particulares; por consiguiente, en virtud al principio de generalidad, la presente acción de defensa no reconocen fueros, privilegios ni inmunidades, por lo que es plenamente viable dirigir contra toda persona, indistintamente si es particular o servidor público, sea este jurisdiccional o de apoyo judicial, e incluso de orden administrativo, cual podrían ser funcionarios policiales o del régimen penitenciario, solo a manera de ejemplo’. Bajo esa línea, el extinto Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció subreglas a la legitimación pasiva en las acciones tutelares; respecto a los funcionarios de apoyo jurisdiccional o subalterno, una de esas subreglas está expresada en la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, la misma que concluyó: ‘…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial’ (citada por la SC 0332/2010-R de 17 de junio y la SCP 1007/2017-S3 de 29 de septiembre, entre otras). En ese mismo sentido, la citada SC 0332/2010-R, respecto a la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional o subalterno sostuvo que: ‘Ampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completo’. Finalmente, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, estableció que los funcionarios subalternos también pueden tener legitimación pasiva y ser codemandados, cuando: ‘…la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales precedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; (…); sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional’. De la citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla; es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: i) Incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; 2) La vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa que emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, 3) Proceden del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas son nuestras).

III.3. La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico

La SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, señala que: “La comisión de un hecho delictivo y su correspondiente denuncia o descubrimiento, constituye el germen del proceso penal, y la víctima es la persona a quien el Estado debió proteger, para impedir que en su contra se consumara el atentado al bien jurídico tutelado; de ahí, que si bien la protección de los derechos del acusado es fundamental dentro del proceso penal; empero, también es necesario precautelar los derechos de la víctima; por ello, puede dejar de abordarse el problema jurídico material que dio inicio al proceso penal, equilibrando los derechos del imputado y de la víctima, en particular, en delitos de violencia contra la mujer; en los cuales, el Estado, a través de las instancias de investigación, de acusación y de juzgamiento, tiene la obligación de actuar con la debida diligencia, en el marco de las normas constitucionales y los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos.

En ese marco, es importante desarrollar los derechos de las víctimas en un Estado Constitucional, y de manera concreta, el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y el consiguiente deber del Estado y la sociedad, de eliminar toda forma de violencia en razón de género.

III.1.1. El equilibrio entre los derechos de la víctima y del imputado en el Estado Constitucional y su análisis en las acciones de defensa

Con referencia a los derechos de las víctimas de un delito, la SC 0815/2010-R de 2 de agosto, señala que la Constitución Política del Estado vigente, asume una nueva visión de protección a las mismas; pues, si bien el Estado asume el ius puniendi -poder punitivo-, cobran importancia trascendental los derechos de la víctima; pues, conforme al art. 121 de la CPE, tiene derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. Asimismo, la indicada SC 0815/2010-R, hizo referencia a la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia Para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985. Dicha Declaración, establece los derechos de las víctimas, entre ellos, el acceso a la justicia y trato justo; según el cual: Acceso a la justicia y trato justo 4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad.

Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional.

En el marco de dicho derecho, la referida Declaración señala también que: 6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas: a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información; b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente; c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial;

d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia; e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas (…). A partir de dichas normas, la SC 0815/2010-R antes citada, concluyó que el derecho procesal penal, no solo debe operar como manifestación del poder sancionador del Estado, a favor del incriminado, sino, que debe procurar también por los derechos de la víctima, haciendo: ʽ…compatibles los intereses de ambos sujetos procesales, pues, el perjudicado con el delito no puede convertirse en una pieza suelta e ignorada por la política criminal del Estado ya que, como se ha explicado, los derechos de los sujetos procesales constituyen valores y principios reconocidos por la Constitución Política…ʼ. En la misma línea, la SC 1388/2011-R de 30 de septiembre, señala que todo hecho punible, genera una colisión entre las garantías fundamentales de la víctima, del imputado, y en último término, de la sociedad; por ello: …se requiere lograr un justo equilibrio entre los derechos constitucionales de la víctima y las garantías procesales del imputado, que naturalmente nadie niega y todos deben respetar; así encontramos entre los valores en el que se sustenta el Estado Plurinacional, el ‘equilibrio’ y ‘el bienestar común’ reconocidos por el art. 8.II de la CPE; valores éstos que forman parte del concepto ‘buen vivir’ y del modelo Boliviano de ‘Estado de Derecho del vivir bien’, asumiendo el Estado una responsabilidad fundamental. En el marco de la jurisprudencia anotada precedentemente, es evidente que en las diferentes acciones de defensa, que llegan a conocimiento de la jurisdicción constitucional, emergentes de procesos penales, no se debe pasar por alto el equilibrio que se busca entre los derechos del imputado y de la víctima; especialmente, cuando éstos se encuentran en conflicto. En ese sentido, ya sea que la acción de defensa sea presentada por la víctima o por el imputado, este Tribunal debe considerar los derechos de la otra parte dentro del proceso penal; y por ende, sus resoluciones no pueden limitarse a analizar el problema jurídico planteado en la acción de defensa de manera unilateral, sino también, examinando el contexto y los derechos en conflicto, cuando corresponda; más aún, tratándose de los casos de violencia hacia las mujeres, en los cuales, se deben aplicar los estándares internacionales e internos para la tutela de sus derechos, conforme se analizará en el siguiente fundamento.

III.1.2. El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género

La magnitud de la violencia contra las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a la víctima, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural, resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales, donde predominó y continúa predominando una visión patriarcal; es decir, la posición subordinada de la mujer respecto del varón, se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica; ya que en el caso de la mujer, no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia; puesto que, su situación no es asimilable a otros sectores poblaciones, que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad. Ahora bien, la violencia de género, se presenta como un reflejo de esta situación de desigualdad, basada en la distribución de roles sociales que fueron transcendiendo históricamente; lo cual, engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico o personal en el que ocurre el hecho de violencia, comprende aquella que la mujer sufre en el ámbito doméstico o familiar. Ello, nos demuestra que la violencia hacia las mujeres, y en particular, la violencia en el seno familiar, no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la trascendencia y connotación social que adquirió, como una violación a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades, y que el Estado no puede desatender. Estos aspectos fueron visibilizados en la comunidad internacional; así, la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, establece: ʽ…la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos…ʹ. Asimismo, señala que esta clase de violencia:

…constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto de hombre. Esta Declaración, entiende por violencia contra la mujer, a todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Así los Estados Partes; por una lado, deben identificar los actos que constituyen violencia y su carácter vulnerador de los derechos humanos; y por otro, su procedencia específica de las pautas culturales, en concreto, de la visión patriarcal, que atribuye diferentes características y roles a mujeres y varones, ubicándolos en una jerarquía distinta, en la que el varón ostenta un lugar superior, mientras se perpetúa la condición inferior que se le atribuye a la mujer en la familia, el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad. Estos elementos fueron evidentes para el constituyente boliviano, incidiendo en el reconocimiento de derechos; de modo tal, que la Constitución Política del Estado, contienen en su catálogo de derechos fundamentales, específicamente en el art. 15, la disposición que señala: I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual (…)

II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad;

III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (…) tanto en el ámbito público como privado (…). El reconocimiento de los derechos a la integridad física, psicológica y sexual; y, a una vida digna, no podría adquirir efectividad en un escenario de violencia; razón por la que, se requiere del Estado, acciones positivas -medidas legislativas, administrativas, entre otras-, que atenúen esta situación, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de los mismos.

Ahora bien, una de las pautas que guían a la justicia constitucional, es el principio de interpretación conforme a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos; por el cual, las normas internas deben ser interpretadas sobre la base no solo del texto constitucional, sino también, de las disposiciones normativas consignadas en los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, a partir de lo dispuesto en los arts. 13 y 256 de la CPE y a la aplicación preferente de los Tratados Internacionales en Derechos Humanos, siempre que el reconocimiento o interpretación que derive de éstos, contenga un estándar de protección más favorable al derecho en cuestión. En ese marco, a continuación se anotarán algunos de los estándares más importantes, aplicables al caso, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y las obligaciones que genera para el Estado: i) Debida diligencia: El Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), supervisa el cumplimiento de las normas contenidas en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la cual, se constituye en el instrumento jurídico internacional del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, que significó un importante avance en el reconocimiento de la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres. El CEDAW, emitió la Recomendación General 19 de 29 de enero de 1992 -sobre La Violencia Contra la Mujer-; la cual, afirma que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación, que impide gravemente que ésta, goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre; y que dicha violencia, conlleva responsabilidad estatal, no solamente por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres, y cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. El mismo CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el Acceso de las Mujeres a la Justicia, encomendó a los Estados a ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar. Por su parte, en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), en su art. 7, establece, entre otras, las obligaciones de los Estados de: b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (…). Asimismo, el Estado boliviano al ratificar la Convención de Belém do Pará, mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994; por ende, asume la norma de la debida diligencia; en ese sentido, la violencia hacia la mujer es un asunto que compromete y responsabiliza al mismo, que está obligado a realizar acciones -legislativas, administrativas y judiciales- para prevenir, intervenir, erradicar y sancionar los diferentes tipos de violencia ejercidos contra la mujer, entre ellos, la violencia en la familia. Para ello y como punto de partida, se dejó atrás aquella postura pasiva, en la cual, se sostenía que por principio, todas las cuestiones relativas a la familia formaban parte de la esfera privada de sus integrantes, y por lo tanto, estaban exentas de toda intromisión estatal. En Bolivia, esta problemática inicialmente fue abordada desde la perspectiva privada, a partir de la promulgación de la Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica -Ley 1674 de 15 de diciembre de 1995-. Posteriormente, a través de la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, dada la gravedad e intensidad de la violencia contra la mujer, se visibiliza a la misma como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad, la erradicación de la violencia hacia las mujeres, en el marco de lo dispuesto en su art. 3.I, que tiene el siguiente texto: ʽEl Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de géneroʼ.

La declaratoria de prioridad nacional, implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348 que acoge el contenido de las disposiciones internacionales, define como tareas específicas coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres, tanto en el nivel central como con las entidades territoriales autónomas (ETA). Rompiendo progresivamente las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones, que revelan sesgos de género, que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad. ii) Protección a las víctimas: El CEDAW, en la referida

Recomendación General 19, señala que los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de agresión contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protección y apoyo a las víctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos, para que apliquen la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer . Por otra parte, la Convención de Belém do Pará, en el art. 7.d. y f. establece que los Estados tienen el deber de: d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; (…) f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; (…). iii) Sensibilidad de la justicia por temas de género -perspectiva de género-: El mencionado CEDAW, en la citada Recomendación General 33, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; asimismo, hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia; y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso. En el mismo sentido, la Convención de Belém do Pará, en su art. 8, establece que los Estados Partes deben adoptar, entre otras, medidas específicas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, para contrarrestar prejuicios, costumbres y todo tipo de prácticas, que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer, que legitimizan o exacerban la violencia contra la misma; así, como para fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal, a cuyo cargo esté la concreción de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer. En el marco de lo anotado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Gonzáles y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, en la Sentencia de 16 de noviembre de 2009, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, estableció que debían removerse todos los obstáculos de jure o de facto -de derecho y hecho- que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales; además, que debía incluirse una perspectiva de género en la investigación. Por ende, en los procesos penales, la perspectiva de género debe ser adoptada desde el inicio de la etapa preparatoria, tanto en el control jurisdiccional como en la fase de la investigación. iv) Reparación integral a la víctima: El CEDAW, también recomienda a los Estados Partes, establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos; atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos, que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Por su parte, la Convención de Belém do Pará, señala en su art. 7.g, la obligación para los Estados de establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia, tenga acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. Por tanto, la protección que otorgan los Estados, a través de este instrumento internacional, se extiende a los distintos momentos en los que se identifiquen indicios de violencia que afecta el ejercicio de los derechos de las mujeres, pero va más allá, ya que la simple sanción al agresor no resulta suficiente; pues lo que se busca, es la reparación y compensación justa del daño causado, superando la naturaleza sancionadora del hecho de violencia, encaminándose hacia un enfoque integral para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. Todo lo cual, representa la obligación de los Estados de adecuar sus estructuras orgánicas, procesos y procedimientos; y, de armonizarlos con la Convención de Belém do Pará; lo cual, aconteció con la Ley 348 en el caso boliviano, conforme se analizará en el punto siguiente.

III.1.3. Las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género

Los estándares anotados en el anterior Fundamento Jurídico, deben guiar la actuación de las y los servidores públicos de las diferentes instituciones y órganos del Estado, siendo necesario resaltar al estándar de la debida diligencia; pues, se generaron normas de desarrollo internas, contenidas en la Ley 348, que deben ser aplicadas de manera exclusiva en los procesos judiciales -en especial penales- y administrativos, por violencia en razón de género. (…) Por otra parte, en el Título V sobre Legislación Penal, en el Capítulo III, específicamente en el art. 86 de la Ley 348, se establecen los principios procesales que deben regir los hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que: ARTÍCULO 86. (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales: 1. Gratuidad. Las mujeres en situación de violencia estarán exentas del pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortes, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones públicas. 2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento. (…) En el mismo Capítulo III -del referido Título V-, respecto a las directrices de procedimiento, en el art. 87.4 de la referida Ley 348, se dispone que en todos los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos (IOC), se aplicarán, entre otras, la siguiente directriz: “Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres”. Esta obligación se complementa con lo previsto en el art. 90 de la Ley 348, que determina que todos los delitos contemplados en el referido cuerpo normativo, son de acción pública; de ahí, el deber no solo de perseguir de oficio, sino también, de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de los hechos de violencia hacia las mujeres; obligación, que se refuerza con lo previsto por el art. 94 de dicha Ley 348, que con el nombre de Responsabilidad del Ministerio Público, señala que: (…) De lo anotado, se concluye que en el marco de los estándares internacionales e internos de protección a las mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la misma, la prohibición de revictimización y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima. Además, cabe señalar, que en la adopción de medidas cautelares, se debe privilegiar la protección y seguridad de la mujer durante la investigación; entendimiento que ya fue plasmado en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, que al momento de establecer los criterios de peligro para la víctima, contenidos en el art. 234.10 del CPP, señaló en su Fundamento Jurídico III.2, que: a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante” (las negrillas son nuestras).

III.4. Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica; puesto que, ante la formulación de la acusación formal contra Percy Alfredo Villafuerte Fernández, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, el 2 de octubre de 2025, no se cumplió con lo establecido por el art. 325.I del CPP, al no remitir dicha acusación en el plazo de veinticuatro horas, previo sorteo a través del Sistema Informático de Gestión de Causas por la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para el conocimiento de la Jueza, Juez o Tribunal de Sentencia para el inicio de la fase de juicio oral, público y contradictorio, encontrándose concluida la etapa preparatoria, habiendo el Juez de la causa omitido la remisión, a pesar que fue reiterada el 30 de igual mes y año. Ahora bien, establecido el problema jurídico planteado, de la revisión de antecedentes se advierte que el 2 de octubre de 2025, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de PP en representación sin mandato de su hija menor de edad AA -accionante-, contra Percy Alfredo Villafuerte Fernández por la presunta comisión del delito de abuso sexual; la Fiscal de Materia presentó acusación formal contra el nombrado, solicitando la remisión para sorteo con la finalidad de realizar el juicio oral, público y contradictorio (Conclusión II.1.). Por otra parte, el 30 de igual mes y año, la referida Fiscal de Materia pidió la remisión de la causa para el inicio de dicho juicio oral, en cumplimiento del art. 325.I del CPP (Conclusión II.2.).

En ese sentido, de los antecedentes descritos previamente, se tiene que, conforme con lo previsto por el art. 325.I del CPP, el Juez ahora accionado contaba con el plazo de veinticuatro horas para la remisión de la causa, previo sorteo a través del Sistema Informático de Gestión de Causas por la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ante la Jueza, Juez o Tribunal de Sentencia, bajo responsabilidad; sin embargo, en incumplimiento a lo mencionado, la remisión de los antecedentes recién fue efectivizada el 5 de diciembre de 2025 (Conclusión II.3.), sobrepasando el plazo previsto para tal efecto e impidiendo que se efectúe el juicio oral, público y contradictorio. Asimismo, del Informe efectuado en audiencia, por el Juez ahora accionado en esta acción tutelar, el cual no fue refutado por la parte accionante, se advierte que justificó la demora al no contar con personal y encontrarse con baja médica en octubre de 2025, inclusive hasta el 24 de noviembre de igual año; así como dos solicitudes de modificación de medidas cautelares, la primera rechazada y declarada infundada y la segunda concedida en parte, encontrándose la resolución arrimada al cuaderno de control jurisdiccional; la parte accionante formuló recurso de apelación incidental; no obstante, dicho Juez no respaldó documentalmente sus alegaciones; en ese contexto, de igual forma la Secretaria hoy coaccionada, informó que se encontraban con suplencias legales y que se encontraría dentro de plazo para remitir el legajo del recurso de apelación incidental. Ahora bien, es necesario aclarar que la labor administrativa de la remisión de los antecedentes frente a la interposición de la acusación formal no es de exclusividad del Juez de la causa; empero, es preciso recordar que el referido Juez tiene bajo su dirección y supervisión a los funcionarios de apoyo jurisdiccional del Juzgado del cual se encuentra a cargo; por ello, tiene la obligación de impartir instrucciones a ese personal; además, de realizar el respectivo seguimiento y control a las órdenes emitidas, procurando valerse de todos los medios posibles para que estas sean cumplidas, caso contrario, asume responsabilidad conjuntamente con su personal ante la denuncia de vulneración de derechos y garantías constitucionales, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Por lo expuesto, resulta evidente que el Juez y Secretaria hoy accionados, incurrieron en la vulneración al debido proceso, respecto a su actuación en la dilación al no remitir el cuaderno de control jurisdiccional, en el plazo de veinticuatro horas, una vez que se presentó la acusación formal, conforme determina el art. 325.I del CPP, teniendo inclusive la posibilidad de tramitar las solicitudes de modificación de las medidas cautelares, hasta que la causa sea radicada ante el Juez o Tribunal de Sentencia Penal, actuado con el cual recién perdería competencia (SCP 0705/2021-S1 de 24 de noviembre), en mérito a ello; si bien afirman el Juez y la Secretaria ahora accionados, el primero se encontraba con baja médica hasta el 24 de noviembre de 2025 y la segunda fue recientemente nombrada -sin especificar la fecha-; una vez, en funciones tenían el deber de revisar las causas pendientes, en el caso de la Secretaria hoy coaccionada es su obligación conforme determina el art. 14 y 94.I.1 de la LOJ, verificar los expedientes, clasificarlos verificando el estado actual del proceso penal, o en su caso realizar representación e informar sobre el estado de las causas y pasar a despacho para su respectivo decreto o resolución; y el Juez tiene el deber no sólo de controlar a su personal, sino de obrar con la celeridad correspondiente y tramitarlas conforme a norma; lo que no ocurrió en el presente caso; puesto que, la causa ya contaba con acusación y correspondía su remisión para su atención, no siendo óbice la formulación de solicitudes de modificación de las medidas cautelares, o de encontrarse en suplencia legal del Juez o el reciente nombramiento de la Secretaria; ya que, una vez en funciones tanto el Juez como la Secretaria hoy accionados debieron proceder a revisar los cuadernos de control jurisdiccional pendientes y dar la celeridad correspondiente a cada uno de ellos; puesto que, se indicó que ya existía el decreto de remisión -sin especificar la fecha-. Concluyéndose de esa manera que los ahora accionados al no obrar con la atención, responsabilidad, celeridad y la debida diligencia, vulneraron el debido proceso; más aun, si se trata de una víctima mujer menor de edad; por lo que, debe otorgarse a las víctimas un trato diferenciado, lo que en el caso concreto no ocurrió, por el contrario, se demoró más de dos meses en la remisión correspondiente, lo que imposibilitó que se desenvuelva el proceso penal en el menor tiempo posible, correspondiendo hacer hincapié al Juez hoy accionado, que al emerger esta acción de libertad en el referido proceso por la presunta comisión del delito de abuso sexual, contra una mujer menor de edad, como servidor público del Estado debe otorgar a la víctima protección reforzada y con la debida diligencia en la investigación y sanción del hecho ilícito, conforme se tiene establecido en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional. Finalmente, con relación a la remisión del cuaderno de control jurisdiccional, para sorteo a través del Sistema Informático de Gestión de Causas por la Oficina Gestora de Procesos para el conocimiento de la Jueza, Juez o Tribunal de Sentencia para el inicio de la fase de juicio oral, público y contradictorio, se tiene que el mismo fue remitido el 5 de diciembre de 2025, a las 9:35 horas, ante el Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la mujer Decimoséptimo de la Capital del departamento de La Paz, conforme se advierte en la fotocopia simple del Oficio de misma fecha (Conclusión II.3.); en consecuencia, se puede deducir que la remisión ahora reclamada fue realizada antes de la notificación de esta acción de libertad a las 10:17 horas (fs. 15 y 16); sin embargo, lo mencionado no desvirtúa que existió un incumplimiento de lo establecido por el art. 325.I del CPP; que se desconoció que la víctima de violencia sexual, accionante, es una mujer menor de edad; por lo que, el caso requería celeridad en su tramitación al tener una protección reforzada; y, que la organización interna del Órgano Judicial no puede perjudicar a las partes; en ese sentido, si bien puede considerarse que el Juez hoy accionado se encontraba con baja médica hasta el 24 de noviembre de 2025, una vez reincorporado a sus funciones omitió cumplir con la remisión inmediata de la acusación formal, presentada el 2 de octubre de igual año, manteniendo el cuaderno de control jurisdiccional hasta el 5 de diciembre del mismo año; dicha omisión permitió al imputado continuar con la presentación de solicitudes de modificación de medidas cautelares hasta el 4 del referido mes y año; situación que evidencia que la falta de remisión mantuvo artificialmente la competencia del juzgado provocando inseguridad jurídica; por consiguiente, corresponde aplicar el entendimiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional y conceder la tutela solicitada, en la modalidad de acción de libertad innovativa, cuya finalidad es evitar que en lo futuro se reiteren dichas conductas u omisiones vulneratorias y dilatorias que afectan el derecho al debido proceso; más aun, con víctimas mujeres y menores de edad; exhortándose al Juez ahora accionado a que ejerza un mejor control al personal de apoyo jurisdiccional que se encuentra a su cargo y que no vuelva a incurrir en dilaciones indebidas que impidan tramitar y resolver los procesos que cuenten con acusación formal, así como a la Secretaria hoy coaccionada, para el cumplimiento, seguimiento y control de expedientes, remitiendo en forma oportuna los mismos. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 278/2025 de 5 de diciembre, cursante de fs. 25 a 26, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Vigesimocuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, respecto al debido proceso al evidenciarse la dilación indebida que vulneró; asimismo, la seguridad jurídica, correspondiendo aplicar la modalidad de acción de libertad innovativa, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Exhortar al Juez y Secretaria ambos del Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimosegundo de la Capital del departamento de La Paz, para que en lo sucesivo obren de acuerdo al mandato de las normas y se abstengan de incurrir en dilación indebida en la remisión de obrados cuando se presente una acusación formal, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1104_2026-S1.pdf · páginas 1 a 23.

Huella digital del PDF (SHA-256): 079abf92afe4efd6e5fac8f084403b6c07e973e30be187338adb7adef8402a62

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