Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 9 de julio de 2026
Concede la tutela
Los accionantes a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos a la defensa y a la doble instancia y a los principios de celeridad y seguridad jurídica; puesto que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra sus personas y “otros”, por la presunta comisión de los delitos de secuestro, privación de libertad, robo agravado, lesiones graves y leves, organización criminal, asociación delictuosa y atentado contra los miembros de Organismos de Seguridad del Estado; por lo cual, en audiencia de medidas cautelares de 1 de agosto de 2023, la Jueza ahora accionada dispuso la detención preventiva de ambos; la misma, fue objeto de recurso de apelación incidental, presentado el 4 de igual mes y año; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, no se remitieron los antecedentes al Tribunal de alzada. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; b) La acción de libertad innovativa; y, c) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 30/2023 de 19 de septiembre, cursante de fs. 30 a 31, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con respecto a los derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos a la defensa y a la doble instancia y a los principios de celeridad y seguridad jurídica, en las modalidades de acción de libertad traslativa o de pronto despacho e innovativa; no siendo necesario disponer medida alguna; ya que, se procedió a la remisión del legajo del recurso de apelación incidental, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. 2° Exhortar al Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por no haber adjuntado al cuaderno procesal de la presente acción tutelar el informe presentado por Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza y Cristian Mauricio Orellana Rojas, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Decimotercero de la Capital del referido departamento, exhortándoles que en lo venidero tomen la previsión de adjuntar documentación pertinente. 3° Llamar la atención a Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza y Cristian Mauricio Orellana Rojas, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Decimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, por la dilación incurrida contraria al orden constitucional, exhortándoles a que en el futuro cumplan con lo establecido por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal;
conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1088/2026-S1 Sucre, 9 de julio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 59147-2023-119-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 30/2023 de “30” -19- de septiembre, cursante de fs. 30 a 31, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Alberto Sánchez Coronado en representación sin mandato de Christian Marcelo Latorre Long y Lucas Nahuel Casavieja Guerra contra Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza y Cristian Mauricio Orellana Rojas, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Decimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Los accionantes a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 18 de septiembre de 2023, cursante de fs. 14 a 18 vta., manifestaron lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Christian Marcelo Latorre Long, Lucas Nahuel Casavieja Guerra -accionantes- y “otros”, por la presunta comisión de los delitos de secuestro, privación de libertad, robo agravado, lesiones graves y leves, organización criminal, asociación delictuosa y atentado contra los miembros de Organismos de Seguridad del Estado, previstos y sancionados por los arts. 132, 132 bis, 141 catorceter, 271, 292, 332 y 334 del Código Penal (CP), en audiencia de medidas cautelares de 1 de agosto de 2023, la Jueza ahora accionada dispuso la detención preventiva de ambos; la misma, fue objeto de recurso de apelación incidental, presentado el 4 de igual mes y año; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, no se remitieron los antecedentes al Tribunal de alzada, habiendo transcurrido más de cuarenta y cinco días desde la celebración de la citada audiencia, a pesar de que se otorgaron los recaudos necesarios para efectivizar el envío.
Los accionantes a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos a la defensa y a la doble instancia y a los principios de celeridad y seguridad jurídica; citando al efecto el art. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitan se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que de forma inmediata procedan a la remisión del recurso de apelación incidental a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Celebrada la audiencia pública el 19 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 29 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su representante sin mandato, en audiencia ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad.
Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza y Cristian Mauricio Orellana Rojas, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Decimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe -sin fecha, no cursante en obrados y leído en audiencia-, manifestaron que, los antecedentes del recurso de apelación incidental fueron remitidos a la Penal Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento, para la sustanciación del mismo.
El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 30/2023 de 19 de septiembre, cursante de fs. 30 a 31, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: Tomando en cuenta que la finalidad, de la acción de libertad se encontraba cumplida; puesto que, el legajo del recurso de apelación incidental ya fue remitido al Tribunal de alzada; citando la SCP 0744/2020-S3 de 29 de junio, fundamento que en el caso en concreto operaba la sustracción de objeto procesal o pérdida del objeto procesal; considerando que, tenía la certeza de que el motivo por el cual plantearon la acción tutelar ya fue cumplida.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Por decreto constitucional de 6 de abril de 2026, cursante a fs. 35, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 8 de julio de 2026, cursante a fs. 39; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 4 de agosto de 2023, ante Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza de Instrucción Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy accionada-, Christian Marcelo Latorre Long y Lucas Nahuel Casavieja Guerra -ahora accionantes-formularon recurso de apelación incidental de medidas cautelares contra la Resolución de 1 igual mes y año, solicitando la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada (fs. 2 y vta.). II.2. Cursa Nota con Cite: TDJ-SC/JICP13/CMOR/ 1145/2023, presentada el 19 de septiembre, ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; en la cual, la Jueza hoy accionada, señaló que a “fs. (529)”, remite en legajo del recurso de apelación incidental del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los accionantes y “otros”, signado con el Código Único de Denuncia (CUD) 701102012305550 (fs. 26 y vta.).
Los accionantes a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos a la defensa y a la doble instancia y a los principios de celeridad y seguridad jurídica; puesto que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra sus personas y “otros”, por la presunta comisión de los delitos de secuestro, privación de libertad, robo agravado, lesiones graves y leves, organización criminal, asociación delictuosa y atentado contra los miembros de Organismos de Seguridad del Estado; por lo cual, en audiencia de medidas cautelares de 1 de agosto de 2023, la Jueza ahora accionada dispuso la detención preventiva de ambos; la misma, fue objeto de recurso de apelación incidental, presentado el 4 de igual mes y año; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, no se remitieron los antecedentes al Tribunal de alzada. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; b) La acción de libertad innovativa; y, c) Análisis del caso concreto.
La SCP 0698/2025-S1 de 24 de junio, citando a la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, establece que: “La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio-con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad” (las negrillas son nuestras).
La SCP 1659/2025-S1 de 31 de diciembre, citando a la SCP 1137/2025-S1 de 10 de septiembre, señala que: “…la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional.
(…)
Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.
Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: ‘Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan’” (las negrillas nos pertenecen).
Los accionantes a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos a la defensa y a la doble instancia y a los principios de celeridad y seguridad jurídica; puesto que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los accionantes y “otros”, por la presunta comisión de los delitos de secuestro, privación de libertad, robo agravado, lesiones graves y leves, organización criminal, asociación delictuosa y atentado contra los miembros de Organismos de Seguridad del Estado penal; por lo cual, en audiencia de medidas cautelares de 1 de agosto de 2023, la Jueza hoy accionada dispuso la detención preventiva de ambos; la misma, fue objeto de recurso de apelación incidental, presentado el 4 de igual mes y año; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, no se remitieron los antecedentes al Tribunal de alzada.
Ahora bien, de la revisión de los antecedentes, se tiene acreditado que, mediante memorial presentado el 4 de agosto de 2023, ante la Jueza ahora accionada, los accionantes formularon recurso de apelación incidental de medidas cautelares contra la Resolución de 1 de igual mes y año, solicitando la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada (Conclusión II.1.), petición que no fue atendida hasta la presentación de la presente acción de libertad; Sin embargo, en audiencia de garantías, mediante la lectura de informe escrito remitido por los hoy accionados, se dio a conocer que dichos antecedentes ya fueron enviados a la instancia superior, aspecto que se encuentra corroborado por la Nota con Cite: TDJ-SC/JICP13/CMOR/ 1145/2023, con referencia “REMISIÓN DE EXPEDIENTE EN COPIA LEGALIZADAS EN GRADO DE APELACIÓN INCIDENTAL CONTRA EL AUTO Nº 822/2023” (sic [Conclusión II.2.]). En ese entendido, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho tiene por finalidad tutelar el derecho a la libertad física frente a dilaciones indebidas en la tramitación o atención de solicitudes que incidan en la situación jurídica de personas privadas de libertad; estableciendo que, toda autoridad que conozca una petición vinculada con el referido derecho, tiene el deber de tramitarla y comunicarla con la mayor celeridad posible. Asimismo, de acuerdo al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad en su modalidad innovativa permite a la jurisdicción constitucional emitir un pronunciamiento aun cuando la actuación cuestionada fue formalmente cumplida, donde se advierta la existencia de irregularidades que a pesar de haber cesado, resultan contrarias al orden constitucional, con la finalidad de evitar su reiteración en el futuro. En el caso concreto, si bien consta la remisión del legajo del recurso de apelación incidental a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; empero, la misma fue remitida después de ser interpuesta la presente acción tutelar, inclusive posterior a la citación de los ahora accionados. En ese sentido; no obstante, que la acción u omisión cometida por los nombrados ya cesó o fue superada por haberse remitido el mencionado legajo de apelación al superior en grado, debe tenerse presente el tiempo transcurrido entre la presentación del recurso y la fecha de su remisión; puesto que, por memorial presentado el 4 de agosto de 2023, los accionantes formularon recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 823/2023 de 2 de agosto, de medidas cautelares, emitido por la Jueza hoy accionada, quien mediante Oficio presentado el 19 de septiembre de 2023 -según cargo de recepción-, remitió ante el Tribunal de alzada, el nombrado legajo de apelación. De tales antecedentes, se puede establecer que, desde la celebración de la audiencia de 1 de agosto de similar año y posterior emisión del señalado Auto Interlocutorio, hasta la remisión del referido legajo ante el superior en grado, transcurrieron más de treinta días hábiles, desconociendo con ello lo previsto por el art. 251 del Código del Procedimiento Penal (CPP), el cual establece que, una vez planteado el recurso de apelación incidental, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal de alzada en el término de veinticuatro horas, bajo responsabilidad. Por lo cual esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, siguiendo lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, advertido del retardo injustificado, no puede convalidar la señalada vulneración a derechos fundamentales; por cuanto, la finalidad de la presente acción tutelar, no es solamente la de disponer la finalización del hecho lesivo, sino también exhortar a los funcionarios judiciales a evitar conductas que conlleven una dilación indebida. De igual manera, se debe señalar que si bien la responsabilidad de remisión le corresponde al Secretario hoy coaccionado, la Jueza ahora accionada asume dirección del manejo y actuaciones de su despacho.
Conforme lo expuesto, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional advierte que, a pesar que los ahora accionados, remitieron el legajo del recurso de apelación incidental, la dilación indebida provocada por los mismos, incidió en el ejercicio efectivo de sus derechos al debido proceso y el acceso a una doble instancia. En ese sentido, se evidencia un actuar incompatible con el deber de celeridad exigible en actuaciones vinculadas a la libertad personal; por lo cual, corresponde conceder la tutela solicitada en las modalidades de acción de libertad traslativa o de pronto despacho e innovativa. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 30/2023 de 19 de septiembre, cursante de fs. 30 a 31, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con respecto a los derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos a la defensa y a la doble instancia y a los principios de celeridad y seguridad jurídica, en las modalidades de acción de libertad traslativa o de pronto despacho e innovativa; no siendo necesario disponer medida alguna; ya que, se procedió a la remisión del legajo del recurso de apelación incidental, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. 2° Exhortar al Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por no haber adjuntado al cuaderno procesal de la presente acción tutelar el informe presentado por Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza y Cristian Mauricio Orellana Rojas, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Decimotercero de la Capital del referido departamento, exhortándoles que en lo venidero tomen la previsión de adjuntar documentación pertinente. 3° Llamar la atención a Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza y Cristian Mauricio Orellana Rojas, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Decimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, por la dilación incurrida contraria al orden constitucional, exhortándoles a que en el futuro cumplan con lo establecido por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal;
conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1088_2026-S1.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 0e02d3d07fefada4f37c2e318ceca1500cbef698f70f59e017077227c01981c4
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