Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 14 de noviembre de 2023
Concede la tutela
El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad, en mérito a que la autoridad jurisdiccional demandada, a pesar de haber conocido su recurso de apelación contra la Resolución emitida por ésta que rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, hasta la fecha de presentación de la presente acción de libertad, no remitió antecedentes al Tribual de alzada, provocando una demora que repercute en su derecho invocado. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 05/2023 de 15 de septiembre, cursante de fs. 10 a 11 vta., pronunciada por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, en la modalidad traslativa conforme a los Fundamento Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0986/2023-S4 Sucre, 14 de noviembre de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 58500-2023-118-AL Departamento: Pando En revisión la Resolución 05/2023 de 15 de septiembre, cursante de fs. 10 a 11 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Emma y Rebeca ambas Machaca Huanca en representación sin mandato de AA contra Ruthy Rosmery Terrazas Huarachi, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera del Sena departamento de Pando, en suplencia de su similar del Porvenir, del citado departamento.
Por memorial presentado el 14 de septiembre de 2023, cursante a fs. 4 y vta., el accionante, a través de sus representantes sin mandato, manifestó lo siguiente:
Procesado por una jurisdicción especial –al ser menor de edad–, por el presunto delito de violación infante, niño, niña o adolescente, se encuentra con detención preventiva en el Centro de Reintegración Social Villa Rojas desde el 7 de julio de 2023; y, habiendo solicitado cesación a la señalada medida, esta fue negada mediante Resolución emitida por la hoy autoridad demandada el 31 de agosto del mismo año; habiendo sido apelada esta decisión el 5 de septiembre de 2023, denunció que, hasta la fecha de presentación de la presente acción de tutela, el expediente no fue remitió al Tribunal de alzada para su consideración y resolución, omisión que considera lesiva de sus derechos.
Denunció la lesión de su derecho al debido proceso en su elemento celeridad vinculado con su libertad, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela, y ante la demora para resolver su situación jurídica pidió se disponga su inmediata libertad.
Celebrada la audiencia virtual el 15 de septiembre de 2023, conforme consta en el acta cursante a fs. 9 y vta.; presente la parte accionante y ausente la autoridad jurisdiccional demandada, se produjeron los siguientes actuados:
La parte solicitante de tutela ratificó el tenor integró de su memorial, haciendo énfasis en que se trata de una acción de libertad de pronto despacho que pretende agilizar los trámites vinculados a resolver su situación jurídica y que se disponga su libertad.
Ruthy Rosmery Terrazas Huarachi, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera del Sena, en suplencia de su similar del Porvenir del departamento de Pando, mediante memorial –sin fecha de emisión y/o presentación– cursante a fs. 8, señaló que, el 5 de septiembre de 2023 ingresó la apelación del hoy impetrante de tutela , así como la apelación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencias, ambas fueron providenciadas un día después y corridas en traslado al Ministerio Público de conformidad con el art. 314 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), siendo notificados el 13 del mismo mes y año; por lo cual, las partes aún tienen plazo hasta el 18 de septiembre de 2023 para responder; con o sin respuesta, serán elevadas al Tribunal de alzada para su sustanciación; por ello, no existe ninguna dilación en el trámite como denunció el hoy accionante.
La Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 05/2023 de 15 de septiembre, cursante de fs. 10 a 11 vta., denegó la tutela solicitada, conforme a los siguientes fundamentos: a) La jurisprudencia constitucional, entre la diversa tipología del habeas corpus ha establecido que, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, puede ser activada, ante dilaciones innecesarias en el trámite que incumbe la resolución de la situación jurídica de las personas que cuentan con algún tipo de restricción de su libertad; b) Conforme dispone el art. 314 del CNNA, la apelación de medidas cautelares, debe ser corrida en traslado a las partes y vencido el plazo con o sin respuesta, debe ser elevado al Tribunal de Alzada para que este resuelva en el plazo de cinco días; y, c) Existiendo un procedimiento diferente para el tratamiento de las apelaciones de medidas cautelares de menores infractores, y dada la existencia de una solicitud de complementación, no se advierte que exista una dilación indebida, que determine la lesión del derecho a la libertad.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. De la Resolución constitucional 05/2023 de 15 de septiembre, se tiene que, el Tribunal de garantías, en su análisis del caso concreto expresó que “…la remisión de la apelación, si es del 13 de septiembre aun estará en plazo, pero hay un dato importante, por cuando hay un memorial de complementación de recurso, que tiene una providencia de traslado, pero si es la celeridad, la autoridad atendió a una complementación del recurso, no se dio ese antecedente por los accionantes, pero la Juez atendió el traslado, entonces habrá u traslado posterior, entonces los demandantes están presentado más elementos, pero en si la conducta de la autoridad no es dilatoria” (sic) (fs. 10 a 11 vta).
El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad, en mérito a que la autoridad jurisdiccional demandada, a pesar de haber conocido su recurso de apelación contra la Resolución emitida por ésta que rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, hasta la fecha de presentación de la presente acción de libertad, no remitió antecedentes al Tribual de alzada, provocando una demora que repercute en su derecho invocado. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En su momento la jurisprudencia de este Tribunal, en relación al trámite de las apelaciones de medidas cautelares activadas por menores infractores sostuvo que, “…la promulgación del Código Niña, Niño y Adolescente, como normativa especial, dentro de su carácter teleológico configura en cuanto al ‘Sistema Penal para Adolescente’, una jurisdicción especializada así como la aplicación de procedimientos especiales, que permiten una intervención jurídica distinta a la prevista el Código de Procedimiento Penal, conteniendo elementos esenciales propios de cualquier jurisdicción, entendidos como derechos procesales y garantías jurisdicciones (imparcialidad, independencia, principio de legalidad, doble instancia, etc); empero, que adquieren connotaciones especiales en su ejercicio para el caso de los niños y adolescentes; debiendo las autoridades judiciales, imperativamente privilegiar el interés superior del niño, niña y adolescente, orientados por los principios de protección integral y su condición de vulnerabilidad. (…) …el reconocimiento de un sistema penal diferenciado para los adolescentes infractores, no sólo importa la existencia de una jurisdicción especializada -principio de jurisdiccionalidad y preservación de la especialidad de los órganos- sino la aplicación de un procedimiento propio, que condice con el principio universal de protección especial, en razón de su situación de desventaja y mayor vulnerabilidad respecto a los demás sectores de la población; por el cual este grupo de atención prioritaria goza de un amparo jurídico específico, que funcionalmente implica una garantía que primará a momento de decidir sobre los derechos subjetivos y procesales del adolescente infractor. En este sentido, dentro del plexo jurídico interno y supranacional (…) queda claro y evidente que la normativa procesal penal aplicable cuando se encuentren involucrados adolescentes, es la prevista en el Ley 548 de 17 de julio de 2014 Nuevo Código Niña, Nina y Adolescente; el cual sobre las premisas del Sistema Penal para adolescente establece: ‘Artículo 259 (SISTEMA PENAL) El Sistema Penal para adolescentes es el conjunto de instituciones, instancias, entidades y servicios que se encargan del establecimiento de la responsabilidad de la persona adolescente por conductas punibles en las que incurra, así como de la aplicación y control de las medidas socio-educativas correspondientes. Este Sistema ejecutará el Plan Plurinacional de la Niña, Niño y Adolescente en lo pertinente’. ‘Artículo 262 (DERECHOS Y GARANTÍAS) I. La o el adolescente en el Sistema Penal, desde el inicio del proceso, así como durante la ejecución de la medida socio-educativa, tienen los siguientes derechos y garantías: a) Especialidad. La impartición de justicia se tramitará a través de un sistema penal diferenciado, mediante proceso y asistencia integral de personal especializado, en observancia de su condición como personas en proceso de desarrollo físico, mental, emocional, espiritual, moral y social’.
En la regulación normativa procesal relacionada con el recurso de apelación y el cómputo de plazos establece: ‘Artículo 292. (Cómputo de Plazos). I. Los plazos son improrrogables y perentorios, corren al día hábil siguiente de practicada la notificación y vencen el último día hábil señalado’ ‘Artículo 314. (Apelación Incidental). I. El recurso de apelación incidental procederá contra las siguientes resoluciones: a) Sobre medidas cautelares o sus sustitución o el sobreseimiento. b) La que niegue o revoque la solicitud de ampliación de la investigación en casos relacionados a organizaciones criminales, asociaciones delictuosas o delitos complejos; y c) Las que se dicten en ejecución de sentencia.
II. El recurso se interpondrá por escrito, debidamente fundamentada ante la Jueza o Juez que dictó la resolución dentro de los tres (3) días de notificada la misma al recurrente. III. Con la respuesta al traslado o vencido el plazo para hacerlo el recurso será elevado a consideración del Tribunal departamental de Justicia, que lo resolverá por escrito en el plazo de cinco (5) días, a contar desde la radicatoria del proceso’ Ahora bien, circunscrita como está la normativa aplicable tanto para la activación como para la resolución del recurso de apelación incidental interpuesto por el imputado adolescente hoy accionante; y, dentro de los alcances de la garantía procesal de la doble instancia trasuntada en el derecho a recurrir, entendida como la posibilidad que tiene el justiciable de lograr la revisión de una resolución con el propósito de lograr un pronunciamiento que implique una correcta aplicación de la ley, como la apreciación de hechos y pruebas, que repercuta en la decisión de sus derechos y garantías, el cual debe ser efectivo y concretarse como un derecho específico” (SCP 1074/2015-S3 de 5 de noviembre [el resaltado nos pertenece]). En ese marco, respecto a la notificación a las partes y la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada, para que esta instancia resuelva la apelación; aun cuando, exista elementos particulares en el trámite de apelación de medidas cautelares de los menores infractores, al no existir un plazo definido en la normativa especial –CNNA– y en resguardo del principio de interés superior del niño, la notificación a las partes y la remisión de los antecedentes debe operar en sujeción a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal (CPP), en esa línea, la SCP 0435/2015-S3 de 17 de abril, concluyó que: “…Para el recurso de apelación incidental de medidas cautelares, de forma específica el art. 251 del CPP, establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas, y una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, debiendo resolver el Tribunal de alzada en el plazo de setenta y dos horas. En relación al plazo otorgado para la remisión de los antecedentes ante el Tribunal de alzada, una vez interpuesto el recurso de apelación incidental contra la resolución que imponga medidas cautelares” (las negrillas son nuestras). Por lo cual, las apelaciones de medidas cautelares activadas por menores infractores, también deben ser remitidas al Tribunal de alzada en el plazo máximo de veinticuatro horas.
Al respecto la SCP 0114/2018-S2 de 11 de abril, al respecto señaló que: “La jurisprudencia constitucional a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, seguida por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1254/2013-L de 9 de diciembre, 1135/2016-S2 de 7 de noviembre, entre otras, refiriéndose al antes habeas corpus, ahora acción de libertad, indico que: ‘Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’ (énfasis añadido). Sobre lo cual la SC 0465/2010-R de 5 de julio, asumida por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0093/2012 de 19 de abril y 1233/2012 de 7 de septiembre, entre otras, determinó que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho: ‘…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad (…) todas aquellas solicitudes vinculadas a la libertad del imputado, en especial la cesación de la detención preventiva, deben ser tramitadas con la debida celeridad, puesto que el ingresar en una demora o dilación indebida en que incurra una autoridad judicial al resolver una solicitud de tal naturaleza, implica una lesión a ese derecho fundamental, supuesto ante el cual se activa el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho; empero se deja claramente establecido, que no existirá lesión si la demora o dilación es promovida por el propio imputado’” (el resaltado nos pertenece).
El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en su elemento celeridad vinculado con su libertad, en mérito a que la autoridad demandada, ejerciendo el control jurisdiccional sobre el proceso penal que el Ministerio Público le sigue por el presunto delito de violación a infante, niña, niño o adolescente; y, habiendo rechazado su solicitud de cesación a la detención preventiva, en conocimiento de su apelación contra tal determinación, desde el 5 de septiembre de 2023, hasta el momento de interposición de esta acción de libertad –14 de igual mes y año–, no remitió los antecedentes al Tribunal de alzada para que resuelva su recurso. En ese marco, tanto el accionante, como la autoridad demandada, coincidieron en señalar que, efectivamente los antecedentes del proceso y la apelación planteada el 5 de septiembre de 2023, incluso, hasta el día de la audiencia tutelar –15 de septiembre de 2023– no fueron remitidos al Tribunal de alzada para su correspondiente sustanciación. En el caso del impetrante de tutela, alegando una demora innecesaria; y, en el caso de la autoridad demandada, alegando que una vez conocida la apelación ésta fue corrida en traslado, y que, encontrándose en plazo, el 18 del mismo mes y año, con o sin respuesta será remitida a la autoridad competente el referido recurso para su resolución (Antecedentes I.2.2). Por otro lado, el Tribunal de garantías, en análisis de lo demandado estableció también que, si bien la remisión de antecedentes aún no se produjo hasta el momento de instalarse la audiencia tutelar, dicha demora se debe a que, la respuesta de las partes aún se encuentra en plazo, y también que existe una solicitud de complementación a la Resolución de rechazo de 5 de septiembre de 2023, cuya decisión también debe ser corrida en traslado (Conclusión II.1); sin embargo al no contarse con la documental suficiente que acredite que dicha solicitud se haya producido, este Tribunal no puede emitir pronuncie mito alguno al respeto. Ahora bien, una de las primeras cuestiones que debe resolverse, es el hecho de establecer el procedimiento y los plazos para la sustanciación de la apelación de medidas cautelares respecto a menores infractores, en ese entendido del Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional se tiene que, si bien es evidente que, los menores infractores cuentan con procedimientos diferenciados al procedimiento penal ordinario, por la necesidad de su atención prioritaria, estos deben aplicarse en lo posible bajo criterios favorables contenidos en el CNNA, porque su procesamiento adquiere connotaciones especiales en el ejercicio de sus derechos fundamentales y particularmente una atención preferente en la materialización del principio de interés superior del niño; En ese marco, si bien el art. 314 del CNNA, dispone que, ante la apelación de medidas cautelares activada por los menores infractores se debe correr en traslado a las partes del proceso y con o sin respuesta se debe remitir antecedentes al Tribunal de alzada; empero, no se cuenta con un plazo específico en la normativa especial –CNNA– para que se materialicen las notificaciones a las partes para su respectiva respuesta y tampoco para que, se proceda a la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada para su conocimiento y resolución; por lo tanto, conforme a lo que incumbe en estos procesos, que es el interés superior del niño, y en aplicación supletoria del art 251 del CPP; la notificación a las partes, y la remisión de antecedentes, deberá efectuarse en un plazo máximo de veinticuatro horas de planteada la apelación , con o sin contestación de la parte contraria. En consideración a lo precisado, en el presente caso, la propia autoridad jurisdiccional demandada reconoció haber conocido de la apelación del hoy accionante el 5 de septiembre de 2023, así también reconoció que las partes fueron notificadas recién el 13 del mismo mes y año (Antecedente I.2.2), es decir, más allá de las veinticuatro horas establecidas en el antes mencionado razonamiento jurídico, por otro lado, como bien se advirtió, la autoridad demandada y los accionantes coincidieron en señalar que hasta el momento de instalarse la audiencia tutelar (15 de septiembre de 2023) los antecedentes de la apelación aun no fueron remitidos al Tribunal de alzada, incumpliéndose también el plazo de veinticuatro horas para dicha remisión, es decir, si la apelación fue de conocimiento de la autoridad demandada el 5 de septiembre de 2023, ésta debió remitir los antecedentes como máximo el 6 del mismo mes y año, no actuando de ese modo provocó una dilación innecesaria en el procedimiento de apelación planteada por el accionante accionantes, misma que se encuentra íntimamente vinculada con su derecho a la libertad, y siendo un menor de edad requiere una atención prioritaria y reforzada, No obrando conforme el razonamiento jurídico esgrimido –corrida en traslado y remisión en veinticuatro horas–;tomando en cuenta que, todas aquellas solicitudes vinculadas a la libertad de los menores infractores, en especial la cesación de la detención preventiva, deben ser tramitadas con la debida celeridad (Fundamento Jurídico III.2); y, que la autoridad demandada no actuó con la debida celeridad, corresponde conceder la tutela solicitada en la modalidad traslativa, en consecuencia, ordenando a la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera del Sena, que en el plazo de veinticuatro horas de notificada está presente Resolución constitucional, remita obrados de la apelación del hoy accionante al respectivo Tribunal de alzada, a menos que por el trascurso del tiempo la situación jurídica de éste se haya modificado; aclarando que, la concesión otorgada en la presente acción de defensa únicamente abarca al trámite de la apelación de referencia, en el marco de los plazos legales para su sustanciación y no sobre el fondo de las situaciones jurídicas del accionante –libertad– pues dicha determinación le corresponde a la autoridad jurisdiccional –Tribunal de alzada–, quien deberá asumir una decisión en el marco de la normativa vigente y los tratados y convenios internacionales en protección efectiva de los derechos fundamentales de la víctima como miembro de un grupo de atención prioritaria. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 05/2023 de 15 de septiembre, cursante de fs. 10 a 11 vta., pronunciada por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, en la modalidad traslativa conforme a los Fundamento Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0986_2023-S4.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 778c1d3f8c9df97d51b8aafdc251a86ffa79170e2f3033d0efa97e47b2eda11e
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