B.IA.LEGAL

SCP 1016/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 28 de agosto de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
28 de agosto de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
54539-2023-110-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

Los accionantes a través de su representante, denuncian la lesión de sus derechos a la dignidad, a la libertad, y del principio de celeridad; toda vez, que habiendo interpuesto recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 23 de marzo de 2023, que dispuso su detención preventiva, incluso hasta a fecha de interposición de la acción de libertad, no se remitieron los antecedentes de su apelación ante el Tribunal de alzada; por lo que solicitó se conceda la tutela, se disponga que las demandadas, en el plazo de veinticuatro horas remitan al Tribunal de alzada el recurso de apelación incidental interpuesto. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución AL-05/2023 de 29 de marzo, cursante de fs. 18 a 23, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia La Mujer Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada contra María Teresa Apaza Paz, Juez de Instrucción Cautelar Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba y María Esther Peláez Muruchi, Secretaria del referido Juzgado, en los términos y alcances dispuestos por el Juez de garantías y expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

2º Llamar la atención a la Jesús Efraín Camacho Cordova, Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, por no haber tenido cuidado que la citación efectuada a las demandadas se hubiera practicado con la debida antelación; y. 3º Exhortar al Juez Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, asegurar, en futuras situaciones en las que actúe como Juez de garantías, que las citaciones practicadas a las autoridades y personas demandadas sea con la antelación debida a efectos permitirles la remisión de los actuados pertinentes conforme exige el art. 126.I de la CPE, y la distancia cuando las mismas sean programadas de manera presencial.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares
  3. III.3. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad
  4. III.4. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1016/2025-S3 Sucre, 28 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 54539-2023-110-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución AL-005/2023 de 29 de marzo, cursante de fs. 18 a 23, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alejandro Prieto Velásquez en representación sin mandato de Rosmery y Gustavo Hidalgo Avilés, contra María Teresa Apaza Paz, Jueza y María Esther Peláez Muruchi, Secretaria, ambas del Juzgado de Instrucción Cautelar Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de marzo de 2023, cursante de fs. 3 a 6, los accionantes a través de su representante sin mandato señalaron que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de estafa; el 23 de marzo de 2023, se llevó a cabo la audiencia de consideración de medidas cautelares, en la que se dispuso su detención preventiva mediante Auto de igual fecha, por lo que, en el mismo actuado procesal interpusieron recurso de apelación incidental contra el referido Auto interlocutorio. Sin embargo, incluso hasta la fecha de interposición de la acción de libertad la Jueza y Secretaria demandadas, no remitieron el recurso de apelacion planteado, incumpliendo lo modulado por la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que estableció que dentro las veinticuatro horas y/o setenta y dos horas en caso de ser justificada, se remitirán las actuaciones ante el Tribunal de alzada, toda vez que, las solicitudes en caso de detenidos preventivamente deben ser atendidas con prontitud y diligencia, cuyo incumplimiento constituye actos dilatorios; en consecuencia, debido la falta de remisión de la apelación interpuesta, el Tribunal de alzada no puede resolver su recurso de apelacion, prolongando su privación de libertad de manera indebida, evitando que se apliquen medidas sustitutivas en su favor.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunciaron la lesión de sus derechos a la dignidad, a la libertad, y del principio de celeridad, citando al efecto los arts. 22, 23, 73 y 115.de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga la remisión del testimonio del recurso de apelación incidental interpuesto, ante el Tribunal de alzada, en el plazo de veinticuatro horas.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 29 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 17 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

Los accionantes a través de su representante, ratificaron íntegramente los términos de su acción tutelar.

I.2.2. Informe de los demandados

María Teresa Apaza Paz, Jueza de Instrucción Cautelar Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, no presentó informe escrito, tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación vía WhatsApp cursante a fs. 10. María Esther Peláez Muruchi, Secretaria del Juzgado de Instrucción Cautelar Tercero de Quillacollo, del referido departamento, no presentó informe escrito, tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación vía WhatsApp cursante a fs. 11.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, por Resolución AL-005/2023 de 29 de marzo, cursante de fs. 18 a 23, concedió la tutela solicitada, ordenando a las demandadas, remitan en el día el recurso de apelación presentado en la audiencia de medidas cautelares de 23 de marzo de 2023, ante la Sala Penal de turno. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: a) En consideración a que no se elevó informe alguno por parte de las demandadas, ni se remitió los antecedentes del caso que originó la problemática planteada, presumió los hechos denunciados por los impetrantes de tutela como veraces; y, b) Los hechos denunciados se acomodan al supuesto fáctico que da origen a las acciones denominadas de pronto despacho, teniendo la Secretaria codemandada, legitimación pasiva dentro de la presente causa, asumiendo que incluso la autoridad jurisdiccional demandada, no adoptó ninguna acción efectiva a fin de cumplir su deber de supervisar la labor del personal subalterno a su cargo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Conforme acta de acción tutelar, conforme lo informado por los impetrantes de tutela, mediante Auto Interlocutorio de 23 de marzo de 2023, se dispuso la detención preventiva de Rosmery y Gustavo ambos Hidalgo Avilés -ahora accionantes-. Decisión apelada en el mismo actuado procesal, sin que exista constancia de la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada (fs. 18 a 23). II.2. Cursa notificación vía WhatsApp a María Teresa Apaza Paz, y María Esther Pérez Muruchi, ambas a horas 17:30 del 29 de marzo de 2023, con el decreto de admisión de la acción de libertad y celebración de la de la audiencia de consideración de acción de tutela a celebrarse el mismo día a horas 18:00 (fs. 9 y 10 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes a través de su representante, denuncian la lesión de sus derechos a la dignidad, a la libertad, y del principio de celeridad; toda vez, que habiendo interpuesto recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 23 de marzo de 2023, que dispuso su detención preventiva, incluso hasta a fecha de interposición de la acción de libertad, no se remitieron los antecedentes de su apelación ante el Tribunal de alzada; por lo que solicitó se conceda la tutela, se disponga que las demandadas, en el plazo de veinticuatro horas remitan al Tribunal de alzada el recurso de apelación incidental interpuesto. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante

La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante.

Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: i) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, ii) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras.

En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el accionante;

1 El FJ III.3, sostiene: “Según señala la doctrina del Derecho Administrativo, el servidor público ʽ…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales.´ (SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad. Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: ʽLa Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados´ (negrillas agregadas) y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes. Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos. En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ʽLos hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso´ y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: `…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso´; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R. Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: ʽ…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley´”.

estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad, señala: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos”. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo.

En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante.

Entendimiento extraído de la SCP 0500/2018-S2 de 14 de septiembre.

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares

La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre2, en el Fundamento Jurídico III.3 se ha pronunciado sobre el desarrollo jurisprudencial con relación a la acción de libertad traslativa de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares, sistematizando las siguientes subreglas:

i) [I]nterpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal. iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. (el resaltado es propio) vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte.

III.3. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad

La SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, sistematizadora de línea se ha pronunciado sobre el desarrollo jurisprudencial en cuanto a la legitimación pasiva, realizando una especial referencia a la legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad traslativa, conforme lo siguiente: «Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 691/01-R de 9 de julio 2001, la definió señalando que debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto. Luego, la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, se reforzó el razonamiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción.

Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre ratificada posteriormente por la SC 0332/2010-R de 17 de junio y por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0345/2012 de 22 de junio y 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras; estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades jurisdiccionales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derecho fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2, que particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 5El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción. En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”. 6El FJ III.2, refiere: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”. 7El FJ III.2, expresa: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: ʽCon relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios, actuar ios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: ʽEl personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran establece:

Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado...»[las negrillas son añadidas]

III.4. Análisis del caso concreto

La accionante, refiere que, hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa, las demandadas no remitieron al Tribunal de alzada, los antecedentes correspondientes al recurso de apelación que formuló en audiencia de medidas cautelares, contra el Auto Interlocutorio que dispuso su detención preventiva.

excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional.

En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.

Con carácter previo a ingresar al análisis de fondo, corresponde referirnos a la presunción de veracidad establecida en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, entendimiento que señala que, cuando el sujeto pasivo es un servidor público y éste no presenta informe escrito, ni concurre a la audiencia de consideración de la acción tutelar, a objeto de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos y no desvirtúan los mismos, situación que concurre y se aplica no obstante de su legal notificación, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los hechos denunciados; sin embargo, atendiendo los principios constitucionales, como el derecho a la defensa e igualdad de las partes, en el caso que se analiza, se tiene que las demandadas fueron notificadas con el señalamiento de audiencia de consideración de la acción tutelar el 29 de marzo de 2023, a horas 17:30; es decir, treinta minutos antes del verificativo de la respectiva audiencia, motivo por el cual en el caso en análisis, no corresponde la aplicación de la presunción de veracidad contra las referidas funcionarias, debido a que el actuar de las demandadas no se subsume al precedente referido supra, toda vez que, dicho precedente está directamente ligado al plazo razonable que se debe otorgar a los demandados en las acciones de libertad a objeto que estas asuman defensa, y que pese a ello; es decir, al plazo que se les otorgó no emitieron informe, ni se hicieron presentes en la audiencia de consideración de la acción tutelar a efecto de desvirtuar o en su defecto corroborar o incluso justificar la dilación argüida por el impetrante de tutela; situación que no ocurrió en el presente caso, toda vez que, como se señaló precedentemente las demandadas fueron citadas treinta minutos antes de la instalación de la audiencia correspondiente; en consecuencia, el Juez de garantías no observó que la tramitación efectuada dentro de la presente acción de libertad no condice con lo establecido en el art. 126 de la CPE, toda vez que no aseguró un adecuado ejercicio del derecho a la defensa de las demandadas, teniendo en cuenta que impidió que las demandadas pudieran remitir los actuados pertinentes para respaldar su actuación y cumplir con su obligación de remitir los antecedentes ante el Juez de garantías, a afecto que sea valorada por dicha autoridad, efectuando en consecuencia el Juez de garantías una mala aplicación del principio de presunción de veracidad.

En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1156/2010-R de 27 de agosto, surge como un presupuesto para la operativización del derecho a la defensa dentro de cualquier proceso, que la persona contra la que se dirija una demanda sea debida y legalmente informada de su existencia, pues de desconocerla no podrá desvirtuar los extremos contenidos en ella, objetivo que se consigue precisamente a través del instituto procesal de la citación, derecho a la defensa que también debe ser asegurada en la jurisdicción constitucional, situación que no ocurrió toda vez que el Juez de garantías no aseguró el debido proceso constitucional para que las demandadas sean notificadas dentro del plazo prudencial para preparar su defensa y elevar el informe respectivo o, en su caso, remitir los antecedentes procesales respectivos; adviértase que al tratarse de autoridades judiciales tienen a su cargo una elevada carga procesal, aspecto que exige se les asegure mínimamente, que dentro del plazo de veinticuatro horas con la que debe celebrarse la audiencia de acción de libertad, la autoridad demandada sea citada en un plazo prudencial que les permita asegurar su defensa. En ese entendido, el Juez de garantías, al asumir conocimiento de esta acción de libertad, debió tomar las precauciones necesarias a efecto de que las demandadas, tengan conocimiento íntegro de la pretensión presentada en su contra; es decir, debió cuidar que las mismas sean citadas dentro de un plazo prudencial -con la debida anticipación- a efecto de que puedan cumplir con su deber de asumir defensa, emitir informe y además remitir el expediente a efecto que el Juez de garantías emita su resolución con base en pruebas concretas y no en presunciones como ocurrió en el caso en concreto, debido a la citación practicada media hora antes de la celebración de la audiencia de consideración de esta acción de libertad, omitiendo su deber de asegurar como director del proceso, el debido proceso constitucional.

En ese contexto, del análisis del fondo de la problemática planteada, así como de lo argumentado por los impetrantes de tutela, permiten concluir que apelacion presentada por los accionantes contra el Auto Interlocutorio de 23 de marzo de 2023, que determinó su detención preventiva, no fue remitida por las demandadas al Tribunal de alzada, incumpliendo lo previsto en el art. 251 del CPP, incurriendo en una demora injustificada que ha vulnerado el derecho a la libertad de los impetrantes de tutela; toda vez que conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa se encuentra los casos de dilación en la remisión de antecedentes del recurso de apelación incidental relacionados con medidas cautelares.

Consiguientemente, las demandadas omitieron que tratándose de una solicitud en la que se encuentra involucrada el derecho a la libertad física o personal como ocurre en el caso presente, esta debe ser tramitada con la celeridad que la norma exige, desconociendo en consecuencia la Jueza demandada que, en su labor de directora de los procesos, debe velar que las resoluciones que emite sean cumplidas por el personal de apoyo Jurisdiccional, dentro de los plazos establecidas por la normativa vigente en nuestro país, aspecto que no ocurrió, generando así una demora injustificada, que derivó en el incumplimiento de lo previsto en el art.251 del CPP, motivo por el cual corresponde conceder la tutela impetrada con relación a dicha demandada.

Finalmente, respecto al actuar de la Secretaria del Juzgado quien a decir de los impetrantes de tutela coadyuvó en la dilación en la remisión del testimonio de apelacion del Tribunal de alzada, se tiene que conforme el Fundamente Jurídico III.3, los funcionarios subalternos tienen legitimación pasiva respecto de solicitudes vinculadas con la libertad, cuando incurran en excesos que impliquen contradicción o alteración a las determinaciones de las autoridades jurisdiccionales o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, se entiende en el marco de las atribuciones conferidas por la normativa en vigencia; en tal sentido, de la compulsa de lo fundamentado por los impetrantes de tutela, se advierte que la Secretaria demandada, no remitió el testimonio de la apelación planteada por los accionantes el 23 de marzo de 2023, adquiriendo por tanto legitimación pasiva, conforme exige el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto de los servidores de apoyo jurisdiccional constatándose que tuvo participación en la demora detectada en la remisión de los antecedentes al Tribunal de alzada; toda vez que incluso hasta la fecha de interposición de la acción de libertad no se resolvió el recurso de apelacion planteado por los accionantes, lo que derivó en la vulneración del derecho la libertad de los accionantes vinculada con la dignidad y el principio de celeridad, debido a una dilación injustificada incluso de seis días, motivo por cual debe concederse la tutela respecto a la codemandada señalada supra. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución AL-05/2023 de 29 de marzo, cursante de fs. 18 a 23, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia La Mujer Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada contra María Teresa Apaza Paz, Juez de Instrucción Cautelar Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba y María Esther Peláez Muruchi, Secretaria del referido Juzgado, en los términos y alcances dispuestos por el Juez de garantías y expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

2º Llamar la atención a la Jesús Efraín Camacho Cordova, Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, por no haber tenido cuidado que la citación efectuada a las demandadas se hubiera practicado con la debida antelación; y. 3º Exhortar al Juez Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, asegurar, en futuras situaciones en las que actúe como Juez de garantías, que las citaciones practicadas a las autoridades y personas demandadas sea con la antelación debida a efectos permitirles la remisión de los actuados pertinentes conforme exige el art. 126.I de la CPE, y la distancia cuando las mismas sean programadas de manera presencial. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

2 La sistematización completa de los precedentes constitucionales con relación a la acción de libertad traslativa de pronto despacho el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares se encuentra en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0036/2018-S2, 0068/2018-S2, 0105/2018-S2, entre otras, en las que se ha resuelto situaciones similares al ahora planteado.

3 El Cuarto Considerando: señala: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”. 4El FJ III.5, indica: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a

Más sobre Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1016_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 6f0634cf03b0aa948f53be40c7630c54c7e162b07831c26a4e1c1c827460f59f

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →