B.IA.LEGAL

SCP 0932/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 18 de agosto de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
18 de agosto de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
54268-2023-109-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación, a la defensa y al principio de celeridad procesal, puesto que, i) El Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital impuso su detención preventiva mediante Auto Interlocutorio de 26 de septiembre de 2022 incurrió en: i.a) Aplicó de forma indebida la agravante penal del art. 261.I CP, sin respetar los principios constitucionales de proporcionalidad y excepcionalidad de las medidas cautelares, y i.b) Realizó una valoración arbitraria de la prueba de alcoholemia, en cuanto error de derecho, puesto que, para considerar sancionable el grado alcohólico de 0.50 g/l evaluado, se basó en el DS 659, cuando ya se encontraba abrogada, sin considerar que bajo la normativa vigente la Ley 259 y Decreto supremo 1347 (reglamento), dicho índice se encuentra dentro del límite máximo permitido y no es punible en el ámbito de tránsito; ii) La Jueza del Juzgado de Instrucción Penal tercero de la Capital, codemandada, mediante Auto Interlocutorio de 10 de enero de 2023, incurrió en: ii.1) No cumplió los plazos perentorios establecidos por ley para la fijación de la audiencia, generando una dilación judicial de más de siete días hábiles que afecto su derecho fundamental y torno ilegal la detención por el transcurso del tiempo con independencia de los riesgos procesales; ii.2) No valoro los nuevos elementos de prueba aportados para sustentar su petición de cesación estipulado en el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 03/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 98 a 105 y vta., pronunciada por el Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, respecto a la fundamentación, motivación y congruencia en torno a la modificación de la medida cautelar de carácter personal aplicada conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. 2º Disponer lo siguiente:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 24 de febrero, de acuerdo con los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; y b) El Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba emita nueva resolución, debidamente fundamentada, siempre y cuando no haya sido modificada la situación jurídica del accionante. 3º Llamar la atención a Zulma Raíza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que constituyo el Tribunal de garantías por no haber remitido a este Tribunal, todos los actuados concernientes a la presente causa. 4º Exhortar al Tribunal de garantías, cumplir con el deber de verificar en futuros casos, que todos los actuados que servirán de base en su decisión, sean remitidos a este Tribunal, a efectos de que se pueda asumir una debida convicción de los hechos.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad
  2. III.2. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del CPP
  3. III.2. El principio de proporcionalidad en la limitación de derechos fundamentales, respecto a la aplicación de medidas cautelares
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0932/2025-S3 Sucre, 18 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 54268-2023-109-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 03/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 98 a 105 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mauricio Elías Tupa Moya contra Zullma Raiza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, Carmen Ticona Aranda, Jueza de Instrucción Penal Sexto del Tribunal Departamental del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 9 de marzo de 2023, cursante de fs. 8 a 26 vta., el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal signado con Código Único de Denuncia (CUD) 301102022201141, incoado a instancias del Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de homicidio y lesiones graves y gravísimas, el 26 de septiembre de 2022, se llevó adelante audiencia de medidas cautelares, ante la Jueza de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Cochabamba, quien dispuso su detención preventiva por dos meses a cumplirse en el Centro Penitenciario San Antonio de Cochabamba y señalando audiencia de control de plazo para el 25 de noviembre de ese año, mediante el Auto Interlocutorio de 26 de septiembre de 2022. Determinación que, vulneró el principio de legalidad probatoria y el test de proporcionalidad, puesto que: a) La agravante del tipo penal de homicidio prevista en el art. 261.I del Código Penal (CP) -única base para la procedencia de la detención preventiva en este delito culposo, conforme al art. 232.I numeral 5 del Código de Procedimiento Penal (CPP)-, se fundamentó en una mera presunción fiscal y un informe policial subjetivo sobre "aliento alcohólico", sin considerar el resultado objetivo del test de alcoholemia que el propio Ministerio Público requirió, convalidando de facto la presunción de culpabilidad; y, b) Los riesgos de fuga y obstaculización se sustentaron en supuestas contradicciones entre el domicilio y la actividad laboral, empleando como fuente de prueba incriminatoria la declaración informativa del imputado, aun cuando se acogió a su derecho al silencio. Es así que, esta resolución fue apelada, empero la remisión de antecedentes a la Sala Penal competente demoró más de treinta y siete días hábiles. Ante dicha dilación y dado la obtención de nuevos elementos probatorios, decidió renunciar a su apelación, y enfocarse en la solicitud de cesación a la medida impuesta, para tener una vía rápida que le conceda su libertad. Posteriormente el 16 de noviembre de 2022, solicitó la cesación a la detención preventiva aportando nuevos elementos, entre ellos, el test de alcoholemia que demostró un "grado alcohólico no sancionable" conforme la Ley 259 de 11 de julio de 2012, Ley de Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, no obstante, la referida jueza dilató la tramitación de la audiencia suspendiéndola repetidamente bajo excusas procedimentales. Es así que, la Jueza señaló audiencia para el 25 del mismo mes y año, vulnerando el plazo legal de cuarenta y ocho horas. En dicha audiencia, la citada autoridad suspendió su solicitud de cesación, priorizando el tratamiento de su situación jurídica por cumplimiento de plazo, lo cual obstaculizó la valoración de la prueba -test de alcoholemia- de descargo que desvirtuaba su detención, de modo que, mediante resolución de la misma fecha, se amplió su detención preventiva por dos semanas más, es decir, hasta el 9 de diciembre del citado año, determinación que fue recurrida, empero dicho recurso fue utilizado para no considerar su solicitud de cesación hasta que se resuelva en segunda instancia, por lo que obligó a renunciar del citado recurso. El 9 de diciembre del mencionado año, no pudo celebrarse la audiencia de tratamiento al control de plazo, debido a problemas de conexión a internet e inasistencia del Ministerio Público; por lo que interpuso una Acción de Libertad de pronto despacho, resuelta por la SCP 05/2022 de 17 de diciembre de 2022, concediéndole la tutela y ordenando que dicha autoridad judicial celebre audiencia para verificar el control de plazo en veinticuatro horas, y en su caso, que en el plazo de cuarenta y ocho horas señale audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva. Por lo cual, señalo audiencia en cumplimiento a la primera orden para el 23 de diciembre de ese año y para considerar la cesación señalada el 26 del mismo mes y año.

En consecuencia, el 23 del mes y año citado, se celebró audiencia de control de plazo, donde la referida Jueza dispuso medidas cautelares menos gravosas, como la presentación a la fiscalía, dos fiadores solventes, arraigo y detención domiciliaria. De los cuales la medida de fianza le es imposible de cumplir, pues es un estudiante, ayudante de taller de chapería y viene de una familia humilde. Por otro lado, el 26 del mes y año referido, la citada autoridad no celebró la audiencia bajo el argumento de que el referido día era feriado, situación que vulneró su situación jurídica; motivo por el cual el 28 del referido mes y año descrito, solicitó nuevo señalamiento de audiencia pendiente para tratar su solicitud de cesación, empero se emitió una providencia indicando que ya se habría modificado su situación jurídica. Lo cual, recurrió en reposición, originando el decreto del 6 de enero de 2023, que programó su audiencia para el 10 del mismo mes y año. Instalada la audiencia de cesación de medidas cautelares, sustentó su solicitud en que: si bien se modificó su situación jurídica la misma fue por motivo del vencimiento de plazo conforme el art. 239.2 del CPP, el cual además estableció medidas que le son difíciles de cumplir; asimismo, que el nuevo test de alcoholemia que demostraba un grado de 0.50 g/l., que de acuerdo con el art. 34 de la Ley 259 de 11 de julio de 2012 -Ley de Control al Gasto y Consumo de Bebidas Alcohólicas- y el art. 14. II. del DS 1347 de reglamentación y gasto de consumo de bebidas alcohólicas, es el "máximo permitido" y no sancionable, desvirtuando así la agravante del tipo penal, pues se demostró que no estaba bajo la influencia del alcohol, lo cual haría de la tipificación provisional del delito como uno culposo. Esta solicitud fue resuelta mediante Auto Interlocutorio de 10 de enero de 2023, por la Jueza a quo que rechazó su solicitud. Ante dicha negativa, formuló recurso de apelación incidental, en el cual sostuvo que: la situación fáctica de los hechos, en relación a la verdad material implicaba un delito culposo o imprudente; el objeto de prueba consiste en el test de alcoholemia -grado alcohólico no sancionable-; debe aplicarse la Ley especial y su Reglamentación Expresa que regula el estado de embriaguez, el cual sanciona en función al grado alcohólico -arts. 34 de la Ley 259 y 14. II. del D.S. 1347-; y, la documentación pertinente fue presentada en oportunidad de pedir su cesación a la detención preventiva, los cuales además acreditan su domicilio, familia y actividad laboral licita, generando arraigo natural, sin posibilidad de obstaculización en los actos investigativos, desvirtuando la probabilidad de autoría y participación fundamentalmente agravante del tipo penal y los riesgos procesales. Recurso que fue resuelto a través del Auto de Vista de 24 de febrero de 2023, que rechazó su recurso declarándolo improcedente, bajo los siguientes fundamentos: 1) Como la Resolución de 23 de diciembre de 2022, estableció medidas cautelares menos gravosas a la detención preventiva, las mismas deberían de cumplirse; 2) La apelación solo puede cuestionar a la Resolución de 10 de enero de 2023, que rechazó su solicitud de modificación de medidas cautelares; y, 3) La defensa debió limitarse, a señalar los motivos que le impiden cumplir las medidas menos gravosas a la detención preventiva que le fueron impuestas, no así otros aspectos como los antecedentes de la prueba, el hecho de tránsito en relación al grado alcohólico, sobre lo cual no tiene competencia para revisar el fondo, puesto que dichos aspectos ya fueron considerados. De esa manera, la autoridad demandada incurrió en los mismos errores de la autoridad de primera instancia, al ignorar deliberadamente la situación fáctica, la evidencia física, la norma legal aplicable y los principios constitucionales, emitiendo una resolución que carece de debida fundamentación, motivación y congruencia.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al plazo razonable, al debido proceso en su vertiente fundamentación motivación y congruencia, a la tutela judicial efectiva, y al principio de proporcionalidad de las medidas cautelares citando al efecto los arts. 23, 23.I, 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: i) La nulidad de los Autos Interlocutorios de 26 de septiembre de 2022 y de 10 de enero de 2023, pronunciados por las autoridades codemandadas; ii) Día y hora de audiencia para que, dentro del plazo de veinticuatro horas computables a partir de su notificación, se resuelva su situación jurídica conforme a los fundamentos expresados, respecto del art. 232 del CPP; iii) Ordene el cese de su detención preventiva y se libre el correspondiente mandamiento de libertad a su favor, sustituyendo por otra medida menos gravosa y de posible cumplimiento, conforme al art. 231 bis del CPP; y, iv) A la autoridad demandada que, en futuras actuaciones, se abstenga de dilatar el presente proceso y cumpla con los plazos procesales previstos por Ley.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 10 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 95 a 97 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato, se ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar.

I.2.2. Informe de los demandados

Carmen Ticona Aranda, Jueza de Instrucción Penal Cautelar sexto de la Capital del citado departamento de Cochabamba, a través de un informe escrito presentado el 10 de marzo de 2023, cursante a fs. 87 a 88, señalo que: a) El proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Mauricio Elías Tupa Moya es por el delito tipificado en el artículo 261 del C.P.; Inicialmente, en la audiencia de medidas cautelares del 26 de septiembre de 2022, se ordenó la detención preventiva del imputado por un plazo de dos meses. La defensa del imputado apeló esta decisión, y se señaló audiencia para considerar su situación jurídica para el 25 de noviembre de 2022; b) El 16 de noviembre de 2022, la defensa solicitó la cesación de la detención preventiva. Sin embargo, en la audiencia del 25 de noviembre del mismo año, se amplió la detención preventiva por dos semanas más a petición del Ministerio Público. Posteriormente, el imputado, mediante su abogado, renunció y desistió expresamente del recurso de apelación presentado el 8 de diciembre del mismo año. Tras la devolución del cuaderno de apelación, las audiencias para considerar la situación jurídica del imputado programadas para el 9 y el 13 de diciembre de 2022 fueron suspendidas por inasistencia, primero del Ministerio Público y luego del imputado y su abogado defensor; c) Tras la interposición de una Acción de Libertad por el abogado, la autoridad de garantías constitucionales emitió una resolución el 17 de diciembre de 2022, instruyendo a la Juez accionado celebrar la audiencia de revisión de situación jurídica y, en su caso, la audiencia de cesación de detención preventiva. En cumplimiento de esta sentencia constitucional, se instaló la audiencia el 23 de diciembre del mismo año, donde se modificó la situación jurídica del imputado y se dispuso la cesación de la detención preventiva, aplicando medidas cautelares personales como la presentación de dos fiadores personales con solvencia económica demostrada, arraigo y detención domiciliaria. El abogado defensor no interpuso recurso de apelación contra esta resolución; d) La defensa continuó presentando memoriales solicitando el cumplimiento de la resolución constitucional. Luego de un recurso de reposición, la Juez de Instrucción Penal primero de la Capital -por suplencia- instaló una audiencia el 10 de enero de 2023, en la que rechazó la solicitud de modificación de medidas cautelares realizada por la defensa, ordenando el cumplimiento de las medidas ya dispuestas. El cuaderno fue remitido a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Cochabamba, la cual, por Auto de Vista del 24 de febrero de 2023, declaró improcedente la apelación efectuada por el imputado contra la resolución del 10 de enero del mismo año; y, e) Concluye que la pretensión del accionante es modificar la situación jurídica para lograr la libertad del imputado sin que este cumpla las medidas cautelares personales aplicadas a su favor el 23 de diciembre de 2022. Asimismo, señala que si el imputado sigue con detención preventiva es precisamente porque no ha cumplido con dichas medidas cautelares. Finalmente, informa que no podrá estar presente en la audiencia programada por la autoridad, solicitando que se considere lo informado y, al amparo del art. 126 de la Constitución Política del Estado, se deniegue la Acción de Libertad. Zullma Raiza Gonzales Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por informe escrito remitido ante el Tribunal de garantías de esta acción de defensa, solicitó se deniegue la tutela impetrada, bajo los siguientes argumentos: 1) El accionante alega que esta autoridad (la Vocal) hubiese resuelto rechazar el recurso de apelación incidental interpuesta, resolviendo de este modo, un problema jurídico distinto al planteado en el presente caso. Refiere que el Tribunal de alzada, en lugar de verificar y compulsar los defectos absolutos, la vulneración de derechos y garantías denunciados. Al no haber considerado que se encuentra ilegal e indebidamente privado de su libertad, sin que exista requisito material y formal, se habrían incurrido en los mismos errores que la autoridad de primera instancia, y que a consecuencia de ello se hubiese emitido una resolución, que carecería de una debida fundamentación, motivación y congruencia; 2) Teniendo presente que la Acción de Libertad delimita también las atribuciones entre jurisdicciones. La jurisdicción constitucional no tiene competencia para ingresar a valorar la prueba, dado que esta compulsa corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria. La facultad del Tribunal Constitucional a través de sus acciones tutelares alcanza a determinar la existencia de lesión a derechos y garantías fundamentales cuando en la valoración de la prueba efectuada por la jurisdicción ordinaria exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad y/o se hubiese omitido arbitrariamente efectuar dicha ponderación; y, 3) El accionante simplemente se limita a realizar una descripción de los antecedentes procesales, con argumentos totalmente de orden subjetivos, que no reflejan de ninguna manera los verdaderos fundamentos expuestos en el Auto de Vista de 24 de febrero de 2023. En cambio, el suscrito en calidad de Tribunal de Alzada, resolvió las apelaciones formuladas bajo una correcta valoración de los antecedentes remitidos en grado de apelación, con fundamentos claros, precisos y suficientemente motivado. El Auto de Vista mencionado como vulneratorio no resulta contener una motivación arbitraria y menos retórica, como tampoco vulnera el debido proceso en sus elementos de la motivación, congruencia, fundamentación y valoración razonable de la prueba, ya que este Tribunal de Alzada emitió el Auto de Vista de 24 de febrero del mismo año, que resulta totalmente claro y congruente a los datos del proceso. Se debe considerar, además, que la apelación incidental no puede sustanciarse en elementos probatorios distintos a los considerados y ponderados por la jueza a quo, pues de hacerlo, su revisión sería intrascendente, y la situación jurídica del imputado ya ha sido modificada y resuelta en una audiencia anterior, encontrándose al presente con medida menos gravosas a la detención preventiva. Finalmente, indica que los reclamos ahora efectuados a través de la presente Acción de Libertad, resultan razonamientos subjetivos del accionante, que, a través de esta vía constitucional, que no es supletoria a la falta de diligencia exteriorizada ante la jurisdicción ordinaria. Habiendo actuado este Tribunal de Alzada dentro de sus competencias y conforme a la jurisprudencia constitucional. Solicitando se deniegue la tutela solicitada en la Acción de Libertad interpuesta por Carlos Veizaga Herrera en representación sin mandato de Mauricio Elías Tupa Moya.

I.2.4. Resolución

El Juez de Sentencia Contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución 3/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 98 a 105 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) La Acción de Libertad no es la vía idónea para solicitar que se retrotraigan las actuaciones y se revise el Auto de Aplicación de Medidas Cautelares de fecha 26 de septiembre de 2022. El imputado tuvo la vía legal correspondiente de la apelación contra dicho Auto, conforme al Art. 251 del CPP. Sin embargo, el accionante renunció expresamente a la apelación el 16 de noviembre de 2022, entendiendo que dio su conformidad con la resolución; ii) Sobre el segundo agravio, relacionado con la audiencia de 25 de noviembre de 2022, donde se amplió la detención sin considerar la cesación, el accionante interpuso recurso de apelación contra ese auto, pero nuevamente renunció expresamente a la apelación incidental el 9 de diciembre de 2022. Al renunciar a la vía legal de impugnación, el accionante dio su conformidad con la resolución, por lo que la autoridad de garantías no puede revisar esa actuación; iii) El tercer agravio sobre la suspensión de audiencias quedó superado, ya que, en la audiencia del 23 de diciembre de 2022, la situación jurídica del imputado fue resuelta y se le otorgó la cesación a la detención preventiva con la imposición de medidas sustitutivas menos gravosas -detención domiciliaria, presentación semanal, fiadores, arraigo-; iv) En cuanto al rechazo a la modificación de las medidas cautelares en la audiencia del 10 de enero de 2023, la Juez de la causa realizó una valoración correcta y fundamentada. La Juez analizó tanto el presupuesto material -accidente y test de alcoholemia- como el presupuesto procesal, determinando que la documentación acompañada sobre domicilio y actividad era contradictoria con la declaración informativa del imputado. La resolución cumple con la debida fundamentación y motivación al existir incongruencia en la prueba presentada para la modificación; y, v) El Tribunal de Apelación no vulneró derechos al emitir el Auto de Vista de 24 de febrero de 2023. La Vocal determinó que el abogado del imputado no se circunscribió a los agravios relativos al rechazo de la modificación de las medidas cautelares -resolución de 10 de enero de 2023-, sino que insistió en argumentos sobre la detención preventiva inicial, la cual ya había sido cesada. Al no identificar los agravios contra la resolución de 10 de enero de 2023, la Vocal no aperturó su competencia para revisar el fondo de la apelación, en estricto cumplimiento del art. 398 del CPP. Concluye que la acción no corresponde porque el accionante renunció a las vías legales ordinarias de apelación y, posteriormente, no fundamentó correctamente su última apelación de modificación de medidas. Además, la situación jurídica ya había sido modificada a su favor.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante y otros, por el delito homicidio y lesiones graves y gravísimas, por Auto Interlocutorio de 26 de septiembre, pronunciado por Carmen Ticona Aranda Jueza de Instrucción sexto en lo penal de la Capital del departamento de Cochabamba -demandada-, se dispuso la detención preventiva de Mauricio Elías Tupa Moya, por el plazo de dos meses a cumplirse en el Centro Penitenciario de San Antonio del citado departamento. El 16 de noviembre de 2022, el accionante solicitó la cesación de la detención preventiva por nuevos elementos, como el test de alcoholemia que demostró un "grado alcohólico no sancionable" y la Ley 259 del 11 de Julio de 2012, Ley de Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas aplicable, señalándose audiencia para el 25 de noviembre, audiencia en la cual se priorizo la situación jurídica, programada después de siete días hábiles. Audiencia que fue resuelta por resolución de la misma fecha, por la que amplió la detención preventiva por dos semanas más, hasta el 09 de diciembre de 2022, misma que no se llevó a cabo por problemas de conexión a internet y posteriores inasistencias de la Autoridad Fiscal. Por tal situación el accionante interpuso Acción de Libertad (fs. 33 a 46 vta.). II.2. Se tiene Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 05/2022 del 17 de diciembre, que le concedió la tutela, ordenando a la Jueza a quo, a celebrar la audiencia en un plazo de 24 horas. Cumpliendo lo ordenando el 23 de diciembre de 2022, donde la Jueza dispuso medidas cautelares menos gravosas, como la presentación a la fiscalía, dos fiadores, arraigo y detención domiciliaria (fs. 56 a 61 vta. y 63 a 64 vta.). II.3. Consta, memorial del 3 de enero de 2023, donde el impetrante de tutela interpone un recurso de reposición y solicita señalamiento de audiencia de cesación de medida cautelar -pendiente-, programando audiencia para el 10 de enero de 2023 (fs. 65 a 69 vta.). II.4. Se tiene acta de audiencia de consideración de situación jurídica y Auto Interlocutorio del 10 de enero de 2023, que resolvió rechazando la solicitud, confirmando la detención preventiva, bajo el argumento de que el grado de 0.50 g/l se encontraba "bajo influencia del alcohol" según los valores de referencia del certificado, y que un informe técnico lo responsabilizaba al 100%., también validó su decisión cuestionando que la defensa fue "desleal" por desistir de una apelación anterior y que no correspondía revalorar pruebas ya consideradas. Contra dicha resolución el peticionarte de tutela interpuso recurso de apelación bajo los siguientes argumentos: a) La autoridad judicial cometió un error al mantener la detención preventiva basándose en el delito agravado de homicidio y lesiones en accidente de tránsito estipulado en el art. 261.I, segunda parte, del CP. Esto se debe a que el Test de Alcoholemia determinó un grado de 0.50 g/l, que, según el art. 14.II del D.S. 1347 reglamentación de la Ley 259, es el "grado alcohólico máximo permitido" y, por lo tanto, no es sancionable. Al excluirse la agravante, el caso recaería en el tipo penal atenuado, cuya pena máxima es igual o inferior a cuatro años, haciendo la detención preventiva improcedente conforme al art. 232.I inc. 5) del CPP; b) Alegó que la Autoridad Jurisdiccional incurrió en una valoración arbitraria e irrazonable de la prueba, al limitarse a considerar los "valores de referencia" del informe de alcoholemia "bajo influencia del alcohol" (sic) en lugar de su objeto y finalidad, que era determinar el grado alcohólico sancionable. Además, se afirma que dichos "valores de referencia" estaban basados en el art. 16 del D.S. 659, una norma que ya fue derogada y abrogada por la Ley 259, resultando en una aplicación de normativa desactualizada y desfavorable; c) Vulneró su Derecho a la Defensa y la Presunción de Inocencia al razonar bajo una "presunción de culpabilidad", desconociendo los nuevos elementos probatorios que desvirtuaban la detención. Así también, se argumenta que la autoridad utilizó la Declaración Informativa del imputado -donde decidió abstenerse de declarar- como una fuente de prueba incriminatoria para fundar los riesgos procesales, lo cual lesiona su derecho a guardar silencio y la prohibición de autoincriminación coaccionada o inducida; y, d) Quebrantó los principios de Proporcionalidad, Excepcionalidad y Favorabilidad. La detención preventiva es desproporcional -más gravosa- que la pena que se esperaría en una eventual condena -considerando la posibilidad de suspensión condicional de la pena o suspensión condicional del proceso-. Finalmente, al existir una duda razonable y una norma legal más favorable –la Ley 259 que no sanciona el 0.50 g/l-, la autoridad debió aplicar la excepción y la favorabilidad, optando por una medida sustitutiva en lugar de la prisión. II.5. Mediante Auto de Vista de 24 de febrero de 2023, emitido por Zullma Raíza Gonzales Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -codemandada- resolvió rechazando el recurso y declarando improcedente la apelación incidental, bajo los siguientes fundamentos: 1) La defensa formuló apelación contra la Resolución de 10 de enero de 2023, que rechazó la modificación de las medidas cautelares sustitutivas previamente otorgadas al imputado Mauricio Elías Tupa Mayo, a quien ya se le había concedido la Cesación a la Detención Preventiva en fecha 23 de diciembre de 2022 mediante el establecimiento de cuatro medidas menos gravosas (fianza, arraigo, presentación de personas solventes y presentación semanal ante Fiscalía); por lo tanto, el objeto de la audiencia era únicamente expresar los agravios en relación con el rechazo a la modificación de dichas medidas y con los impedimentos reales para su cumplimiento, y no respecto a la detención preventiva o a los hechos de fondo del proceso; 2) El abogado del imputado persistió en la falta de expresión de agravios pertinentes, realizando mención a las circunstancias en las que se produjo el accidente de tránsito y al grado de responsabilidad del imputado, hechos que nada tienen que ver con la apelación formulada y que ya fueron considerados en la etapa investigativa, incumpliendo el deber de pronunciarse únicamente respecto a la situación jurídica actual y real del imputado y a la resolución que rechazó la modificación de las medidas sustitutivas; y, 3) Al no haberse identificado los agravios específicos que la resolución de fecha 10 de enero de 2023 le hubiese ocasionado al imputado, se concluyó que no se apertura la competencia del Vocal para revisar el motivo de la apelación, toda vez que no existió una correcta fundamentación por parte del abogado del imputado, conforme a lo establecido en el Artículo 398 del Código de Procedimiento Penal.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación, a la defensa y al principio de celeridad procesal, puesto que, i) El Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital impuso su detención preventiva mediante Auto Interlocutorio de 26 de septiembre de 2022 incurrió en: i.a) Aplicó de forma indebida la agravante penal del art. 261.I CP, sin respetar los principios constitucionales de proporcionalidad y excepcionalidad de las medidas cautelares, y i.b) Realizó una valoración arbitraria de la prueba de alcoholemia, en cuanto error de derecho, puesto que, para considerar sancionable el grado alcohólico de 0.50 g/l evaluado, se basó en el DS 659, cuando ya se encontraba abrogada, sin considerar que bajo la normativa vigente la Ley 259 y Decreto supremo 1347 (reglamento), dicho índice se encuentra dentro del límite máximo permitido y no es punible en el ámbito de tránsito; ii) La Jueza del Juzgado de Instrucción Penal tercero de la Capital, codemandada, mediante Auto Interlocutorio de 10 de enero de 2023, incurrió en: ii.1) No cumplió los plazos perentorios establecidos por ley para la fijación de la audiencia, generando una dilación judicial de más de siete días hábiles que afecto su derecho fundamental y torno ilegal la detención por el transcurso del tiempo con independencia de los riesgos procesales; ii.2) No valoro los nuevos elementos de prueba aportados para sustentar su petición de cesación estipulado en el art. 239.1 CPP, impidiéndole revertir su situación jurídica y generando un estado de indefensión absoluta en su contra; y, iii) El Vocal codemandado, mediante Auto de Vista de 24 de febrero de 2023, incurrió en: iii.i) Omitió corregir la aplicación incorrecta de la norma penal -uso del DS 659 abrogado- que efectuó la autoridad de instancia para considerar la agravante del delito, inobservancia que desconoce el principio de excepcionalidad de la detención preventiva prevista en el art. 232.I inciso 5 del CPP, convalidando una fundamentación viciada e insuficiente, y ratificando el defecto absoluto originado en primera instancia; y, iii.ii) No corrigió los graves defectos procesales denunciados en la apelación, como la mora judicial de la instancia en la convocatoria a la audiencia de cesación -10 de enero de 2023- y la excesiva dilación en la remisión del expediente de apelación, soslayando la aplicación de medidas correctivas y perpetuando el estado de ilegalidad y retardo judicial, lo que prolongó su detención y desnaturalizó el recurso de apelación, resultando en la pérdida de una gestión universitaria y el mantenimiento de su privación de libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0733/2019-S2 de 28 de agosto, asumió el siguiente razonamiento: «El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre el principio de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad.

La SC 0008/2010-R de 6 de abril indicó que la acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que atente los derechos a la vida y a la libertad:

…empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos, por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas.

1 El FJ III.1.2, señala: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.

En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”

2 El FJ III.5, indica: “El art. 167 de la misma norma adjetiva penal, disciplina el resguardo normativo frente a la actividad procesal defectuosa, determinando en el art. 168 los supuestos para la corrección de oficio o a petición de parte de actos que puedan ser enmendados. Asimismo, los arts. 169 y 170 regulan los supuestos de hecho catalogados como defectos procesales absolutos y relativos. Precisamente, para corregir actos procesales defectuosos que puedan afectar derechos fundamentales, en la segunda parte, capítulo IV del Código de Procedimiento Penal, se norma el procedimiento para la tramitación de excepciones e incidentes, concretamente, los arts. 314 y 315 regulan el procedimiento para los incidentes, que en caso de actos procesales defectuosos, constituyen mecanismos de defensa expresos, efectivos idóneos y oportunos para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso, mecanismos que deben ser agotados antes de acudir a la tutela constitucional”.

Entendimiento que también fue asumido en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0455/2018-S2 y 0662/2018-S2, entre otras. En similar sentido, la SC 0608/2010-R de 19 de julio concluye que no es posible activar simultáneamente dos jurisdicciones, para que ambas se pronuncien sobre hechos denunciados como ilegales; toda vez que, este proceder conllevaría a una disfunción procesal contraria al orden jurídico constitucional; entendimiento confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0003/2012 de 13 de marzo. De la citada jurisprudencia constitucional, se concluye que, a efectos de no desnaturalizar la acción de libertad en su esencia y finalidad, evitando que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional; al momento de ser activada esta última, no deben existir otros recursos de carácter ordinario pendientes de resolución» [el resaltado es añadido].

III.2. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del CPP

La SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, recogió la jurisprudencia constitucional sobre fundamentación y motivación de las resoluciones que resuelven medidas cautelares, en lo relativo a los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP, así al respecto señala que:

Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013, citadas anteriormente, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP. Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aún se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de la detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida, a efectos que: 1) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, 2) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra. En efecto, conforme destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, en la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, la motivación de la decisión judicial que restringe la libertad personal, garantiza el derecho a la defensa, por cuanto, evita que una falta de motivación impida que el imputado conozca las razones por las cuales permanece privado de libertad, además, que le dificulta su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante. Por lo que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, en palabras de la Corte IDH, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho.

Por su parte, el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:

La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:

…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes.

Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también atañe a los tribunales de apelación; sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia.

Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:

…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.

Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva.

Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP, establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que éstos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé.

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP.

Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP.

En todo caso, el Tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que expone el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga.

El Tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que, de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria. En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora. El entendimiento constitucional glosado precedentemente ha sido extraído de la SCP 0575/2021-S1 de 22 de octubre, aplicado en una problemática jurídica similar.

III.2. El principio de proporcionalidad en la limitación de derechos fundamentales, respecto a la aplicación de medidas cautelares

El principio de proporcionalidad fue concebido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional -SCP 2299/2012 de 16 de noviembre-no solo como una prohibición de exceso en la actuación del poder, en el entendido que las autoridades de los diferentes órganos del poder público y las instituciones del Estado, deben actuar conforme a las competencias otorgadas por la Ley Fundamental, sino también como una exigencia para que sus funciones sean realizadas bajo limitaciones y responsabilidades que la Norma Suprema establece, como el respeto a los derechos fundamentales. En ese entendido, el ejercicio de las funciones y competencias de las autoridades requiere proporcionalidad, en especial cuando interfiere en el ejercicio de derechos fundamentales, por cuanto una actuación desproporcionada, quebranta las bases fundamentales del Estado Plurinacional Constitucional. El principio de proporcionalidad, de acuerdo a la SCP 2299/2012, se sustenta en la idea de vinculación de los poderes públicos a los derechos fundamentales, por lo que, una disminución en el ejercicio de los mismos debe tener una causa justificada y solo en la medida necesaria. Este principio tiene su fundamento en el carácter inviolable de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 13.I de la CPE y es considerado como un criterio hermenéutico de imperativa observancia en el ejercicio de cualquier competencia pública, por cuanto la efectivización de un derecho fundamental no puede ser limitado más allá de lo que sea imprescindible para la protección de otro derecho fundamental o bien jurídico constitucional, con la finalidad de evitar el sacrificio innecesario o excesivo de los derechos fundamentales. Lo anotado implica, entonces, que la autoridad, al momento de elaborar una ley, emitir una norma o aplicar una disposición legal que limita un derecho fundamental, debe efectuar un juicio de proporcionalidad en el que se analice tres aspectos fundamentales: a) Si la medida limitativa o restrictiva de un derecho fundamental es idónea o adecuada para la finalidad buscada con la misma; b) Si la medida limitativa o restrictiva es necesaria, y si acaso, existen otras menos graves, que restrinjan en menor grado el derecho fundamental, que podrían ser adoptadas en el caso concreto para alcanzar la finalidad perseguida; y, c) Analizar la proporcionalidad en sentido estricto, que consiste en dilucidar si la afectación, restricción o limitación al derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtienen con tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. El principio de proporcionalidad fue utilizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para el análisis de la limitación al ejercicio de los derechos humanos, y en especial, con relación a las medidas cautelares en materia penal; por ejemplo, reiterando el entendimiento emitido en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, la Sentencia de 1 de diciembre de 2016 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, dispuesta dentro del Caso Andrade Salmón vs. Bolivia, establece que la aplicación de medidas cautelares, en particular la privación de libertad, debía ser proporcional, determinando los siguientes criterios en el párrafo 147:

Por el contrario, resulta además necesario que, en el momento de la decisión, las autoridades judiciales justifiquen: a) que la finalidad de las medidas que restringen ese derecho sea compatible con la Convención, esto es, el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia, b) la necesidad de su imposición en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto, y c) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. De ese modo, a la hora de analizar la imposición de ese tipo de medidas, las autoridades judiciales deben basar sus decisiones en elementos objetivos que puedan indicar que se puedan materializar efectivamente los peligros procesales que se buscan precaver. Con relación a la Sentencia del Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, cabe mencionar al Voto Razonado del Juez Sergio García Ramírez, quien sostuvo en el párrafo 7:

En fin de cuentas, pues, las medidas cautelares penales, como cualesquiera restricciones de derechos fundamentales, debieran ser: a) excepcionales y no ordinarias, rutinarias, sistemáticas; b) justificadas dentro de un marco preciso de razones y condiciones que les confieran legitimidad y racionalidad; c) acordadas por autoridad jurisdiccional independiente, imparcial y competente, que las resuelva con formalidad y exprese los motivos y los fundamentos en que apoya el mandamiento; d) indispensables para alcanzar el fin legítimo que con ellas se pretende; e) proporcionales a éste y a las circunstancias en que se emiten; f) limitadas, tanto como sea factible, en intensidad y duración; g) revisables periódicamente: por mandato de la ley y por instancia de las partes, revisión que debe contar con las garantías inherentes a un verdadero régimen impugnativo (independencia, eficacia y celeridad); h) revocables o sustituibles cuando se ha rebasado el tiempo razonable de vigencia, tomando en cuenta sus características. Todo esto, que es aplicable al sistema general de medidas cautelares penales, tiene especial acento si se piensa en la más severa de aquéllas: la privación cautelar de la libertad.

En el ámbito interno, estas características están descritas en el art. 221 del CPP, que establece que la libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidas a toda persona por la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y el propio Código Procesal Penal, “…sólo podrán ser restringidos cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley” (el resaltado es nuestro). En el segundo párrafo, el mismo artículo señala que: “Las normas que autorizan medidas restrictivas de derechos, se aplicarán e interpretarán de conformidad con el art. 7 de este Código. Estas medidas serán autorizadas por resolución judicial fundamentada, según lo reglamenta este Código y sólo durarán mientras subsista la necesidad de su aplicación”. Por su parte, el art. 7 del CPP, respecto a las medidas cautelares y restrictivas -tanto personales como reales- establece que su aplicación será excepcional y que: “Cuando exista duda en la aplicación de una medida cautelar o de otras disposiciones que restrinjan derechos o facultades del imputado, deberá estarse a lo que sea más favorable a éste” (las negrillas son añadidas); introduciendo en este punto el principio de favorabilidad que en materia penal tiene rango constitucional y está previsto en el art. 116.I de la CPE. Conforme a las normas procesales penales y los estándares interamericanos antes señalados, las medidas cautelares deben ser aplicadas: 1) Con carácter excepcional; 2) Cuando resulten indispensables para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, lo que supone que las autoridades judiciales deban realizar en todos los casos de imposición de medidas cautelares -que suponen una limitación a derechos fundamentales- el juicio de proporcionalidad precedentemente explicado; 3) Deben ser impuestas a través de una resolución judicial debidamente fundamentada y motivada; 4) Tienen que ser limitadas en cuanto a su duración, en tanto subsista la necesidad de su aplicación, y por ende, también son revocables o sustituibles y revisables periódicamente; y, 5) En caso de duda respecto a una medida restrictiva de un derecho, deberá aplicarse lo que le sea más favorable. El precedente constitucional que antecede, ha sido desarrollado en la SCP 0025/2018 de 28 de febrero.

III.4. Análisis del caso concreto

La parte accionante alega la vulneración de su derecho a la libertad, señalando que, pese a llevar cuatro meses en detención preventiva y contar con una orden judicial favorable, la Fiscalía no emitió los requerimientos necesarios para gestionar medidas de protección y solicitar la cesación de su detención, incumpliendo incluso con la conminatoria de los jueces. Esta omisión le impidió tramitar la cesación de la detención preventiva, motivo por el cual solicita la tutela y que se ordene a la autoridad demandada emitir de inmediato los requerimientos fiscales en un plazo de veinticuatro horas. El accionante denuncia tres actos lesivos relativos a que: a) El Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital impuso su detención preventiva mediante Auto Interlocutorio de 26 de septiembre de 2022 al: a.1) Aplicar de forma indebida la agravante penal del art. 261.I del CP, sin respetar los principios constitucionales de proporcionalidad y excepcionalidad de las medidas cautelares; y, a.2) Realizar una valoración arbitraria de la prueba de alcoholemia, en cuanto error de derecho, puesto que, para considerar sancionable el grado alcohólico de 0.50 g/l evaluado, se basó en el DS 659, cuando ya se encontraba abrogada, sin considerar que bajo la normativa vigente la Ley 259 y Decreto supremo 1347 -reglamento-, dicho índice se encuentra dentro del límite máximo permitido y no es punible en el ámbito de tránsito; b) La Juez del Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital, codemandada, mediante Auto Interlocutorio de 10 de enero de 2023, incurrió en: b.i) No cumplió los plazos perentorios establecidos por ley para la fijación de la audiencia, generando una dilación judicial de más de siete días hábiles que afecto su derecho fundamental y torno ilegal la detención por el transcurso del tiempo con independencia de los riesgos procesales; y, b.ii) No valoro los nuevos elementos de prueba aportados para sustentar su petición de cesación estipulado en el art. 239.1 CPP, impidiéndole revertir su situación jurídica y generando un estado de indefensión absoluta en su contra; y, c) El Vocal codemandado, mediante el Auto de Vista de 24 de febrero de 2023, incurrió en: c.a) Omitió corregir la aplicación incorrecta de la norma penal -uso del DS 659 abrogado- Por la autoridad de instancia para considerar la agravante del delito, Inobservancia que desconoce el principio de excepcionalidad de la detención preventiva prevista en el art. 232.I inciso 5 del CPP, convalidando una fundamentación viciada e insuficiente, ratificando el defecto absoluto originado en primera instancia; y, c.b) No corregir los graves defectos procesales denunciados en la apelación, como la mora judicial de la instancia en la convocatoria a la audiencia de cesación -10 de enero de 2023- y la excesiva dilación en la remisión del expediente de apelación, soslayando la aplicación de medidas correctivas y perpetuando el estado de ilegalidad y retardo judicial, lo que prolongó su detención y desnaturalizó el recurso de apelación, resultando en la pérdida de una gestión universitaria y el mantenimiento de su privación de libertad. Así, expuestos los actos lesivos denunciados, le atañe a este Tribunal examinarlos conforme los entendimientos descritos en los Fundamentos Jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional Respecto al Auto Interlocutorio de 26 de septiembre de 2022, que impuso la detención preventiva. El accionante refiere que, la Jueza demandada mediante el citado Auto Interlocutorio rechazó la petición de cesación de su detención preventiva sin considerar la documentación que presentó para desvirtuar los riesgos procesales, consistentes en papeletas de pago y certificado notarial de verificación de su domicilio, haciendo alusión que eran insuficientes para desacreditar los indicados peligros procesales (Conclusión II.1); además, tampoco se consideró la emisión del Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento de 24 de enero de 2023 emitido a su favor. Ahora bien, el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, describe los supuestos por los cuales la jurisdicción constitucional abre su ámbito de protección, siendo uno de esos presupuestos la subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad, en virtud de la cual, deben ser agotadas con carácter previo mecanismos procesales de impugnación que fueron creados como medios rápidos, eficaces e idóneos para la protección de la libertad. Del contexto y del entendimiento expuesto, este Tribunal concluye que; si bien, el accionante cuestiona los razonamientos vertidos por la Jueza demandada en el Auto Interlocutorio 26 de septiembre de 2022, por los cuales rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva; sin embargo, de obrados se constata que, si bien activó el recurso de apelación incidental en su contra, renunció al mismo mediante solicitud escrita. Esto se evidencia dado a partir del memorial de 16 de noviembre de 2022 en su otrosí primero, decretado por providencia de 17 del mismo mes y año, desistiendo de esa manera de la oportunidad de obtener un nuevo tratamiento en alzada de su situación jurídica supuestamente vulneratoria por la jueza a quo. Por consiguiente, respecto a este primer problema jurídico corresponde la aplicación de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, al desistir de su recurso de apelación, no estando permitido acudir directamente ante la justicia constitucional; por lo explicado, corresponde denegar la tutela solicitada, sin ingresar al fondo de lo demandado. En cuanto al Auto Interlocutorio de 10 de enero de 2023. Corresponde precisar que, si bien se dirigió la presente acción tutelar contra la Jueza de Instrucción Penal Sexto de la capital del departamento de La Paz, en razón a que, a su turno, emitió el Auto Interlocutorio de 10 de enero de 2023, que el impetrante de tutela considera lesivo a sus derechos. Sin embargo, al recurrirse dicha decisión en apelación, que origino el Auto de Vista también cuestionado, se activó el mecanismo idóneo de corrección dentro de la propia jurisdicción ordinaria. En este sentido, en aplicación del principio de subsidiariedad, el cual rige la procedencia de la Acción de Libertad al exigir el agotamiento de todos los medios y recursos de defensa judicial que la ley franquea antes de acudir a la vía constitucional, dicha autoridad de alzada -Vocal- es la competente para que en su caso pueda subsanar o corregir los cuestionamientos ahora planteados respecto a la Jueza demandada. De modo que, habiéndose utilizado el recurso de apelación y existiendo una resolución del Tribunal de Alzada, en aplicación del principio de subsidiariedad corresponde denegar la tutela sin ingresar al fondo de los agravios, por no haberse demostrado la inexistencia o ineficacia de las vías ordinarias para subsanar los posibles actos lesivos. Respecto al Auto de Vista de 24 de febrero de 2023 De la revisión de antecedentes procesales y lo referido en las Conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se evidencia que, dentro del proceso penal seguido contra el accionante y otros, mediante Auto Interlocutorio de 26 de septiembre, se determinó la detención preventiva del accionante por un lapso de dos meses. Al cumplimiento del plazo estipulado en dicha resolución, en audiencia de control jurisdiccional, el Ministerio Público solicitó la ampliación de su detención preventiva, que fue resuelta mediante Auto Interlocutorio de 25 de noviembre de 2022, extendiendo su detención por un lapso de dos semanas. Contra el referido auto y en audiencia se interpuso apelación incidental, mismo que fue desistida, por tener pendiente la audiencia de control de situación jurídica por cumplimiento de plazo, además de una solicitud de cesación de detención preventiva, el cual fue resuelta el 23 de diciembre de 2023, en cumplimiento a la Auto Constitucional que resolvió la acción de libertad que interpuso el accionante en contra de la jueza a quo, modificando la medida cautelar de detención preventiva por una medida menos gravosa como la detención domiciliaria, presentación de dos fiadores con domicilio conocido y solvencia económica, obligación de presentarse a la fiscalía departamental y arraigo. Resolución que fue objeto de recurso de reposición y solicitando señalamiento de audiencia para resolver su solicitud de cesación de detención preventiva, pendiente de resolución, el mismo fue señalado para el 10 de enero de 2023; siendo resuelto de la misma fecha y año, que rechazo su solicitud de modificación –cesación- de las medidas cautelares bajo el razonamiento de que su situación jurídica ya fue modificada. Ante tal escenario interpuso recurso de apelación, bajo los siguientes argumentos: 1) La autoridad judicial vulneró su derecho a la defensa al actuar con una preconcepción de culpabilidad, ignorando nuevos elementos probatorios presentados para desvirtuar la detención preventiva. No valoro la presentación del test de alcoholemia que resultó en 0.50 g/l, un nivel que, según el art. 34 de la Ley 259, no es sancionable, lo que, a su vez, neutraliza la agravante del tipo penal -conducción en estado de ebriedad-. Al quedar sin efecto la agravante, el hecho se adecuaría al tipo penal atenuado cuya pena máxima es igual o inferior a cuatro años, lo que, conforme al art. 232.I inc. 5 del Código de Procedimiento Penal, haría improcedente y, por tanto, ilegal la detención preventiva; 2) La autoridad judicial incurrió en una valoración defectuosa del test de alcoholemia y vulneró las reglas de la sana crítica, al rechazar la solicitud de cesación de la detención preventiva basándose únicamente en los "valores de referencia" del certificado -"bajo la influencia del alcohol"- y no en el resultado científico del grado alcohólico -0.50 g/l-, que es el dato relevante para determinar si el hecho es o no sancionable. Esta decisión es agravada, según el recurso, por el hecho de que la autoridad se habría basado en una normativa jurídica ya derogada -art. 16 del D.S. 659 de 2010-, en lugar de aplicar la Ley 259 vigente, lo que evidencia una falta de asignación del valor probatorio adecuado a la pericia y un razonamiento alejado de la Lógica, Razón Suficiente, Experiencia y Ciencia; 3) Sustentó el mantenimiento de su detención preventiva, en una idea preconcebida de que cometió un delito agravado y una valoración irrazonable de la prueba, resultó en una interpretación negativa y restrictiva de las causales que permitirían la improcedencia de la detención -art. 232.I inc. 5 CPP- y de beneficios como la Suspensión Condicional de la Pena/Proceso, lesionando así el principio de favorabilidad. Además, se cuestiona que la autoridad judicial haya utilizado la Declaración Informativa del propio imputado -o su silencio-como una "fuente de prueba incriminatoria" para fundar los riesgos procesales de peligro de fuga y obstaculización, lo cual constituye una afectación directa y grave a su estado de inocencia; y, 4) La autoridad judicial sostiene que la decisión de rechazar la cesación y confirmar la detención preventiva es desproporcional al no haberse realizado un adecuado juicio de proporcionalidad, resultando la medida cautelar más gravosa que la pena que se aplicaría en caso de una eventual condena, sobre todo si se considera la posibilidad de una Suspensión Condicional del Proceso -art. 23 CPP-. Este rechazo ignora los principios de excepcionalidad y favorabilidad que rigen el proceso penal, ya que, ante cualquier duda sobre la norma aplicable, el juez está obligado a optar por aquella que resulte más favorable al imputado -art. 7 CPP y art. 116.I CPE-. Ante la deducción del recurso de apelación incidental, el Vocal codemandado, emitió el Auto de Vista de 24 de febrero, declarando sin lugar a la apelación, constituyendo sus fundamentos los siguientes: i) Determinó que la apelación se formuló contra la resolución de fecha 10 de enero de 2023, la cual rechazó la modificación de las medidas cautelares sustitutivas previamente concedidas, no contra la detención preventiva inicial. Se constató la persistente falta de identificación de los agravios específicos que causaba el rechazo a la modificación de esas medidas sustitutivas, impidiendo que el tribunal de alzada pudiera revisar y resolver sobre el motivo real del recurso; ii) Fundamentó que al no identificarse los agravios que la resolución impugnada ocasionaba al recurrente, no se apertura la competencia del tribunal de alzada conforme a lo establecido en el art. 398 CPP. Dado que no existió una correcta fundamentación sobre el perjuicio causado por la resolución de rechazo, la autoridad jurisdiccional no tuvo elementos para ingresar a revisar el fondo de la apelación; y, iii) Consideró que al imputado ya se le había concedido la Cesación a la Detención Preventiva con anterioridad, quedando vigentes cuatro medidas sustitutivas -fianza, arraigo, presentación de personas solventes y presentación semanal ante la Fiscalía- que debían ser cumplidas. Por lo tanto, al declararse improcedente la apelación por errores formales y de fundamentación, se resolvió mantener la resolución dictada por el Juez a quo que rechazó la modificación de las medidas sustitutivas que ya se encontraban vigentes. En ese sentido el accionante acude a la justicia constitucional cuestionando la vulneración de sus derechos y garantías fundamentales, a través del Auto de Vista. Puesto que: No corrigió el error de la Jueza de instancia que utilizó una norma legal abrogada -DS 659- para valorar el grado alcohólico, manteniendo indebidamente la agravante del delito y convalidando un defecto absoluto que afectaba el principio de excepcionalidad de la detención. Tampoco subsanó la mora judicial de la Jueza de instancia -dilación en audiencias y remisión del expediente-, permitiendo que el retardo judicial se prolongara, lo cual desnaturalizó el recurso y extendió la privación de libertad. Los cuáles serán resueltos a partir de los criterios de congruencia establecidos en el fundamento jurídico III. 1 del presente fallo; Auto de Vista que: a) Omitió corregir la aplicación incorrecta de la norma penal que efectuó la autoridad de instancia, en cuanto al DS 659 que fue abrogado y que indebidamente se utilizó para considerar la agravante del delito. Inobservancia que desconoce el principio de excepcionalidad de la detención preventiva prevista en el art. 232.I. 5 del CPP, convalidando una fundamentación viciada e insuficiente, ratificando el defecto absoluto originado en primera instancia.; y, b) No corrigió los graves defectos procesales que le fueron denunciados en el recurso de apelación, entre los cuales denunció la mora judicial incurrida por la autoridad de instancia cuando no convocó a la audiencia de cesación a la detención preventiva en el plazo perentorio estipulado en la legislación procesal penal, lo mismo acontecido en el 10 de enero de 2023; asimismo la excesiva dilación en la remisión del propio expediente de apelación. Al soslayar la aplicación de medidas correctivas sobre estos vicios de forma, la autoridad demandada perpetuó el estado de ilegalidad generando retardo judicial, prolongando su detención y desnaturalizando el recurso de apelación como mecanismo de control judicial efectivo. En cuanto ambos incisos Mediante la presente Acción de Libertad se impugna el Auto de Vista de 24 de febrero de 2023, el cual, al revisar la denegación de la solicitud de cesación de la detención preventiva, se fundamenta en que la situación jurídica del solicitante ya habría sido modificada previamente por un recurso de vencimiento del plazo -art. 239.2 del CPP-. Esta argumentación carece de coherencia y de la fundamentación exigida por la jurisprudencia constitucional, pues existe una notoria y sustancial diferencia entre la resolución que resuelve la cesación de la detención preventiva -basada en la modificación o desvirtuación de los riesgos procesales o la concurrencia de nuevas circunstancias- y aquella que declara el vencimiento del plazo legal -fundada en el transcurso del tiempo máximo permitido-; ambas resoluciones parten de presupuestos jurídicos distintos y generan situaciones jurídicas distintas, siendo la posibilidad de solicitar la cesación mediante la aportación de nuevos elementos de convicción un derecho esencial que permite al imputado demostrar que "ya no concurren los motivos que la determinaron". Es así que la cesación de la detención preventiva se refiere a la terminación, levantamiento o sustitución de una de esta medida cautelar personal, debido a que las condiciones que la justificaron han desaparecido o han cambiado, cuyo efecto principal es el cese de la medida cautelar, lo que puede implicar: Restitución de la libertad del imputado; Sustitución de la medida por otra menos grave, como la fianza juratoria, personal o real, o reglas de conducta, prohibición de cambiar de domicilio, abstención de consumo de sustancias, etc. a diferencia del Control del Plazo o jurisdiccional que es un mecanismo procesal fundamental en el proceso penal, que actúa como una garantía constitucional para el investigado y para las partes, asegurando que la actividad investigativa y el proceso se desarrollen dentro de un plazo razonable y no se extiendan de forma indefinida o injustificada; El efecto más importante es que el juez ordena al fiscal que, dentro de un plazo corto y perentorio que él mismo fija, se pronuncie de manera definitiva sobre el caso, es decir debe: Acusar si considera que tiene elementos suficientes para sustentar un juicio; Solicitar el Sobreseimiento si determina que no existe mérito para acusar es decir falta de tipicidad, extinción de la acción. En el presente caso existía una solicitud de cesación de la detención preventiva la misma que fue llevada a cabo el 10 de enero en la misma se introdujo, un nuevo elemento el test de alcoholemia con un resultado de 0.50 g/l, mismo que de acuerdo con la Ley Especial -Ley 259 y D.S. 1347-, constituye el grado alcohólico máximo permitido y no sancionable, desvirtuando así la agravante penal del art. 261.I del Código Penal. Por lo tanto, el hecho de que el accionante haya accedido a medidas sustitutivas por un anterior cumplimiento de plazo no implica que no pudieran ser revisadas y valoradas estas nuevas pruebas que, de ser aceptadas, podrían eliminar el fundamento material de la detención, volviendo la medida cautelar originaria en improcedente conforme al art. 232.I inc. 5 del CPP. En consecuencia, la justificación del Tribunal de Alzada de limitarse a la anterior modificación bajo el amparo restrictivo del art. 398 del CPP es incorrecta y deviene en una total falta de fundamentación y motivación, convalidando una arbitrariedad y vulnerando los principios de excepcionalidad y proporcionalidad, al mantener medidas gravosas -como la detención domiciliaria con condiciones de cumplimiento difícil o imposible- sin considerar la prueba que podría llevar a la libertad irrestricta o a medidas menos severas. Pero, además, la decisión del Tribunal de Alzada contraviene de forma manifiesta el deber de fundamentación y motivación en materia cautelar, establecido por la jurisprudencia constitucional y los estándares interamericanos, tal como lo señalan los Casos Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Bolivia y Andrade Salmón vs. Bolivia de la Corte IDH. Estos precedentes exigen que toda resolución que disponga modifique o rechace medidas cautelares, y especialmente la detención preventiva, no se limite a una fórmula genérica o a la remisión simplista al art. 398 del CPP, sino que debe precisar las razones y elementos de convicción que sustentan la decisión, expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos. Al negarse a valorar un nuevo elemento como el Test de Alcoholemia, mismo que es fundamental a criterio del accionante para desvirtuar un elemento objetivo de la tipificación penal y que podía conducir a la desaplicación de la detención según el art. 232.I inc. 5 del CPP—, el Tribunal de alzada omitió su obligación de control material y se abstuvo de realizar el juicio de ponderación indispensable conforme a los principios de necesidad, excepcionalidad, favorabilidad y proporcionalidad de las medidas cautelares, convalidando una restricción de la libertad que podría ser manifiestamente ilegal si la prueba desvirtuaba el agravante penal; esta omisión configura una indefensión material y activa la competencia de la Acción de Libertad al no existir un recurso ulterior idóneo para revertir esta arbitrariedad, por lo tanto esta sala considera que existe una notoria falta de fundamentación del Auto de Vista por limitarse restrictivamente al Art. 398 del CPP, que contraviene el deber de motivación y fundamentación en materia de medidas cautelares. En atención a que el recurso de apelación advirtió la necesidad de basarse en el juicio de proporcionalidad, y siendo obligación de los tribunales o jueces, la respuesta que debe brindar el Tribunal de Alzada no solamente debe sustentar la corrección o falta de fundamentación de la resolución inferior, sino también debe incluir una adecuada concepción de la proporcionalidad. En consecuencia, los elementos aportados y evaluados no solo deben ser analizados, sino también considerados rigurosamente a la luz del principio de proporcionalidad.

III.4.2. Otras consideraciones

Finalmente, en relación a la falta de remisión de antecedentes de la acción de libertad a este Tribunal Constitucional Plurinacional, corresponde exhortar a Samuel Vargas Siles Juzgado de Sentencia Contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital de Cochabamba, constituida en Tribunal de garantías, a objeto de que en futuras acciones tutelares que sean puestas en su conocimiento, cumplir con el deber de verificar la remisión de los actuados que sirvieron de base para su decisión y para que este Tribunal tome la debida convicción, conforme dispone el art. 29.4 del CPCo. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 03/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 98 a 105 y vta., pronunciada por el Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, respecto a la fundamentación, motivación y congruencia en torno a la modificación de la medida cautelar de carácter personal aplicada conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. 2º Disponer lo siguiente:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 24 de febrero, de acuerdo con los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; y b) El Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba emita nueva resolución, debidamente fundamentada, siempre y cuando no haya sido modificada la situación jurídica del accionante. 3º Llamar la atención a Zulma Raíza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que constituyo el Tribunal de garantías por no haber remitido a este Tribunal, todos los actuados concernientes a la presente causa. 4º Exhortar al Tribunal de garantías, cumplir con el deber de verificar en futuros casos, que todos los actuados que servirán de base en su decisión, sean remitidos a este Tribunal, a efectos de que se pueda asumir una debida convicción de los hechos. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

3 El FJ III.3, determina: “En ese sentido, para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”.

4 El párrafo 118, señala: “Por otro lado, la Corte destaca que la motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. En efecto, la argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigurosamente, más aún en ámbitos en los que se comprometen derechos tan importantes como la libertad del procesado. Ello no ocurrió en el presente caso. La falta de motivación en las decisiones de la Jueza impidió que la defensa conociera las razones por la cuales las víctimas permanecían privadas de su libertad y dificultó su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr la liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante”. 5El párrafo 107, indica: “El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las

autoridades nacionales deben ofrecer la fundamentación suficiente que permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad (…)”. Del mismo modo, el párrafo 117, subraya: “De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse (…)”.

6 El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´. En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para

sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.

7 Corte IDH, Caso Andrade Salmón vs. Bolivia (2016), párrafo 147. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_330_esp.pdf

8 Corte IDH, Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Bolivia (2007), Voto Razonado del Juez Sergio García Ramírez, párrafo 7. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/CF/Jurisprudencia2/busqueda_casos_contenciosos.cfm

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0932_2025-S3.pdf · páginas 1 a 29.

Huella digital del PDF (SHA-256): 876de98508328e391d1e9939bae5bbd91152f3a95a92790cab58d607e5ae1943

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