Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 6 de julio de 2026
Concede la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la locomoción, de petición y al debido proceso en su elemento de celeridad; puesto que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de violación, en audiencia de cesación de su detención preventiva de 25 de julio de 2023, formuló recurso de apelación incidental contra la determinación asumida por el Juez hoy accionado, mismo que hasta la fecha de la interposición de esta acción de libertad no fue remitido ante el Tribunal de alzada, a pesar de haber transcurrido más de dos meses. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; ii) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; y, iii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 218/2023 de 26 de septiembre, cursante de fs. 17 a 20, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, al haberse activado la acción de libertad en su modalidad de pronto despacho.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1034/2026-S1 Sucre, 6 de julio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 59097-2023-119-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 218/2023 de 26 de septiembre, cursante de fs. 17 a 20, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gudelia Alarcón Luna en representación sin mandato de David Armando Martínez Panozo contra Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz.
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 26 de septiembre de 2023, cursante de fs. 6 a 7, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra David Armando Martínez Panozo -accionante-, por la presunta comisión del delito de violación, previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP); el 25 de julio de 2023, a las 12:00 horas, se llevó a cabo la audiencia de cesación de su detención preventiva, acto procesal en el cual planteó recurso de apelación incidental conforme a los arts. 250 y 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP). No obstante, a pesar del tiempo transcurrido, el Juez ahora accionado no remitió el referido recurso ni los antecedentes pertinentes ante el superior en grado, argumentando que el Auto Interlocutorio de esa misma fecha, aún se encontraba en despacho para revisión. Dicha omisión generó una paralización indebida del trámite recursivo por más de dos meses, impidiendo que el Tribunal de alzada conozca y resuelva el recurso de apelación incidental formulado, situación que constituyó una vulneración directa a los derechos a la libertad, a la locomoción, al debido proceso en su elemento de celeridad y de petición, tomando en cuenta que la impugnación estaba vinculada a una solicitud de cesación de medidas cautelares.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la locomoción, de petición y al debido proceso en su elemento de celeridad; sin citar norma constitucional alguna.
Solicita se conceda la tutela y en consecuencia se disponga que el Juez ahora accionado, remita de manera inmediata el legajo del recurso de apelación incidental junto con toda la documentación pertinente y con las formalidades de ley ante el Tribunal de alzada.
Celebrada la audiencia virtual el 26 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 16 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo manifestó que: a) El Auto Interlocutorio emitido en la audiencia de cesación de su detención preventiva de 25 de julio de 2023, en el proceso penal signado con Código Único de Denuncia (CUD) 201103052203487, fue objeto de recurso de apelación incidental oralmente conforme a los arts. 250 y 251 del CPP; sin embargo, a pesar del seguimiento efectuado por su abogado, hasta la presentación de esta acción tutelar no se remitió los antecedentes procesales ni el recurso de apelación incidental ante el superior en grado. Asimismo, transcurrieron más de dos meses desde el planteamiento de ese recurso, sin que el Juez hoy accionado de cumplimiento a dicha remisión, bajo el argumento de que el legajo del recurso de apelación incidental se encontraba en despacho judicial para revisión del Auto Interlocutorio de 25 de julio de 2023; y, b) Esa dilación afectó derechos constitucionales vinculados a la libertad y a la celeridad procesal, tomando en cuenta que el señalado recurso planteado surgía de una solicitud de cesación de medidas cautelares.
Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de libertad, ni remitió informe alguno; pese a su citación cursante a fs. 14.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 218/2023 de 26 de septiembre, cursante de fs. 17 a 20, concedió la tutela solicitada y dispuso se remita el legajo del recurso de apelación incidental ante el superior en grado; bajo los siguientes fundamentos: 1) Previamente, desarrolló de manera amplia la jurisprudencia constitucional vinculada a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, citando las Sentencias Constitucionales Plurinacionales, 0011/2014 de 3 de enero, 0112/2014 de 3 de enero, 1874/2014 de 25 de septiembre y 0096/2020-S2 de 17 de marzo, entre otras, señalando que la acción de libertad es una garantía constitucional que constituye el mecanismo idóneo para reparar dilaciones indebidas en trámites judiciales o administrativos vinculados al derecho a la libertad, especialmente cuando la demora repercute en la definición de la situación jurídica de personas privadas de libertad; 2) Los administradores de justicia tienen el deber constitucional de observar el principio de celeridad previsto por los arts. 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); así como, garantizar una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, conforme al art. 115.II de la Ley Fundamental y a los estándares contenidos en instrumentos internacionales de Derechos Humanos. De igual manera, la acción de libertad de pronto despacho únicamente resulta procedente cuando la demora denunciada guarda relación directa con el derecho a la libertad; y, 3) En el caso concreto, sí existió vinculación entre la demora denunciada y el derecho a la libertad, tomando en cuenta que el accionante se encuentra con detención preventiva; aspecto corroborado incluso por su participación desde el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, resultando que el recurso de apelación incidental pendiente de remisión surge de una solicitud de cesación de medidas cautelares. 1.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Por decreto constitucional de 15 de mayo de 2026, cursante a fs. 26, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 3 de julio del citado año, cursante a fs. 30; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 3 de julio de 2023, ante Mario Helmer Laura Picavia Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -hoy accionado-, David Armando Martínez Panozo -ahora accionante-, solicitó se programe audiencia de cesación de su detención preventiva, conforme el art. 239.1 y 2 del CPP, modificado por la Ley de Modificación a Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres (fs. 4 y vta.).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la locomoción, de petición y al debido proceso en su elemento de celeridad; puesto que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de violación, en audiencia de cesación de su detención preventiva de 25 de julio de 2023, formuló recurso de apelación incidental contra la determinación asumida por el Juez hoy accionado, mismo que hasta la fecha de la interposición de esta acción de libertad no fue remitido ante el Tribunal de alzada, a pesar de haber transcurrido más de dos meses. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; ii) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; y, iii) Análisis del caso concreto.
Sobre la presunción de veracidad de los hechos denunciados en acciones de libertad, la jurisprudencia constitucional desarrolló una línea evolutiva orientada a reforzar la tutela efectiva del derecho a la libertad y a garantizar la eficacia material de esa garantía constitucional frente a actos u omisiones de autoridades públicas.
En ese marco, inicialmente las SSCC 1068/2000-R de 15 de noviembre y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, establecieron que para la procedencia del entonces recurso de hábeas corpus -hoy acción de libertad- correspondía a la parte accionante acreditar mediante prueba suficiente los hechos denunciados como vulneradores a sus derechos fundamentales, asumiendo una carga probatoria orientada a demostrar la existencia de la vulneración alegada.
No obstante, posteriormente la jurisprudencia constitucional flexibilizó dicho entendimiento a partir de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, introduciendo el principio de presunción de veracidad como una excepción a la denegatoria de tutela por insuficiencia probatoria, estableciendo que, los hechos expuestos por la parte accionante debían tenerse como ciertos, siempre y cuando no fueren desvirtuados por el o los accionados.
En ese sentido, la jurisprudencia constitucional identificó dos supuestos específicos de aplicación de la presunción de veracidad: a) Cuando las autoridades accionadas no comparecen a la audiencia constitucional ni presentan el informe correspondiente destinado a desvirtuar los hechos denunciados; supuesto en el cual las afirmaciones contenidas en la acción tutelar se presumen ciertas y generan la concesión de la tutela. Dicho razonamiento fue reiterado y consolidado posteriormente por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012 de 24 de mayo, 1329/2012 de 19 de septiembre, 2498/2012 de 3 de diciembre y 0029/2014-S1 de 6 de noviembre, entre otras; y, b) Cuando las autoridades accionadas sí comparecen a la audiencia constitucional; sin embargo, omiten negar de manera expresa los hechos denunciados por la parte accionante, generando igualmente la aplicación de la presunción de veracidad respecto a los actos u omisiones cuestionados. Este entendimiento fue asumido, entre otras, en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0100/2014-S2 de 4 de noviembre y 0207/2014 de 5 de febrero. Complementando dicha línea jurisprudencial, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero desarrolló el fundamento constitucional de la presunción de veracidad a partir de los principios de compromiso social, responsabilidad y deber funcional que rigen el ejercicio de la función pública, estableciendo que, dada la naturaleza de los derechos protegidos por la acción de libertad, toda autoridad o servidor público accionado tiene la obligación de presentar informe escrito y concurrir a audiencia a efectos de desvirtuar los actos denunciados como vulneradores; precisando que, en caso de incumplir dicha obligación, se presume la veracidad de los hechos expuestos por la parte accionante.
Dicho entendimiento fue reiterado posteriormente por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1512/2012 de 24 de septiembre y 0037/2018-S2 de 6 de marzo, consolidando el criterio de que la carga de desvirtuar los hechos denunciados recae sobre la autoridad accionada, especialmente cuando se trata de servidores públicos sometidos a los principios de legalidad, responsabilidad y sometimiento pleno a la Constitución Política del Estado y la ley.
En ese entendido de la línea jurisprudencial desarrollada se establece que, si bien inicialmente la acción de libertad exigía a la parte accionante acreditar plenamente los hechos denunciados, posteriormente la jurisprudencia constitucional incorporó el principio de presunción de veracidad como mecanismo de protección reforzada del derecho a la libertad. En virtud de dicho principio, cuando la autoridad accionada no presenta informe, no comparece a audiencia o, aun compareciendo, no desvirtúa expresamente los hechos denunciados, las afirmaciones contenidas en la acción tutelar se presumen ciertas. En consecuencia, las autoridades públicas accionadas tienen el deber constitucional y procesal de asumir defensa activa dentro de la acción de libertad, aportando los elementos necesarios para desvirtuar los hechos alegados; caso contrario, su inactividad genera la presunción favorable a la parte accionante y puede dar lugar a la concesión de la tutela constitucional solicitada.
La SCP 0012/2018-S2 de 28 de febrero, establece que: “El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- ‘…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida’. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último ‘…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: 1) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; 2) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, 3) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia.
Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando: ‘d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP, ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley’. De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación. Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, señala que, una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; decreto a partir del cual se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en su Fundamento Jurídico III.3: i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto. iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. Página 11 de 14 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte” (las negrillas nos pertenecen).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la locomoción, de petición y al debido proceso en su elemento de celeridad; puesto que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de violación, en audiencia de cesación de su detención preventiva de 25 de julio de 2023, formuló recurso de apelación incidental contra la determinación asumida por el Juez hoy accionado, mismo que hasta la fecha de la interposición de esta acción de libertad no fue remitido ante el Tribunal de alzada, a pesar de haber transcurrido más de dos meses. Al respecto, planteado el problema jurídico, se advierte de la revisión de antecedentes (Conclusión II.1.); que el accionante, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por el delito de violación, manifestó que se encontraba privado de libertad desde el 21 de enero de 2023, en mérito al Auto Interlocutorio 034/2023 de esa misma fecha que dispuso su detención preventiva, dicha medida resultaba injusta; debido a que, durante la tramitación del proceso logró desvirtuar los riesgos procesales previstos por el art. 234.1 y 2 del CPP, acreditando contar con domicilio, trabajo y familia constituida, extremos que fueron reconocidos por el Juez ahora accionado en la audiencia de cesación de la detención preventiva desarrollada el 1 de junio de 2023, mediante Auto Interlocutorio 323/2023. Asimismo, había desvirtuado el riesgo para la sociedad; sin embargo, persistieron como latentes los riesgos previstos por los arts. 234.7 y 235.2 del CPP modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, este último relacionado con la declaración pendiente de Fortunato Condori Mamani, administrador del alojamiento denominado “El Turco”, aspecto que posteriormente había desvirtuado. En ese contexto, el accionante señaló que su permanencia en detención preventiva, sin la existencia de una sentencia condenatoria ejecutoriada, implicaba una afectación a la garantía de presunción de inocencia y una forma de atribución anticipada de culpabilidad, invocando para ello los arts. 6 y 72 del CPP; así como, los arts. 110, 115, 116 y 117 de la CPE y el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Por esos antecedentes, al amparo del art. 239.1 y 2 del CPP modificado por la Ley de Modificación a Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, solicitó se señale audiencia para considerar la cesación de su detención preventiva. Ahora bien, inicialmente cabe indicar que conforme fue desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, este Tribunal Constitucional Plurinacional, consolidó el entendimiento relativo a la presunción de veracidad en acciones de libertad, estableciendo que cuando la autoridad accionada no comparece a la audiencia constitucional de consideración de la acción de defensa ni presenta informe destinado a desvirtuar los hechos denunciados, corresponde tener por ciertas las afirmaciones expuestas por la parte accionante. Del mismo modo, la SC 0038/2011-R precisó que, debido a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad, las autoridades públicas tienen la obligación funcional y procesal de concurrir a audiencia y asumir defensa activa respecto a los actos denunciados como vulneradores; por cuanto, su incomparecencia genera la presunción de veracidad de los hechos alegados. En ese contexto, en el presente caso, se advierte que el Juez ahora accionado, a pesar de su citación (fs. 14), no se hizo presente en la audiencia de consideración de esta acción de libertad ni remitió informe alguno que permita desvirtuar los extremos denunciados por el accionante, relacionados con la falta de remisión del legajo procesal del recurso de apelación incidental formulado contra el Auto Interlocutorio emitido en la audiencia de cesación de la detención preventiva de 25 de julio de 2023. Asimismo, si bien no cursa en antecedentes el acta de la audiencia de esa fecha, se encuentra explicación precisamente en lo afirmado por el accionante, quien sostuvo que dicha acta aún no se encontraba elaborada ni firmada por el Juez hoy accionado, extremo que guarda coherencia con la denuncia principal referida a la demora en la tramitación del recurso de apelación incidental. Asimismo, de la documentación adjunta se evidencia la existencia del memorial de 3 de julio de 2023 (Conclusión II.1.), mediante el cual el accionante solicitó audiencia de cesación de su detención preventiva, acreditándose así la existencia objetiva del trámite cautelar denunciado. De igual manera, el Juez de garantías dejó constancia de que el accionante continuaba conectado desde el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, evidenciando que, al momento de la interposición de esta acción de libertad y Resolución 218/2023 de la presente acción de defensa, aún se encontraba privado de libertad, aspecto que otorga relevancia constitucional a la demora denunciada.
En consecuencia, ante la incomparecencia injustificada del Juez hoy accionado, la ausencia de elementos que contradigan los hechos expuestos en la acción tutelar y la existencia de elementos mínimos de corroboración respecto a la solicitud de cesación de detención preventiva y la persistencia de la privación de libertad del accionante, corresponde aplicar el principio de presunción de veracidad desarrollado por la jurisprudencia constitucional, teniéndose por ciertos los hechos denunciados por el accionante respecto a la falta de remisión oportuna del legajo procesal del recurso de apelación incidental y la consecuente dilación indebida vinculada a su derecho a la libertad.
Ahora bien, ingresando al análisis propiamente de la problemática constitucional denunciada, cabe señalar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho constituye el mecanismo constitucional idóneo para reparar dilaciones indebidas en actuaciones judiciales vinculadas al derecho a la libertad, particularmente cuando dichas demoras afectan la tramitación de solicitudes de cesación de detención preventiva o de los recursos de apelación incidental formulados contra resoluciones de medidas cautelares. En ese marco, la jurisprudencia constitucional estableció como regla general que, interpuesto el recurso de apelación incidental previsto por el art. 251 del CPP, la autoridad jurisdiccional tiene la obligación de remitir los antecedentes ante el Tribunal de alzada dentro del plazo improrrogable de veinticuatro horas, pudiendo únicamente flexibilizarse dicho término hasta un máximo de tres días cuando exista justificación razonable y debidamente fundamentada, como recarga laboral, suplencias o pluralidad de imputados. Asimismo, se determinó que toda demora injustificada o la imposición de obstáculos ajenos a la ley constituye dilación indebida vulneradora del derecho a la libertad, susceptible de tutela mediante acción de libertad de pronto despacho. Bajo dicho entendimiento jurisprudencial, en el caso concreto se advierte que el accionante formuló recurso de apelación incidental el 25 de julio de 2023, contra el Auto Interlocutorio emitido en la audiencia de cesación de la detención preventiva de esa misma fecha; sin embargo, a pesar del seguimiento realizado por el abogado del accionante a la remisión de su impugnación por el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, ante el Tribunal de alzada, se evidenció que el Auto Interlocutorio de 25 de julio de 2023, aún permanecía en despacho del Juez hoy accionado para su revisión, sin que hasta la fecha de presentación de esta acción de libertad fuera emitido, firmado o remitido al Tribunal de alzada para su respectiva consideración y resolución. En ese sentido, se tiene que entre la formulación del recurso de apelación incidental y la presentación de esta acción tutelar, transcurrieron más de dos meses, excediendo de manera manifiesta no solo el plazo ordinario de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP, sino también el plazo excepcional máximo de tres días reconocido por la jurisprudencia constitucional. Asimismo, el Juez hoy accionado no compareció a la audiencia de consideración de esta acción de libertad ni presentó informe alguno que permita justificar razonablemente la demora denunciada, imposibilitando verificar la existencia de circunstancias excepcionales que pudieran legitimar la retardación advertida. Por consiguiente, al encontrarse acreditada una demora excesiva e injustificada en la remisión del legajo procesal del recurso de apelación incidental formulado dentro de un trámite directamente vinculado con la definición de la situación jurídica de una persona privada de libertad, corresponde concluir que la conducta omisiva atribuida al Juez ahora accionado vulneró el principio de celeridad y afectó el derecho a la libertad del accionante, resultando plenamente viable la tutela constitucional mediante la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, conforme a la línea jurisprudencial desarrollada por este Tribunal Constitucional Plurinacional; no obstante, es menester aclarar que esta Sala de este Tribunal, no está disponiendo de ninguna manera la libertad del accionante, tampoco implica pronunciamiento alguno sobre su responsabilidad penal o la procedencia o no, de las medidas cautelares que pesan en su contra, sino reencausar el procedimiento; más aun, considerando que la demora en la tramitación del proceso también afecta a la víctima, en la medida que vulnera sus derechos a la tutela judicial efectiva. Esta consideración adquiere relevancia cuando se investigan hechos presuntamente relacionados con el delito de violación, supuesto en el cual, el Estado tiene el deber de garantizar una actuación diligente, célere y libre de retardación, evitando las irregularidades procesales que prolonguen innecesaria e indebidamente, generando incertidumbre jurídica a las partes. En consecuencia, la reparación de la vulneración advertida debe orientarse a restablecer el trámite legal correspondiente, resguardando también de esa manera, los derechos de la víctima en el proceso penal. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 218/2023 de 26 de septiembre, cursante de fs. 17 a 20, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, al haberse activado la acción de libertad en su modalidad de pronto despacho. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1034_2026-S1.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1086392dc6bc5943d7338a69420dccd6c18c270a75957a7ce809b53c4ddcd730
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