Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 18 de agosto de 2025
Concede la tutela
La accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, por cuanto habiendo interpuesto recurso de apelación incidental de manera oral, contra la Resolución que dispuso su detención preventiva, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad, no se remitió el recurso de apelación ante el Tribunal de alzada, por lo que solicita se conceda la tutela, disponiendo: 1) La inmediata liberación de la solicitante de tutela ante los derechos vulnerados; y, 2) Se instruya a la Jueza demandada, remita de manera inmediata su recurso ante el Tribunal de alzada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 44/23 de 15 de marzo de 2023, cursante a fs. 28 y vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, en relación a la remisión del recurso de apelación ante el Tribunal de alzada y no así en la solicitud de disponer la libertad de la solicitante de tutela, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en su modalidad innovativa. 2º Llamar la atención a Dina Yenny Larrea López, Jueza de Instrucción Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz, ante el incumplimiento de la remisión del recurso de apelación incidental interpuesto por la solicitante de tutela, exhortándola que en el futuro cumpla los plazos establecidos para la remisión de las apelaciones incidentales de los procesos que se encuentren con privados de libertad y en caso de incurrir nuevamente en dilaciones, será remitida ante el Régimen Disciplinario del Consejo de la Magistratura; y, 3º Exhortar a Edgar Choquenaira Ychota, Juez de Sentencia Contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías que en futuras acciones tutelares que sean puestas en su conocimiento, observar los fundamentos de esta sentencia con relación a los efectos de la acción de libertad innovativa.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0927/2025-S3 Sucre, 18 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 54229-2023-109-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 44/23 de 15 de marzo de 2023, cursante a fs. 28 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Pilar Cintia Alcón Yujra contra Dina Jenny Larrea López, Jueza de Instrucción Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 14 de marzo de 2023, cursante de fs. 17 a 18 vta., la accionante a través de su representante expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica y engaño a persona incapaz, en audiencia de medidas cautelares desarrollado el 24 de febrero de 2023, mediante Resolución de la misma fecha, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, por el lapso de cinco meses; por lo que en el referido acto procesal, interpuso de manera oral, recurso de apelación incidental contra la citada determinación, el cual fue concedido por la Jueza ahora demandada y notificó a todas las partes procesales en audiencia, disponiendo que al encontrarse en día viernes, se remita el día lunes por secretaría del Juzgado, debiendo la parte apelante facilitar fotocopia para remitir el recurso interpuesto. Señaló que la Jueza demandada, no cumplió el plazo de veinticuatro horas, para la remisión de su recurso de apelación ante el Tribunal de alzada.
Denunció la lesión de su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 3, 6, 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia, se disponga de manera inmediata su libertad física; una vez se evidencie en el cuaderno de control jurisdiccional verificando el derecho vulnerado.
Celebrada la audiencia pública el 15 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 26 a 27, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su representante, en audiencia de acción tutelar ratificó íntegramente los términos de la acción tutelar y ampliándola señaló que: a) Al haberse concedido su apelación incidental contra la Resolución que dispuso su detención preventiva, la misma debió remitirse ante el Tribunal de alzada conforme lo determinó la Jueza demandada, hasta el 27 de febrero de 2023; sin embargo hasta la fecha de presentación de la presente acción tutelar, no se remitió el recurso de apelación presentado; y, b) Solicito se remita de manera inmediata su recurso ante el Tribunal de alzada.
Dina Yenny Larrea López, Jueza de Instrucción en lo Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito cursante de fs. 24 a 25 vta. solicitó se deniegue la tutela, en base a los siguientes fundamentos: 1) Ante la falta de provisión de fotocopias, se remitió originales del recurso de apelación interpuesto por la accionante, mediante nota 11/2023; 2) Que el abogado de la solicitante de tutela, se apersonó al juzgado, indicando existía observación de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; sin embargo el mismo no fue devuelto al referido Juzgado hasta la fecha de presentación de la acción tutelar; 3) No se tiene ninguna de las procedencias para la acción de libertad interpuesta, cuando solicita se le conceda su libertad mediante la presente acción; 4) Los fundamentos descritos en el memorial de acción de libertad, no tiene justificación lógica ni jurídica y no guarda relación entre los actos jurisdiccionales y los fundamentos de la petición del recurrente; 5) Se debe considerar que el recurso extraordinario de acción de libertad, se la plantea únicamente cuando la recurrente creyera estar indebidamente detenida o cuando exista contra su persona una persecución indebida en su procesamiento, además de ser un recurso de ultima ratio; y, 6) Que no se ha vulnerado ningún derecho de la accionante.
El Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 44/23 de 15 de marzo de 2023, cursante a fs. 28 y vta., denegó la tutela solicitada. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) Que la demandada mediante documentos con sello de recepción de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 9 de marzo de 2023, ha acreditado la remisión del recurso de apelación incidental a la Resolución 053/2023 de 24 de febrero; ii) Si bien observó que la apelación fue interpuesta de manera oral en la audiencia desarrollada el 24 de febrero de 2023, la misma fue remitida trece días después, con una dilación atribuible a la autoridad demandada, cuando el art. 251 del Código Procesal Penal (CPP), establece que las apelaciones incidentales deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas, que los alcances de una Resolución Constitucional de pronto despacho, es imprimir celeridad y restituir el derecho vulnerado de manera inmediata; iii) Al haberse remitido el legajo de apelación incidental a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no podía conceder la tutela solicitada, quedando abierta la vía disciplinaria en contra de la demandada y que la misma debe ser ejercida por quien cree haber sufrido dicha vulneración; y, iv) Llamó severamente la atención a la autoridad jurisdiccional demandada, puesto que debe cumplir con los plazos procesales considerando que una mujer se encuentra privada de libertad y se debe aplicar la perspectiva de género para dar una respuesta efectiva y oportuna. En la vía de aclaración, complementación y enmienda, la accionante a través de su representante, solicitó que: a) Renuncia a la revisión extraordinaria ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, porque el Juez de garantías habría expresado que se cometió flagrantemente una dilación procesal por la Jueza demandada; y, b) Se disponga que el Tribunal de Sentencia pueda exigir la remisión inmediata del cuaderno jurisdiccional para subsanar los elementos observados por la Sala Penal mencionada anteriormente. En sustanciación y resolución de lo impetrado, el Juez de garantías con respecto al primer punto señaló; que se va a remitir el oficio conforme lo establece el art. 126 de la Constitución Política del Estado y al segundo punto, que al no existir legitimidad pasiva en contra de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz no se puede disponer el mismo; sin embargo complementó en el entendido si es devuelto el recurso de apelación por observación de piezas procesales, se devuelva a dicha instancia en el plazo de veinticuatro horas.
II.1. En el proceso penal seguido contra Pilar Cintia Alcón Yujra -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica y engaño a persona incapaz, en audiencia de medidas cautelares de 24 de febrero de 2023, mediante Resolución 053/2023 de 24 de febrero, se le impuso detención preventiva en el Centro Penitenciario de Orientación Femenina de La Paz, por el lapso de cinco meses; contra la citada determinación interpuso recurso de apelación de manera oral en el mismo acto procesal, el cual fue concedido por la Jueza ahora demandada y notificó a todas las partes procesales en audiencia, disponiendo que al encontrarse en día viernes, se remita el día lunes por secretaría del juzgado, debiendo la parte apelante facilitar fotocopias para remitir el recurso interpuesto (fs. 2 a 5 vta.). II.2. Mediante nota E.A. Cite Of: 11/2023 de 27 de febrero, recepcionada el 9 de marzo del mismo año, se remitió ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el recurso de apelación incidental interpuesta por la solicitante de tutela (fs. 23 vta.). II.3. Por informe de 15 de marzo de 2023, Dina Yenny Larrea López, Juez de Instrucción en lo Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandada-, hizo conocer que, en audiencia pública virtual, dispuso la detención preventiva de la imputada Pilar Cintia Alcon Yujra -accionante-, Resolución que fue recurrida en apelación, por lo que dispuso la remisión ante el Tribunal de alzada (fs. 24 a 25 vta.).
La accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, por cuanto habiendo interpuesto recurso de apelación incidental de manera oral, contra la Resolución que dispuso su detención preventiva, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad, no se remitió el recurso de apelación ante el Tribunal de alzada, por lo que solicita se conceda la tutela, disponiendo: 1) La inmediata liberación de la solicitante de tutela ante los derechos vulnerados; y, 2) Se instruya a la Jueza demandada, remita de manera inmediata su recurso ante el Tribunal de alzada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, sobre la base de la SC 0327/2004-R de 8 de junio, recoge el estándar alto de protección respecto a la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de este mecanismo de defensa; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. Al respecto, el Fundamento Jurídico III.1, de la citada Sentencia establece:
[De] acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos.
En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Recogiendo el sentido finalista de protección de la acción de libertad innovativa, la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio, sentencia sistematizadora de línea, concluyó lo siguiente:
[E]fectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional, que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales; en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional.
[…]
Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.
El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-“…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del recurso de hábeas corpus desarrollada por las Sentencias Constitucionales 1579/2004-R de 1 de octubre y 0044/2010-R de 20 de abril, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de éste último “… lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo estableció varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determinó subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se 2 La SC 0078/2010-R, en su F.J. III.3, señaló: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad. c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.
dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial, cuyo plazo se limita de tres a cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso; y, c) Se suspende la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia.
Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluyó dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva, es decir cuándo: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP, ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”. De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2013 de 4 de junio, señaló que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación. Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entendieron que excepcionalmente es posible flexibilizar el plazo para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre señaló que una vez formulado el recurso de apelación de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, en el Fundamento Jurídico III.3 sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento:
i) [I]nterpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal. iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. (el resaltado es propio) vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte. La sistematización de los precedentes constitucionales que antecede, ha sido realizada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0036/2018-S2, 0068/2018-S2, 0105/2018-S2, entre otras, en las que se ha resuelto situaciones similares al ahora planteado.
La parte accionante, refiere que, hasta la interposición de la presente acción de defensa, la autoridad jurisdiccional demandada, no remitió ante el Tribunal de alzada, el recurso de apelación que formuló contra la Resolución de medidas cautelares. Conforme los datos consignados en el presente fallo constitucional, identificado el problema traído a revisión, si bien se observa que la apelación de la impetrante de tutela, fue remitida ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (Conclusión II.2) el 9 de marzo de 2023, motivo por el que a criterio del Juez de garantías no se podría conceder la tutela impetrada, ya que se habría cumplido con los alcances de la Resolución constitucional de pronto despacho que busca imprimir celeridad a objeto de restituir el derecho vulnerado; dicho entendimiento no es compartido por ese Tribunal, considerando lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; en sentido que, opera la acción de libertad innovativa, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas, siendo que lo que se pretende con esta modalidad de acción de libertad, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos lesivos a derechos fundamentales, en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no solo para proteger derechos desde una dimensión subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, con el objetivo de evitar la reiteración de conductas que están proscritas por el ordenamiento jurídico, por ser lesivas a derechos fundamentales, como aconteció en el caso de autos. Situación que incluso ha sido advertida por la Jueza de garantías en su Resolución; sin embargo, con un análisis interpretativo, totalmente diferente denegó la tutela y llamo severamente la atención de la demandada. De la revisión de antecedentes y conforme los datos consignados en el presente fallo constitucional, en la Conclusión II.1, se advierte que, dentro del proceso penal seguido contra la solicitante de tutela, en fecha 24 de febrero de 2023, en audiencia de medidas cautelares, por la cual, mediante Resolución 053/2023, la Jueza ahora demandada, dispuso la detención preventiva de la accionante en el Centro Penitenciario de Orientación Femenina de Obrajes , por el lapso de cinco meses, e interpuesto recurso de apelación contra la referida determinación, recurso que fue concedido y notificado a las partes en dicho acto procesal por la Jueza demandada; sin embargo, la misma fue remitida ante el Tribunal de alzada, trece días después del referido acto procesal, siendo que amerita ingresar a conocer y resolver el fondo de la problemática planteada a través de la acción de libertad innovativa a efectos de determinar si dicha remisión la efectuó dentro de los plazos establecidos por ley. Al respecto conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de esta esta Sentencia Constitucional Plurinacional, las apelaciones incidentales deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas, de acuerdo a lo previsto en el art. 251 del CPP; por lo que se advierte que la autoridad judicial demandada inobservó lo establecido en la jurisprudencia constitucional precedentemente detallada, al haber remitido la apelación incidental después de trece días de interpuesto el mismo, con este accionar generó dilación indebida en contra del solicitante de tutela, por lo que corresponde conceder la tutela impetrada en la modalidad innovativa.
De otra parte, corresponde referirse a la actuación del Juez de garantías en la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, por la que señaló que, la acción de libertad en su modalidad traslativa busca imprimir celeridad y restituir el derecho vulnerado de manera inmediata y que en el presente caso al haberse ya remitido el recursos de apelación incidental ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no podía conceder la tutela impetrada, llamando severamente la atención de la Jueza demandada, dejando abierta la vía disciplinaria para que la accionante pueda acudir a dicha instancia. Al respecto este Tribunal, no comparte el razonamiento del Juez de garantías al pretender que la accionante deba acudir a la instancia disciplinaría cuando como Juez de garantías tenía la facultad de remitir el mismo ante dicha instancia, más aún cuando es deber de esa autoridad, verificar si se ha existido la vulneración del derecho denunciado por la impetrante de tutela, lo cual aconteció en el presente caso, debiendo recordar al Juez de garantías lo desarrollado en el fundamento jurídico de la presente sentencia constitucional. En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 44/23 de 15 de marzo de 2023, cursante a fs. 28 y vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, en relación a la remisión del recurso de apelación ante el Tribunal de alzada y no así en la solicitud de disponer la libertad de la solicitante de tutela, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en su modalidad innovativa. 2º Llamar la atención a Dina Yenny Larrea López, Jueza de Instrucción Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz, ante el incumplimiento de la remisión del recurso de apelación incidental interpuesto por la solicitante de tutela, exhortándola que en el futuro cumpla los plazos establecidos para la remisión de las apelaciones incidentales de los procesos que se encuentren con privados de libertad y en caso de incurrir nuevamente en dilaciones, será remitida ante el Régimen Disciplinario del Consejo de la Magistratura; y, 3º Exhortar a Edgar Choquenaira Ychota, Juez de Sentencia Contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías que en futuras acciones tutelares que sean puestas en su conocimiento, observar los fundamentos de esta sentencia con relación a los efectos de la acción de libertad innovativa. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 En el Fundamento Jurídico III.1 de la citada Sentencia se expone el desarrollo completo de la línea jurisprudencial sobre la acción de libertad innovativa.
3 La SCP 0281/2012, en el F.J III.4 refirió: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”.
4 La SCP 1907/2012, en el F.J III.4 señaló: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0927_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6241eebed56a274c7f2c9f24c2f793023587aaf6eaa812792a84b5e7663d8148
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