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SCP 0941/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 18 de agosto de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
18 de agosto de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
54230-2023-109-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante considera lesionados sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso, acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y a una justicia pronta y oportuna sin dilaciones ni retardación; alegando que, el Juez demandado, por Auto Interlocutorio 902/2022 de 3 de septiembre, dispuso su detención preventiva; asimismo, señaló audiencia de consideración de su situación jurídica para el 3 de febrero de 2023; empero, dicho acto no se llevó acabo. Ante ello, mediante memorial de 10 de igual mes y año, solicitó audiencia de consideración de situación jurídica; sin embargo, hasta la presentación de la acción tutelar -8 de marzo de igual año-, no atendió su petición. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 06/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 32 a 34, pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, en el marco de lo expuesto en este fallo constitucional. 2° No disponer ninguna orden, emergente de la concesión de la tutela, por cuanto la petición de la acción de libertad se hallaba dirigida a que el Juez demandado, señale audiencia de consideración de la situación jurídica del accionante, lo que fue cumplido mediante proveído de 8 de marzo de 2023, que se fijó como fecha para desarrollar dicho actuado, el 10 del citado mes y año, a horas 15:30. 3° LLAMAR la atención al Juez demandado, por el incumplimiento de sus obligaciones e incurrir en una dilación indebida que incidió en la demora en la definición de la situación jurídica de una persona privada de libertad; exhortándole a que, en sus actuaciones, no vuelva a reincidir en una situación similar.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. El principio de celeridad en la administración de justicia
  3. III.3. Sobre la acción de libertad innovativa
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0941/2025-S3 Sucre, 18 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 54230-2023-109-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 06/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 32 a 33, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Richard Mamani Quispe contra René Eduardo Foronda Escóbar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 8 de marzo de 2023, cursante a fs. 1; y, 12 a 13 vta., el accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación, el Juez de la causa -ahora demandado-, mediante Auto Interlocutorio 902/2022 de 3 de septiembre, dispuso su detención preventiva por el lapso de cinco meses en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; asimismo, señaló audiencia de consideración de su situación jurídica para el 3 de febrero de 2023; empero, dicho acto, no se llevó acabo. Ante ello, por memorial de 10 de igual mes y año, solicitó audiencia de consideración de su situación jurídica; sin embargo, hasta la presentación de la acción tutelar -el 8 de marzo de igual año-, la referida autoridad judicial no atendió su petición; además que recibió evasión y maltrato de sus funcionarios.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso, al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y a una justicia pronta y oportuna sin dilación ni retardación, sin citar las normas constitucionales que las contienen.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, ordenando que el Juez demandado: “…señale Audiencia de Consideración Jurídica sea dentro del plazo legal de 24 Hrs.” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 10 de marzo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 29 a 31, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, manifestó que: a) La acción de libertad o de pronto despacho, constituye una modalidad de acción de defensa, a través de la cual se busca acelerar los trámites judiciales y administrativos cuando existan dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de una persona que está privada de libertad; b) Toda persona que considere que su vida esté en peligro y que además, es indebidamente procesada o privada de libertad, puede recurrir ante un Tribunal de garantías constitucionales; c) La autoridad demandada, no instaló la audiencia de consideración de su situación jurídica dispuesta para el 3 de febrero de 2023; asimismo, tampoco existe un proveído que pueda dar lugar a otro señalamiento de audiencia; d) Mediante memorial de 10 de febrero de igual año, nuevamente peticionó audiencia de consideración de su situación jurídica; sin embargo, la autoridad demandada, no cumplió con los plazos previstos en el art. 132 del Código de Procedimiento Penal (CPP); e) La audiencia para considerar su situación jurídica, debió llevarse a cabo de manera obligatoria por el Juez ahora demandado; sin embargo, lo dejó en estado de incertidumbre al estar privado de su libertad; f) Por varios días del mes, se apersonó al Juzgado; empero, no obtuvo respuesta a sus solicitudes de audiencia, siendo así que, hasta el día de la celebración de la acción tutelar, el expediente aún se encontraba en despacho; g) La autoridad demandada, luego de haber sido notificada con la presente acción tutelar, señaló audiencia de consideración de situación jurídica para el 10 de marzo de 2023; no obstante, el acto no se llevó a cabo; h) La audiencias suspendidas, no pueden quedar en la impunidad, siendo que las autoridades de garantías constitucionales deberían modular estos incumplimientos a través de la acción de libertad innovativa; y, i) El Juez demandado, fabricó en un día los documentos y los subió al sistema, pretendiendo sorprender al Tribunal de garantías.

I.2.2. Informe del demandado

René Eduardo Foronda Escóbar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, a través de informe escrito presentado el 10 de marzo de 2023, cursante a fs. 28 y vta., señaló que: 1) El memorial de 10 de febrero de 2023, presentado por el impetrante de tutela, fue puesto a su conocimiento por el Auxiliar del Juzgado, el 8 de marzo de igual año; 2) Llamó la atención al funcionario por incumplimiento de sus funciones, conforme a la Ley del Órgano Judicial -Ley 025 de 24 de junio de 2010-; empero, señaló audiencia de consideración de la situación jurídica para el 10 de marzo de 2023 a horas 15:30; y, 3) Solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 06/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 32 a 33, denegó la tutela solicitada. Sin embargo, dispuso que el Juez demandado, asuma y atienda las solicitudes dentro los plazos previstos por ley, procurando la agilidad de los procesos y garantizando el principio de celeridad. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) El art. 125 de la CPE, tiene por finalidad la protección de los derechos a la vida y a la libertad, cuando la persona creyera estar ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de su libertad. Norma Constitucional concordante con el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo); ii) Toda autoridad que conozca de una solicitud con persona privada de libertad, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, cumpliendo los plazos establecidos en la norma, o en su caso, dentro de un plazo razonable; iii) No es posible incurrir en dilación indebida, bajo justificativo de irresponsabilidad del personal subalterno, debiendo considerarse la obligatoriedad efectiva y eficiente de la gestión del despacho en aplicación a la Ley del Órgano Judicial; y, iv) Lo referido por el accionante, de haberse apersonado ante el Juzgado durante un mes, tenía las vías expeditas para hacer valer su pretensión; sin embargo, al indicar que tendría señalamiento de audiencia de consideración de su situación jurídica, no correspondería ingresar a otros aspectos.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 902/2022 de 3 de septiembre, a través del cual, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz -hoy demandado-, dispuso la detención preventiva de Richard Mamani Quispe -ahora accionante-; asimismo, fijó audiencia de consideración de situación jurídica para el 3 de febrero de 2023 (fs. 3 a 4).

II.2. Mediante memorial de 10 de febrero de 2023, con cargo de recepción de la misma fecha a horas 14:44, dirigido a la autoridad demandada, el impetrante de tutela, solicitó audiencia de consideración de situación jurídica (fs. 21 y vta.). II.3. Por decreto de 8 de marzo de 2023, el Juez demandado, señaló audiencia de consideración de situación jurídica para el 10 de igual mes y año, a horas 15:30, aclarando que decretó en la misma fecha que ingresó el memorial a su despacho (fs. 22). II.4. La presente acción de libertad fue interpuesta el 8 de marzo de 2023, a horas 9:30; siendo notificada la autoridad demandada, el 9 de ese mes y año, a horas 14:10 (fs.16).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante considera lesionados sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso, acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y a una justicia pronta y oportuna sin dilaciones ni retardación; alegando que, el Juez demandado, por Auto Interlocutorio 902/2022 de 3 de septiembre, dispuso su detención preventiva; asimismo, señaló audiencia de consideración de su situación jurídica para el 3 de febrero de 2023; empero, dicho acto no se llevó acabo. Ante ello, mediante memorial de 10 de igual mes y año, solicitó audiencia de consideración de situación jurídica; sin embargo, hasta la presentación de la acción tutelar -8 de marzo de igual año-, no atendió su petición. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho

Sobre este tópico, la SCP 0420/2021-S2 de 16 de agosto, estableció que: «La SC 0044/2010-R de 20 de abril, respecto al hábeas corpus -hoy acción de libertad- traslativo o de pronto despacho, señaló: “…a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R)…”. Bajo esta línea de entendimiento, la misma jurisprudencia constitucional ha recogido el desarrollo doctrinal sobre los tipos de acciones de libertad introduciendo precisamente como un componente de los alcances de la tutela que brinda la misma, en su modalidad traslativa, la cual se encuentra reconocida implícitamente por el art. 125 de la Norma Suprema. En el orden señalado, la SCP 0112/2012 de 27 de abril, reiterando la línea jurisprudencial sobre el deber de tramitar todas las cuestiones vinculadas con la libertad personal con la celeridad necesaria recordó que: “La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva”. La SCP 0571/2012 de 20 de julio, refirió: “…el hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: ‘(…) se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’”. Por otra parte, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, de igual manera puntualizó: “...la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”. Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, sostuvo que: “...la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”. (…) De todo lo anteriormente glosado, se puede concluir que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por finalidad acelerar los trámites judiciales o administrativos, cuando existan dilaciones ilegales o indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad» (las negrillas son nuestras).

III.2. El principio de celeridad en la administración de justicia

Al respecto, el art. 180.I de la CPE, prevé que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez” (el resaltado es añadido). Asimismo, el art. 178.I de la indicada Norma Suprema, regula que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos” (el resaltado es nuestro). En correspondencia con la norma señalada, el art. 115.II de la Ley Fundamental determina que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; estableciéndose que, la administración de justicia debe ser rápida y eficaz tanto en la tramitación como en la resolución de las causas; puesto que, las personas que intervienen en los procesos esperan una decisión oportuna de su situación jurídica; máxime, si se encuentra comprometido de por medio el derecho a la libertad. Por su parte, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determina que el principio de celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia.

La SC 0105/2003-R de 27 de enero, sostuvo que: “…Las Sentencias Constitucionales 758/2000-R y 1070/2001-R, entre otras, establecen que el principio de celeridad procesal (…) impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existiera, el plazo debería ser cumplido estrictamente” (el resaltado nos corresponde). Asimismo, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sobre este principio sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud” (el resaltado nos pertenece).

III.3. Sobre la acción de libertad innovativa

Al respecto, la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, señaló que: “…entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias” (el resaltado es añadido). Razonamiento que es aplicable a las otras modalidades protectivas de la acción de libertad, donde se identifiquen actos irregulares consumados; por ello, a efectos de determinar las responsabilidades que ameriten en cada caso y de construir una matriz jurisprudencial preventiva de la vulneración de derechos fundamentales, corresponderá también en tales circunstancias, pronunciarse sobre el fondo de la problemática a fin de establecer las consecuencias jurídicas del o los que llegan a ser demandados.

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante considera lesionados sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso, acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y a una justicia pronta y oportuna sin dilación ni retardación; alegando que, el Juez demandado, por Auto Interlocutorio 902/2022 de 3 de septiembre, dispuso su detención preventiva; asimismo, señaló audiencia de consideración de su situación jurídica para el 3 de febrero de 2023; empero, dicho acto, no se llevó a cabo. Ante ello, mediante memorial de 10 de igual mes y año, solicitó audiencia de consideración de situación jurídica; sin embargo, hasta la presentación de la acción tutelar -8 de marzo de igual año-, no atendió su petición. De la revisión de antecedentes plasmados en conclusiones, se tiene el Auto Interlocutorio 902/2022, a través del cual, el Juez demandado, dispuso detención preventiva para el accionante; asimismo, fijó audiencia de situación jurídica para el 3 de febrero de 2023 (Conclusión II.1); mediante memorial de 10 de febrero de 2023, dirigido a la autoridad demandada, el impetrante de tutela, solicitó audiencia de consideración de situación jurídica (Conclusión II.2), por decreto de 8 de marzo de ese año, el Juez demandado, señaló audiencia de consideración de situación jurídica para el 10 de igual mes y año a horas 15:30, aclarando que decretó en la misma fecha que ingresó el memorial a su despacho (Conclusión II.3); y, la presente acción de libertad fue interpuesta el 8 de marzo de 2023, a horas 9:30; siendo notificada la autoridad demandada, el 9 de ese mes y año, a horas 14:10 (Conclusión II.4). De acuerdo al entendimiento expresado en la jurisprudencia glosada en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo constitucional, los administradores de justicia están en el deber jurídico de atender los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que, tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata. En ese contexto y de la revisión de los antecedentes del expediente constitucional, cursa el Auto Interlocutorio 902/2022, por el cual la autoridad demandada, dispuso la detención preventiva del accionante por el lapso de cinco meses en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz y se señaló audiencia de consideración de situación jurídica para el 3 de febrero de 2023. Con tal antecedente; y, de conformidad a lo manifestado por el impetrante de tutela; se evidencia que el 3 de febrero del 2023, el Juez demandado, no instaló la audiencia de consideración de su situación jurídica, incumpliendo su propia disposición contenida en el Auto Interlocutorio 902/2022, dilatando indebidamente la consideración de su situación jurídica, aun cuando en previsión del principio de celeridad debió ser considerada lo más pronto posible; habilitando incluso horas inhábiles, aclarando que el art. 113.II del CPP, prevé que de manera excepcional y debidamente justificada una audiencia puede suspenderse máximo por cuarenta y ocho horas con la habilitación de horas inhábiles, plazo que fue totalmente omitido por la autoridad ahora demandada. Ante ese incumplimiento el accionante, mediante memorial de 10 de febrero de 2023, solicitó a la autoridad demandada, audiencia de consideración de su situación jurídica, ello mereció el proveído de 8 de marzo de igual año, a través del cual el Juez demandado, señaló audiencia para el 10 de similar mes y año a horas 15:30, habiendo transcurrido veintiséis días desde la presentación de su memorial. Esta omisión fue atribuida por la autoridad judicial al Auxiliar de su Despacho, quien habría dilatado más la situación jurídica del impetrante de tutela, incumpliendo con la normativa procesal aplicable al presente caso, incurriendo en una demora indebida en el señalamiento de la audiencia. Al respecto, corresponde resaltar que, el Juez demandado es quien ejerce el control jurisdiccional de los procesos, no pudiendo deslindar sus responsabilidades en el actuar de sus funcionarios subalternos. En el marco de lo expuesto, resulta evidente que el Juez demandado incurrió en dilación indebida en desmedro de los derechos invocados por el impetrante de tutela, en relación con el principio de celeridad y a una justicia pronta y oportuna, obviando que, en el marco de una consideración oportuna de la situación jurídica del mencionado debió actuar con la celeridad y prontitud que requería el caso; no así evadiendo la realización de la audiencia que el mismo fijó para el 3 de febrero de 2023, ni fijando dicho acto procesal después de veintiséis días de haber impetrado aquello. En virtud a lo señalado, corresponde conceder la tutela, aunque sin efectuar disposición alguna, tomando en cuenta que el art. 49.6 del CPCo., prevé que: “Aún habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan” (negrillas y subrayado adicionados); por lo que, habiéndose interpuesto la acción de libertad el 8 de marzo de 2023, a horas 9:30 (Conclusión II.4); el Juez demandado expidió el decreto de igual fecha, fijando audiencia de consideración de la situación jurídica del impetrante de tutela, se reitera, para el 10 de ese mes y año, a horas 15:30 (Conclusión II.3);

lo que no constituye óbice alguno para pronunciarse sobre la problemática planteada. En ese sentido, pese a que, al presente ya se cumplió con el señalamiento de la audiencia de consideración de la situación jurídica del peticionante de tutela; en las acciones de libertad no puede eludirse la consideración de fondo del asunto en cuestión, por cuanto, ante los derechos que tutela esta acción de defensa, la jurisdicción constitucional debe emitir un pronunciamiento en el fondo, aunque deba abstenerse de impartir orden alguna por las razones anotadas; respondiendo ello al hecho que no puede permitirse o confirmarse, acciones o conductas, reñidas contra el orden público constitucional, que ciertamente transgredieron derechos fundamentales o garantías constitucionales; no pudiendo quedarse este Tribunal al margen de una resolución concreta, siendo la finalidad máxima la tutela de derechos fundamentales y evitar que a posterioridad, se incurran en los mismos actos ilegales que produjeron dicha restricción. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 06/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 32 a 34, pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, en el marco de lo expuesto en este fallo constitucional. 2° No disponer ninguna orden, emergente de la concesión de la tutela, por cuanto la petición de la acción de libertad se hallaba dirigida a que el Juez demandado, señale audiencia de consideración de la situación jurídica del accionante, lo que fue cumplido mediante proveído de 8 de marzo de 2023, que se fijó como fecha para desarrollar dicho actuado, el 10 del citado mes y año, a horas 15:30. 3° LLAMAR la atención al Juez demandado, por el incumplimiento de sus obligaciones e incurrir en una dilación indebida que incidió en la demora en la definición de la situación jurídica de una persona privada de libertad; exhortándole a que, en sus actuaciones, no vuelva a reincidir en una situación similar. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0941_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.

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