B.IA.LEGAL

SCP 1017/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 28 de agosto de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
28 de agosto de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
54541-2023-109-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

Las accionantes, denuncian la lesión de sus derechos a la libre locomoción, al debido proceso, a la libertad, a la defensa y principio de celeridad, por cuanto habiendo interpuesto recurso de apelación incidental contra la Resolución 97/2023, que determinó la medida cautelar de su detención preventiva, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad, no se remitió los antecedentes de su apelación ante el Tribunal de alzada, por lo que solicitan se conceda la tutela, disponiendo que los demandados, remitan en el día ante el Tribunal de alzada, la apelación incidental interpuesta. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 22/2023, de 24 de marzo de 2023, cursante de fs. 13 a 15, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz y, en consecuencia:

1° CONCEDER en todo la tutela impetrada, sin responsabilidad, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer la remisión del testimonio de apelación en plazo de veinticuatro horas, en caso de no haber sido remitido. 3° Exhortar al Juez de Sentencia Penal y Perdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías:

a) En futuras acciones tutelares que sean puestas en su conocimiento, cumplir con el deber de verificar la remisión de los actuados que sirvieron de base para su decisión y para que este Tribunal tome la debida convicción, conforme dispone el art. 29.4 del CPCo.

b) Asegurar, en futuras situaciones en las que actúe como Juez de garantías, que las citaciones practicadas a las autoridades y personas demandadas sea con la antelación debida a efecto de permitirles la remisión de los actuados pertinentes conforme exige el art. 126.I de la CPE y presentar su informe respectivo. 4° Llamar la atención a Javier Peñaranda Saiza, Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz constituido en Juez de garantías, por no haber cumplido con el deber de verificar y remitir los actuados que sirvieron de base para su decisión y para que este Tribunal tome la debida convicción, así como por no haber cuidado que la citación efectuada a los demandados se hubiere practicado con la antelación debida.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental
  2. III.2 Posibilidad de presentación de prueba ante el Tribunal
  3. III.3. La legitimación pasiva del personal subalterno judicial en la acción de libertad
  4. III.4. Análisis del caso concreto
  5. III.5. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1017/2025-S3 Sucre, 28 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 54541-2023-109-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 22/2023 de 24 de marzo, cursante de fs. 13 a 15, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sandra Scarley Rengel Acha, Amparo Marisol Reyes Quispe y Geraldine Giovanna Panama Linares contra Douglas Borda Montaño, y Rubén Mamani Condori, Juez y Secretario del Juzgado de Instrucción en lo Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 24 de marzo de 2023, cursante de fs. 1 a 3, las accionantes a través de su representante expresaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra en su contra, por la presunta comisión del delito de falsedad material y otros, el 20 de marzo de 2023 se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares, en el que mediante Resolución 97/2023, se dispuso su detención preventiva, determinación que fue recurrida en apelación incidental de manera oral en el mismo acto procesal, conforme lo establece el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); por lo que el legajo de apelación conforme la jurisprudencia constitucional, debió remitirse en originales sino se contaba con copias o en fotocopias, ante el Tribunal de alzada, en el plazo de veinticuatro horas, aspecto que no aconteció, incluso hasta la presentación de la acción tutelar.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunciaron la lesión de sus derechos a la libre locomoción, al debido proceso, a la libertad, a la defensa y principio de celeridad, citando al efecto los arts. 8.II, 22, 23.I, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela y, en consecuencia, se ordene a los demandados, se remita en el día al Tribunal de alzada, la apelación incidental interpuesta de manera oral, a la medida cautelar dispuesta.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 24 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 10 a 12, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de su representante en audiencia de acción tutelar ratificaron íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola señalaron que: a) Indicaron de manera clara donde se encontraba la prueba y que fue requerida por el Juez de garantías; sin embargo, los demandados de manera maliciosa, no remitieron ante dicha autoridad el cuaderno procesal, debiendo aplicar el principio de veracidad y favorabilidad de lo denunciado; b) Que al haberse interpuesto apelación incidental a la Resolución de medidas cautelares en audiencia de 20 de marzo de 2023, bajo el principio de gratuidad no pueden alegar que se necesita recaudos para el mismo, por lo que correspondía que el secretario remita en original el recurso de apelación interpuesto, bajo control de plazos por parte del Juez demandado, quién debe velar por el cumplimento y controlar las funciones de su persona dependiente; c) Que presentaron memorial el 23 de marzo del mismo año -día antes a la consideración de la audiencia tutelar-, solicitando control jurisdiccional y se remita la apelación, dando cumplimiento al plazo de las veinticuatro horas, memorial que exhibió en la referida audiencia y que contaría con sello de recepción de la gestora, el cual a la fecha no tuvo pronunciamiento por parte del Juez demandado; d) Que a criterio de los accionantes cuando existe dilación indebida vinculado al derecho a la libertad, corresponde acción de libertad traslativa o de pronto despacho a objeto de conminar y obligar a que se cumplan los plazos; y, e) Pidieron al Juez de garantías califique las costas de acuerdo a lo que establece el arancel determinado por el Ministerio de Justicia.

I.2.2. Informe de los demandados

Douglas Borda Montaño, Juez de Instrucción Sexto de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia de garantías solicitó se deniegue la tutela, señalando que: 1) A su criterio estaba fuera de procedimiento la solicitud de los impetrantes de tutela, ya que no había agotado los mecanismos y medios idóneos establecidos en el procedimiento y agilizar o acelerar el trámite de su apelación; 2) Que el abogado nunca se apersonó al juzgado a referir dicha situación, denotando una anima aversión por parte del abogado contra el secretario del juzgado; 3) La transcripción del acta se estaba elaborando, pero que esa actividad es un tanto laboriosa, dando que estaban saliendo de turno; y, 4) Que su autoridad carecería de legitimación pasiva. Rubén Condori Mamani, Secretario del Juzgado de Instrucción Sexto de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia señaló que: i) No se había cumplido con la remisión porque se encontraba con detención domiciliaria; ii) Que se le notificó a horas 17:30 con la acción tutelar, por lo que no pudo remitir el cuaderno de control jurisdiccional; iii) Que se encontraban de turno semanal, por lo que tenían recargadas labores; iv) No cuenta con auxiliar en el Juzgado, motivo por el que la labor resultaría más ardua; v) El abogado señalo que su persona, no actúa de la mejor forma, toda vez que al realizar las transcripción de las actas y las Resoluciones, le toma un determinado tiempo; y, vi) Que la parte impetrante no había cumplido con el art. 112 del Código de Procedimiento Penal (CPP), de proveer las fotocopias para la remisión de la apelación, situación que demoro el mismo; sin embargo, a esa fecha ya se contaba con el cuaderno para su revisión y posterior remisión.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal y Perdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 22/2023 de 24 de marzo, cursante de fs. 13 a 15, concedió la tutela solicitada en relación al secretario codemandado, recomendando en futuras actuaciones cumplir los plazos establecidos por ley y la jurisprudencia constitucional y denegó la tutela en relación al Juez demandado. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) Que al haberse interpuesto la apelación incidental en audiencia de manera oral, la autoridad demandada cumplió a cabalidad su labor jurisdiccional; b) Que a la referida autoridad no le corresponde realizar la remisión de la apelación, sino al secretario o funcionarios jurisdiccionales, conforme lo establece el art. 123 del CPP “Que las resoluciones emitidas en audiencia serán fidedignamente transcritas por la secretaria o el secretario del juzgado o tribunal en el sistema informático de gestión de causas dentro el plazo de 24 horas de su pronunciamiento”, por lo que la autoridad jurisdiccional carecería de legitimación pasiva; c) El secretario codemandado no cumplió los plazos establecidos en el art. 251 del CPP, al no haber remitido el recurso de apelación ante el superior en grado; d) Si bien el referido funcionario justificó que el incumplimiento se debió a la carga laboral, la jurisprudencia constitucional ha establecido que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores, pluralidad de imputados, el plazo no puede exceder de tres días, pasado el plazo el mismo constituye un ato dilatorio; e) Que realizando el cómputo desde el 20 de marzo de 2023 hasta la fecha de realización de la audiencia de consideración de la acción tutelar -24 de similar mes y año-, el plazo de flexibilización concluía el 23 de idéntico mes y año, por lo que se ha supero dicho plazo; y, f) De acuerdo al informe de los demandados de que las accionantes, no colaboraron en el armado del legajo de apelaciones, recomendó a la defensa de los imputados proporcionar las copias necesarias, si bien es cierto la gratuidad del procesal penal; sin embargo, las partes tienen la obligación de proporcionar las copias necesarias de sus memoriales o pretensiones para que sean dirigidas a las autoridades competentes.

II. CONCLUSIONES

II.1. Dentro del proceso penal seguido contra las accionantes por la presunta comisión del delito de falsedad material y otros, el 20 de marzo de 2023, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares, habiendo dispuesto mediante Resolución 97/2023 su detención preventiva, el cual fue recurrido en apelación de manera oral en el mismo actuado procesal y que hasta la fecha de interposición que la presente acción tutelar, no fue remitido ante el Tribunal de alzada (fs. 1 a 3). II.2. Por decreto de 24 de marzo de 2023, el Juez de Sentencia Penal u Perdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, admitió la acción de libertad y programó audiencia virtual para las 18:00 del 24 de marzo de 2023 -el mismo día de presentación de la acción de libertad-, instruyendo los demandados, remitan el cuaderno de control jurisdiccional, en el que se encuentran involucrados los accionantes (fs. 4 y vta.). II.3. Cursa notificación con decreto de 24 de marzo de 2023, realizada a horas 17:30 del 24 de marzo de 2023 mediante Cedula, a Douglas Borda Montaño, Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Cochabamba -ahora autoridad demandada- (fs. 5 a 6) y a Rubén Mamani Condori, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Cochabamba -ahora codemandado- (fs. 7 a 8).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Las accionantes, denuncian la lesión de sus derechos a la libre locomoción, al debido proceso, a la libertad, a la defensa y principio de celeridad, por cuanto habiendo interpuesto recurso de apelación incidental contra la Resolución 97/2023, que determinó la medida cautelar de su detención preventiva, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad, no se remitió los antecedentes de su apelación ante el Tribunal de alzada, por lo que solicitan se conceda la tutela, disponiendo que los demandados, remitan en el día ante el Tribunal de alzada, la apelación incidental interpuesta. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental

El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del recurso de hábeas corpus desarrollada por las Sentencias Constitucionales 1579/2004-R de 1 de octubre y 0044/2010-R de 20 de abril, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de éste último “… lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo estableció varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determinó subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial, cuyo plazo se limita de tres a cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso; y, c) Se suspende la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia.

Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluyó dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva, es decir cuándo: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP, ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”. De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, señaló que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación. Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entendieron que excepcionalmente es posible flexibilizar el plazo para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre señaló que una vez formulado el recurso de apelación de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, en el Fundamento Jurídico III.3 sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento: i) [I]nterpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal. iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. (el resaltado es propio) vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte. Sistematización extraída de la SCP 0036/2018-S2 de 6 de marzo de 2018.

III.2 Posibilidad de presentación de prueba ante el Tribunal

Constitucional Plurinacional, aplicada a las acciones de libertad bajo el principio de informalismo. A través de la SCP 0173/2012 de 14 de mayo, se señaló la posibilidad de permitir a las partes del proceso o al tercero interesado, la presentación de prueba en sede de este Tribunal Constitucional Plurinacional, estableciéndose el siguiente precedente constitucional:

[De] lo anotado precedentemente, se tiene que, para quien pretende adjuntar prueba directamente ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la etapa de revisión, se encuentra en juego el principio de verdad material, porque la finalidad de ella, es aportar nuevos elementos de esencial importancia que lleven a la certidumbre de que la lesión a su derecho denunciado como vulnerado, efectivamente se hubiere cometido por los demandados; y de otro, el ejercicio del derecho a la defensa, al que lógicamente tiene derecho la otra parte, quien indiscutiblemente no tuvo la oportunidad de controvertir la misma en la etapa procesal anterior. Precisamente por ello, la doctrina constitucional previó, el sistema de ponderación de bienes, teoría que debe ser aplicada en cada caso concreto por este Tribunal, previo a su admisión, verificando hasta qué punto la prueba constituye un aporte para la averiguación de la verdad material, sin que ello implique un desconocimiento total del derecho a la defensa de la otra parte, criterios que deben fundamentarse debidamente en la propia resolución constitucional. Ahora bien, lo señalado responde a criterios de favorabilidad y de garantía para las partes del proceso, aplicable inclusive a los terceros interesados, éstos en virtud al derecho que tienen a ser oídos; sin embargo, es necesario establecer límites en su presentación, dado que la etapa de revisión no puede constituirse en una nueva instancia, ante la cual, se pretenda regularizar la negligencia de las partes procesales que no adjuntaron la misma en la etapa de admisión ante el juez o tribunal de garantías, por lo tanto, su presentación será admisible únicamente hasta antes del sorteo del expediente, y limitada a los siguientes casos:

1. Prueba que no pudo ser presentada oportunamente ante el juez o tribunal de garantías, siempre y cuando se justifiquen las razones de ese impedimento, 2. Nueva prueba que demuestre la persistencia de las lesiones denunciadas a partir del mismo hecho generador, lo que no implica la ampliación de los fundamentos de la acción; y, 3. Para denuncias de medidas de hecho conexas y accesorias, será posible la presentación de nueva prueba que demuestre que las lesiones denunciadas además de persistir, continúan suscitándose a través de otras acciones de similar naturaleza. En resumen, la admisión de los elementos de convicción aportados por alguna de las partes o del tercero interesado, debe ajustarse, necesariamente a uno de los tres casos anteriores, pero además la misma debe ser determinante para el esclarecimiento de la verdad material; un razonamiento contrario, distorsionaría las exigencias de los requisitos de forma comprendidos en los arts. 77.5 de la LTCP y 129 de la CPE. La prueba que cumpla con los requisitos anotados anteriormente, deberá ser adjuntada al expediente principal por la Comisión de Admisión y analizada en cada caso concreto a efectos de su admisión por el Magistrado Relator, de acuerdo a las circunstancias específicas. Sin perjuicio de lo previsto por el art. 41 de la LTCP, que otorga a este Tribunal la facultad de solicitar la documentación que considere necesaria para la resolución del caso, cuando así lo considere (el resaltado es añadido).

III.3. La legitimación pasiva del personal subalterno judicial en la acción de libertad

Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 691/01-R de 9 de julio definió la legitimación pasiva, señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto. Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo se reforzó el razonamiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad, es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción. Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre ratificada 4El Cuarto Considerando, refiere: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”.

5El FJ III.5, menciona: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus-: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”.

6El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.

En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”. 7El FJ III.2, señala: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones posteriormente por la SC 0332/2010-R de 17 de junio y por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0345/2012 de 22 de junio y 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras; estableció que estas o estos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades jurisdiccionales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad.

No obstante, la SC 0332/2010-R de 17 de junio estableció una excepción a esta regla, señalando que el personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contradigan lo dispuesto por la autoridad judicial o cometieran excesos en sus funciones que pudieran lesionar derechos fundamentales o garantías constitucionales, pero si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías, no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno. Más tarde, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril indicó que los funcionarios subalternos tienen legitimación pasiva cuando incurran en excesos que impliquen contradicción o alteración a las determinaciones de las autoridades jurisdiccionales o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”.

8El FJ III.4, señala que: “Ampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completo”.

9El FJ III.2, define: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: ʽCon relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: ʽEl personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional. En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.

contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas. Como se puede advertir, la jurisprudencia emanada de este Tribunal, señala que el personal subalterno al no contar con poder de decisión jurisdiccional que pueda definir la situación jurídica de las partes en un proceso, carece de legitimación pasiva, entendiendo que su actuar se circunscribe a obedecer las órdenes del juez que tiene el control jurisdiccional; sin embargo, esta regla tiene su excepción en los casos en los cuales este personal, comete excesos en su labor o contradice lo dispuesto por las autoridades superiores o sus actos u omisiones vulneran derechos fundamentales o garantías constitucionales de las partes, casos en los cuales, tendría legitimación pasiva para ser demandado (el énfasis es añadido). La sistematización jurisprudencial fue desarrollada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0178/2018-S2 de 14 de mayo, entre otras.

III.4. Análisis del caso concreto

Las impetrantes de tutela, denuncian la vulneración de sus derechos a la libre locomoción al debido proceso, a la libertad, a la defensa y principio de celeridad, toda vez que habiendo en audiencia de medidas cautelares, mediante Resolución 97/2023, se dispuso su detención preventiva, la misma que fue recurrida en apelación; y, que hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, los demandados no remitieron su apelación ante el Tribunal de alzada, incurriendo en dilación indebida, sin considerar que se encuentran privadas de libertad. Tomando en cuenta que la acción de libertad ha sido dirigida contra dos servidores públicos, se analizará la causa de la siguiente manera: 1) Respecto al Juez demandado De la revisión de obrados y conforme las conclusiones arribadas en el presente fallo constitucional (Conclusión II.1), se tiene que por Resolución 97/2023, en audiencia de 20 de marzo de 2023, se dispuso la detención preventiva de las solicitantes de tutela, contra dicha determinación en el mismo acto procesal, formularon de manera oral apelación incidental, el cual no fue controvertido por la autoridad jurisdiccional. Que conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, establece que el alcance de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares, cuando se hubiera planteado de manera oral como el caso presente, debe ser concedido en el acto -si fuera en audiencia- y remitido inexcusablemente en el plazo de veinticuatro horas, que excepcionalmente es posible flexibilizar el plazo para la remisión, cuando exista justificación razonable y fundada en las recargadas labores, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, si bien en audiencia la autoridad demandada señaló las recargadas labores que tienen los juzgados penales, dicha autoridad no presentó ningún medio de prueba, a objeto de acreditar dicho extremo, por lo que se advierte que la autoridad jurisdiccional demandado, inobservó el plazo establecido para la remisión del recurso de apelación incidental, habiendo transcurrido tres días desde interposición del mismo, por lo que corresponde conceder la tutela en relación a la referida autoridad. Si bien se advierte que la notificación para la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, se realizó treinta minutos antes (Conclusión II.3), motivo que imposibilitó presentar los descargos pertinentes, teniendo en cuenta que la flexibilización del plazo para su remisión detallo precedentemente, se aplica cuando esta demora esta acreditada, pudiendo dicha autoridad considerando su derecho a la defensa conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, la posibilidad de presentación en sede del Tribunal Constitucional Plurinacional, a objeto de que este Tribunal tenga certidumbre de lo alegado por las partes, en el ejercicio del derecho a la defensa, dado que no se tuvo la oportunidad de controvertir la misma en la etapa procesal anterior, situación que aconteció en el caso de autos. No obstante de estos antecedentes, la justificación realizada no ha sido respaldada con prueba suficiente; consiguientemente, de acuerdo a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, es necesario tener en cuenta los alcances de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la cual procede cuando existen dilaciones indebidas que afectan la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, cuando sus solicitudes no son atendidas dentro de los plazos previstos, como es el recurso de apelación contra resoluciones de medidas cautelares, situación que acontece en el caso de autos, debido a que los demandados no efectivizaron la remisión del recurso de apelación incidental presentada por el accionante, dentro del plazo de veinticuatro horas; por el contrario, hubo un retraso de diecisiete días, generando dilación indebida, respecto a la situación jurídica del solicitante de tutela, razón por la que corresponde conceder la tutela solicitada. Por otro lado, si bien la autoridad demandada manifestó en audiencia de consideración de esta acción tutelar, la falta de legitimación pasiva en la presente acción tutelar, al margen de lo señalado en líneas precedentes, el mismo no puede pretender deslindar su responsabilidad en los funcionarios subalternos de su despacho, omitiendo observar que en su condición de director del proceso, tiene el deber de realizar el control al personal de apoyo jurisdiccional a su cargo, con el fin de efectuar sus funciones con responsabilidad. 2) Respecto al Secretario codemandado Por otra parte, en cuanto al secretario codemandado, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, por el que se establece que los servidores públicos de apoyo judicial excepcionalmente pueden ser demandados mediante acción de libertad, cuando la vulneración de los derechos tutelados emerja del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas en la Ley del Órgano Judicial; así como de las instrucciones u ordenes impartidas por el superior en grado. Por lo que, en el presente caso, conforme los datos consignados en la Conclusión II.1, del presente fallo constitucional, se advierte que dentro del proceso penal seguido contra los solicitantes de tutela, el 20 de marzo de 2023, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares en la que se dispuso su detención preventiva, Resolución que en el mismo actuado procesal, fue recurrida en apelación incidental y que hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar no fue remitido ante el Tribunal de alzada, más al contrario en el acta de audiencia de la presente acción de libertad, el referido funcionario señaló que su persona se encontraba con arresto domiciliario -sin presentar prueba alguna-, que estuvieron de turno fin semana y que por las recargadas labores que cuentan en su juzgado, a esto se suma que no contaban con auxiliar dentro de su juzgado y el tiempo que toma el realizar las actas y la resolución para la remisión ante el Tribunal de alzada, imposibilitaron el cumplimiento de los plazos establecidos para este efecto, por lo que conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, a objeto de aplicar la excepcionalidad de flexibilización del plazo para la remisión, debe ser debidamente acreditada y justificada con medios de prueba que den tanto al Juez de garantías como a este Tribunal, la certidumbre de lo manifestado por las partes del proceso, tomando en cuenta lo mencionado en audiencia por el funcionario codemandado, el mismo no presentó ningún medio de prueba, a objeto de acreditar dicho extremo, por lo que se advierte que el mismo inobservó el plazo establecido para la remisión del recurso de apelación incidental, habiendo transcurrido tres días desde la interposición del mismo, por lo que corresponde conceder la tutela en relación al referido funcionario. Si bien como ya se señaló anteriormente se advierte que la notificación para la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, se realizó treinta minutos antes (Conclusión II.3), que fue referido por el mismo funcionario en la audiencia, lo que le imposibilitó remitir el cuaderno de control jurisdiccional y presentar los descargos a objeto de acreditar la demora manifestada, teniendo en cuenta que la flexibilización del plazo para su remisión detallado precedentemente, se aplica cuando esta demora se encuentra debidamente fundamentada y acreditada, pudiendo el codemandado, bajo su derecho a la defensa conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, la posibilidad de presentación en sede del Tribunal Constitucional Plurinacional, a objeto de que este Tribunal tenga certidumbre de lo alegado por las partes, en el ejercicio del derecho a la defensa, dado que no se tuvo la oportunidad de controvertir la misma en la etapa procesal anterior, situación que aconteció en el caso de autos.

III.5. Otras consideraciones

De otra parte, corresponde referirse a la citación efectuada a los demandados por el Juez de garantías, con media hora de anticipación a la fecha fijada para la audiencia de consideración de la presente acción de libertad, dicha tramitación no condice con lo establecido en el art. 126 de la CPE, al no asegurar un adecuado ejercicio del derecho a la defensa de la parte demandada, teniendo en cuenta que impidió a que los demandados pudiera remitir los actuados pertinentes para respaldar su actuación y cumplir con su obligación de los antecedentes que deben ser remitidos por toda autoridad que es demandada dentro de las acciones de libertad. En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1156/2010-R de 27 de agosto: [Surge] a su vez como un presupuesto para la operativización del derecho a la defensa dentro de cualquier proceso, que la persona contra la que se dirija una demanda sea debida y legalmente informada de su existencia, pues de desconocerla no podrá desvirtuar los extremos contenidos en ella, objetivo que se consigue precisamente a través del instituto procesal de la citación. Este entendimiento ya se ha plasmado en la jurisprudencia de este Tribunal, que de manera específica abordó este aspecto en materia de hábeas corpus, determinando que la falta de citación a los demandados conlleva la indefensión de éstos; y en consecuencia, corresponde anular obrados hasta el estado en que puedan tomar conocimiento de la existencia de una acción tutelar formulada en su contra (…). Por eso, el juez o tribunal de garantías, al asumir comprensión de la acción de libertad, deben tomar las precauciones necesarias en la medida que la autoridad o persona demandada, tengan conocimiento íntegro de la pretensión iniciada en su contra; es decir, deben dar estricto cumplimiento de las normas que rigen el procedimiento y la modalidad de citación. En el caso presente, si bien la Jueza de garantías, citó formalmente a la autoridad demandada; empero, dicha diligencia fue realizada una hora antes del verificativo de la respectiva audiencia, lo que ciertamente dificultó a que el accionante pueda materializar su derecho a la defensa; aspecto que no debe ocurrir en ulteriores situaciones, teniendo en cuenta que en los procesos constitucionales existe también el deber de asegurar un debido proceso constitucional a las partes. De otro lado, es menester recordar a la Jueza de garantías que la SCP 0087/2012 de 19 de abril, se ha pronunciado sobre la obligación que tiene el juez o tribunal de garantías, de remitir la prueba sobre la que fundó su decisión, estableció lo siguiente: [T]odo juez o tribunal de garantías, cuenta con la obligación de remitir al Tribunal Constitucional Plurinacional: a. Toda la prueba aportada por la parte accionante y demandada en la acción de libertad. b. La prueba que de oficio pudo producir máxime cuando la misma haya servido para resolver inicialmente la problemática…” (énfasis añadido). En la presente causa, de la revisión de antecedentes que cursan en obrados, se tiene que la Jueza de garantías omitió remitir los antecedentes y pruebas sobre los que basó su decisión y a los que tuvo acceso; razón por la cual, corresponde llamarle la atención y exhortar a que en ulteriores oportunidades cumpla con la obligación prevista en dicho precedente constitucional, en consideración a que en esta instancia de revisión se debe contar con todos los elementos de prueba necesarios. Precedente constitucional establecido en la SCP-0500/2025-S3 de 6 de junio de 2025, donde esta misma Sala analizó un caso similar. En consecuencia, el Tribunal de garantías, concede en parte la tutela impetrada únicamente respecto al Secretario codemandado; y, denegado en cuanto al Juez demandado, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 22/2023, de 24 de marzo de 2023, cursante de fs. 13 a 15, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz y, en consecuencia:

1° CONCEDER en todo la tutela impetrada, sin responsabilidad, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer la remisión del testimonio de apelación en plazo de veinticuatro horas, en caso de no haber sido remitido. 3° Exhortar al Juez de Sentencia Penal y Perdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías:

a) En futuras acciones tutelares que sean puestas en su conocimiento, cumplir con el deber de verificar la remisión de los actuados que sirvieron de base para su decisión y para que este Tribunal tome la debida convicción, conforme dispone el art. 29.4 del CPCo.

b) Asegurar, en futuras situaciones en las que actúe como Juez de garantías, que las citaciones practicadas a las autoridades y personas demandadas sea con la antelación debida a efecto de permitirles la remisión de los actuados pertinentes conforme exige el art. 126.I de la CPE y presentar su informe respectivo. 4° Llamar la atención a Javier Peñaranda Saiza, Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz constituido en Juez de garantías, por no haber cumplido con el deber de verificar y remitir los actuados que sirvieron de base para su decisión y para que este Tribunal tome la debida convicción, así como por no haber cuidado que la citación efectuada a los demandados se hubiere practicado con la antelación debida. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 La SC 0078/2010-R, en su F.J. III.3, señaló: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad. c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.

2 La SCP 0281/2012, en el F.J III.4 refirió: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”.

3 La SCP 1907/2012, en el F.J III.4 señaló: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.

Más sobre Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1017_2025-S3.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): 7452ced9d3aee60af268c8dd781a135c3547370c1870ddb35497e672ce8bb7cb

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