B.IA.LEGAL

SCP 1050/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 1 de septiembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
1 de septiembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
54690-2023-110-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El peticionante de tutela a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de derecho a la defensa y acceso a la justicia pronta y oportuna; toda vez que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de avasallamiento y asociación delictuosa, el Juez ahora demandado emitió el Auto Interlocutorio de 11 de febrero de 2023, disponiendo su detención preventiva por el plazo de ciento veinte días a cumplir en el Centro de Rehabilitación de “Palmasola” del departamento de Santa Cruz; ante lo cual interpuso recurso de apelación incidental conforme el art. 251 del CPP; sin embargo, no se remitieron los antecedentes de la referida impugnación dentro del plazo de veinticuatro horas previsto por ley, ni se elaboró el acta de audiencia correspondiente. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará lo siguiente: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; y, 2) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07 de 2 de marzo de 2023, cursante de fs. 34 a 38, pronunciada por la Sala Penal Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1050/2025-S1 Sucre, 1 de septiembre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 54690-2023-110-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 07 de 2 de marzo de 2023, cursante de fs. 34 a 38, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marco Antonio Cardozo Jemio en representación sin mandato de Julio César Sierra Terrazas contra Roberto Cruz Hurtado Roca, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ascensión de Guarayos del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 1 de marzo de 2023, cursante de fs. 3 a 5, el impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de avasallamiento y asociación delictuosa; el Juez ahora demandado, por Auto Interlocutorio de 11 de febrero de 2023, ordenó su detención preventiva en el Centro de Rehabilitación “Palmasola” del departamento de Santa Cruz; decisión que fue impugnada mediante recurso de apelación incidental. Con el antecedente referido, se hizo presente en las oficinas del ahora demandado en reiteradas ocasiones, solicitando el Acta y Auto Interlocutorio, como también el cargo de remisión de expediente judicial al superior en grado, pero el Secretario del Juzgado Wilson Terceros Sullca, contestó reiteradamente en diferentes días que aún no se tiene labrada el Acta ni el Auto Interlocutorio, como tampoco se ha remitido expediente en apelación a la Sala Penal de turno, sin indicar una fecha de cuando se podría tener lo solicitado en reiteradas ocasiones.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de derecho a la defensa y acceso a la justicia pronta y oportuna, citando al efecto los arts. 115.I.II y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia: a) Se disponga que el Juez de Público, Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ascensión de Guarayos del departamento de Santa Cruz, en el día remita el expediente asignado CUD 715102162300016 a la Sala Penal de turno.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 2 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 33 a 34, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El demandante de tutela a través de su representante sin mandato, se ratificó en el contenido íntegro de su demanda tutelar y ampliando sus argumentos en audiencia, señaló que: 1) Habiéndose activado la apelación incidental, el 11 de febrero de 2023, como elemento en el debido proceso y a su vez la doble instancia como también otro elemento del debido proceso, eso no se dio. Respecto a la jurisprudencia, refirió que cuando median solicitudes donde se tenga que dilucidar aspectos relacionados con la libertad del peticionante de tutela, han de ser tramitados con la mayor garantía posible y si no se cumpliera el plazo de veinticuatro horas se puede llegar hasta cinco días hábiles; 2) En caso que pudiera estar equivocado -se refiere al accionante- y de alguna manera no hubiese observado la remisión dentro del informe o algún documento que el Secretario del Tribunal de garantías hubiese mencionado, solicita se considere la presente acción tutelar “…en pronto despacho en su modalidad innovativa…” (sic); asimismo, el Tribunal Constitucional ha establecido que cuando, de forma posterior a la interposición de la acción de libertad o en la misma fecha, se remite -en este caso-el expediente judicial, cesa la vulneración; en las acciones de amparo constitucional esto se conoce como la teoría de “derechos superados” pero en las acciones de libertad no procede, debido a que el presupuesto no es el mismo, sobre todo cuando -las vulneraciones- son por parte de funcionarios públicos para que no puedan reiterarse esas conductas; y, 3) En este sentido, solicita se active la modalidad innovativa y se conceda la tutela, disponiendo que en el día la autoridad demandada remita el expediente en grado de apelación y así también considere la remisión de antecedentes al Ministerio Público para que obre conforme a derecho.

I.2.2. Informe de la autoridad y funcionaria judicial demandadas

Roberto Cruz Hurtado Roca, Juez Público, Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ascensión de Guarayos del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito cursante de fs. 20 a 21, señaló que: i) Evidentemente en la audiencia de aplicación de medidas cautelares llevada a cabo el 11 de febrero de 2023, se determinó la medida excepcional de la detención preventiva del imputado Julio César Sierra Terrazas, por el plazo de ciento veinte días, fijando audiencia de cesación a la detención preventiva para el 12 de junio de igual año, a horas 14:00, dicha resolución ha sido impugnada por el imputado a través de sus abogados, y se está a la espera de resolución; ii) Al percatarse de la no remisión del cuaderno procesal a la Sala Penal de turno para la revisión y resolución del recurso de apelación incidental formulado por el imputado Julio César Sierra Terrazas, mediante providencia de fecha 22 de febrero de 2023, solicitó informe al Secretario sobre los motivos por los cuales no se había remitido el referido cuaderno procesal; iii) El secretario Wilson Terceros Sullca, mediante informe de fecha 23 de febrero de igual año, informó: “Dando cumplimiento al derecho de fecha 22 de febrero de 2023, informar a su autoridad que el imputado en audiencia de medidas cautelares apeló a la resolución de fecha 11 de febrero de 2023, con relación a la remisión del cuaderno procesal a la sala penal de turno, informar a su autoridad, que la parte apelante no ha proveído las fotocopias para la legalización y respectiva remisión del cuaderno procesal a la sala penal de turno; y considerando que el cuaderno procesal es bastante amplio, que el juzgado no cuenta con una fotocopiadora, y siendo que en acá en la provincia Guarayos el costo de las fotocopias es elevado, y siendo que el suscrito secretario no cuenta con los recursos económicos suficientes para cubrir el precio de las fotocopias, no se ha procedido a la remisión del cuaderno procesal a la sala penal de turno; asimismo, informo a su autoridad que debido a la recarga procesal que tiene el juzgado por ser mixto no he podido terminar el acta de la audiencia de medidas cautelares correspondiente”(sic); iv) Mediante providencia de 24 de febrero de 2023, se llamó la atención al secretario Wilson Terceros Sullca, por no haber remitido el cuaderno procesal en el plazo de ley y se le ordenó que saque fotocopias de las partes principales del mencionado cuaderno, y se remitan las mismas a la Sala Penal de turno, para la revisión y resolución del recurso de apelación incidental formulado por el imputado Julio César Sierra Terrazas ahora accionante, y sea en el plazo de ley, considerando la distancia del asiento judicial; el costo de las fotocopias, lo cubrió su persona; y, v) Hace notar la flexibilidad establecida por la SCP 1907/2012 de 12 de octubre y la SCP 1042/2013 de 14 de febrero, en cuanto a la prolongación del plazo para la remisión del recurso de apelación incidental, en razón a que ese Juzgado es mixto, y es el único en toda la provincia Guarayos del citado departamento, además de la distancia existente entre la provincia Guarayos y la ciudad del indicado departamento de Santa Cruz de la Sierra; asimismo, es importante informar que ni el imputado ni su abogado, han presentado ningún escrito haciendo conocer a su autoridad de la retardación a la que hacen referencia, esto con la finalidad de acelerar la remisión del cuaderno procesal, siendo que es obligación de las partes procesales hacer el debido seguimiento e impulso del desarrollo del proceso.

I.2.3. Resolución

La Sala Penal Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 07 de 2 de marzo de 2023, cursante de fs. 34 a 38, concedió la tutela solicitada, sin costas, ni multa, ni calificación de responsabilidad penal o remisión de antecedentes a procesamiento disciplinario, en consecuencia dispuso que la autoridad ahora demandada, en el término de un día de su legal notificación o conocimiento de lo resuelto en esta audiencia, remita el cuaderno de apelación incidental de referencia relativo al proceso penal cuestionado al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, para que por Presidencia se realice el sorteo correspondiente a la Sala penal de turno que le corresponda conocer el presente caso. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) De un análisis y una revisión integral de los antecedentes expuestos por el impetrante de tutela, asimismo; el informe de la autoridad demandada, la documentación de respaldo y el informe del Secretario de Cámara que se ha comunicado directamente con el Secretario del Juzgado donde radica la causa sobre la base de la fundamentación normativa, jurisprudencia y doctrinaria expuesta, se tiene que es evidente que en el presente caso exista vulneración al debido proceso del accionante en cuanto a que el proceso se ha dilatado indebidamente en su fase del recurso de apelación incidental de aplicación de medidas cautelares personales; toda vez que, el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), es claro en cuanto al trámite de las apelaciones incidentales y señala el art. 251 del mismo Código, que una vez que se haya presentado la apelación incidental, ésta se considerará en el efecto no suspensivo y que la misma se considera en el efecto no suspensivo y debe ser remitida al Tribunal Departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas bajo responsabilidad, pudiendo evidenciarse de que la audiencia cautelar en el presente caso se ha llevado adelante el 11 de febrero del año 2023, y se entendería que el 12 de febrero de igual mes y año, ya tendría que haberse remitido la apelación incidental; b) Por otro lado se tiene también que de acuerdo a la SCP 0244/2016-S2 de 21 de marzo, se tiene que al momento de resolver la autoridad jurisdiccional debe considerar también no solamente la responsabilidad del juzgador, sino también de su personal de apoyo, pero lamentablemente en este caso la parte solicitante de tutela no ha promovido la acción de libertad contra el Secretario del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ascension de Guarayos del departamento de Santa Cruz, que responde al nombre de Wilson Terceros Sullca; por lo que, por el respeto al debido proceso que se debe guardar en lo que se está resolviendo en esta acción de libertad, se debe considerar la conducta del Juez demandado y se debe verificar si ha cumplido con los parámetros de la jurisprudencia constitucional con relación “a ver” hechos de acciones de reconducción de procedimiento; es decir, si el juzgador hizo algún tipo de actuación que evidencie de que él ha reconducido el proceder de los funcionarios de apoyo jurisdiccional ante la vulneración al debido proceso; c) Del informe se extrae que aparentemente el Juez ahora demandado si lo habría hecho, porque se tiene una providencia de 22 de febrero del 2023, donde verificó en el Juzgado, por algún reclamo de que el expediente no se habría remitido o el legajo de apelación, porque es en el efecto no suspensivo; por otro lado, se tiene el informe del secretario que responde a una solicitud del indicado Juez, el 22 de igual mes y año, siendo este un acto de total reconducción del proceder del personal del juzgado, obviamente el juzgador tiene que reconducir de acuerdo a las prerrogativas que le confiere la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010- y los manuales de gestión de despacho con los cuales se han capacitado a todos los juzgados; d) Por otro lado se tiene el informe del Secretario donde reconoció que no ha terminado de labrar el acta porque tenía sobrecarga procesal y que tampoco habría elaborado el cuaderno cautelar porque no cuentan con fotocopiadora y porque la parte interesada no se apersonó a coadyuvar en la facción del legajo de apelación con recurso económicos en cuanto a las fotocopias. Pese a que en esa audiencia, el accionante ha señalado de que sí estuvo predispuesto y atento a cualquier requerimiento que le haga el Secretario, no es menos cierto que se debe remitir a las pruebas presentadas por la autoridad ahora demandada; toda vez que, se enfocan en un determinado momento y tiempo, de los días 22 y 23 de febrero del 2023, cuando se realiza el informe de Secretaría, posteriormente se tiene la providencia del Juez de 24 del mencionado mes y año, donde ordenó que se remitiera ese legajo a la sala penal correspondiente e incluso el juzgador asume el costo de la fotocopia. Hasta ahí se tiene certeza que el Juez ahora demandado ha actuado con una debida diligencia en cuanto a reconducir la labor de su personal jurisdiccional; sin embargo, más allá de ello no se evidencia en la documentación presentada como descargo por el juzgador que después del 24 de ese mes y año, el mismo haya promovido algún tipo de reconducción con relación al proceder del Secretario, porque como bien lo ha informado el Secretario de la Cámara de este Tribunal de garantías, el 1 de marzo del mismo año, recién se estaba terminando de elaborar el acta de la audiencia, lo que implicó que no era solamente el problema de la fotocopia legalizada, sino que el Secretario no habría realizado el acta correspondiente, aspecto que demostró que el juzgador no continuó con las acciones de reconducción del proceder de su funcionar, pese a todo esto también debe considerarse en descargo de la autoridad demandada que este ha asumido bajo su propio costo la facción de las fotocopias cuando no es su obligación y obviamente no se puede dejar de considerar la situación del Órgano Judicial en cuanto a recursos, porque se sabe muy bien que dicho Órgano recibe menos del 1% de los recursos generados por el Tesoro General de la Nación (TGN) y obviamente eso repercute en situaciones como que el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ascensión de Guarayos del departamento de Santa Cruz, “no cuenta con fotocopias” o situaciones como el hecho de que el juzgador es el que tiene que poner prácticamente de su bolsillo para realizar este tipo de actuaciones y evitar los reclamos o las acciones de libertad como ahora se han presentado en el caso concreto; aspecto que también considera ese Tribunal de garantías, en cuanto a la generación de responsabilidad penal disciplinaria e imposición de multa al Juez demandado. En la vía de explicación, complementación y enmienda, el representante sin mandato del accionante solicitó aclaración respecto a que si el plazo establecido en la parte dispositiva de la Resolución constitucional corre desde ese momento o necesariamente ese plazo “es de un día”. El Tribunal de garantías, señaló que el plazo es de un día y corre a partir de que el Juez demandado toma conocimiento de lo resuelto, en el caso concreto, ante la inasistencia del precitado, se le hará conocer en el día Whats App, y tendrá “mañana” todo el día para remitir el legajo de apelación a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa el mandamiento de detención preventiva librado por Roberto Cruz Hurtado Roca, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guarayos del departamento de Santa Cruz -autoridad ahora demandada-; mediante el cual, ordenó al Comandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) del mencionado departamento, el traslado del accionante Julio César Sierra Terrazas, a objeto de que guarde detención preventiva en el Centro de Rehabilitación de “Palmasola” del mencionado departamento, sea por el plazo de ciento veinte días, ordenado en audiencia de medidas cautelares el 11 de febrero de 2023, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público a denuncia de Margarita Flores Cáceres, por la presunta comisión del delito de avasallamiento y asociación delictuosa (fs. 2). II.2. Mediante providencia de 22 de febrero de 2023, el Juez ahora demandado, resolvió lo siguiente: “Tomando en cuenta que en la audiencia de medidas cautelares de fecha 11 de febrero de 2023, en razón al recurso de apelación incidental formulado por el imputado JULIO CESAR SIERRA TERRAZAS, se ordenó la remisión del cuaderno procesal a la sala penal de turno para su revisión y resolución; y de la revisión del cuaderno procesal, se evidencia que hasta la fecha no ha sido remitido el mismo; por secretaria, informe los motivos por el cual no se ha remitido el cuaderno procesal correspondiente en el plazo de ley; y sea en el plazo de 24 horas” (sic [fs. 17]). II.3. Cursa informe presentado por Wilson Terceros Sullca, Secretario del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ascensión de Guarayos del departamento de Santa Cruz, informó: “Dando cumplimiento al decreto de fecha 22 de febrero de 2023, informar a su autoridad que el imputado en audiencia de medidas cautelares apeló a la resolución de fecha 11 de febrero de 2023; con relación a la remisión del cuaderno procesal a la sala penal de turno, informar a su autoridad, que la parte apelante no ha proveído las fotocopias para la legalización y respectiva remisión del cuaderno procesal a la sala penal de turno; y considerando que el cuaderno procesal es bastante amplio, que el juzgado no cuenta con una fotocopiadora, y siendo que acá en la provincia de guarayos el costo de las fotocopias es elevado, y siendo que el suscrito secretario no cuenta con los recursos económicos suficientes para cubrir el precio de las fotocopias, no se ha procedido a la remisión del cuaderno procesal a la sala penal de turno; asimismo, informo a su autoridad que debido a la recarga procesal que tiene el juzgado por ser mixto no he podido terminar el acta de la audiencia de medidas cautelares correspondiente” (sic [fs. 18]). II.4. Mediante providencia de 24 de febrero de 2023, la autoridad ahora demandada, respecto al informe del Secretario, manifestó lo siguiente: “En atención al informe que antecede, toda vez que no se ha remitido el cuaderno procesal a la sala penal de turno, en el plazo de ley, se llama la atención al Secretario WILSON TERCEROS SULLCA; y se ordena saque fotocopia de las partes principales del cuaderno procesal, y se remita las fotocopias a la sala penal de turno para la revisión y resolución del recurso de apelación incidental formulado por el imputado JULIO CESAR SIERRA TERRAZAS, y sea en el plazo de ley, considerando la distancia de nuestro asiento judicial. El costo de las fotocopias las cubrirá el suscrito juzgador” (sic [fs. 19]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El peticionante de tutela a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de derecho a la defensa y acceso a la justicia pronta y oportuna; toda vez que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de avasallamiento y asociación delictuosa, el Juez ahora demandado emitió el Auto Interlocutorio de 11 de febrero de 2023, disponiendo su detención preventiva por el plazo de ciento veinte días a cumplir en el Centro de Rehabilitación de “Palmasola” del departamento de Santa Cruz; ante lo cual interpuso recurso de apelación incidental conforme el art. 251 del CPP; sin embargo, no se remitieron los antecedentes de la referida impugnación dentro del plazo de veinticuatro horas previsto por ley, ni se elaboró el acta de audiencia correspondiente. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará lo siguiente: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; y, 2) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0105/2018-S2 de 11 de abril, asumió el siguiente entendimiento: El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”.

A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el 1El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:

a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.

b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.

c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.

trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: 1) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; 2) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, 3) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia.

Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP, ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”.

De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/201 2 de 4 de junio, señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación.

Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del (Código de Procedimiento Penal (CPP); decreto a partir del cual se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP.

La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en su Fundamento Jurídico III.3:

i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.

ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal.

iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. Página 11 de 14 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.

iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.

v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.

vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte.

III.2. Análisis del caso concreto

El peticionante de tutela a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de derecho a la defensa y acceso a la justicia pronta y oportuna; toda vez que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de avasallamiento y asociación delictuosa, el Juez ahora demandado emitió el Auto Interlocutorio de 11 de febrero de 2023, disponiendo su detención preventiva por el plazo de ciento veinte días a cumplir en el Centro de Rehabilitación de “Palmasola” de la ciudad de Santa Cruz; ante lo cual interpuso recurso de apelación incidental conforme el art. 251 del CPP; sin embargo, no se remitieron los antecedentes de la referida impugnación dentro del plazo de veinticuatro horas previsto por ley, ni se elaboró el acta de audiencia correspondiente.

De la revisión de los antecedentes que cursan en el legajo constitucional, se advierte que dentro del proceso penal seguido contra el ahora accionante, en audiencia de medidas cautelares, el Juez Público, Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ascensión de Guarayos del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, emitió el Auto Interlocutorio de 11 de febrero de 2023, que dispuso la detención preventiva por el plazo de ciento veinte días a ser cumplida en el Centro de Rehabilitación de “Palmasola” del citado departamento (Conclusión II.1), contra el cual, el impetrante de tutela formuló recurso de apelación incidental al amparo del art. 251 del CPP; sin embargo, de acuerdo al proveído de 22 de febrero de 2023, la autoridad ahora demandada pidió informe al Secretario del Juzgado, que indique: “los motivos por el cual no se ha remitido el cuaderno procesal correspondiente en el plazo de ley”(sic [Conclusión II.2.]), en obediencia, el Secretario informó en síntesis: “que la parte apelante no ha proveído las fotocopias para la legalización y respectiva remisión del cuaderno procesal a la sala penal de turno”(sic), que el “cuaderno procesal es bastante amplio, que el juzgado no cuenta con una fotocopiadora”(sic), asimismo hizo conocer “que debido a la recarga procesal que tiene el juzgado por ser mixto no he podido terminar el acta de la audiencia de medidas cautelares correspondiente” (sic [Conclusión II.2.]); en respuesta a ese informe, el Juez mediante proveído de 24 de febrero de 2023, llamó la atención al Secretario, y ordenó saque las fotocopias de las partes principales del cuaderno procesal, y remita a la sala penal de turno el recurso de apelación formulado por Julio César Sierra Terrazas -ahora accionante-, asimismo dispuso que el costo de las fotocopias serán cubiertas por dicho Juez. (Conclusión II.3.) Ahora bien, se tiene que una vez emitido el Auto Interlocutorio de 11 de febrero de 2023, por el Juez ahora demandado y presentado el recurso de apelación incidental por parte del ahora accionante, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad; es decir, el 1 de marzo de 2023, transcurrieron aproximadamente dieciocho días sin que se hubiera remitido los antecedentes de dicho recurso ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; lo cual, provocó una dilación indebida en perjuicio de los derechos fundamentales del ahora impetrante de tutela. Por lo expuesto, se evidencia que hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, no se remitieron los antecedentes del recurso de apelación incidental planteado, ni se elaboró el acta de audiencia correspondiente; y, si bien la autoridad judicial ahora demandada señaló que mediante dos decretos impulsó al Secretario para que elabore el acta hasta incluso llamarle la atención por el retraso ocasionado ante la no remisión del recurso de apelación, llegando hasta tal extremo de correr con los gastos de las fotocopias, pero no justificó de manera alguna la dilación, de aproximadamente más de dos semanas, en la que incurrieron; lo que imposibilitaría que se pueda aplicar la flexibilización señalada en una de las subreglas anotadas en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, según la cual es posible la flexibilización de dicho plazo, de manera excepcional y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, ya que dicha flexibilización se realiza por el plazo de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal. Por otra parte, la SCP 0223/2018-S2 de 22 de mayo, en su Fundamento Jurídico III.2, sobre la responsabilidad de la autoridad judicial que tiene a su cargo la dirección de su juzgado, estableció que: “…el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado”; en ese entendido, si bien se podría sostener que el Juez ahora demandado cumplió su obligación de gestionar con la mayor celeridad posible el trámite del recurso de apelación incidental observado, pero no fue en tiempo hábil y oportuno ordenar de oficio el envío de la apelación reclamada; por lo que dicha autoridad judicial no ha cumplido su obligación de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente a sus actuaciones dentro de un tiempo hábil y oportuno; lo que ocasionó la dilación indebida en la tramitación de la impugnación presentada por el ahora accionante. Por último, la autoridad judicial demandada en su informe hace referencia al informe del Secretario del Juzgado a su cargo, que una de las causales de no remisión del recurso de apelación, es “que la parte apelante no ha proveído las fotocopias para la legalización” (sic); sin embargo, corresponde aclarar que no es procedente condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al Tribunal superior con el cumplimiento previo de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial; mucho menos, puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir del momento en que el recurrente cumple con tales recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia, conforme una de las subreglas desarrolladas en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En ese contexto, se evidencia la vulneración en la que incurrió el Juez ahora demandado, puesto que no remitió los antecedentes del recurso de apelación incidental interpuesto por el ahora impetrante de tutela contra del Auto Interlocutorio de 11 de febrero de 2023, dentro del plazo de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, provocando una demora excesiva e injustificada en la tramitación de un recurso directamente vinculado con el ejercicio de la libertad física o personal del impetrante de tutela, que debe ser tramitado con la debida celeridad procesal, incurriendo en una dilación indebida, pero no se encuentra vulneración al debido proceso en sus componentes de defensa y acceso a la justicia en razón a que el accionante hizo uso del medio de impugnación que le franquea la ley; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada, bajo la modalidad de pronto despacho. En consecuencia, la Jueza de garantías al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07 de 2 de marzo de 2023, cursante de fs. 34 a 38, pronunciada por la Sala Penal Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

2 El FJ III.4, refiere: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”. 3El FJ III.4, indica: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1050_2025-S1.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): dbb8c8910bccba930b81278646e20d348fed22a0726d97d6adad87c1be607ae4

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