Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 18 de agosto de 2025
Concede la tutela
El accionante a través de su representante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; toda vez que, el Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, no efectuó la orden de salida judicial de emergencia, para que fuese atendido en un Centro Hospitalario de ese departamento, debido a su delicado estado de salud, diagnosticado por el Médico del citado recinto carcelario; por lo que, obstaculizó su atención médica oportuna. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 17/2023 de 3 de marzo, cursante a fs. 19 y vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela impetrada, en la modalidad traslativa y de pronto despacho e innovativa, exhortando a los demandados a no incurrir en lo posterior en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales, menos aún en la atención de los trámites y solicitudes vinculadas con los derechos a la salud y a la vida de los privados de libertad.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0943/2025-S3 Sucre, 18 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 54302-2023-109-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 17/2023 de 3 de marzo, cursante a fs. 19 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gary Fernando De La Fuente Martínez en representación sin mandato de Simón Sebastián López Apaza contra David Rodolfo Machicado Cuela, Director; y, Rubén Condori Chambi, Médico, ambos del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz.
Por memorial presentado el 3 de marzo de 2023, cursante de fs. 7 a 9 vta., el accionante a través de su representante expresó que:
Dentro del proceso penal instaurado por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, radicado en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; viene purgando detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; constando que el 23 de febrero de 2023, el Médico del citado recinto penitenciario le diagnosticó absceso en la pared torácica - diabetes mellitus tipo II; por lo que, le recomendó cirugía en el Hospital de Clínicas de ese departamento; motivo por el cual solicitó salida médica de emergencia al Juez de origen. El 24 de ese mismo mes y año, mediante decreto se concedió dicho petitorio; consiguientemente, la autoridad judicial emitió el oficio 53/2023, con el cual se notificó el 1 de marzo del mismo año a la autoridad del recinto penitenciario a objeto que cumpla lo dispuesto; empero, a la fecha de presentación de la acción tutelar no fue ejecutado por la autoridad demandada; ante esta negligencia sus familiares se entrevistaron con la autoridad penitenciaria, quien indicó que requería “…OTRA VALORACIÓN MÉDICA del médico del penal…” (sic); en respuesta, dicho profesional estableció que emitió su diagnosticó anteriormente. En virtud a la omisión de estas actuaciones de las autoridades demandadas planteó la acción tutelar traslativa o de pronto despacho para el restablecimiento de sus derechos.
El accionante a través de su abogado denunció la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, citando al efecto los arts. 15, 35 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada y disponga que: El Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, ejecute su salida judicial de emergencia dispuesta por el Juez de origen, “…para que realizadas las pruebas preoperatorias se someta a la cirugía correspondiente con la celeridad que el caso amerita sea bajo apercibimiento” (sic).
Celebrada la audiencia pública virtual el 3 de marzo de 2023, conforme el acta de audiencia cursante a fs. 18 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
Instaurada la audiencia de garantías, la Defensa Técnica del accionante, bajo el principio de lealtad procesal informó que fue otorgada la salida judicial mencionada, debido a las gestiones realizadas por sus familiares; motivo por el cual, no tiene objeto proseguir con la acción de libertad; toda vez que, se cumplió con el petitorio planteado en la misma.
David Rodolfo Machicado Cuela, Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, no presentó informe escrito; sin embargo, en audiencia manifestó que: a) Dispuso la salida judicial del accionante antes que se interponga la acción tutelar, en razón al diagnóstico del certificado médico; y, b) El 1 de marzo de 2023, a horas 14:59, fue notificado con la orden de salida, la misma no especificaba fecha, día y hora, ni tampoco el Centro de Salud donde debía ser trasladado el impetrante de tutela; no obstante, el suscrito gestionó la escolta policial y su atención en el Hospital del Tórax del departamento de La Paz. Rubén Condori Chambi, Médico del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, mencionó que: El 23 de febrero de 2023, atendió al ahora accionante, diagnosticando absceso en la pared torácica y diabetes mellitus; empero, el 2 de marzo de ese año a horas 16:25, fue notificado con el oficio de salida judicial, en el mismo no especificaba el lugar ni tampoco la hora; ahora bien, en la presente fecha de la audiencia de garantías, realizó la valoración al impetrante de tutela, motivo por el cual emitió informe médico a horas 13:00.
El Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 17/2023 de 3 de marzo, cursante a fs. 19 y vta., denegó la tutela impetrada, disponiendo que ya se cumplió con lo impetrado en la acción de libertad, bajo los siguientes fundamentos: 1) El impetrante de tutela aseveró que la autoridad penitenciaria ocasionó demora en la tramitación de la salida judicial; empero, su defensa técnica informó que su defendido fue trasladado al centro hospitalario previamente a la realización de la audiencia de garantías; por lo que, se habría cumplido lo impetrado en la acción tutelar; 2) La autoridad demandada informó que estaba dispuesta la orden de internación del accionante; sin embargo, la orden emitida por la autoridad judicial no precisaba el lugar, la fecha, la hora ni tampoco el centro de salud; y, 3) El médico del centro penitenciario refirió que anteriormente se diagnosticó el estado de salud del impetrante de tutela, motivo por el cual emitió orden de internación; empero, la orden judicial no identificaba el centro médico, por esa razón, se realizaron informes complementarios para su internación.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Informe de 23 de febrero de 2023, Rubén Condori Chambi, Médico del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, con relación al interno Simón Sebastián López Apaza -ahora accionante-, dio el siguiente diagnóstico: Absceso en la pared torácica a destacar, diabetes mellitus tipo II en tratamiento y sobrepeso por Índice de Masa Corporal (IMC); motivo por el cual, el suscrito sugirió al Juez de origen la salida médica judicial al servicio de cirugía general del Hospital de Clínicas, para su respectiva valoración, acompañado de su custodio policial (fs. 2). II.2. Por memorial de 24 de febrero de 2023, Simón Sebastián López Apaza solicitó su salida médica inmediata y de emergencia para constituirse en el Servicio de Cirugía General del Hospital de Clínicas del departamento de La Paz, siendo que fue diagnosticado con absceso en la pared torácica a destacar, diabetes mellitus tipo II en tratamiento y sobrepeso por IMC; por consiguiente, pidió se ponga a conocimiento del Director del Centro Penitenciario San Pedro de ese departamento a objeto de otorgar la salida respectiva (fs. 3 y vta.). II.3. Cursa decreto de 24 de febrero de 2023, emitido por el Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, disponiendo: “…SE CONCEDE SALIDA JUDICIAL DE EMERGENCIA DEBIENDO EL GOBERNADOR DE SAN PEDRO REALIZAR LA MEDIATA TRAMITACIÓN A EFECTOS DE OTORGAR LOS CUSTODIOS NECESARIOS, SIN PERJUICIO [D]E AQUELLO OFICIESE AL PENAL DE SAN PEDRO A EFECTOS DE QUE INFORME SOBRE DICHO EXTREMO SEA EN EL PLAZO DE 48 HORAS A PARTIR DE SU LEGAL NOTIFICACION” (sic [fs. 4]). II.4. Mediante oficio TDJ/JAV5/OFI 053/2023, con sello de cargo de recepción de 1 de marzo de 2023, a horas 14:59, el Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, notificó al Centro Penitenciario San Pedro de ese departamento, la otorgación de salida judicial de emergencia para el interno Simón Sebastián López Apaza -ahora accionante-, estableciendo que el Director del citado recinto penitenciario realice la tramitación inmediata respectiva (fs. 5 a 6). II.5. Consta Salida Médica de Emergencia para el 3 de marzo de 2023, otorgada al interno Simón Sebastián López Apaza -ahora impetrante de tutela-, dispuesta por el Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, misma que tiene vigencia a partir de horas 13:30, hasta su conclusión, debiendo estar acompañado de un custodio policial permanente (fs. 15).
El accionante a través de su representante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; toda vez que, el Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, no efectuó la orden de salida judicial de emergencia, para que fuese atendido en un Centro Hospitalario de ese departamento, debido a su delicado estado de salud, diagnosticado por el Médico del citado recinto carcelario; por lo que, obstaculizó su atención médica oportuna. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Procede respecto a solicitudes vinculadas al derecho a la libertad y/o a la vida y salud; y, su relación con el principio de celeridad Dentro de la tipología de la acción de libertad, se identifica la traslativa o de pronto despacho, desarrollada por la jurisprudencia constitucional emitida por el antes denominado Tribunal Constitucional, como el medio procesal idóneo para las partes tendente a lograr la aceleración de los trámites judiciales o administrativos en caso de constatar la existencia de dilaciones indebidas en restricción del principio de celeridad y en consecuencia, del derecho a la libertad cuando se advierta retardación en la solución de la situación jurídica de la persona privada de este derecho; todo ello en consideración de la obligación que constriñe a las autoridades sean éstas judiciales o administrativas, de aplicar y concretizar los valores y principios constitucionales insertos en la Norma Suprema. En ese marco, la presente garantía constitucional, se viabiliza a fin de precautelar los derechos que tutela, para así evitar y reparar conductas que incurren en demora en desmedro de las personas cuya libertad está privada; las que a su vez, lesionan el principio de celeridad; cuestiones que deben ser consideradas por toda autoridad que conozca pedidos vinculados a la libertad física y de locomoción, otorgándoles la debida celeridad e impulso para su efectivización; tomando en cuenta que, el art. 178.I de la Ley Fundamental, prevé: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”.
A su vez, el art. 180.I del texto constitucional, establece que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez”; determinando el art. 115.II de la CPE, por su parte, la obligación del Estado de garantizar: “…el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas son nuestras). De las normas constitucionales glosadas, se establece claramente que, los administradores de justicia y otros en el ámbito de sus funciones, están obligados a evitar retardaciones o dilaciones indebidas, ilegales e innecesarias, en desmedro del derecho a la libertad física y de locomoción, en aquéllos casos en los que estén vinculados al mismo, más aun considerando que por lógica, las personas que intervienen en un proceso, esperan la pronta definición de su situación jurídica -sea en caso de la imposición de medidas cautelares, apelaciones, efectivización de la libertad, peticiones de cesación a la detención preventiva, o cualquier pedido relacionado con la libertad-. En ese sentido, lo dispuesto en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero.
Siendo exigible igualmente, en aplicación de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que los administradores de justicia y otros en el ámbito de sus funciones, eviten retardaciones o dilaciones indebidas, ilegales e innecesarias, de pedidos vinculados a los derechos a la vida y a la salud; estando dichos derechos también bajo el alcance de la presente acción de defensa; resultando con mayor obligación, por ende, la resolución pronta y oportuna de solicitudes de los privados de libertad, sobre el particular.
Sobre el particular, la SCP de Avocación 0001/2022 de 31 de marzo, citando a su vez normativa y fallos constitucionales anteriores, refirió que la acción de libertad precautela: «…los derechos fundamentales de la vida y la libertad, o la vinculación directa con los mismos, razonamiento consolidado en la ampulosa jurisprudencia constitucional emita al respecto, entre ellas la SCP 0325/2019-S4 de 5 de junio, en la que retomando el criterio plasmado en la SCP 0054/2012 de 9 de abril, refirió que: “La acción de libertad es una acción tutelar de carácter extraordinario, que fue instituida en la Constitución Política del Estado abrogada en su art. 18, y ahora como acción de libertad en el orden constitucional vigente en el art. 125, manteniendo el mismo carácter y finalidad de protección a la libertad física o personal, o de locomoción y al debido proceso vinculado con la libertad, además de haber ampliado su ámbito de aplicación y protección haciéndola extensible al derecho a la vida, por lo que se constituye en una garantía constitucional por el bien jurídico primario (vida) y fuente de los demás derechos del ser humano…”… Por otro lado, la SCP 0112/2014-S1 de 26 de noviembre, reiterada por la precitada SCP 0238/2020-S4, con relación a la tutela brindada por la presente acción de defensa respecto al derecho a la salud; estableció que: “Uno de los fines del Estado, es garantizar el bienestar las personas, lo que se traduce en el reconocimiento del derecho no sólo a la vida sino también a la salud… En relación a este derecho, si bien el mismo no encuentra protección como un derecho autónomo a través de la acción de libertad, sí lo hace cuando se halla relacionado directamente con el peligro de muerte o riesgo de vida, por cuanto, como se dijo, el derecho a la salud respecto al derecho a la vida, se encuentra intrínsecamente ligado, por cuanto: ‘La salud reviste la naturaleza de derecho fundamental merced a su relación innegable con el derecho a la vida. La vinculación entre el derecho a la vida y el derecho a la salud se aprecia con absoluta claridad…’”…» (las negrillas nos corresponden). Por su parte, respecto a la protección de los derechos a la vida y la salud de los privados de libertad, la citada SCP de Avocación 0001/2022, haciendo también referencia a fallos constitucionales anteriores, estableció que: «…tratándose de casos de emergencia, el legislador ha dispuesto en el art. 94 del mismo compilado legal que el director del establecimiento penitenciario o quien se encuentre a su cargo, ordenará el traslado del interno a un Centro de Salud adoptando las Medidas de Seguridad necesarias; debiendo informar de inmediato, al Juez competente; es decir que, cuando la salud de una persona privada de libertad se encuentra disminuida, le corresponde en primera instancia al interno dirigirse en consulta al médico del recinto penitenciario a efecto de sea este quien determine a prima facie la gravedad del cuadro y adopte las medidas necesarias para asegurar y precautelar el ejercicio de este derecho y por ende su derecho a la vida, y cuando corresponda, en virtud a una emergencia particular o la necesidad específica de tratamiento especializado, el galeno del penal deberá poner en conocimiento de la situación al Director del recinto quien, tomando las previsiones de seguridad necesarias, autorizará el traslado del enfermo a un centro de salud y pondrá dicha determinación en conocimiento del juez competente; similar razonamiento ha manifestado esta Jurisdicción mediante la SCP 0257/2012 de 29 de mayo’” Por otro lado, el art. 109.1 de la LEPS, también confiere la posibilidad al interno de solicitar salidas personales, con la finalidad de resguardar su salud; y por ende, su vida, prescribiendo que este tipo de salidas son viables por: “Enfermedad grave o fallecimiento de los padres, cónyuge o conviviente, hijos y hermanos” (…), petición que deberá ser formulada ante el Juez de Ejecución Penal, quien mediante resolución fundada, emitida dentro de las veinticuatro horas de recibida la solicitud, disponiendo las medidas de seguridad necesarias, concederá al interno dicho permiso; claro está, que las mismas tendrán que ser debidamente justificadas y sujetos a las previsiones correspondientes. Concluyendo de este modo, que la Norma Suprema consagra el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad; de donde se infiere que, la privación de libertad por causas legales, no lleva implícita en su naturaleza la supresión de otros derechos fundamentales tales como la vida, la salud y otros; y, que con esta finalidad el legislador conforme a la normativa detallada supra, ha previsto con relación a la protección de los derechos a la salud y la vida de los privados de libertad, que debe existir en cada centro penitenciario servicios de asistencia médica que funcionen las veinticuatro horas y que se encuentran encargados de otorgar a los internos, atención básica y de urgencia, en medicina general y odontología y en caso de tratarse de enfermedades o dolencias que precisen tratamiento especializado, podrá el interno solicitar ante el Director del establecimiento salidas externas debidamente justificadas para la atención de dichos cuadros clínicos; es decir que, cuando la salud de una persona privada de libertad se encuentra disminuida, le corresponde en primera instancia al interno dirigirse en consulta al médico del centro penitenciario a efecto de que sea éste quien determine a prima facie la gravedad del cuadro y adopte las medidas necesarias para asegurar y precautelar el ejercicio de este derecho y por ende su derecho a la vida, y cuando corresponda, en virtud a una emergencia particular o la necesidad específica de tratamiento especializado, el galeno del penal deberá poner en conocimiento de forma inmediata la situación al Director del recinto, quien tomando las previsiones de seguridad necesarias, autorizará el traslado del enfermo a un centro de salud y pondrá dicha determinación en conocimiento del juez competente; así como, que tratándose de casos de emergencia será el Director del centro penitenciario quien ordenará el traslado del interno a un centro de salud adoptando las medidas de seguridad necesarias y pondrá dicha determinación en conocimiento del juez competente» (las negrillas y subrayado nos pertenecen).
La SCP 0544/2025-S3 de 10 de junio, estableció que: «Con relación a la acción de libertad innovativa la SCP 0182/2020-S2 de 24 de julio señala que: “…la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, indicó que: ‘…entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias’. Por su parte, la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, refirió que: ‘Dicho entendimiento se justifica plenamente si se considera que la justicia constitucional tiene como una de sus funciones el precautelar el respeto y vigencia de los derechos y las garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado y en las diferentes normas en materia de derechos humanos que conforman el bloque de constitucionalidad, y, por ende debe imprimir todos los mecanismos necesarios que permitan el ejercicio real y efectivo de los mismos. En ese contexto, el propósito fundamental de la acción de libertad no es únicamente el de reparar o disponer el cese del hecho conculcador, sino también de advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza contravienen el orden constitucional y, por consiguiente, son susceptibles de sanción, no pudiendo quedar en la impunidad, así, el acto lesivo haya desaparecido’. Jurisprudencia desarrollada de la cual se establece que la acción de libertad en su modalidad innovativa, es instituida como una garantía constitucional para la protección de los derechos fundamentales, que puede ser presentada inclusive cuando el acto cuya vulneración se denuncia haya cesado, habida cuenta que la misma tiene por objeto evitar que los servidores públicos o personas particulares cometan similares actos u omisiones que contravienen el orden constitucional, permisión que se encuentra sustentada en el art. 49.6 del CPCo, que dispone ‘Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan’”» (las negrillas corresponden al texto original).
El accionante a través de su representante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; toda vez que, el Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, no efectuó la orden de salida judicial de emergencia, para que fuese atendido en un Centro Hospitalario de ese departamento, debido a su delicado estado de salud, diagnosticado por el Médico del citado recinto carcelario; por lo que, obstaculizó su atención médica oportuna.
El 24 de febrero de 2023, el ahora accionante solicitó salida médica inmediata al Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, en razón al informe emitido el 23 del mismo mes y año por el Médico del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, el cual diagnosticó absceso en la pared torácica a destacar, diabetes mellitus tipo II en tratamiento y sobrepeso por IMC, sugiriendo la atención del interno en el área de cirugía general del Hospital de Clínicas de ese departamento. Esa misma fecha la autoridad judicial emitió decreto concediendo el petitorio, disponiendo que el Director del referido Centro Penitenciario realice la tramitación inmediata para viabilizar la salida médica del recluso; por su parte, el 1 de marzo del mismo año, a horas 14:59, se notificó al indicado Centro Penitenciario con el oficio TDJ/JAV5/OFI 053/2023 de 28 de febrero, disponiendo la salida de emergencia para el ahora accionante y ordenó que el Director del citado Centro Penitenciario realice las gestiones respectivas. El 3 de igual mes y año, mediante oficio emitido por la autoridad penitenciaria se efectivizó la salida médica del interno -de horas 13:30 hasta su conclusión- para ser atendido en el Hospital de Clínicas de ese departamento (Conclusiones II.1 a 5). En ese sentido, el accionante denunció que el Director del citado Centro Penitenciario no emitió la orden de salida médica de manera pronta y oportuna, pese a existir un diagnóstico del Médico del Centro Penitenciario que solicitaba la atención del interno -ahora accionante-en el Hospital de Clínicas del departamento de La Paz; debido al actuar del indicado Director se obstaculizó su derecho a la salud. Dicho reclamo, se sustenta en la omisión de cumplimiento por parte del Director demandado a la disposición de la autoridad judicial; toda vez que, la tramitación y el cumplimiento de las formalidades para la otorgación de salida médica quedaría en responsabilidad del Director demandado.
En ese orden, se verifica que, no obstante que, el Área Médica del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, el 23 de febrero de 2023, estableció que correspondía la salida médica judicial al servicio de cirugía general del Hospital de Clínicas; a cuyo efecto, en virtud al pedido cursado por el accionante el 24 de ese mes y año, el Juez de la causa emitió el proveído de dicha data, concediendo la salida judicial de emergencia del indicado, debiendo el Director de dicho Centro Penitenciario, realizar la inmediata tramitación a efectos de otorgar los custodios necesarios a ese fin; el Juez de la causa, recién por oficio TDJ/JAV5/OFI 053/2023 de 28 de febrero, remitió el mismo para el cumplimiento de la indicada autoridad penitenciaria, quien fue notificada el 1 de marzo de similar año, a horas 14:59.
Así, el Director del citado Centro Penitenciario, dispuso la salida médica de emergencia del impetrante de tutela, con data para ese efecto, el 3 de marzo de 2023, de horas 13:30, hasta su conclusión; lo que, demuestra que, existió dilación en la efectivización de la salida médica judicial sugerida por el Médico demandado, siendo que, desde el Informe que expidió dicho profesional médico el 23 de febrero de ese año, hasta el 3 de marzo del referido año, transcurrieron ocho días para que se materialice la asistencia médica de urgencia que requería el mencionado; dilación en la que incurrió inicialmente la autoridad judicial, quien si bien no fue demandada, concierne resaltar aquello, en virtud a la innegable demora con la que obró en elaborar el oficio TDJ/JAV5/OFI 053/2023 y la consiguiente notificación al Director del penal demandado, en desmedro de los derechos fundamentales a la vida y a la salud del accionante, quien merecía una atención célere y oportuna por las razones expuestas en los Informes Médicos cursantes en el expediente tutelar, sobre su estado de salud. De igual manera, la señalada autoridad penitenciaria demandada, pese a su notificación de 1 de dicho mes y año, recién efectivizó la salida del nombrado, para el 3 de igual mes y año, a partir de horas 13:30, demorando así la salida médica de emergencia dispuesta por la autoridad judicial del proceso; concerniendo, por ende, conceder la tutela requerida.
De otro lado, se advierte que, si bien el Médico demandado, emitió los Informes de 23 de febrero y 3 de marzo, ambos de 2023, sugiriendo la salida médica judicial al servicio de cirugía y emergencias, respectivamente, del Hospital de Clínicas de La Paz; no existe constancia alguna que hubiera puesto aquello en conocimiento inmediato del Director del Centro Penitenciario San Pedro -codemandado-, a efectos que dicha autoridad asuma las previsiones de seguridad necesarias y autorice el traslado del impetrante de salud al indicado Centro de salud, informando dicha situación al juez competente; teniendo que, conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, en casos de emergencia, los directores de los penales se hallan facultados para ordenar el traslado de los internos a los centros de salud adecuados, adoptando las medidas de seguridad necesarias, poniendo aquello, se reitera, en conocimiento del juez competente. Al no obrar en dicho sentido, el Médico del penal actuó también de forma omisiva y negligente, siendo que su actuación no se limitaba a expedir los informes médicos y diagnósticos correspondientes; sino que, en casos de urgencia debe obrar conforme a lo antes expuesto, a los fines respectivos, velando por la vida y salud de los privados de libertad. En consecuencia, concierne también otorgar tutela en cuanto a dicho demandado.
En este punto, concierne precisar que, si bien la acción de libertad fue formulada el 3 de marzo de 2023, a horas 14:45 (fs. 7 a 9 vta.); dando a entender que, habría sido planteada en forma posterior a la salida del peticionante de tutela, al Hospital de Clínicas; lo que fue recién señalado por su abogado en audiencia de garantías -realizada en esa data, a horas 16:00, al indicar: “…al haberse cumplido con llevar al privado de libertad al Centro Médico, entonces entendemos que ya la presente acción de libertad no tiene el objeto correspondiente...” (sic); el art. 126 de la CPE, en consideración a la naturaleza de la acción de libertad, y la importancia de los derechos que tutela, establece el procedimiento a seguirse para su consideración y resolución, regulando lo siguiente:
“I. La autoridad judicial señalará de inmediato día y hora de la audiencia pública, la cual tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas de interpuesta la acción, y dispondrá que la persona accionante sea conducida a su presencia o acudirá al lugar de la detención. Con dicha orden se practicará la citación, personal o por cédula, a la autoridad o a la persona denunciada, orden que será obedecida sin observación ni excusa, tanto por la autoridad o la persona denunciada como por los encargados de las cárceles o lugares de detención, sin que éstos, una vez citados, puedan desobedecer. II. En ningún caso podrá suspenderse la audiencia. En ausencia del demandado, por inasistencia o abandono, se llevará a efecto en su rebeldía.
dictará sentencia en la misma audiencia. La sentencia podrá ordenar la tutela de la vida, la restitución del derecho a la libertad, la reparación de los defectos legales, el cese de la persecución indebida o la remisión del caso al juez competente. En todos los casos, las partes quedarán notificadas con la lectura de la sentencia. VI. El fallo judicial será ejecutado inmediatamente. Sin perjuicio de ello, la decisión se elevará en revisión, de oficio, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a su emisión” (las negrillas y el subrayado son nuestros).
Por su parte, el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), entre los aspectos a verificarse en la tramitación de la acción de libertad, estipula que: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan” (las negrillas nos corresponden).
Disposiciones a partir de las que, existe la obligación de emitir resolución, más aún si en el marco de lo previsto en el art. 49.6 del CPCo, aun cesando las causas que originaron la acción interpuesta, la audiencia debe realizarse a fin de disponer las responsabilidades si correspondieren. Resultando, en consecuencia, se reitera, viable la tutela pretendida por el accionante; por cuanto, la acción de libertad innovativa permite solicitar la protección del derecho afectado, incluso si el actuar que provocó la lesión hubiese cesado; esto con el objetivo de establecer la responsabilidad pertinente y evitar que en futuros actos se incurra en comportamientos dilatorios por parte de funcionarios públicos. En mérito a los antecedentes, corresponde aplicar el razonamiento jurisprudencial citado supra relacionado a la acción de libertad innovativa, bajo el fundamento que los demandados, no actuaron con la celeridad debida, derivando en una dilación innecesaria que comprometió los derechos a la salud y a la vida de una persona privada de libertad. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 17/2023 de 3 de marzo, cursante a fs. 19 y vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela impetrada, en la modalidad traslativa y de pronto despacho e innovativa, exhortando a los demandados a no incurrir en lo posterior en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales, menos aún en la atención de los trámites y solicitudes vinculadas con los derechos a la salud y a la vida de los privados de libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0943_2025-S3.pdf · páginas 1 a 13.
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