B.IA.LEGAL

SCP 0928/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 18 de agosto de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
18 de agosto de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
54231-2023-109-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad, a la dignidad y a la vida; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación, se le impuso la medida cautelar de detención preventiva; en consecuencia, presentó solicitud de cesación a la detención preventiva; sin embargo, la autoridad jurisdiccional determinó la ampliación de la misma por un mes más, por lo que, el impetrante de tutela hizo uso del recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 1 de marzo de 2023; empero, a pesar que en la misma audiencia el Juez ordenó la remisión del expediente al superior en grado; hasta la fecha de presentación de esta acción de tutela -7 de marzo de 2023-, no se tiene elaborado el acta del referido actuado procesal ni la remisión del citado recurso al superior en grado; consiguientemente, los demandados incurrieron en dilación indebida en la tramitación de su recurso de apelación, afectando el debido proceso y en consecuencia su libertad; por lo que, solicita se conceda la tutela impetrada.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 02/2023 de 9 de marzo, cursante de fs. 26 a 29 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba y, en consecuencia:

1° CONCEDER totalmente la presente acción de libertad en sus modalidades innovativa y traslativa, con relación a la Jueza y al Secretario codemandados del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, 2° Exhortar lo siguiente:

a) A la Jueza demandada, a ejercer de forma idónea el control de las actuaciones de su personal subalterno y de los plazos procesales a efectos de evitar dilaciones innecesarias; y, b) Al Secretario codemandado a cumplir con las responsabilidades establecidas en el art. 56 del Código de Procedimiento Penal y los plazos procesales establecidos en el mismo, en cumplimiento de los principios de celeridad y debida diligencia.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad innovativa
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, en casos de medidas cautelares
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0928/2025-S3 Sucre, 18 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 54231-2023-109-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 02/2023 de 9 de marzo, cursante de fs. 26 a 29 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Irma Libertad Magalid Sandoval Pérez en representación sin mandato de Reynaldo Rodríguez Ayala contra Elena Veizaga Mollinedo Jueza, y Jonathan Brian Zambrana Ustariz Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 8 de marzo de 2023, cursante de fs. 4 a 7, el accionante a través de su representante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación, se le impuso la medida cautelar de detención preventiva en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba; en consecuencia, presentó solicitud de cesación a la detención preventiva, que se consideró en audiencia, el 1 de marzo de 2023, a efectos que la Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, verifique si el plazo solicitado por el Ministerio Público ya habría sido superado y se determine alguna medida cautelar menos gravosa; sin embargo, la prenombrada autoridad, determinó la ampliación de la misma por un mes más; por lo que, la parte accionante hizo uso del recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 1 de marzo de 2023; empero, a pesar que en la misma audiencia se ordenó la remisión del expediente al superior en grado; hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, no se tiene labrada el acta del referido actuado procesal; toda vez que, el Secretario del referido juzgado, en primera instancia, dió como respuesta que el Acta de 1 de marzo de 2023, estaría en el despacho de la autoridad jurisdiccional para revisión; no obstante, en una segunda ocasión, el mismo funcionario, indicó que el acta aún no había sido realizada por problemas técnicos con el audio; sin embargo, el accionar tanto de la Jueza como del Secretario codemandados, es considerado dilatorio, porque la Resolución de primera instancia fue apelada en la misma audiencia; cuyo recurso de apelación conjuntamente el acta, tendrían que haber sido remitidos a la sala penal correspondiente en el plazo de veinticuatro horas, aspecto que no ocurre en el caso de autos; por lo que, los codemandados al haber prolongado la remisión de los actuados, incurrieron en dilación injustificada, vulnerando su derecho al debido proceso, el principio de celeridad y en consecuencia dicha retardación indebida, afecta directamente su derecho a la libertad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad, a la dignidad y a la vida, citando al efecto, los arts. 22, 73 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga la elaboración del acta de la audiencia de 1 de marzo de 2023, en el plazo inmediato de veinticuatro horas.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 9 de marzo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 24 a 25, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante, ratificó de forma íntegra los argumentos contenidos en la acción tutelar y ampliándola, señaló que el acta de audiencia que habría sido apelada el 1 de marzo de 2023, aún no estaría lista para remitir al superior en grado, prolongándose indebidamente su detención preventiva; por lo que, continúa la dilación arbitraria.

I.2.2. Informe de los demandados

Elena Veizaga Mollinedo, Jueza del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, en audiencia, señalo que: a) De lo expuesto sobre la acción de libertad, los fundamentos han sido claros y precisos, puesto que la parte accionante debió haber planteado una acción de libertad de pronto despacho, b) No es evidente lo que el impetrante de tutela afirma; toda vez que, este proceso ya fue sorteado y se encuentra en la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, y los vocales de la misma, ya tienen conocimiento y merecerá un pronunciamiento de fondo; por lo que, no deberían pronunciarse sobre la acción de libertad sin antes haber tenido una respuesta de la mencionada Sala; y, c) La audiencia fue el 1 de marzo de 2023 y ahora estamos en 8 del mismo mes y año; es así que, el secretario de ese despacho judicial fue posesionado recientemente, encontrándose en suplencia legal, debiendo tomarse en cuenta este aspecto, bajo la legalidad procesal y las consideraciones del nuevo funcionario. Jonathan Brian Zambrana Ustariz, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, no presentó informe escrito, tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 12.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 02/2023 de 9 de marzo, cursante de fs. 26 a 29 vta., concedió en parte la tutela solicitada, en la modalidad innovativa, disponiendo que la Jueza demandada en posteriores casos tramite la apelación de medida cautelar, dentro de los plazos establecidos por ley; y, denegó con relación al Secretario codemandado, sin costas por ser excusable, con base en los siguientes fundamentos: 1) Si bien es cierto que la Jueza señaló que esa remisión se ha efectuado el 8 de marzo de 2023 en la tarde, conforme también consta en los antecedentes; sin embargo, fue materializada a más de seis días; por lo que, existe vulneración al principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad, debido a que dicha apelación no fue tramitada dentro de los plazos establecidos por ley, incluso encontrándose fuera del plazo máximo de tres días; 2) Sobre la base de la SCP 1053/2016-S1 de 26 de octubre, existe flexibilización de plazos en la remisión en el máximo de tres días; sin embargo, ello debe ser debidamente justificado; lo que no acontece en el caso en concreto; no obstante la remisión realizada, está fuera de plazo máximo señalado; por lo que ,no tiene justificativo alguno; 3) La autoridad demandada incurrió en una demora injustificada a efectos de cumplir lo determinado en audiencia; siendo que tenía la obligación de tramitar y realizar dicha actuación con prontitud y celeridad; y, 4) Se concede la tutela contra la Jueza demandada, empero no contra el secretario demandado, por cuanto no presentó prueba objetiva para demostrar la demora en la elaboración del acta como manifestó el accionante.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de audiencia de 1 de marzo de 2023, de consideración de la situación jurídica de Reynaldo Rodríguez Ayala -ahora accionante-; en la cual la Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba -ahora demandada-, rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva y consideró su ampliación por un mes más; en la cual la abogada del accionante, interpuso recurso de apelación contra dicha determinación, concluyendo a las 15:30 de ese día (fs. 19 a 20 vta.).

II.2. Se tiene Oficio de 8 de marzo de 2023, por el cual, el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba -ahora codemandado-, remitió al Presidente y Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, el expediente original correspondiente al recurso de apelación incidental de medida cautelar interpuesto por el impetrante de tutela; el cual fue recibido a horas 18:07 (fs. 22).

II.3. Consta Oficio de 9 de marzo de 2023; a través del cual, el Secretario codemandado, remitió al Presidente y Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, el expediente original a efectos de conocer esta acción tutelar; el cual fue recibido a horas 8:05 (fs. 23 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad, a la dignidad y a la vida; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación, se le impuso la medida cautelar de detención preventiva; en consecuencia, presentó solicitud de cesación a la detención preventiva; sin embargo, la autoridad jurisdiccional determinó la ampliación de la misma por un mes más, por lo que, el impetrante de tutela hizo uso del recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 1 de marzo de 2023; empero, a pesar que en la misma audiencia el Juez ordenó la remisión del expediente al superior en grado; hasta la fecha de presentación de esta acción de tutela -7 de marzo de 2023-, no se tiene elaborado el acta del referido actuado procesal ni la remisión del citado recurso al superior en grado; consiguientemente, los demandados incurrieron en dilación indebida en la tramitación de su recurso de apelación, afectando el debido proceso y en consecuencia su libertad; por lo que, solicita se conceda la tutela impetrada.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad innovativa

Es una acción tutelar, cuyo propósito es proteger, restablecer y/o restituir el derecho a la libertad física o de locomoción, así como el derecho a la vida, cuando se hallan en peligro como consecuencia de la supresión o restricción a la libertad personal; disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma. En este marco, la línea jurisprudencial sobre la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado la restricción del derecho a la libertad física, conocida en la doctrina como recurso de hábeas corpus innovativo, tiene el siguiente desarrollo jurisprudencial: El Tribunal Constitucional, en la SC 92/02-R de 24 de enero de 2002, sostuvo que era posible el planteamiento del hábeas corpus -ahora acción de libertad- cuando el accionante ya había sido liberado, pues dicha liberación “…no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos…”, de forma que en tales casos, se evitaba la reiteración de la conducta; es decir, que el interés en la resolución de la temática, trascendía del caso particular para convertirse en uno de interés general. Posteriormente, sin modificarse oficialmente aquella línea, la SC 1489/2003-R de 20 de octubre estableció que promovido el recurso de habeas corpus -ahora acción de libertad-, no procedía cuando el hecho conculcador ya había cesado, puesto que dicho acto adquiría características que lo hacían punible en la instancia ordinaria penal; por lo que, se debería acudir a esa jurisdicción para conseguir la respectiva sanción. A través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, se cambió dicho entendimiento jurisprudencial, sosteniendo que las lesiones del derecho a la libertad, encuentran protección dentro del ámbito del hábeas corpus, en los casos en los que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, a pesar de haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; supuesto en el cual, la concesión de la tutela debe establecer la responsabilidad de los servidores públicos que efectuaron la indebida privación de libertad; razonamiento que fue adoptado como línea jurisprudencial hasta la gestión 2010. Con la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se recondujo el entendimiento jurisprudencial al anterior contenido en la SC 1489/2003-R, estableciendo que cuando se alega o denuncia una privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad mientras persista la lesión, no cuando hubiere cesado; lo cual fue confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0201/2012 de 24 de mayo, entre otras. La SC 0895/2010-R de 10 de agosto, complementó el entendimiento previamente asumido y señaló que cuando sea imposible plantear la protección dentro del ámbito del hábeas corpus, declarando su procedencia en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, no obstante haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; en consecuencia, es preciso cambiar el entendimiento jurisprudencial sentado en la SC 1489/2003-R (…)”. 4El FJ III.2.2, manifiesta: “Cuando se alega privación de libertad personal, la norma constitucional (art. 125 de la CPE), señala que toda persona que esté indebida o ilegalmente privada de su libertad personal, podrá interponer la acción de libertad y solicitar al juez o tribunal competente `se restituya su derecho a la libertad´”.

Lo cual significa que en estos casos, la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe; de no ser así, se desnaturalizaría la esencia de la presente acción de defensa, dado que el petitorio de que `se restituya su derecho a la libertad´, ya no tendría sentido si está en libertad.

En consecuencia, desde el orden constitucional, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos procesales: Primero.- Cuando el acto ilegal o indebido denunciado sea la detención o privación de libertad física del agraviado o accionante, la acción de libertad debe ser interpuesta mientras exista la lesión, no cuando haya cesado.

Segundo.- En los casos, en que presentada la acción de libertad conforme a esta exigencia, luego de la notificación a la autoridad, funcionario o persona denunciada o accionada, con la admisión de la misma, ésta libera al accionante o agraviado, ello no impide la prosecución del trámite y la otorgación de la tutela si es que corresponde, a los efectos de la reparación de los daños causados por la privación de libertad y en su caso los efectos que corresponda.

Tercero.- En los casos en que durante la detención no se presentó la acción de libertad, sino después de haber cesado la misma; verificada que sea tal situación, en audiencia pública y sin ingresar al análisis de fondo, corresponde la denegación de tutela, salvando los derechos del agraviado o accionante en la vía jurisdiccional ordinaria.

Al respecto, el art. 110.I de la CPE, señala que: `Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de autoridades bolivianas´, lo cual guarda coherencia con el art. 292 del Código Penal (CP), que bajo el nomen juris de `privación de libertad´, establece: `El que de cualquier manera privare a otro de su libertad personal, incurrirá en reclusión de seis meses a dos años y multa de treinta a cien días. La sanción será agravada en un tercio, cuando el hecho fuere cometido: 1) Por un funcionario público, con abuso de su autoridad. 2) Sobre un ascendiente, descendiente o cónyuge. 3) Si la privación de libertad excediere de cuarenta y ocho horas´ (…)

El art. 4.II de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010 denominada Ley de Necesidad de Transición, señala que: `Los Tribunales, Jueces y autoridades administrativas del Estado Plurinacional podrán considerar la jurisprudencia constitucional emitida con anterioridad a la aprobación del nuevo orden constitucional, en tanto no se contraponga a la Constitución Política del Estado´, en ese sentido, y al ser -entre otras- la función del Tribunal Constitucional, intérprete y guardián de la Constitución vigente; la interpretación efectuada a través de su jurisprudencia no puede contravenir a la Constitución misma, ni asimilar un entendimiento jurisprudencial pasado que se aparte de ella, sino sólo aquél que guarde coherencia o armonía con la Constitución vigente, uniformando así la jurisprudencia constitucional; labor que le corresponde a los miembros que componen este Tribunal. En ese sentido, y a la luz de la nueva Constitución, se concluye que `cuando se alega o denuncia privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad, mientras persista la lesión, no cuando ha cesado´, tal cual se explicó precedentemente, lo cual a su vez significa una reconducción de la línea jurisprudencial al asumido en la SC 1489/2003-R, que es conforme al orden constitucional vigente”. 5El FJ III.2, establece: “Así como no hay derechos absolutos, no hay reglas que no permitan una excepción cuando en mérito a ello se materializará un derecho fundamental, sin alterar la esencia y naturaleza de la acción tutelar, en este caso de la acción de libertad; y es que debe tenerse en cuenta que hay situaciones particulares en las que estando el ciudadano privado de libertad no es posible activar ningún medio de defensa ordinario, mucho menos extraordinario o de rango constitucional, pese a la lesión sufrida; por ello es oportuno complementar al entendimiento asumido en la citada SC acción de libertad por situaciones debidamente justificadas durante la privación de libertad, es posible su interposición inmediatamente después de haber cesado la misma. La jurisprudencia glosada fue reconducida a través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre; en la que, sobre la base de la SC 0327/2004-R, dispone que procede la acción de libertad -bajo la modalidad de innovativa-, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. En efecto, la SCP 2491/2012 consagra la acción de libertad denominada innovativa; entendimiento que fue seguido de manera uniforme por este Órgano encargado del control de constitucionalidad, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0640/2013 de 28 de mayo y 2075/2013 de 18 de noviembre, entre otras. Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. En ese marco, corresponde la aplicación de la SCP 2491/2012, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, establece:

…de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos.

En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”. Sistematización extraída de la SCP 0141/2018-S2 de 30 de abril de 2018.

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, en casos de medidas cautelares

El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”.

A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras). Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, c) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia.

Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante 6El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.

b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.

c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.

el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”. De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2017 de 4 de junio señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el tribunal de apelación.

Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; decreto a partir del cual, se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del referido Código. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en el Fundamento Jurídico III.3:

i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.

ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal.

iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. Página 11 de 14 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.

iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.

v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.

vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte (las negrillas son agregadas). Sistematización precedentemente glosada, se halla en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0223/2018-S2 de 22 de mayo y 0656/2018-S2 de 15 de octubre, entre otras.

III.3. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela a través de la presente acción de defensa denuncia que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación, se le impuso la medida cautelar de detención preventiva; en consecuencia, presentó solicitud de cesación a la detención preventiva; sin embargo, la autoridad jurisdiccional determinó la ampliación de la misma por un mes más, por lo que, el accionante hizo uso del recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 1 de marzo de 2023; empero, a pesar que en la misma audiencia el Juez ordenó la remisión del expediente al superior en grado; hasta la fecha de presentación de esta acción de tutela -7 de marzo de 2023-, no se tiene elaborado el acta del referido actuado procesal ni remitido el citado recurso al superior en grado; por lo que, considera vulnerados sus derechos al debido proceso, a la libertad, a la dignidad y a la vida.

Con carácter previo, cabe señalar que, conforme al formulario de Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), la presente demanda tutelar fue interpuesta el 8 de marzo de 2023 a horas: 9:12 y de las Conclusiones II.2 y II.3 de este fallo constitucional, se tiene que el recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio de 1 de igual mes y año, fue remitido por el Secretario codemandado al Tribunal de alzada, a horas 18:07 del mismo día en el que fue presentada esta acción de libertad, así como el envió de actuados procesales ante la Sala Constitucional Tercera del Tribunal departamental de Justicia; de donde se tiene que, la remisión del recurso de apelación se efectuó como consecuencia de la interposición de esta acción tutelar, con lo cual hubiera cesado los efectos del acto lesivo; sin embargo, conforme al Fundamento Jurídico III. 1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad innovativa es el mecanismo procesal, a través del cual, la jurisdicción constitucional a efectos de determinar la responsabilidad del asunto y contribuir a la política de prevención, debe ingresar a conocer y resolver el fondo de la problemática planteada, a pesar de haber cesado las vulneraciones a los derechos que protege esta acción de defensa; toda vez que, la ¡legalidad fue consumada y amerita determinar la responsabilidad de las autoridades que transgredieron derechos fundamentales invocados como lesionados, al ser conductas contrarias al orden constitucional, con el objetivo de evitar futuras conculcaciones de derechos y garantías constitucionales; sobre el particular, tal cual se señaló precedentemente, el Secretario codemandado, si bien, remitió el recurso de apelación al Tribunal de alzada; empero, lo hizo como consecuencia de la interposición de esta acción de tutela; siendo que amerita ingresar a conocer y resolver el fondo de la problemática planteada a través de la acción de libertad innovativa, a efectos de determinar si dicha remisión la efectuó dentro de los plazos establecido por ley.

Ahora bien, de la Conclusión II.1 de esta Sentencia, se tiene que la audiencia de consideración de la cesación de la detención preventiva del accionante se efectuó el 1 de marzo de 2023, fecha en la que, interpuso el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de igual data en la misma audiencia; sin embargo, de la Conclusión II.2, se advierte, que recién fue remitido el 8 de igual mes y año como consecuencia de la interposición de la presente acción de defensa que fue presentada en igual día; generando una dilación innecesaria de siete días; al respecto, conforme al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; es así, que en los casos que un recurso de apelación incidental hubiera sido planteado oralmente en audiencia, deberá ser concedido en el acto y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, de lo contrario implicaría dilación indebida, más aún si no existe una justificación debidamente argumentada; lo cual aconteció en el caso de autos, toda vez que, tanto la Jueza demandada como el Secretario codemandado, corresponsables de todas las actuaciones jurisdiccionales del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba; incurrieron en dilación indebida, porque no elaboraron el acta ni remitieron oportunamente el recurso de apelación incidental interpuesto por el impetrante de tutela; inobservando el plazo de veinticuatro horas establecido en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP) – Ley 1970 de 25 de marzo de 1999- y la jurisprudencia citada precedentemente, para tal efecto; por lo que, vulneraron los derechos al debido proceso y el principio de celeridad, sobre el cual debieron regir sus actuaciones, más aún, cuando en el presente caso el accionante se encuentra privado de libertad, en consecuencia, también lesionaron este derecho; consiguientemente corresponde conceder la tutela impetrada.

III.3.1. Otras consideraciones

Cabe aclarar a los Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que denegaron tutela impetrada a favor del Secretario codemandado, porque supuestamente hubo un cambio de funcionarios; sin embargo, de obrados -Conclusión II. 1 y II.2-se tiene que este funcionario suscribió tanto el acta de consideración de la cesación de la detención preventiva como la remisión del recurso de apelación incidental ante la Sala Penal Cuarta, así como del expediente original ante la Sala Constitucional Tercera, ambas del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; de donde se tiene, que tenía la competencia para remitir oportunamente, dentro de las veinticuatro horas la referida apelación incidental, empero, lo hizo como consecuencia de la presentación de esta acción tutelar, haciendo transcurrir siete días innecesarios e injustificados, en inobservancia del art. 56.1 1 y 2 del CPP, modificado por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 -Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a las Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres- que establece las competencias en las labores de los Secretarios en materia penal; así, como el art. 251 del mismo cuerpo legal que establece el plazo para la remisión de antecedentes ante superior en grado; por lo que, el Secretario codemandado es responsable sobre el citado acto dilatorio, correspondiendo conceder la tutela respecto a este funcionario jurisdiccional.

En consecuencia, la Sala Constitucional Tercera, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 02/2023 de 9 de marzo, cursante de fs. 26 a 29 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba y, en consecuencia:

1° CONCEDER totalmente la presente acción de libertad en sus modalidades innovativa y traslativa, con relación a la Jueza y al Secretario codemandados del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, 2° Exhortar lo siguiente:

a) A la Jueza demandada, a ejercer de forma idónea el control de las actuaciones de su personal subalterno y de los plazos procesales a efectos de evitar dilaciones innecesarias; y, b) Al Secretario codemandado a cumplir con las responsabilidades establecidas en el art. 56 del Código de Procedimiento Penal y los plazos procesales establecidos en el mismo, en cumplimiento de los principios de celeridad y debida diligencia.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El Tercer Considerando, señala: “…Si bien el Juez de la causa dispuso la libertad del procesado ello no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos, tal como lo establece el art. 91-6) de la Ley N° 1836 (…)”. 2El FJ III.2, indica “En el caso que se examina, conforme lo expresa el propio recurrente, el hábeas corpus fue planteado después de que sus representados fueron puestos en libertad, de manera que si hubo ilegalidad en su detención por no haberse observado lo establecido por los arts. 6.II y 9.I CPE, ella no puede resolverse dentro de un recurso de hábeas corpus que fue presentado luego de haber sido puestos en libertad los recurrentes. Por consiguiente esa presunta ilegalidad adquiere otras características que la hacen punible, por lo que corresponde ser considerada en el ámbito penal o en el que los recurrentes estimen adecuado. En consecuencia, correspondía al recurrente interponer el recurso en el momento en que sus representados se encontraban -según él- indebidamente detenidos a fin de que la autoridad competente dentro del trámite de hábeas corpus, haga comparecer a los detenidos y analice los antecedentes del caso para pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo, situación que no puede darse, ya que fueron puestos en libertad antes de la presentación misma del recurso”. 3El FJ III.1, refiere: “Consiguientemente, del contenido de los preceptos aludidos y los debates parlamentarios glosados, se extrae de manera clara y precisa que la voluntad del legislador es que las lesiones al derecho a la libertad encuentren

0451/2010-R, con referencia a que cuando se aduzca o se denuncie detención indebida, la acción de libertad debe ser interpuesta estando en privación o restricción de la libertad física, no luego de haber cesado: `Salvo que por las situaciones debidamente justificadas y la particularidad del caso, durante la privación de libertad no le fue posible interponer la acción de libertad, sino inmediatamente después de haber cesado la misma, lo cual no hace desparecer el acto ilegal y amerita un pronunciamiento de fondo a objeto de establecer las responsabilidades que correspondan, sean civiles, penales, u otras, dependiendo de la gravedad y del sujeto pasivo o causante de la lesión de derechos´”.

7 El FJ III.4, refiere: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”. 8El FJ III.4, indica: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.

Más sobre Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0928_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): c6739108e5c3f46a114e1d4e379864c84a15904847a358d960ab40df7f1401e9

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