B.IA.LEGAL

SCP 1087/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 4 de septiembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
4 de septiembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
54782-2023-110-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad vinculado con la celeridad; toda vez que, habiéndose dispuesto, Resolución de Sobreseimiento en su favor, ratificado por la autoridad jerárquica, y habiendo cumplido por parte del Fiscal de Materia la causa las observaciones descritas en el proveído de 25 de noviembre de 2022, solicitó señalamiento de audiencia de modificación de medidas cautelares personales, sin que ésta sea programada hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar; por lo que, solicita se conceda la tutela ordenando a la autoridad demandada, que en el plazo de veinticuatro horas señale la audiencia, dado que se encuentra con detención domiciliaria. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; b) El principio de celeridad; y, c) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:

CONFIRMAR la Resolución 08 de 28 de marzo de 2023, cursante de fs. 18 a 20 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  2. III.2. El principio de celeridad
  3. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1087/2025-S1 Sucre, 4 de septiembre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 54782-2023-110-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 08 de 28 de marzo de 2023, cursante de fs. 18 a 20 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Raúl Cabezas Pantoja contra Primo Felipe Flores Rodríguez, Juez de Instrucción Anticorrupción Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 28 de febrero de 2023, cursante de fs. 3 a 6, el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de uso indebido de influencias -previsto en el art. 146 del Código Penal (CP)-, con Código NUREJ 701102012202523, se encuentra cumpliendo la medida cautelar personal de detención domiciliaria. Refiere que el 25 de noviembre de 2022, Alexander Mendoza Santeyana, Fiscal de Materia, pronunció en su favor la resolución de sobreseimiento, y posteriormente el 9 de febrero de 2023, la misma autoridad hizo conocer al Juez ahora demandado la Resolución Fiscal Departamental RRMM 222/2022 de 27 de diciembre, por el cual, ratificó el sobreseimiento a su favor. Mediante memorial de “16 de febrero”, el Fiscal de Materia cumplió con lo observado en el decreto de 25 de noviembre de 2022, emitido por el Juez demandado, en presentar las notificaciones extrañadas, haciendo referencia que en el proceso penal no existe parte denunciante ni víctima; luego, el 24 de febrero de 2023, solicitó mediante memorial señale fecha y hora de audiencia de levantamiento de medidas cautelares personales por el sobreseimiento ratificado, archivo de obrados y cancelación de antecedentes penales, sin tener resultado hasta la presentación de la acción tutelar.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

El peticionante de tutela considera lesionado su derecho a la libertad vinculado con la celeridad, citando el efecto el art. 125 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, “señale fecha y hora de audiencia de levantamiento de medidas cautelares por sobreseimiento ratificado, archivo de obrados y cancelación de antecedentes penales, dentro del plazo de 24 horas...”(sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 28 de marzo de 2023, conforme consta en el acta cursante de fs. 17 a 18, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado se ratificó en el contenido de su demanda tutelar y añadió que: a) Dentro del proceso de investigación se ha dispuesto la detención domiciliaria, luego fue beneficiado con el sobreseimiento, siendo notificado a los sujetos procesales y posteriormente es ratificado por el Fiscal Departamental, lo que constituye calidad de cosa juzgada formal y material que hace que se encuentre librado de los cargos que inicialmente se le imputaron, eso implica que a partir del conocimiento del sobreseimiento y ratificación por parte de la autoridad jurisdiccional, se ha presentado una solicitud para que se levanten las medidas que fueron dispuestas al momento de la tramitación de la causa, pero la autoridad jurisdiccional ahora demandada exige requisitos no establecidos en la ley, siendo el primer punto vulneratorio de derechos y garantías constitucionales; b) Al existir el sobreseimiento y su ratificación, este tipo de resolución tiene los mismos efectos que una sentencia absolutoria, en ese entendido el Juez empieza a vulnerar sus derechos, bajo el argumento de que solicita las notificaciones a la víctima con la resolución de sobreseimiento, ignorando que el proceso se abrió de oficio, que a pesar de esta insulsa solicitud, el Fiscal y el Director funcional de la investigación le hacen conocer que se han diligenciado todas las notificaciones y que no existe que nadie puede impugnar el sobreseimiento y éste pueda ser modificado por cualquier otra resolución fiscal; c) Este proceso se inició de oficio por cuatro veces, se ha solicitado levantamiento de las medidas cautelares, porque existe una restricción de su libertad por no aceptar el levantamiento de dicho arresto domiciliario, lo que estaría vulnerando un derecho fundamental descrito en el art. 125 de la CPE, esto hace ante un indebido procesamiento, porque el juez está dando un tratamiento al margen de la ley; d) El Juez demandado debe tomar conocimiento que ha sido ratificado el sobreseimiento y sin formalidad, disponer el cese de las medidas ordenadas, pero estamos ante un indebido procesamiento y privación de libertad de locomoción, con la negativa de cesar dicha medida cautelar; e) Habiendo escuchado el informe del referido Juez de que existe sustracción de materia, inclusive pretende señalar audiencia para su consideración, cuando en la especie no corresponde, toda vez que es el cumplimiento de una resolución de sobreseimiento, es decir que continua el acto vulneratorio por lo que amplía la acción de libertad en efecto correctivo, para que no solo disponga en la vía traslativa o de pronto despacho, que se pronuncie dicha autoridad judicial por la importancia del derecho de locomoción y debido procesamiento, que sea en el plazo de veinticuatro horas a efecto de que cese el acto ilegal y se prepare disponiendo el levantamiento de las medidas de arresto domiciliario, toda vez que existe cosa juzgada formal y material, que la investigación ha determinado un sobreseimiento y que éste ha sido ratificado por la autoridad jerárquica del Ministerio Público, ya que los derechos vulnerados consagrados en el art. 23 de la CPE, establece que la libertad solo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley; y f) En este caso la libertad sigue siendo restringida, bajo un argumento al margen de la ley por parte de la autoridad jurisdiccional, lo que constituye un indebido procesamiento que se mantenga bajo arresto domiciliario, cuando ha sido sobreseído, por lo que pide que conceda la tutela y disponga que el Juez ahora demandado en el plazo máximo de veinticuatro horas emita resolución jurisdiccional que corresponda, pronunciándose sobre la solicitud de levantamiento de medida cautelar entre ella el arresto domiciliario, toda vez que el mismo es ilegal al existir sobreseimiento ratificado por el Fiscal Departamental.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Primo Felipe Flores Rodríguez, Juez de Instrucción Anticorrupción Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito cursante a fs. 16, informó lo siguiente: 1) Dentro del presente caso, es evidente que el accionante está faltando a la verdad, porque el memorial presentado por la parte accionante en este caso ha sido recepcionada por la Auxiliar del juzgado en fecha 27 de febrero del año en curso, a horas 12:00 pm., habiendo ingresado a despacho el mismo día y ha sido resuelto en la misma fecha como se puede evidenciar en el SIREJ, también enfatizar que el presente caso se tramita mediante el expediente digital, como lo dispone la nueva política del Tribunal Supremo de Justicia, conforme a la disposición transitoria novena de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, -Ley 1173 de 8 de mayo de 2019-, el cual pone en vigencia el Instructivo 29/2020, el cual conmina a las partes de verificar mediante el sistema todos los actuados procesales; 2) De acuerdo a lo expuesto es evidente que el pedido del accionante ha sido resuelto, y conforme dispone la SCP 0744/2015-S3 de 29 de junio, establece que la sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal deviene por la desaparición de los supuestos facticos que motivaron su activación porque la violación o amenaza, de violación del derecho ceso. Corresponde negar la presente acción de liberta, peor aún que el accionante menciona que este recurso es de pronto despacho, que quiere decir, que sus autoridades ordenen se resuelva su pedido, el mismo que está resuelto con anterioridad a la presentación o interposición de la presente acción de libertad, más por falta de manejo del sistema es que éste ha optado por recurrir mediante la presente acción de libertad; y, 3) Solicita se deniegue la tutela, siendo que en este caso el accionante no se encuentra privado de libertad, menos aún está en riesgo su vida y peor aún no está indebidamente procesado.

I.2.3. Resolución

La Sala Penal Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 08 de 28 de marzo de 2023, cursante de fs. 18 a 20, denegó la tutela solicitada, conforme a los siguientes fundamentos: i) Conforme a los datos del proceso se tiene el requerimiento fiscal de sobreseimiento de fecha 24 de noviembre de 2022, en el que el Fiscal de Materia refiere que en el presente resolución analizada de forma amplia y detallada, los elementos indiciarios producto de los actos investigativos, valorada y contestada la misma conforme a la regla de sana crítica, el citado fiscal determina que los elementos de prueba son insuficientes para fundar un acusación, consecuentemente y en aplicación al art. 323.3 y 324 del CPP, por argumentos estructurales, de forma y contenido expuesto en pleno uso específico de nuestras funciones y atribuciones conferidas resuelve el sobreseimiento a favor de Raul Cabezas Pantoja, y señala en su última parte a los fines de establecer el art. 163.4 del señalado Código, notifíquese a las partes con una copia de la presente resolución, asimismo notifíquese a la víctima al tenor del art. 324 del CPP, el denunciante tiene la vía expedita para impugnar la presente resolución de sobreseimiento en el plazo de cinco días, en cumplimiento del art. 40.19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-. y la “SCP 0071/2013” remítase por Secretaría una copia de la resolución de sobreseimiento al fiscal departamental y póngase a conocimiento del juez que tiene el control jurisdiccional; ii) Consecuentemente el Juez cautelar en fecha 25 de noviembre de 2022 emite decreto refiriendo que el representante del Ministerio Público dé cumplimiento a lo dispuesto en el art. 324 del CPP, debiendo adjuntar las notificaciones de forma personal realizada a los sujetos procesales con la resolución de sobreseimiento conforme lo dispone el art. 163.3 del CPP, donde dispone que tiene la obligación de poner en conocimiento a la víctima de la resolución de sobreseimiento e informar que el plazo para la impugnación de resolución de sobreseimiento, esto en base a que la resolución debe estar previamente ejecutoriada para disponer el archivo de obrados correspondiente, debe cumplirse con la notificación con este acto conclusivo a todos los sujetos procesales, situación que está siendo omitida hasta la presente fecha, una vez cumplida la observación sindicada, recién se ordenará lo que corresponde, por lo que se ordena la remisión de las notificaciones a las partes dentro del plazo de cuarenta y ocho horas desde su notificación; iii) Por lo que, el Juez al dictar su providencia observando que faltaría adjuntar la notificación con el requerimiento fiscal de sobreseimiento, ordenó que se dé cumplimiento a lo dispuesto en fecha 25 de noviembre de 2022, posteriormente la parte imputada pide que señale audiencia de modificación de medida cautelar y el Juez de forma correcta correctamente ha señalado una audiencia al respecto. Asimismo, se tiene que el Fiscal en fecha 8 de febrero de 2023 adjunta al Juez la resolución emitida por el Fiscal Departamental de Santa Cruz, es decir, que la resolución que emite en fecha 24 de noviembre; iv) Por otro lado considerando lo dispuesto en el art. 163 del CPP, señala (notificación personal). “Se notificaran personalmente: 3. Las sentencias y resoluciones judiciales de carácter definitivo”. Así, se tiene, la resolución fiscal de sobreseimiento es de carácter definitivo al proceso. Por lo que del análisis de los antecedentes del proceso, este Tribunal de garantías considera que no se ha vulnerado ningún derecho del accionante, toda vez que el sobreseimiento refiere que se ponga en conocimiento de la víctima, en consecuencia, si el precitado considera que este proceso se inicia de oficio, tienen que realizar el incidente correspondiente para que se modifique la resolución de sobreseimiento, toda vez que mientras la resolución fiscal de sobreseimiento refiera que se tiene que notificar a la víctima, el Juez no puede actuar a propia voluntad porque los actos deben tener publicidad y el fiscal le está pidiendo en su resolución que se realicen las notificaciones; y, v) Asimismo, se debe aclarar que la acción de libertad no es una acción sustitutiva de cualquier otro procedimiento, la parte accionante pudo haber interpuesto un recurso de reposición en su momento, un incidente u otra situación procesal que pueda aclarar y dilucidar el fondo de la resolución fiscal de sobreseimiento y la publicidad de ese acto procesal. Por estas razones este Tribunal de garantías no ha podido evidenciar que la vida del accionante se encuentre en peligro, no está ilegalmente perseguido, este es un caso que la Policía Boliviana por la gravedad de los hechos lo apertura, si bien se tiene una resolución fiscal de sobreseimiento, pero falta la publicidad, es decir las notificaciones con la resolución fiscal, el art. 11 y 12 del CPP, establecen que la víctima debe ser notificada con todas las actuaciones procesales. En el presente caso, quien tiene que explicar es el Fiscal, porque inició la investigación contra autores y de oficio, tiene que establecer quien sería la víctima, sin embargo, dentro del inicio de investigación que hemos analizado, establece por qué motivo se apertura este caso y refiere que es por la pérdida de un vehículo Mitsubishi color plateado y que el propietario estaría en Bolivia, entonces si dicen ellos que han encontrado el vehículo, el fiscal que inicia esta investigación debe cumplir con sus responsabilidades. En el presente proceso, no se evidencia que se haya vulnerado derecho del procesado, se tiene que se ha emitido una resolución fiscal de sobreseimiento que tiene que cumplir las formalidades de ley para que pueda establecer que está debidamente ejecutoriada: En atención a la explicación complementación y enmienda planteada por el abogado del accionante, la sala penal segunda puntualizó lo siguiente: “…únicamente debo verificar si el juez ha cumplido, valorado y respetado las garantías propias del debido proceso y puedo evidenciar que se ha respetado y es correcta su actuación porque no están las notificaciones que el Ministerio Publico hasta la fecha no ha presentado, porque la resolución fiscal de sobreseimiento ordena que se realice la notificación, la acción de libertad debió interponerse al fiscal y no al juez, porque el que emite el requerimiento fiscal es el fiscal. Asimismo, aclarar que el argumento expuesto por el accionante es contradictorio, porque primero refieren que el juez en vez de dar una respuesta, señala una audiencia y ahora están pidiendo que el juez señale audiencia, siendo que el juez ha respondido señalando audiencia al pedido de la parte, por lo que considero que la parte tiene que corregir su procedimiento, analizar los antecedentes por lo que no ha lugar a la solicitud de complementación”(sic).

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 24 de febrero de 2023, por Raúl Cabezas Pantoja -ahora accionante-, ante el Juez de Instrucción Anticorrupción Tercero del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de uso indebido de influencias -con Formulario Único de Denuncia (FUD) 2202523-, por el cual pide modificación de las medidas cautelares impuestas en su contra por la presentación de sobreseimiento ratificado (fs. 2 a 2 vta.). II.2. Consta la impresión del sistema SIREJ, donde se encuentra subrayado la fecha del decreto -27 de febrero de 2023-, que ha sido registrado en el sistema del caso con FUD 2202523. (fs. 12).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad vinculado con la celeridad; toda vez que, habiéndose dispuesto, Resolución de Sobreseimiento en su favor, ratificado por la autoridad jerárquica, y habiendo cumplido por parte del Fiscal de Materia la causa las observaciones descritas en el proveído de 25 de noviembre de 2022, solicitó señalamiento de audiencia de modificación de medidas cautelares personales, sin que ésta sea programada hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar; por lo que, solicita se conceda la tutela ordenando a la autoridad demandada, que en el plazo de veinticuatro horas señale la audiencia, dado que se encuentra con detención domiciliaria. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; b) El principio de celeridad; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, asumió el siguiente entendimiento:

El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señaló que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último: “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. En ese marco, la SC 0465/2010-R de 5 de julio señala que el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho -ahora acción de libertad-, se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad, cuando esté relacionada con la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de 1El FJ III.4, señala: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrolló en el punto III.3 de la presente Sentencia, este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

2El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:

a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.

b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.

c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.

protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificados legalmente y no comparecen a la audiencia; entendimiento complementado con la SC 0384/2011-R de 7 de abril y reiterada por la SCP 0005/2012 de 16 de marzo.

Asimismo, la SCP 0015/2012 de 16 de marzo, en el marco de una interpretación plural, introdujo el principio ético-moral del ama qhilla -no seas flojo- a las construcciones jurisprudenciales referidas a la celeridad procesal, constituyéndose en una Sentencia moduladora, al establecer que las autoridades judiciales, en virtud al citado principio, tienen el deber procesal de dirigir y resolver, sin dilaciones indebidas, las solicitudes de cesación de la detención preventiva sometidas a su conocimiento.

III.2. El principio de celeridad

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0441/2018-S2 de 27 de agosto, asumió el siguiente razonamiento: El art. 115 de la CPE, estipula:

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos;

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Asimismo, el art. 178.I de la referida Norma Suprema, señala:

La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. Por su parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la referida SCP 0557/2016-S1, desarrolló la celeridad como un principio, con el cual deben manejarse los administradores de justicia, más aún, tratándose de aquellos casos vinculados con la libertad de las personas; toda vez que, toda petición relacionada con este derecho, debe ser atendida sin dilaciones indebidas y en cumplimiento estricto de los plazos legales. El principio de celeridad anotado, no sólo es exigible a las autoridades jurisdiccionales, sino también a otras autoridades que intervienen en el proceso penal, como las autoridades del Ministerio Público; lo que supone que deben actuar cumpliendo los plazos legales, sin dilaciones indebidas, debiendo cumplir con sus obligaciones desde el primer momento que se computa el plazo y no esperar a su vencimiento.

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad vinculado con la celeridad; toda vez que, habiéndose dispuesto, Resolución de Sobreseimiento en su favor, ratificado por la autoridad jerárquica, y habiendo cumplido por parte del Fiscal de Materia la causa las observaciones descritas en el proveído de 25 de noviembre de 2022, solicitó señalamiento de audiencia de modificación de medidas cautelares personales, sin que ésta sea programada hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar; por lo que, solicita se conceda la tutela ordenando a la autoridad demandada, que en el plazo de veinticuatro horas señale la audiencia, dado que se encuentra con detención domiciliaria. Con carácter previo al análisis de fondo de la problemática planteada es necesario precisar la finalidad perseguida por el ahora accionante a través de esta demanda tutelar, la cual consiste en que se ordene a la autoridad judicial ahora demandada, señale audiencia de modificación de medidas cautelares personales. De la compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente constitucional, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Raúl Cabezas Pantoja -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de uso indebido de influencias, en el cual se encuentra cumpliendo la medida cautelar personal de detención domiciliaria; y posteriormente, ante el pronunciamiento de resolución de sobreseimiento en su favor, ratificado por el Fiscal Departamental de Santa Cruz, por memorial presentado el 24 de febrero de 2023, solicitó a la autoridad jurisdiccional la modificación de las medidas cautelares impuestas en su contra, y a dicho efecto se señale audiencia para su consideración; escrito que fue providenciado el 27 de igual mes y año, por el Juez de Instrucción Anticorrupción Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado- (Conclusión II.1 y II.2.). También se puede evidenciar, de los antecedentes descritos por el Tribunal de garantías, que ante la presentación del sobreseimiento por parte del Fiscal asignado al caso, el Juez de la causa -ahora demandado-, emitió el proveído de 25 de noviembre de 2022, indicando que: “el representante del Ministerio Publico de cumplimiento a lo dispuesto en el art. 324 del CPP, debiendo adjuntar las notificaciones de forma personal realizada a los sujetos procesales con la resolución de sobreseimiento conforme lo dispone el art. 163.3 del CPP”(sic), dicha observación no ha sido cumplida a cabalidad por el Ministerio Público; así también se desprende que el Juez demandado se ha pronunciado al momento de resolver el memorial presentado el 24 de febrero de 2023, por el ahora accionante, con el señalamiento de audiencia; en ese entendido, al haberse señalado con anterioridad a la interposición de la presente acción de libertad, el objeto de la misma se habría alcanzado; este extremo fue ratificado por el mismo Tribunal de garantías, cuando a solicitud de la aclaración y/o complementación interpuesta por el impetrante de tutela, aclaró lo siguiente: “…aclarar que el argumento expuesto por el accionante es contradictorio, porque primero refiere que el juez en vez de dar una respuesta, señala una audiencia y ahora están pidiendo que el juez señale audiencia, siendo que el juez ha respondido señalando audiencia al pedido de la parte...”(sic), teniéndose por afirmado y constatado la existencia del señalamiento de audiencia extrañado. En ese marco, del análisis de la demanda tutelar y de obrados, se tiene que los razonamientos glosados en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, no son aplicables al caso en examen, por cuanto la autoridad judicial demandada consideró la garantía jurisdiccional consagrada por el art. 115.II de la CPE, que impone a quien administra justicia, el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas, al establecer que el Estado garantiza los derechos al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; por lo que, las peticiones deben ser atendidas y resueltas en los plazos establecidos o de forma inmediata, en caso de no existir una norma que establezca un plazo. En esa línea, de los antecedentes que cursan en el expediente constitucional, los descritos por el Tribunal de garantías y del informe escrito presentado por el Juez ahora demandado, se tiene que dicha autoridad reconoce que ciertamente el ahora accionante presentó un memorial el 28 de febrero de 2023, que fue providenciado dentro de las veinticuatro horas, mediante providencia de 27 del mismo mes y año, señalando audiencia; por otra parte, cuando el Fiscal asignado el caso, presentó el sobreseimiento, el Juez de la causa a través del proveído de 25 de noviembre de 2022, en ejercicio de sus atribuciones dispuso que el Fiscal informe sobre las notificaciones practicadas a las partes con la Resolución de Sobreseimiento, que no fue subsanada en su totalidad; en consecuencia, se desprende que la audiencia fue programada, no evidenciando lo establecido por la norma y lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional.

En consecuencia la denuncia efectuada por el ahora accionante, cuando manifiesta que, no se ha programado audiencia de consideración de modificación de medidas cautelares; se concluye que no es evidente dicha denuncia ya que según los antecedentes que relata el Tribunal de garantías, el señalamiento de audiencia fue pronunciado; toda vez que el Juez ahora demandado, adjuntó prueba que acredita que emitió proveído con fecha de registro según el SIREJ de 27 de febrero de 2023, aspecto que también es corroborado por la aclaración realizada por el Tribunal de garantías mediante la aclaración, enmienda o complementación, lo que demuestra la falta de seguimiento al proceso por parte de la ahora accionante; vale decir, que el Juez ahora demandado desvirtuó las acusaciones vertidas en su contra. Por todo lo desarrollado, no es evidente la lesión de los principios de celeridad y ama quilla, que exige de las autoridades judiciales, una actitud ágil en la tramitación de los procesos a su cargo, logrando la materialización de los principios, valores, derechos y garantías consagrados en la Norma Suprema; por lo que, corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:

CONFIRMAR la Resolución 08 de 28 de marzo de 2023, cursante de fs. 18 a 20 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

3 El FJ III.2.1, indica: “De acuerdo al nuevo orden constitucional, el art. 8.I de la CPE, dentro de los principios y valores del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, asume y promueve como de carácter ético-morales de la sociedad plural, el `ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón)´; máximas milenarias que fueron constitucionalizadas y resumen de manera extraordinaria la moral que toda persona, natural o jurídica debe practicar en todas sus actividades. En ese sentido, se hace énfasis en el principio del ama qhilla, que establece una conducta de vida diligente que debe observar todo individuo, con mayor razón un servidor público como es el juez, del cual debe exigirse una actitud acuciosa en la administración de justicia, sobre todo cuando afecta a un vivir bien, así como a una vida armoniosa. Los principios ético morales constitucionalizados: `ama qhilla, ama llulla y ama suwa´, vinculados entre sí, constituyen directrices de obligada observancia por los servidores de justicia cuando resuelvan derechos y garantías constitucionales, están en el deber imperativo de impulsar, ser director y promotor del proceso, velando su desarrollo, siendo responsables de cualquier demora por su inactividad, impulsando la nueva justicia en el nuevo Estado Plurinacional”.

4 En FJ III.4, precisa: ”…a través de la SCP 0248/2012 de 29 de mayo, respecto al derecho a la libertad y el principio de celeridad, señalo que: ʽToda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentra involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, evitando de ésta manera dilaciones innecesarias que en definitiva lesionan el derecho fundamental de la libertad´. La jurisprudencia constitucional al referirse al principio de celeridad y con relación a los administradores de justicia, estableció que este principio: “…impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existiera, el plazo deberá ser cumplido estrictamente”. Así, las SSCC 0758/2000-R-, 1070/2001-R y 0105/2003-R entre otras”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1087_2025-S1.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 10d4fdfcf3a77a491a04ae204bb2d45be9de529907bd2c71a3a3144df50f564b

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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