Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 8 de julio de 2026
Concede la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que, habiendo planteado incidente de redención de la pena ante la Jueza de Ejecución Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz; dicha Jueza solicitó al Director ahora accionado, la remisión de toda la documentación relativa al citado incidente de complementación del beneficio de redención; sin embargo, hasta la fecha -se entiende la interposición de la presente acción de libertad de 12 de junio de 2023-, el referido Director no remitió esa documentación, vulnerando de esa manera el derecho alegado por su persona. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; a tal efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; 2) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; 3) El beneficio de la redención de la pena y su vinculación con el derecho a la libertad; y, 4) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/23 de 13 de junio de 2023, cursante de fs. 12 a 15, emitida por la Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
a) Disponer que el Director del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, dentro de las veinticuatro horas de notificado con el presente fallo constitucional, remita lo solicitado mediante Oficio 724/2023 de 26 de abril, ante el Juzgado de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del citado departamento, salvo que por el trascurso del tiempo esa solicitud ya se hubiese cumplido, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo Constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1058/2026-S1 Sucre, 8 de julio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 56372-2023-113-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 10/23 de 13 de junio de 2023, cursante de fs. 12 a 15, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alfredo Cossio García en representación sin mandato de Yhonny Claros Mendoza contra Mauricio Ariel Romero Catacora, Director del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz.
JURÍDICA
El accionante a través de su representante sin mandato, el 12 de junio de 2023, cursante de fs. 6 a 7, manifestó lo siguiente: 1.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona Yhonny Claros Mendoza -accionante-, por la presunta comisión de los delitos de almacenaje, comercialización y compra ilegal de diésel OIL, gasolina y alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos, previstos y sancionados por los arts. 226 bis.; 363 ter., del Código Penal (CP); El 2 de mayo de 2023, mediante Oficio 724/2023 de 26 de abril, se notificó al Director hoy accionado, por el cual la Jueza de Ejecución Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, ordenó remitir toda la documentación relativa al incidente de complementación del beneficio de redención; sin embargo, hasta la fecha -se entiende de interposición de la presente acción de libertad- no se remitió dicha documentación, transcurriendo más de un mes de esa omisión.
El 9 de junio de 2023, acudió personalmente al Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; empero, no logró comunicarse con ningún miembro del referido Centro Penitenciario; ya que, los mismos no se encontraban en sus puestos de trabajo. Asimismo, el art. 138 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-, establece los requisitos para acceder al beneficio de redención; y el art. 74.III del Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad -Decreto Supremo (DS) 26715 de 27 de julio de 2002-, dispone que, dentro de las veinticuatro horas de recibida la solicitud de beneficio de redención, el Juez de Ejecución Penal solicitará al Director del establecimiento el informe correspondiente otorgándole el plazo de cuarenta y ocho horas. 1.1.2. Derecho supuestamente vulnerado El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; citando al efecto los arts. 13, 23, 115.II, 180.1, 256.I y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE);7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga ordenar al Director ahora accionado la remisión de la documentación requerida para el incidente de complementación del beneficio de redención, en un plazo de veinticuatro horas. 1.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías
Celebrada la audiencia virtual el 13 de junio de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 12, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 10. 1.2.2. Informe de la autoridad accionada Mauricio Ariel Romero Catacora, Director del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de libertad, ni remitió informe alguno pese a su citación vía WhatsApp, cursante a fs. 11.
La Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 10/23 de 13 de junio de 2023, cursante de fs. 12 a 15, concedió la tutela solicitada, respecto al Director hoy accionado, ordenando dé cumplimiento a lo establecido en la normativa legal vigente; es decir, que en el plazo de veinticuatro horas remita lo solicitado mediante Oficio 724/2023 de 26 de abril; bajo los siguientes fundamentos: a) De la prueba aportada por el accionante, se verificó que el citado Oficio, dirigido al señalado Director, fue notificado el 2 de mayo de 2023, y tenía por objeto la remisión de la documentación de la carpeta de redención; sin embargo, el referido Director no cumplió con el plazo establecido por el art. 138 de la LEPS y el art. 74.III del Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad -DS 26715-, incumplimiento que constituye una dilación indebida que perjudicó al accionante; b) El Director ahora accionado, no presentó informe menos estuvo en la audiencia de consideración de la acción de libertad, dándose por cierto los argumentos y las pruebas adoptadas por el accionante en aplicación al principio de veracidad; c) De acuerdo a la jurisprudencia constitucional la celeridad en trámites administrativos o judiciales vinculados a la libertad de las personas es obligatoria, especialmente cuando ésta se encuentra privada de libertad; asimismo, señaló que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho es el mecanismo idóneo para corregir dilaciones indebidas que afecten el principio de celeridad en la resolución de solicitudes relacionadas con la libertad personal; y, d) El mencionado Director incurrió en omisión y falta de celeridad al no remitir la documentación solicitada por la Jueza de Ejecución Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, vulnerando el derecho a la libertad del accionante, lo que justifica la procedencia de la acción de libertad de pronto despacho.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución, de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados los cuales se encontraban pendientes de resolución, a Comisión de admisión, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas. Por decreto constitucional de 30 de abril de 2026, cursante a fs. 25, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 7 de julio del citado año cursante a fs. 29; por lo que la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro del término legal.
ONCLUSIÓN De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Oficio 724/2023 de 26 de abril, dirigido a Mauricio Ariel Romero
Catacora, Director del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, -hoy accionado-, por el cual la Jueza de Ejecución Penal Cuarta de la Capital del citado departamento, ordenó la remisión de documentación de Jhonny Claros Mendoza -ahora accionante- a efecto de continuar con el trámite de redención de la pena por trabajo, en aplicación del art. 138 de la LEPS, -conforme a la nota marginal del Oficio 724/2023- fue recepcionada el 2 de mayo de 2023, a las 10:00 horas (fs. 4).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que, habiendo planteado incidente de redención de la pena ante la Jueza de Ejecución Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz; dicha Jueza solicitó al Director ahora accionado, la remisión de toda la documentación relativa al citado incidente de complementación del beneficio de redención; sin embargo, hasta la fecha -se entiende la interposición de la presente acción de libertad de 12 de junio de 2023-, el referido Director no remitió esa documentación, vulnerando de esa manera el derecho alegado por su persona. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; a tal efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; 2) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; 3) El beneficio de la redención de la pena y su vinculación con el derecho a la libertad; y, 4) Análisis del caso concreto.
La SCP 0349/2025-S1 de 25 de abril, citando a su vez la SCP 0500/2018-S2 de 14 de septiembre, establece que: “La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante.
Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: i) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, ii) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras. (…) ‘…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos’. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo. En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante”’ (las negrillas son nuestras).
La SCP 0280/2025-S1 de 10 de abril, citando a la SC 0044/2010-R de 20 de abril, señala que a través de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho: “‘…se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos (…).
Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; (…) ’por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad” (las negrillas nos corresponden).
La SCP 1663/2025-S1 de 31 de diciembre, señala que “Las personas privadas de libertad gozan de iguales derechos y garantías salvo las restricciones establecidas por ley y/o autoridad jurisdiccional competente, al respecto el art. 74 de la Constitución Política del Estado (CPE), dispone: ʽ I. Es responsabilidad del Estado la reinserción social de las personas privadas de libertad, velar por el respeto de sus derechos, y su retención y custodia en un ambiente adecuado, de acuerdo a la clasificación, naturaleza y gravedad del delito, así como la edad y el sexo de las personas retenidas.
Por su parte, el art. 9 de la LEPS establece: ʽLa persona privada de libertad es un sujeto de derechos que no se halla excluido de la sociedad. Puede ejercer todos los derechos no afectados por la condena o por esta Ley y, debe cumplir con todos los deberes que su situación legalmente le impongaʼ.
Complementando los citados postulados, el art. 10 de la LEPS dispone: ʽLa ejecución de la pena se basa en el sistema progresivo que promueve la preparación del interno para su reinserción social. Este sistema, limita a lo estrictamente necesario la permanencia del condenado en régimen cerrado. El avance en la progresividad, dependerá del cumplimiento satisfactorio de los programas de educación y trabajo, así como de la observancia del régimen disciplinarioʹ.
Ahora bien, en lo que respecta a los beneficios a los que pueden optar las personas privadas de libertad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas, refiere que: ʽ…varios Estados de la región han adoptado leyes por medio de las cuales se descuentan días de la condena por días de trabajo y/o estudio (llamadas leyes de ‘2x1‛ o ‘3x1‛), como incentivo al desarrollo de estas actividades. La CIDH considera que este tipo de iniciativas legislativas son definitivamente positivas y que, de ser implementadas adecuadamente, pueden constituir herramientas valiosas para el logro de los fines de la penaʹ.
(…)
Dentro del marco legal establecido en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión y del Decreto Supremo (DS) 26715 de 27 de julio de 2002, sobre el Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad, el sistema de redención de penas instituido por el legislador, constituye un beneficio legal al que pueden acogerse los privados de libertad que estén cumpliendo una sentencia condenatoria ejecutoriada, a través del cual pueden rebajar su pena en base a criterios de buena conducta, estudio y trabajo; nuestro ordenamiento jurídico que regula la ejecución de penas, las medidas de seguridad dictada por órganos jurisdiccionales competentes, el cumplimiento de la suspensión condicional del proceso y de la pena y la ejecución de las medidas cautelares de carácter personal; dispone la posibilidad de redimir la condena, es decir, liberar al condenado de dicha obligación, en razón de un día de pena por 2 días de trabajo o estudio.
Si bien de manera general, puede afirmarse que los beneficios penitenciarios son mecanismos que permiten reducir la permanencia en prisión de un condenado a pena privativa de libertad efectiva, así como a mejorar sus condiciones de detención; la materialización de tales beneficios importan en contrapartida la obligación positiva de los Estados de adoptar las medidas que fuesen necesarias tendientes a garantizar la reinserción del penado en la sociedad; finalidad que convencionalmente encuentra su fundamento en el principio de reinserción social, consagrado por el art. 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), cuyo numeral 6 establece: ‘Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados´ y en el art. 10 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) cuyo numeral 3 dispone: ʽEl régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados…ʼ.
(…) Ahora bien, en el Sistema Penal boliviano, la redención de pena por trabajo o estudio viene a ser uno de los beneficios que se concede al privado de libertad cuando se cumple con determinados presupuestos, los cuales se encuentran contenidos por el art. 138 de la citada LEPS, modificado por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 -Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres-, que señala: ʽArtículo 138. (REDENCIÓN). La o el interno podrá redimir la condena impuesta en razón de un (1) día de pena por dos (2) días de trabajo o estudio. La redención será de un (1) día de pena por un día (1) de trabajo o estudio tratándose de mujeres que tengan a su cargo:
1. Niñas, niños o adolescentes; 2. Personas mayores de sesenta y cinco (65) años; 3. Personas con discapacidad grave o muy grave; o, 4. Personas que padezcan enfermedades en grado terminal. A cuyo efecto deberán cumplir los siguientes requisitos: 1. No estar condenada por delito que no permita indulto; 2. Haber cumplido las dos quintas partes de la condena; 4. Haber trabajado de manera regular bajo control de la administración penitenciara o haber estudiado y aprobado las evaluaciones parciales y finales de cada ciclo de los cursos autorizados por la Administración Penitenciaria; 5. No estar condenada por delitos contra libertad sexual cuyas víctimas sean niñas, niños o adolescentes; 6. No estar condenada por delito de terrorismo; 7. No estar condenada, a pena privativa de libertad superior a quince (15) años, por delitos tipificados en la Ley N° 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas; y, 8. No haber sido sancionada por faltas graves o muy graves en el último año. A efectos de la redención, la o el interno podrá trabajar o estudiar desde el primer día de su permanencia en el recinto penitenciario, independientemente de su situación jurídica” (las negrillas nos pertenecen).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que, habiendo planteado incidente de redención de la pena ante la Jueza de Ejecución Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz; dicha Jueza solicitó al Director ahora accionado, la remisión de toda la documentación relativa a dicho incidente; sin embargo, hasta la fecha -se entiende la interposición de la presente acción de libertad de 12 de junio de 2023-, el referido Director no remitió esa documentación, vulnerando de esa manera el derecho alegado por ahora accionante. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que el accionante formuló el incidente de complementación del beneficio de redención en su favor, ante lo cual la Jueza de Ejecución Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, emitió el Oficio 724/2023, por el que ordenó al Director ahora accionado remitir toda la documentación relativa al incidente de redención de la pena por trabajo (2x1) en aplicación del art. 138 de la LEPS, el mismo que fue recepcionado el 2 de mayo del 2023 -de acuerdo a la nota marginal el citado Oficio- (Conclusión II.1.); sin embargo, el nombrado Director hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa -12 de junio de igual año- no remitió la documentación, transcurriendo más de un mes desde la referida solicitud, aspecto que debe tomarse por cierto; puesto que, el Director hoy accionado, no se presentó a la audiencia de consideración de esta acción de libertad, menos remitió informe alguno que desvirtúe lo denunciado por el accionante, presumiéndose en el caso concreto la veracidad de los hechos expuestos en la acción de libertad, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
Asimismo, debe considerarse lo establecido en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional, en cuanto al beneficio de redención, si bien no constituye un derecho fundamental, sino más bien una opción de política criminal, en determinados casos dada su trascendental incidencia en el derecho a la libertad de las personas privadas de libertad; ya que, su procedencia podría modificar sustancialmente su situación jurídica, en aplicación de los principios pro homine y reinserción social, se asume que ésos tienen vinculación directa con el derecho a la libertad personal, de ahí que los aspectos procedimentales de su consideración y tratamiento por parte de las autoridades llamadas por ley, pueden, ante eventuales vulneraciones al debido proceso, ser tutelables a través de la acción de libertad, cuya configuración constitucional tiene por la finalidad la protección y garantía del derecho a la libertad física y o de locomoción de las personas ante actos u omisiones que restrinjan o amenacen el pleno ejercicio del mismo.
Por todo lo relacionado precedentemente, se constata que el Director ahora accionado al no remitir la documentación solicitada por la Jueza de Ejecución Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, incurrió en una indebida dilación vulnerando el derecho a la libertad alegado por el accionante, al inobservar lo establecido en la jurisprudencia citado en el Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el cual establece que, toda autoridad que conozca de solicitudes judiciales o administrativos en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables; puesto que, el no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho; situación que ocurrió en el presente caso; ya que, el mencionado Director desde el 2 de mayo del citado año, que conoció del Oficio 724/2023, emitido por la señalada Jueza, por el cual solicitó la documentación del accionante a efectos del beneficio redención de la pena por trabajo, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad -12 de junio del 2023, no fue atendida tal petición, transcurriendo más de un mes de dicha solicitud; motivo por el cual, corresponde conceder la tutela solicitada, bajo la modalidad de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/23 de 13 de junio de 2023, cursante de fs. 12 a 15, emitida por la Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
a) Disponer que el Director del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, dentro de las veinticuatro horas de notificado con el presente fallo constitucional, remita lo solicitado mediante Oficio 724/2023 de 26 de abril, ante el Juzgado de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del citado departamento, salvo que por el trascurso del tiempo esa solicitud ya se hubiese cumplido, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1058_2026-S1.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 30a1c14dcbab17f3b2803180932038e25be25f81a2a5cf8b0437511fef10aec1
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