Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 18 de agosto de 2025
Concede la tutela
El accionante a través de su representante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y del principio de celeridad; alegando que, dentro de la causa penal seguida por el Ministerio Público en su contra, por la supuesta comisión de los delitos de hurto y allanamiento de domicilio o sus dependencias, mediante Auto Interlocutorio 47/2022 de 30 de noviembre, el Juez demandado determinó su detención preventiva por noventa días en el Centro Penitenciario Villa Busch de Pando. El 2 de marzo de 2023, requirió la salida alternativa de procedimiento abreviado; empero, sobrepasando las cuarenta y ocho horas reguladas por el Código de Procedimiento Penal, la referida autoridad judicial fijó audiencia de consideración de ese pedido, recién para el 17 de ese mes y año. Siendo viable sobre el particular, la tutela conferida por la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 003/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 18 a 20, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la mencionada Sala, en el marco de lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0937/2025-S3 Sucre, 18 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 54181-2023-109-AL Departamento: Pando En revisión la Resolución 003/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 18 a 20, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Edwin Ramiro Condori Mamani, Defensor Público del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) en representación sin mandato de Alan Domínguez Zabala contra Elvio Bautista Blanco, Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Pando.
Por memorial presentado el 10 de marzo de 2023, cursante de fs. 5 a 7, el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal instaurado por el Ministerio Público en su contra, por la supuesta comisión de los delitos de hurto y allanamiento de domicilio o sus dependencias; el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Pando -demandado-, emitió Auto Interlocutorio 47/2022 de 30 de noviembre, disponiendo su detención preventiva por el plazo de noventa días en el Centro Penitenciario Villa Busch de ese departamento. El 2 de marzo de 2023, encontrándose privado de su libertad, solicitó la salida alternativa de procedimiento abreviado, fijando la citada autoridad judicial audiencia virtual para el 17 de ese mes y año, a horas 09:00. Resalta que, desde el 30 de noviembre de 2022, “…ha sobrepasado las 48 horas dispuestas por el Juez, es decir 09 DÍAS (tomando en cuenta el computo en HORAS” (sic); no habiéndose realizado la audiencia de consideración de su salida alternativa hasta la fecha de interposición de su acción de defensa, con la consiguiente transgresión de su derecho a la libertad, al no haberse resuelto su situación jurídica dentro del plazo regulado por ley; resultando viable la tutela que otorga la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.
Denunció la lesión de su derecho a la libertad y del principio de celeridad, sin citar las normas constitucionales que los contienen.
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, ordenar que, en el día, el Juez demandado realice la audiencia de consideración de solicitud de la salida alternativa de procedimiento abreviado que presentó.
Celebrada la audiencia pública virtual el 10 de marzo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 21 a 22 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante no concurrió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 9.
Elvio Bautista Blanco, Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Pando, brindó informe oral en la audiencia de garantías, mediante el que solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos: a) El accionante se encuentra privado de libertad en virtud a la detención preventiva por noventa días que le fue impuesta, cumpliéndose aquello el 30 de “marzo” de 2023, encontrándose su situación jurídica resuelta; b) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho procede respecto a solicitudes en las que se encuentre involucrado el derecho a la libertad, lo que exige actuar con la mayor celeridad posible. En el caso, el peticionante de tutela “…está pidiendo procedimiento abreviado, es decir, pide que se le condene a 3 meses de privación de libertad y esos 3 meses no se estarían cumpliendo porque estamos en plazo aún de la detención preventiva y vence el 30/03/2023, entonces no está involucrada la libertad del imputado para que sustente su pedido en esa jurisprudencia” (sic); c) A esa data, el pedido de procedimiento abreviado es unilateral, no constituyéndose un requerimiento del Ministerio Público, estando pendiente de consideración si el Fiscal de Materia solicitará la ampliación de la detención preventiva, así como el pronunciamiento de la víctima; d) De alguna manera “…se podría decir que el pronto despacho no se está cumpliendo…” (sic); sin embargo, conforme a certificación adjunta acredita que tiene “abundante audiencia”, estando congestionado su Despacho con expedientes virtuales de todos los juzgados de instrucción penal; y, e) Pese a que no consignó en el proveído las razones por las cuales se prolongó la audiencia de consideración del pedido de procedimiento abreviado hasta el 17 de marzo de 2023, “…la certificación que señala (…) audiencias ya agendadas…” (sic), demuestra que no existe vulneración del derecho a la libertad del procesado -accionante-, quien no pide su libertad sino “…condena pese a que aún no cumplió con los 3 meses de su detención preventiva” (sic).
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, mediante Resolución 003/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 18 a 20, concedió la tutela solicitada, bajo la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, disponiendo que el Juez demandado en el día, señale audiencia a ser desarrollada en el plazo de cuarenta y ocho horas a partir de la notificación con la decisión asumida; misma que se dictó con base en los siguientes fundamentos: 1) De los antecedentes cursantes en el expediente tutelar, se evidencia que, encontrándose el impetrante de tutela cumpliendo detención preventiva en la causa penal seguida en su contra, por la presunta comisión de los delitos de hurto y allanamiento de domicilio o sus dependencias; el 2 de marzo de 2023, solicitó la salida alternativa de procedimiento abreviado; empero, la autoridad judicial demandada en desconocimiento de lo regulado en los 326.IV y 328.II del Código de Procedimiento Penal (CPP), fijó audiencia de consideración de dicho pedido, recién el 8 de ese mes y año, para el 17 de igual mes y año; obviando que, debía efectuarlo de manera inmediata a fin que dicho acto procesal se realice dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo que debía habilitar horas y días inhábiles; y, 2) Al no obrar conforme a lo anteriormente expuesto, resulta viable la tutela que confiere la acción traslativa o de pronto despacho.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal instaurado por el Ministerio Público contra Alan Domínguez Zabala -accionante-, por la supuesta comisión de los delitos de hurto y allanamiento de domicilio o sus dependencias; mediante Auto Interlocutorio 47/2022 de 30 de noviembre, el Juez de Instrucción Penal Segundo de Capital del departamento de Pando -demandado-, determinó la detención preventiva del prenombrado por el plazo de noventa días, en el Centro Penitenciario Villa Busch de ese departamento. Cursando mandamiento de detención preventiva de la fecha citada (fs. 2). II.2. El 2 de marzo de 2023, el impetrante de tutela solicitó audiencia de consideración de salida alternativa de procedimiento abreviado (fs. 3 y vta.).
II.3. Mediante proveído de 8 de marzo de 2023, el Juez demandado, señaló: “En atención el memorial fiscal y propuesta del imputado, se convoca a las partes a audiencia virtual para considerar la salida alternativa de procedimiento abreviado, para el día 17 de marzo de 2023 a horas 09:00 am…” (sic [fs. 4]). II.4. La presente acción de libertad fue interpuesta el 10 de marzo de 2023 (fs. 5 a 7).
El accionante a través de su representante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y del principio de celeridad; alegando que, dentro de la causa penal seguida por el Ministerio Público en su contra, por la supuesta comisión de los delitos de hurto y allanamiento de domicilio o sus dependencias, mediante Auto Interlocutorio 47/2022 de 30 de noviembre, el Juez demandado determinó su detención preventiva por noventa días en el Centro Penitenciario Villa Busch de Pando. El 2 de marzo de 2023, requirió la salida alternativa de procedimiento abreviado; empero, sobrepasando las cuarenta y ocho horas reguladas por el Código de Procedimiento Penal, la referida autoridad judicial fijó audiencia de consideración de ese pedido, recién para el 17 de ese mes y año. Siendo viable sobre el particular, la tutela conferida por la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Procede respecto a solicitudes vinculadas al derecho a la libertad y/o a la vida y salud; y, su relación con el principio de celeridad Dentro de la tipología de la acción de libertad, se identifica la traslativa o de pronto despacho, desarrollada por la jurisprudencia constitucional emitida por el antes denominado Tribunal Constitucional, como el medio procesal idóneo para las partes tendente a lograr la aceleración de los trámites judiciales o administrativos en caso de constatar la existencia de dilaciones indebidas en restricción del principio de celeridad y en consecuencia, del derecho a la libertad cuando se advierta retardación en la solución de la situación jurídica de la persona privada de este derecho; todo ello, en consideración de la obligación que constriñe a las autoridades sean éstas judiciales o administrativas, de aplicar y concretizar los valores y principios constitucionales insertos en la Norma Suprema. En ese marco, la presente garantía constitucional, se viabiliza a fin de precautelar los derechos que tutela, para así evitar y reparar conductas que incurren en demora en desmedro de las personas cuya libertad está privada; las que a su vez, lesionan el principio de celeridad; cuestiones que deben ser consideradas por toda autoridad que conozca pedidos vinculados a la libertad física y de locomoción, otorgándoles la debida celeridad e impulso para su efectivización; tomando en cuenta que, el art. 178.I de la Ley Fundamental, prevé: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”. A su vez, el art. 180.I del texto constitucional, establece que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; determinando el art. 115.II de la CPE, por su parte, la obligación del Estado de garantizar: “…el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas son nuestras). De las normas constitucionales glosadas, se establece claramente que, los administradores de justicia y otros en el ámbito de sus funciones, están obligados a evitar retardaciones o dilaciones indebidas, ilegales e innecesarias, en desmedro del derecho a la libertad física y de locomoción, en aquéllos casos en los que estén vinculados al mismo, más aun considerando que por lógica, las personas que intervienen en un proceso, esperan la pronta definición de su situación jurídica -sea en caso de la imposición de medidas cautelares, apelaciones, efectivización de la libertad, peticiones de cesación a la detención preventiva, o cualquier pedido relacionado con la libertad-. En ese sentido, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero. Siendo exigible igualmente, en aplicación de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que los administradores de justicia y otros en el ámbito de sus funciones, eviten retardaciones o dilaciones indebidas, ilegales e innecesarias, de pedidos vinculados a los derechos a la vida y a la salud; estando dichos derechos también bajo el alcance de la presente acción de defensa.
El impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la libertad y del principio de celeridad; encontrándose identificada la problemática a resolverse en el primer párrafo de los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; ceñida en lo esencial a que, encontrándose cumpliendo detención preventiva por el lapso de noventa días en el Centro Penitenciario Villa Busch de Pando -en la causa penal instaurada por el Ministerio Público en su contra, por la supuesta comisión de los delitos de hurto y allanamiento de domicilio o sus dependencias-, en virtud a lo dispuesto por el Juez demandado en el Auto Interlocutorio 47/2022 de 30 de noviembre; el 2 de marzo de 2023, solicitó la salida alternativa de procedimiento abreviado. No obstante, excediendo las 48 horas reguladas por el procedimiento penal, la mencionada autoridad judicial señaló audiencia de consideración de ese pedido, recién para el 17 de similar mes y año. Por lo que, resultaría viable la tutela otorgada por la acción traslativa o de pronto despacho. En ese orden de ideas, se advierte que, efectivamente, a través de Auto Interlocutorio 47/2022, se ordenó la detención preventiva del peticionante de tutela -por el plazo de noventa días, en el Centro Penitenciario Villa Busch de Pando-, dentro del proceso penal que se le inició por la presunta comisión de los delitos de hurto y allanamiento de domicilio o sus dependencias. Habiendo requerido el 2 de marzo de 2023, audiencia de consideración de salida alternativa de procedimiento abreviado. No obstante, recién a través de proveído de 8 de ese mes y año, el Juez demandado, fijó audiencia para el 17 del mismo mes y año -Conclusiones II.1 a II.3 del presente fallo constitucional-. En ese orden, se comprueba que, la autoridad judicial demandada actuó en desconocimiento de la normativa procedimental penal, que regula que: “Las solicitudes de conciliación y de otras salidas alternativas, deberán atenderse con prioridad y sin dilación, bajo responsabilidad de la jueza o el juez y la o el fiscal” (art. 326.IV del CPP [las negrillas y el subrayado fueron añadidos]). Por su parte, obvió que, el art. 328.II del mismo Código Procesal, regula: “La aplicación de la suspensión condicional del proceso, el procedimiento abreviado o la conciliación, deberán resolverse en audiencia a llevarse a cabo dentro del plazo de diez (10) días siguientes de solicitadas. Cuando el imputado guarde detención preventiva, la audiencia deberá llevarse a cabo dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo habilitarse horas y días inhábiles. La audiencia no podrá ser suspendida si la víctima o querellante no asistiere, siempre que haya sido notificada, en tal caso la resolución asumida deberá ser notificada a la víctima o querellante” (las negrillas y el subrayado fueron agregados). Disposiciones que exigen que, ante la solicitud del accionante, efectuada el 2 de marzo de 2023, actúe de forma célere y diligente, dentro de los plazos antes señalados, siendo clara la norma, al prever que, realizada la solicitud de salida alternativa, el juez de la causa debe atender la misma con prioridad y sin dilación, fijando audiencia a desarrollarse dentro del plazo de 48 horas, habilitando incluso horas y días inhábiles, tratándose de imputados que guarden detención preventiva, como es el caso del hoy peticionante de tutela.
En ese sentido, al decretar a la solicitud recién el 8 de marzo de 2023, y fijar audiencia para el 17 de ese mes y año; es decir, quince días después del pedido; resulta incuestionable la demora en la que incurrió el Juez demandado, desconociendo la obligación ineludible de los administradores de justicia de evitar retrasos o dilaciones indebidas, ilegales e innecesarias, en desmedro de los derechos a la libertad física y de locomoción, más aun considerando que por lógica, las personas que intervienen en un proceso, esperan la pronta definición de su situación jurídica (Fundamento Jurídico III.1). Por lo expuesto, habiendo actuado con un retardo excesivo, claramente comprobable, el demandado incumplió su rol de autoridad y contralor jurisdiccional del proceso; actuando sin la acuciosidad y diligencia debidas; y, por ende, del servicio a la sociedad al que se halla obligado como autoridad judicial; compeliendo otorgar la tutela que brinda la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, conforme decidió correctamente la Sala Constitucional. Finalmente, en cuanto a lo expuesto por el Juez demandado, en el informe oral que brindó en la audiencia de garantías, referente a que, su Despacho se encontraría congestionado con expedientes virtuales de todos los juzgados de instrucción penal, teniendo otras audiencias ya agendadas; aquello no resulta un justificativo válido -para fijar audiencia quince días después de la solicitud-, estando de por medio el derecho a la libertad del accionante, no siendo tampoco cierto que, la detención preventiva que le fue impuesta por noventa días, finalizaría el 30 de marzo de 2023, siendo que, el mandamiento de detención preventiva data del 30 de noviembre de 2022 -Conclusión II.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional-; por lo que, los noventa días fenecían el 30 de febrero de 2023. Cuestiones que demuestran el error y negligencia cometida por el demandado, en desmedro de los derechos fundamentales del peticionante de tutela. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido la tutela impetrada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 003/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 18 a 20, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la mencionada Sala, en el marco de lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0937_2025-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 8b0fa448e6302dd8f13b820d0bb617f7cdd6747dbedbd771545c89429a9d4041
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →