B.IA.LEGAL

SCP 1049/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 8 de julio de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
8 de julio de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
59861-2023-120-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, así como al principio de celeridad y a la defensa; puesto que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Paulina Cutipa Paye, contra Christian Mauricio Molina Cutipa -accionante- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, presentó ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento 05/2023 de 14 de marzo, en su favor, siendo remitido ese Requerimiento ante la Fiscalía Departamental de La Paz, a fin de su pronunciamiento correspondiente; empero, dicha instancia devolvió antecedentes a la Fiscal de Materia a cargo de las investigaciones con la finalidad de que cumpla con las observaciones, dentro del término de tres días de su notificación para la emisión de la resolución correspondiente; empero, la citada Fiscal no cumplió con lo observado, tampoco remitió obrados a la Fiscalía Departamental de La Paz.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 136/2023 de 28 de agosto, cursante de fs. 17 a 21 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución
  3. III.3. Sobre los efectos que genera la ratificación o confirmación del requerimiento conclusivo de sobreseimiento por el Fiscal
  4. II.4. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1049/2026-S1 Sucre, 8 de julio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 59861-2023-120-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 136/2023 de 28 de agosto, cursante de fs. 17 a 21 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marcio Maidana Deheza, Defensor Público del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) en representación sin mandato de Christian Mauricio Molina Cutipa contra Selma Soledad Yapu Limachi, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 28 de agosto de 2023, cursante de fs. 10 a 11, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Paulina Cutipa Paye contra Christian Mauricio Molina Cutipa -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP); la Fiscal de Materia, presentó el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento 05/2023 de 14 de marzo; y, el 18 de abril de 2023, se remitieron obrados a la Fiscalía Departamental de La Paz; en consecuencia, antes de realizar un análisis sustantivo, solicitó a la nombrada el cumplimiento de aspectos formales, devolviéndose dichos obrados el 19 del mismo mes y año, con la finalidad de que atienda las observaciones dentro de un plazo razonable de tres días de su notificación, que según registro del sistema “JL.2”, fue realizada el 2 de junio del referido año; empero, “hasta la fecha” -se entiende de interposición de esta acción de libertad- la Fiscal de Materia ahora accionada no cumplió con la respectiva remisión de obrados a la referida Fiscalía Departamental, a pesar de los insistentes intentos de seguimiento efectuados, no obtuvo respuesta alguna; por lo que, en audiencia solicitó se disponga que la Fiscal de Materia hoy accionada remita el “informe solicitado”.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, así como al principio de celeridad y a la defensa; citando los arts. 115.II, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela; y en consecuencia: En el contexto de la presente acción de libertad, en conformidad con los derechos que fueron conculcados.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 28 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 16 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Selma Soledad Yapu Limachi, Fiscal de Materia, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de libertad, ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 13.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, mediante Resolución 136/2023 de 28 de agosto, cursante de fs. 17 a 21 vta., concedió la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho al encontrarse a disposición del litigante, cuando esta privado de libertad y cuando las solicitudes que no tuvieron una respuesta pronta, oportuna tienen que ver con el derecho a la libertad del accionante imputado sobreseído, al no encontrarse privado en un centro de detención; empero, si con detención domiciliaria que es una forma de privación de libertad; ii) De la revisión de la documentación adjuntada al momento de presentar la acción tutelar, con la Resolución de Sobreseimiento 05/2023, fue notificada al accionante el 4 de abril de 2023; y, iii) La Fiscal de Materia ahora accionada hizo caso omiso a la “Resolución jerárquica” lo que se considera una vulneración a los derechos del accionante.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. A través de Decreto Constitucional de 22 de mayo de 2026, cursante a fs. 26, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 7 de julio del citado año, cursante a fs. 30; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento 05/2023 de 14 de marzo, presentado por Godelia Vásquez Almuguer, Fiscal de Materia, dentro del caso con Código Único de Denuncia (CUD) 201103052100573, en favor de Christian Mauricio Molina Cutipa -ahora accionante- (fs. 2 a 5 vta.). II.2. Cursa Requerimiento Fiscal de 19 de abril de 2023, con CUD 201103052100573; por la que, el Fiscal Departamental de La Paz, resuelve y ordena a la Fiscal asignada al caso a informar respecto al estado de una pericia señalada en el requerimiento, otorgando el plazo de tres días de su notificación (fs. 7).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, así como al principio de celeridad y a la defensa; puesto que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Paulina Cutipa Paye, contra Christian Mauricio Molina Cutipa -accionante- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, presentó ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento 05/2023 de 14 de marzo, en su favor, siendo remitido ese Requerimiento ante la Fiscalía Departamental de La Paz, a fin de su pronunciamiento correspondiente; empero, dicha instancia devolvió antecedentes a la Fiscal de Materia a cargo de las investigaciones con la finalidad de que cumpla con las observaciones, dentro del término de tres días de su notificación para la emisión de la resolución correspondiente; empero, la citada Fiscal no cumplió con lo observado, tampoco remitió obrados a la Fiscalía Departamental de La Paz.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; b) El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución; c) Sobre los efectos que genera la ratificación o confirmación del requerimiento conclusivo de sobreseimiento por el Fiscal Departamental; y, d) Análisis de caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0895/2025-S1 de 30 de julio, establece que: “…El art. 8.II de la CPE, se sustenta entre otros valores: en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo, el cual resulta, el vivir bien; en este sentido, como ya se tiene expuesto, se ha previsto no solo los valores generales entre los cuales figura la libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se funda la jurisdicción ordinaria; entre ellos, el principio de celeridad arts. 178 y 180.I de la CPE, el cual obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tratamiento y velando por el respeto a los derechos fundamentales establecidos en la norma suprema.

Es así que, la Constitución Política del Estado, anterior y actual, han previsto medios de defensa para resguardar estos derechos, valores y principios a través de acciones, efectivas, oportunas e inmediatas, entre ellas, la acción de libertad, misma que en una interpretación evolutiva del artículo 125 de la CPE a través del Tribunal Constitucional como máximo guardián de la norma fundamental, fue incorporando tipologías de esta acción de defensa, con el fin de tutelar una garantía sustitutiva y esencial, como es la celeridad procesal vinculada a la libertad física o personal de las personas privadas de libertad, sin necesidad de agotar medios intra procesales de defensa.

En tal sentido, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el habeas corpus - ahora acción de libertad - expuso las tipologías de esta acción, siendo estas, el habeas corpus preventivo y correctivo, agregando la jurisprudencia constitucional al habeas corpus restringido; y ampliando su consideración a los tipos de habeas corpus instructivo y traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; por lo que básicamente, se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de los privados de libertad.

En esa misma línea, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, confirmó dichos postulados y la necesidad de contar con medios constitucionales efectivos para resguardar sobre todo el derecho a la libertad, en ese sentido señaló que:

`Para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales…ʼ

A partir de esa interpretación, se tiene que el nuevo modelo constitucional reconoce de igual forma las tipologías de la acción de libertad, las mismas que son utilizadas en la práctica en el ámbito constitucional, así pues, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, refirió que:

Este Tribunal Constitucional, tomando en cuenta el contexto de la Constitución vigente y de la Ley del Tribunal Constitucional -que aún continúa vigente- concluyo que los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho. (SC 0044/2010-R de 20 de abril).

En este mismo sentido, la referida Sentencia Constitucional citada, reiteró que el hábeas corpus, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye:

`…en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”ʼ.

III.2. El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución

La SCP 0599/2024-S1, de 23 de septiembre, señala que: “El art. 410.II de la CPE, establece que: La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes”.

A partir de este texto constitucional se entiende que la Constitución Política del Estado tiene una jerarquía normativa y goza de aplicación preferente frente a cualquier otra disposición normativa, así fué interpretada también por la SCP 0112/2012 de 27 de abril; ésta primacía, hace que surja la preponderancia del órgano judicial que exige de los jueces un razonamiento que desborda la subsunción y por el contrario requiera la aplicación directa de la Constitución; primacía que no es sólo un asunto meramente formal de jerarquías y competencias, sino porque está cargada de normas constitucionales-principio, que son los valores, principios, derechos y garantías plurales que coexisten, que conviven como expresión de su base material pluralista y se comunican entre sí como expresión de su base intercultural y son los que informan el orden constitucional y legal, sin renunciar a su contenido de unidad - art. 2 de la CPE-. En igual sentido, la jurisprudencia interpretó en la citada SCP 0112/2012, que la Constitución goza de primacía con relación al ordenamiento jurídico; es decir, es la Ley Suprema del ordenamiento jurídico nacional, en ese sentido, los tribunales, jueces y autoridades deben aplicarla con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a cualquier otra resoluciones; interpretación que se encuentra acorde a lo previsto en el art. 410.II de la CPE. Esta misma Sentencia citada, en un entendimiento, relevante sostuvo que:

Entonces, con mayor razón, la primacía de las normas constitucionales principios respecto de las normas legales-reglas (contenidas en las leyes formales o materiales, códigos sustantivos o procesales, disposiciones reglamentarias en general, etc.)”, bajo dicho marco, refirió que las normas constitucionales-principio son los valores, principios, derechos fundamentales y garantías constitucionales que orientan al poder público, la convivencia social, así como las relaciones entre particulares y estos con el Estado.

Consecuentemente, de esta descripción jurisprudencial, se tiene que por mandato constitucional todos estos derechos, valores y principios obligan a todos los actores sea en el ámbito judicial, administrativo o particular a regir sus actos en observancia de los mismos, y por ello, el Tribunal Constitucional a través de su basta jurisprudencia fue ratificando dichos postulados, y dando realce a uno prevaleciente que compele a quienes administran justicia a su observancia, cuyo fin es el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; así se tiene que, el mismo está expresamente inmerso en la norma fundamental, en los artículos: 178.I de la CPE, que dispone: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”, así también el art. 180.I de la Norma Suprema, que prevé: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”.

Ahora bien, relacionado a estas dos normas constitucionales, se halla previsto el art. 115.II de la CPE, que expresa: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”.

En tal entendido se tiene que, el principio de celeridad tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilataciones, dónde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasan los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo, en los cuales los jueces o tribunales agilicen la resolución de los litigios.

Es así que sobre este principio, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme en sostener que la acción de libertad puede ser activada cuando se denuncia dilaciones indebidas y se advierta una mora procesal o retardación de justicia, ostensible, con inobservancia de plazos procesales previstos por el ordenamiento jurídico en la resolución de un determinado asunto más aun tratándose de asuntos relacionados con personas privadas de libertad; esa misma línea jurisprudencial se siguió en la SC 0862/2005-R, de 27 de julio reiterada por las SSCC 1213/2006-R; 0900/2010, 1157/2017; 0052/2018-S2, entre otras.

En ese entendido, la SCP 0112/2012 de 27 de abril citada anteriormente, generó una regla procesal penal que estableció que la exigencia de la observancia del principio de celeridad se hace extensible no sólo a los jueces o tribunales de control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que coadyuva o intervenga en la administración de justicia y de cuya actuación dependa la libertad del privado”.

III.3. Sobre los efectos que genera la ratificación o confirmación del requerimiento conclusivo de sobreseimiento por el Fiscal

Departamental

La SCP 1389/2022-S1 de 25 de noviembre, establece que: “Sobre esta temática inicialmente debemos remitirnos a lo dispuesto por el art. 225 de la Constitución Política del Estado que con referencia al Ministerio Público precisó:

I. El Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y ejercerá la acción penal pública. El Ministerio Público tiene autonomía funcional, administrativa y financiera.

II. El Ministerio Público ejercerá sus funciones de acuerdo con los principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía. Bajo lo glosado se colige que el Ministerio Publico en defensa de la sociedad tiene la prerrogativa de ejercer la acción penal pública; en ese marco, el art.15 del Código de Procedimiento Penal al respecto estableció:

“La acción penal pública será ejercida por la Fiscalía, en todos los delitos perseguibles de oficio, sin perjuicio de la participación que este Código reconoce a la víctima.

(…)”

Ahora bien, dentro el ejercicio de la referida acción penal pública el Ministerio Público, a través de los Fiscales de Materia conforme al art. 40 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) tienen las siguientes atribuciones: 1. Ejercer la acción penal pública, la dirección funcional de la investigación y de la actuación policial, en los casos que le sean asignados en la investigación 2. Intervenir en todas las diligencias de la etapa preliminar, preparatoria e intermedia, determinadas por Ley, velando por que dentro el término legal, se cumpla la finalidad de estas etapas del proceso y emitir los requerimientos correspondientes dentro del plazo previsto por Ley, bajo responsabilidad;

(...)

11. Resolver de manera fundamentada la imputación formal, el rechazo, el sobreseimiento, acusación formal en los plazos que establece la Ley.” (el resaltado es nuestro).

A su vez los Fiscales Departamentales por disposición del art. 34 de la citada norma tienen las siguientes atribuciones:

1. Representar al Ministerio Público en el ámbito departamental al que pertenecen. 2. Ejercer la dirección funcional de la investigación criminal en casos de relevancia social o delegarla.

(...)

17. Resolver las objeciones de las resoluciones de rechazo e impugnación a sobreseimiento, conforme a procedimiento”. De lo precedentemente expuesto se concluye que los Fiscales de Materia dentro el ejercicio de la acción penal público, y conforme al marco de sus atribuciones a la conclusión de la dirección funcional de la investigación, se encuentran facultados para emitir el requerimiento conclusivo de imputación formal, el rechazo, el sobreseimiento o la acusación formal; en tratándose del rechazo o el sobreseimiento; estas pueden ser impugnadas ante el Fiscal Departamental correspondiente, quien tiene la facultad de resolver las mismas; en consecuencia la Resolución que vaya a emitir la mencionada autoridad conforme lo establece el art. 324 del CPP; en caso de revocar el sobreseimiento, intimará al fiscal inferior o a cualquier otro, para que dentro del plazo de diez días presente requerimiento conclusivo de acusación a la jueza, juez o tribunal de sentencia competente. Si lo ratifica, dispondrá la conclusión del proceso con relación al imputado en cuyo favor se dictó la cesación de las medidas cautelares y la cancelación de sus antecedentes penales. En ambos casos la decisión deberá ser comunicada al control jurisdiccional dentro el plazo de veinticuatro horas, bajo responsabilidad. Ahora bien, de la revocación o ratificación del sobreseimiento se desprenden dos efectos; el primero en caso de la revocación, dará lugar a la continuación del proceso penal y la segunda relacionada a la ratificación, dispondrá la conclusión del proceso penal en favor del imputado y como lógica consecuencia de ello la cesación de las medidas cautelares y la cancelación de los antecedentes penales, y conforme lo preciso la citada norma en ambos casos la determinación asumida deberá ser comunicada al control jurisdiccional dentro el plazo de veinticuatro horas; en ese marco normativo la autoridad judicial se encuentra reatada a dar cumplimiento a lo dispuesto por el Fiscal Departamental, quien conforme se lo preciso líneas arriba por mandato constitucional es la única facultada para el ejercer la acción penal publica, y ante su conclusión bajo la logicidad del carácter teleológico del proceso penal, todas las medidas cautelares personales deben ser cesadas, esto en virtud al resguardo de los derechos del sobreseído, conforme se lo tiene legislado en el art. 23.I de la CPE al precisar que toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal; en consecuencia esta no puede ser restringida en los límites señalados por la ley.

Al respecto la SC 1406/2005-R de 8 de noviembre con referencia a los efectos del sobreseimiento preciso lo siguiente:

“Concordante con el entendimiento referido, los requerimientos deberán ser emitidos por el Fiscal que dirige la investigación, entre los que se encuentra el de sobreseimiento, que está previsto en los arts. 323 inc. 2) del CPP, y 45.15 de la LOMP. Pues bien, ratificado el requerimiento de sobreseimiento, uno de sus efectos de acuerdo a las normas del art. 324 del CPP, no sólo importa que no se abra un nuevo proceso penal por el mismo hecho y que se cancelen los antecedentes penales del imputado, sino también la conclusión del proceso en su contra y la cesación de las medidas cautelares que se le impusieron, efectos, que el Fiscal debe cuidar porque se efectivicen por ser también su obligación velar por la justicia y por la legalidad; consiguientemente su función cuando dicta un sobreseimiento, no culmina con el mero acto formal de dictarlo, pues al conocer la ratificatoria tiene que hacer efectivo el requerimiento de sobreseimiento, de manera que de haber imputados detenidos preventivamente tiene que comunicar de su sobreseimiento ante la autoridad competente, a fin de que sean liberados inmediatamente; vale decir que no puede simplemente limitarse a que luego de haber emitido su requerimiento de sobreseimiento, el Fiscal superior en grado emita su decisión confirmatoria o revocatoria, pues a partir de este momento aún tiene obligaciones, como ser la de -se reitera-hacer efectiva la libertad de los imputados detenidos preventivamente, porque de no hacerlo no se podría sustentar ni invocar que se aplicó justicia material en el caso concreto, sino simplemente una justicia formal que en los hechos no es justicia, de ahí que el Fiscal al tener como función principal velar por ella, debe hacerla efectiva, y en el caso de dictar un sobreseimiento y conocer de su ratificatoria, como se ha referido debe asegurarse que los efectos del mismos sean cumplidos.

Del referido, concluyentemente advierte la obligación que tiene el Ministerio Público de hacer efectiva sus determinaciones esto en resguardo de la justicia material por sobre la formal; obligación que alcanza a los actores que ejercen la función jurisdiccional, quienes conforme al art. 180.I de la CPE esta se cimienta bajo los principios procesales de celeridad y verdad material - entre otros - por lo que ante un Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento ratificado por el Fiscal Departamental, la autoridad judicial y el Ministerio Público se encuentran reatados a su cumplimiento y como emergencia de ello a cesar las medidas cautelares personales impuestas al sobreseído de forma inmediata”.

II.4. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, así como al principio de celeridad y a la defensa; puesto que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Paulina Cutipa Paye, contra Christian Mauricio Molina Cutipa -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, presentó ante el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento 05/2023 de 14 de marzo, en su favor, siendo remitido ese Requerimiento ante la Fiscalía Departamental de La Paz, a fin de su pronunciamiento correspondiente; empero, dicha instancia devolvió antecedentes a la Fiscal de Materia a cargo de las investigaciones con la finalidad de que cumpla con las observaciones, dentro del término de tres días de su notificación para la emisión de la resolución correspondiente; empero, la nombrada ahora accionada no cumplió con lo observado, tampoco remitió obrados a la Fiscalía Departamental de La Paz.

De los antecedentes relevantes traídos en revisión, se establece que: el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, dispone que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho es el mecanismo idóneo para acelerar trámites administrativos o judiciales cuando existen dilaciones indebidas que retardan la resolución de la situación jurídica de una persona privada de libertad en el presente caso -el accionante a pesar de estar sobreseído continua guardando detención domiciliaria- lo que vincula el acto omisivo a su derecho a la libertad.

En este contexto al existir un Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento 05/2023 (Conclusión II.1.), la autoridad Fiscal quien tenía la obligación imperativa de tramitar los cuadernos de investigación con la mayor celeridad; puesto que, la demora en remitir el informe y los obrados a la Fiscalía Departamental de La Paz, impide que se ratifique o revoque dicha decisión, prolongando innecesariamente el estado de incertidumbre del accionante (Fundamento Jurídico III.3.).

Al respecto cabe precisar que, la Fiscal de Materia ahora accionada fue notificada el 2 de junio de 2023, para subsanar dichos aspectos formales en un plazo de tres días (Conclusión II.2.); no obstante, hasta la interposición de la acción de libertad -28 de agosto del mismo año-, no hubo respuesta alguna. Esta omisión constituye en una dilación injustificada que frena el curso normal del procedimiento penal.

Bajo esos parámetros, es necesario resaltar que la Fiscal de Materia ahora accionada no asistió a la audiencia ni presentó el informe; en consecuencia, lejos de desvirtuar la denuncia, refuerza la presunción de veracidad de los hechos expuestos por el accionante. La falta de remisión del cuaderno procesal a la instancia jerárquica superior -Fiscalía Departamental-, representa un óbice que contraviene el principio de celeridad y el derecho a una justicia pronta y oportuna, Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Finalmente, se constata que la Fiscal de Materia hoy accionada vulneró el derecho al debido proceso en su elemento de celeridad, vinculado al derecho a la libertad del accionante y al no darse cumplimiento a la remisión de obrados en un plazo razonable, se activa la modalidad traslativa de la acción de libertad, siendo imperativo que la justicia constitucional tutele el derecho vulnerado ordenando la remisión inmediata de los antecedentes para que se defina la situación jurídica del accionante. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 136/2023 de 28 de agosto, cursante de fs. 17 a 21 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1049_2026-S1.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 2e93986f55ba5e985a3299c2aed8bcfeafbfa09c80e664a7e7e90f7fe303c41c

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →