Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de agosto de 2023
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad vinculado con el principio de celeridad, y a la defensa; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Teresita Quinteros Solares, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, la autoridad judicial accionada, señaló audiencia virtual para considerar su solicitud de cesación de la detención preventiva a realizarse el 22 de octubre de 2021; sin embargo, instalada la misma en la referida fecha, fue suspendida debido a que la víctima alegó que su abogado se encontraba enfermo, programando el Juez accionado nueva audiencia para el 28 del citado mes y año, argumentando la existencia de sobrecarga procesal, cuando debía fijar audiencia dentro las cuarenta y ocho horas, teniendo la facultad de habilitar días y horas extraordinarias inclusive, además procedió a cortar la comunicación de manera abrupta, impidiendo de esa manera que pueda hacer uso del recurso de reposición. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 37/2021 de 26 de octubre, cursante de fs. 19 a 20 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia:
1º DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los argumentos expuestos en este fallo constitucional; y, 2º Exhortar a Edwin José Blanco Soria, Juez de Sentencia Penal Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz, conforme las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.5 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0921/2023-S3 Sucre, 25 de agosto de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 43923-2021-88-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 37/2021 de 26 de octubre, cursante de fs. 19 a 20 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por David Israel Bustos García contra William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 25 de octubre de 2021, cursante de fs. 6 a 7, el accionante manifiesta lo siguiente:
Dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Teresita Quinteros Solares contra su persona, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, habiendo solicitado audiencia para la consideración de la cesación de su detención preventiva, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz -ahora accionado- programó dicho acto procesal para el 22 de octubre de 2021, a horas 16:00; no obstante, instalada la misma después de la espera de aproximadamente una hora, y pese a que se informó que las partes fueron debida y legalmente notificadas, ante la solicitud de la víctima, la referida autoridad judicial suspendió dicho acto procesal para el 28 del mismo mes y año, en atención a que la mencionada acompañó un certificado médico particular, alegando que su abogado se encontraría enfermo, toda vez que habría sido examinado el 21 de ese mes y año, y se le otorgó seis días de impedimento, solicitud que fue apoyada por la autoridad fiscal, fundamentando el Juez accionado su decisión en la existencia de sobrecarga procesal y que debe de considerase los días de incapacidad del abogado patrocinante de la víctima. Todo ello, sin considerar que la solicitud de cesación de la detención preventiva es una medida que debe ser atendida con prioridad por encontrarse comprometida la libertad de una persona, por lo que el Juez accionado no puede utilizar como fundamento la carga procesal, ya que el mismo tiene facultades para habilitar días y horas extraordinarias, pues conforme la jurisprudencia constitucional todo sujeto procesal debe tener el acceso a la justicia de manera pronta y oportuna. Asimismo, refiere que una vez que se dispuso la suspensión de audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad accionada no le permitió hacer uso de la palabra a su abogado, limitándose a aclarar a la autoridad fiscal el día y hora de audiencia programada y posteriormente de manera abrupta cortar la comunicación, sin permitirle hacer uso del recurso previsto en el art. 401 del Código de Procedimiento Penal (CPP), restringiéndole también su derecho a la defensa; por consiguiente, activa la presente acción de libertad en su modalidad de pronto despacho que tiene por finalidad tutelar la celeridad procesal vinculado a la libertad física o de locomoción.
El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la libertad vinculado con el principio de celeridad, y a la defensa; sin citar norma constitucional alguna.
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, consiguientemente, se ordene a la autoridad ahora accionada señale audiencia de cesación de la detención preventiva a la brevedad posible.
Celebrada la audiencia virtual el 26 de octubre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 17 a 18, presente el peticionante de tutela asistido de su abogado y ausente la autoridad accionada, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó de manera íntegra el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliando en audiencia, manifestó que: a) Denuncia la extrema dilación indebida en la sustanciación de su proceso por parte del Juez accionado, puesto que ante su solicitud de audiencia -de cesación de la detención preventiva- efectuada el 18 de octubre de 2021, el mismo la programó para el 22 de igual mes y año; es decir, después de más de cuatro días;
asimismo, el día de la audiencia, encontrándose presentes los sujetos procesales resulta que la víctima de violencia psicológica presentó un memorial indicando que su abogado se encontraba delicado de salud; empero, en el certificado médico presentado se señala que dicho profesional estaba lúcido en tiempo, lugar y espacio; ante lo cual, efectuaron su reclamo, puesto que la misma cuenta con tres abogados, solicitando mediante memorial una copia de toda la audiencia y que se presente el abogado ante el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y establecer la concordancia de los síntomas del prenombrado; b) Ante su petición de “reposición” se le cortó la palabra, vulnerando su derecho a ser oído, indicando el Juez accionado que tiene una extremada carga procesal y se encuentra en suplencia, sin observar la obligación de habilitar días y horas para considerar dicha audiencia, “…una vez que señalado día y hora no habríamos objetado este aspecto ya le dimos a conocer…” (sic); y, c) Respecto al incumplimiento de la subsidiariedad alegado por la autoridad accionada, la SCP 0055/2012 -de 9 de abril-, establece que ante la falta de sustanciación de la audiencia -de cesación de la detención preventiva- por la autoridad judicial se activa la acción de libertad; asimismo, el art. “239.2” -del CPP-, determina que el juez debe señalar dicha audiencia dentro el plazo de cuarenta y ocho horas, por lo que según lo señalado en la SCP 1022/2017-S3 de 4 de octubre, se considera una dilación innecesaria e indebida señalar una audiencia después de más de cinco días, además de suspender dicho acto procesal a sabiendas que la víctima contaba con más de dos abogados, por lo que no procede la observación a la subsidiariedad, tratándose de una retardación recurrente por parte de la autoridad accionada.
William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito, cursante a fs. 16 y vta., señaló que: 1) El 22 de octubre de 2021, a horas 16:00 se instaló la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva -solicitada por el ahora accionante-, señalamiento con el que fueron legalmente notificadas las partes procesales inmersas en la presente causa, habiéndose informado por la Secretaria del despacho judicial, que el mismo día a horas 15:30, Martin Daniel Irusta Flores, abogado de la presunta víctima -en la causa penal de referencia- presentó memorial solicitando suspensión de la indicada audiencia, adjuntando certificado médico, que señala "...reposo por 5 días a partir de 21/10/2021..." (sic), por lo que efectuando una valoración del certificado médico el cual fue suscrito por “Erlan Candía Marquez”, Médico cirujano, y considerando los cinco días de reposo determinados para el referido profesional se fijó nueva audiencia para el 28 de octubre de 2021; 2) Su persona se encuentra en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del referido departamento, a partir del “…20 AL 22 DE OCTUBRE, 25 AL 26 DE OCTUBRE Y 27 DE OCTUBRE A 14 DE NOVIEMBRE, como es de su conocimiento la situación del juzgado en el cual me encuentro en suplencia es complicada debido a los últimos acontecimientos suscitados que es de conocimiento público…” (sic), considerando además que ambos juzgados tienen bastante carga procesal y audiencias programadas con anterioridad; motivo por el cual, señaló la audiencia respectiva para el 28 de octubre de 2021, a horas 12:15, lo cual fue de conocimiento de la parte accionante, así como de sus abogados, quienes no objetaron ni solicitaron una fecha más próxima conforme se advierte del acta de la indicada audiencia, en la que se puso a conocimiento que tanto la Secretaria como su persona se encuentran en suplencia del mencionado Juzgado desde agosto hasta la “presente fecha”; y, 3) En el caso concurre la subsidiariedad de acuerdo a lo establecido por la SCP “1053/2016”; en consecuencia, no existe vulneración del derecho a la libertad, pues el ahora accionante narra hechos irracionales y la acción interpuesta es temeraria y maliciosa cuyo único fin es amedrentar a su persona, dilatando la prosecución de la causa penal, considerando además que ya se cuenta con señalamiento para el 28 de octubre de 2021; por lo tanto, pide se deniegue la tutela impetrada.
El Juez de Sentencia Penal Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 37/2021 de 26 de octubre, cursante de fs. 19 a 20 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) La parte impetrante de tutela solicita acción de libertad de pronto despacho indicando como agravios que se habría suspendido la audiencia de cesación a la detención preventiva por inasistencia del abogado de la víctima, quien tenía un impedimento de tipo médico, pese a que la misma cuenta con varios abogados, reclamando que el nuevo señalamiento no obedece al plazo fijado por ley; ii) La acción de libertad en su modalidad de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad, como elemento del debido proceso que en materia penal “…involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad, en actuaciones o trámites judiciales o administrativos que se consideran como dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad o que su vida esté en riesgo, consecuentemente el acto reclamado si cumple con este requisito indispensable, pues las autoridades deberán señalar las audiencias de cesación en el plazo establecido por el art. 239 del C.P.P. o la S.C. 1179/2011” (sic); y, iii) La solicitud de cesación de la extrema medida fue realizada a instancias del detenido preventivo “…lo que involucra que en este caso estamos ante un acto consentido por el mismo detenido en su vertiente del Derecho a la Defensa Técnica…” (sic); toda vez que, si bien pudo haberse realizado el corte de la audiencia virtual, de la revisión del cuaderno de control jurisdiccional se tiene que el recurso de reposición no fue planteado de forma escrita, siendo que dicho recurso se constituye en un mecanismo intra procesal idóneo e inmediato. En vía de enmienda y complementación, la parte accionante solicitó que se complemente en relación a la indicación sobre que no se habría cumplido con el art. 401 del CPP, puesto que se señaló claramente que cuando invocó dicho artículo se les cortó la palabra de manera inmediata; asimismo, si las “…interposiciones que son dictadas en audiencia, los recursos tiene que ser dictados en audiencia, no es solamente para que esas resoluciones que son notificadas en despacho…” (sic); por lo que, en el caso, aún de ser interpuesto mediante escrito, conforme al procedimiento solo se interpone dentro del plazo de veinticuatro horas respecto de las resoluciones notificadas; por consiguiente, pide se aclare cuál es el sustento para indicar que no se habría cumplido con lo establecido por el art. 401 del adjetivo penal y sobre la subsidiariedad, debiendo sostenerse en algún fallo constitucional, por cuanto conforme la jurisprudencia citada por su parte no era imprescindible presentar el recurso de reposición. Ante lo cual, el Juez de garantías señaló que la Resolución pronunciada contiene todos los fundamentos necesarios que resuelven dichas dudas.
Por decreto constitucional de 28 de noviembre de 2022 (fs. 25), se suspendió el cómputo de plazo a efecto de recabar documentación complementaria; siendo reanudado por decreto constitucional de 18 de agosto de 2023; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro el plazo establecido.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra David Israel Bustos García -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, por decreto de 19 de octubre de 2021, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz -ahora accionado- señaló audiencia de cesación de la detención preventiva para el 22 del mismo mes y año, a horas 16:00, ordenando la notificación a los sujetos procesales (fs. 5). II.2. Ante la solicitud de documentación complementaria efectuada por este Tribunal Constitucional, se tiene acta de audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva de 22 de octubre de 2021, en la que el Juez ahora accionado determinó suspender dicho acto procesal, fijando nueva audiencia para el 28 de octubre de 2021, a horas 12:15 (fs. 66 a 67 vta.). II.3. Mediante Memorándums 1379/2021/-P.-TDJ de 19 de octubre; 1406/2021/-P.-TDJ de 22 de octubre; y, 1406/2021/-P.-TDJ de 22 de octubre, emitidos por el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dirigidos a la autoridad ahora accionada se le comunicó que debía suplir al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del referido departamento -por baja médica, vacaciones y licencia-, los días 20 al 22 de octubre, 25 y 26 de octubre y del 27 de octubre al 14 de noviembre, todos de 2021 (fs. 13 a 15). De igual manera, por Memorándum 950/2021/P.-TDJ de 28 de julio, se puso a conocimiento de la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, que debe suplir por acefalía a la Secretaria del Juzgado de su similar Tercero (fs. 12).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad vinculado con el principio de celeridad, y a la defensa; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Teresita Quinteros Solares, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, la autoridad judicial accionada, señaló audiencia virtual para considerar su solicitud de cesación de la detención preventiva a realizarse el 22 de octubre de 2021; sin embargo, instalada la misma en la referida fecha, fue suspendida debido a que la víctima alegó que su abogado se encontraba enfermo, programando el Juez accionado nueva audiencia para el 28 del citado mes y año, argumentando la existencia de sobrecarga procesal, cuando debía fijar audiencia dentro las cuarenta y ocho horas, teniendo la facultad de habilitar días y horas extraordinarias inclusive, además procedió a cortar la comunicación de manera abrupta, impidiendo de esa manera que pueda hacer uso del recurso de reposición. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
A partir de la tipología de la acción de libertad establecida por la jurisprudencia y doctrina constitucional, en lo que hace a la acción de libertad de pronto despacho y el alcance de su activación a objeto de determinar su procedencia, la SCP 0835/2020-S3 de 30 de noviembre, precisó que: «Respecto a la acción de libertad en su dimensión de pronto despacho, la SCP 0127/2018-S1 de 16 de abril, sistematizando la jurisprudencia y denotando la connotación de la celeridad como valor y principio inherente al debido proceso como base de la potestad de impartir justicia, precisó que: “La SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, estableció que: ‘…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).
Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. Del mismo modo, el referido fallo constitucional, siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado en su Fundamento Jurídico III.4, determinó que: ‘Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’.
Entonces, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, esto precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos, así lo entendió el extinto Tribunal Constitucional y el actual Tribunal Constitucional Plurinacional”» (el resaltado nos corresponde).
En cuanto a esta temática, la SCP 0511/2021-S3 de 18 de agosto, en lo pertinente, resaltó que: “Corresponde referirse al derecho de acceso a la justicia, previsto en el art. 115.I de la CPE que establece que: ‘Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos’. El referido derecho también se encuentra en diferentes instrumentos internacionales debidamente ratificados por el Estado boliviano, así por ejemplo, los arts. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. El analizado derecho adquiere mayor relevancia al tratarse de casos de violencia contra las mujeres; dado que, su erradicación es prioridad nacional, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género (art. 3 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -LIGM-). En el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se tiene una norma específica respecto al tema de violencia contra la mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ‘Convención Belem do Pará’, cuyo art. 7 establece: ‘Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención’…
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), haciendo referencia a informes de fondo respecto a casos específicos, sobre el alcance del acceso a la justicia, señaló que la obligación de los Estados frente a casos de violencia contra las mujeres, incluye los deberes de procesar y condenar a los responsables, así como de prevenir estas prácticas degradantes. De igual manera, la inefectividad judicial general crea un ambiente que facilita la violencia contra las mujeres, al no existir evidencias socialmente percibidas de la voluntad y efectividad del Estado como representante de la sociedad, para sancionar esos actos. En igual sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, interpretando el art. 7.b de la Convención Belem do Pará en relación con los arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señaló que: ‘…ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección’. De lo anteriormente señalado, se tiene que tanto el ordenamiento jurídico boliviano, como las normas internacionales de derechos humanos ratificadas (que por mandato del art. 410.II de la CPE forman parte del bloque de constitucionalidad), coinciden en que en casos de violencia contra la mujer, las autoridades judiciales deben actuar con la debida diligencia, pues es un fin primordial del Estado erradicar dicha violencia” (las negrillas son nuestras).
Sobre esta herramienta para juzgar con perspectiva de género, la SCP 0751/2022-S3 de 4 de julio, sostuvo que: «La jurisprudencia constitucional ha desarrollado entendimientos sobre el uso de mecanismos y herramientas que deben ser aplicados a momento de conocer situaciones que involucren grupos vulnerables dentro de todo proceso -judicial, administrativo, constitucional-, siendo una de esas herramientas el enfoque interseccional, entendido por la SCP 0587/2020-S3 de 24 de septiembre, en el siguiente alcance y dimensión: “…ese enfoque interseccional comprende un análisis jurídico de las categorías de vulnerabilidad utilizadas como herramientas para identificar situaciones específicas (…) y los requerimientos de protección reforzada que deben otorgarse a la misma, observando la complejidad y diversidad de las fuentes que generan cada categoría …”.
Nótese en consecuencia, que la aplicación del enfoque interseccional no constituye un criterio aislado, ni una actuación individual, sino que converge en un trabajo institucional orgánico y conjunto de identificación de criterios de vulnerabilidad de las partes procesales dentro de un determinado proceso, con especial énfasis en una investigación y/o proceso penal, y que puede además involucrar no solo a dichas partes, sino también a terceros con afectación directa de sus derechos, siendo dicha herramienta la que contribuye a identificar esas posibles situaciones y las medidas y acciones a asumirse al respecto por las autoridades que conocen esos casos, así se entiende del citado fallo constitucional que establece el alcance y dimensión de esta herramienta y la eficacia práctica de su aplicación cuando señala: “…estos criterios de interpretación pueden variar de acuerdo a la identidad, los intereses, las desventajas, la composición o jerarquías internas de este grupo vulnerable, siendo necesario abordar los mismos bajo una perspectiva reflexiva visualizando la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos que se hallan comprometidos, siendo que el primero comprende que la satisfacción de un derecho o un grupo de derechos depende de la garantía y materialización de otro derecho; en tanto que, la indivisibilidad implica una perspectiva holística de los derechos humanos, como un todo; por lo que, la transgresión de uno impacta negativamente en otros; (…) criterios interpretativos que deben ser considerados por las autoridades jurisdiccionales al momento de pronunciarse sobre un determinado motivo…”» (las negrillas nos corresponden).
El impetrante de tutela, alega que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Teresita Quinteros Solares, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, la autoridad judicial accionada señaló audiencia virtual para considerar su solicitud de cesación de la detención preventiva a realizarse el 22 de octubre de 2021; sin embargo, instalada la misma en la referida fecha, fue suspendida debido a que la víctima alegó que su abogado se encontraba enfermo, programando el Juez accionado nueva audiencia para el 28 del citado mes y año, argumentando la existencia de sobrecarga procesal, cuando debía fijar audiencia dentro las cuarenta y ocho horas, teniendo la facultad de habilitar días y horas extraordinarias inclusive, además procedió a cortar la comunicación de manera abrupta, impidiendo de esa manera que pueda hacer uso del recurso de reposición.
Identificado como se tiene el objeto procesal que motivó la interposición de esta acción de defensa e ingresando al análisis del problema de fondo, conforme el sustento argumentativo y fáctico expresado por el accionante, lo informado por el Juez accionado y los datos que se extraen de las documentales cursantes en el expediente, así como de la documentación complementaria requerida por este Tribunal, se tiene por evidente la existencia de un señalamiento de audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva programada para el viernes 22 de octubre de 2021, a horas 16:00, acto procesal que fue suspendido por el Juez accionado fijando nueva audiencia para el jueves 28 de octubre de 2021, en razón al informe prestado por la Secretaria respecto a la presentación del memorial del abogado patrocinante de la víctima, quien alegó encontrarse delicado de salud, solicitando por equidad y justicia suspender dicha audiencia “…para no causar indefensión en la víctima sea restringiendo lo odioso y ampliando lo favorable” (sic), solicitud que fue apoyada por la representante del Ministerio Público, a objeto de no vulnerar el principio de igualdad que asiste a las partes. Ahora bien, del informe presentado por el Juez accionado dentro de esta acción de defensa, se advierte que el mismo justifica la suspensión de la referida audiencia y su reprogramación para el 28 de octubre de 2021, por considerar que la inasistencia del abogado patrocinante de la víctima por motivo de salud, fue acreditada mediante certificado médico, tomando en cuenta los cinco días de reposo determinados, alegando además la existencia de excesiva carga procesal y que al igual que su Secretaria se encontraba en suplencia legal de otros juzgados en los que ya se programaron audiencias con anterioridad, aspectos que refiere fueron puestos a conocimiento de la parte ahora accionante en la audiencia señalada; sin embargo, “…NO OBJETARON NI SE OPUSIERON NI MUCHO MENOS SOLICITARON UNA FECHA MÁS PROXIMA, CONFORME ACTA DE AUDIENCIA…” (sic); por lo que, a su juicio la presente acción de defensa resultaría temeraria, ya que dilata la prosecución de la causa penal, teniendo en cuenta que “…nos encontramos en fecha 26 de octubre y ya se contaría con un señalamiento para fecha 28 de octubre…” (sic).
En ese contexto, en virtud al alcance del cuestionamiento formulado que se encuentra vinculado con la alegada indebida suspensión de la audiencia de consideración de la situación jurídica del peticionante de tutela y su reprogramación fuera del plazo establecido por ley, emergente de la inasistencia del abogado de la víctima en el proceso penal de referencia, corresponde señalar que, tal cual se tiene establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo judicial, evidentemente la jurisprudencia constitucional dentro de una línea protectiva construyó como una garantía de actuación procesal-jurisdiccional penal, la vigencia del principio de celeridad procesal que debe regir la tramitación de las solicitudes de cesación de la detención preventiva; no obstante, sin desconocer esta exigencia, también se fundaron salvedades ante situaciones ajenas a las previsiones legales, que no permitan tener las condiciones materiales para la efectivización del procedimiento dentro de los términos legales, así como otras circunstancias que deberán ser valoradas en cada caso concreto, para en base a ello establecer la justificación en la dilación razonable del cumplimiento de los plazos procesales y/o la materialización de la consideración de la situación jurídica del procesado privado de su libertad.
En esa línea de análisis, en atención a este componente jurisprudencial de existencia de otras circunstancias fáctico-procesales que deban ser analizadas para determinar como indebida o no una dilación en la consideración de la situación jurídico-procesal del detenido preventivo, en función a la existencia de situaciones excepcionales que impedirían cumplir con los plazos procesales, en el caso de análisis resulta pertinente valorar que el proceso penal del cual emerge esta acción tutelar involucra a una mujer como presunta víctima de violencia intrafamiliar, lo que implica la concurrencia de dos criterios de vulnerabilidad, e impele a esta jurisdicción constitucional a abordar el análisis de la actuación del Juez accionado -observada como dilatoria e indebida- bajo el tópico medular de una exigencia de actuación diligente de las instancias públicas ante casos que involucran presunta violencia contra la mujer conforme se tiene glosado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, implicando ello que en temáticas de esta naturaleza los procedimientos se encuentren revestidos de componentes, legales, justos y eficaces que incluye -entre otros- el acceso efectivo a los mismos, permitiendo de esta manera garantizar el amparo de la mujer ante denuncias de situaciones de violencia en razón de género, lo que conlleva a considerar y utilizar la herramienta del enfoque interseccional, que en su pragmatismo se constituye en un instrumento que permite identificar situaciones específicas y controvertidas mediante el análisis jurídico de las categorías de vulnerabilidad, los requerimientos de protección reforzada, y las medidas y acciones a asumirse al respecto por las autoridades que conocen esos casos (Fundamento Jurídico III.3).
Bajo tales razonamientos, se puede concluir que, si bien, la determinación asumida por el Juez accionado de suspender la audiencia de consideración de la situación jurídico-procesal del ahora accionante por la inasistencia del abogado de la víctima y consecuente reprogramación para el 28 de octubre de 2021, con la conminatoria respectiva a dichos sujetos procesales para su asistencia a la audiencia reprogramada, en sus efectos a prima facie devendría en una dilación a los fines de la consideración de la condición de detenido preventivo del prenombrado; tal decisión judicial, en el caso concreto, no puede ser reprochada constitucionalmente, en virtud a las circunstancias específicas inherentes al proceso penal, el cual -como se tiene advertido- deviene de la presunta comisión de violencia contra la mujer encontrándose la víctima en una categoría de vulnerabilidad, considerando que conforme la documentación adjunta en el expediente constitucional la misma denuncia presuntamente haber sido objeto de amenazas, violencia patrimonial y violencia familiar o doméstica (fs. 3 a 4 vta.); por lo que, en ese contexto proteccionista y la exigencia de actuación diligente de las instancias públicas ante casos que involucran presunta violencia contra la mujer y la concatenación de esta con la herramienta del enfoque interseccional aplicable a la protección de la categorías de vulnerabilidad, este Tribunal considera razonable que la autoridad judicial accionada tomara en cuenta un ámbito especial de resguardo reforzado en procura de que la presunta víctima de violencia de género -en el proceso penal en cuestión- cuente con la presencia de su abogado a los fines de precautelar sus intereses y el acceso a procedimientos, respecto a la solicitud de consideración de la cesación de la detención preventiva del ahora impetrante de tutela, sobre todo en atención a la invocación en la referida audiencia de los derechos a la igualdad de las partes y a objeto de no provocarle “indefensión” conforme fue solicitado por su abogado. En esa misma línea de análisis, en lo que atañe a la fijación de la nueva audiencia de cesación a la detención preventiva, del informe presentado ante esta jurisdicción por el Juez accionado, se tiene que el mismo puso de manifiesto la existencia de una recarga laboral por encontrarse al igual que su Secretaria en suplencia legal de otro juzgado en los que ya se programaron audiencias con anterioridad, acreditándose por dicha autoridad dicho aspecto conforme se desprende de los Memorándums 1379/2021/-P.-TDJ de 19 de octubre, 1406/2021/-P.-TDJ de 22 de octubre y 1406/2021/-P.-TDJ de 22 de octubre, emitidos por el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por los cuales se le comunicó que debe suplir al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del referido departamento -por baja médica, vacaciones y licencia-, los días 20 al 22 de octubre, 25 y 26 de octubre y del 27 de octubre al 14 de noviembre, todos de 2021; asimismo, mediante Memorándum 950/2021/P.-TDJ de 28 de julio, se puso a conocimiento de su personal de apoyo judicial -Secretaria-, que debe suplir por acefalía a la Secretaria del Juzgado de su similar Tercero (Conclusión II.3); elementos procesales que justificarían haber fijado la nueva audiencia para seis días después. En virtud a lo cual, corresponde traer a colación el entendimiento asumido por la SCP 0814/2021-S3 de 20 de octubre, que respecto al principio de celeridad procesal que rige la tramitación de la solicitud de cesación de la detención preventiva, estableció que: “…respecto a la demora en el señalamiento de la audiencia cautelar, se pronunció indicando que dicha dilación puede justificarse de manera razonable ‘…sin que ello signifique que el plazo sea indefinido, sino que el mismo, debe ser desarrollado en el menor tiempo posible, a este efecto deberá considerarse la distancia entre uno y otro asiento judicial, número de suplencias y carga procesal habida en cada despacho, puesto que no resulta equilibrado, que el poder de persecución del Estado, se halle totalmente desprovisto de situaciones excepcionales que la ley no proveyó por su carácter general, y que requieren de una interpretación reflexiva que admita neutralmente, la prevalencia de los derechos de los sujetos vinculados al proceso, tanto desde la garantía del debido proceso (art. 115 de la CPE) como del poder de persecución (art. 225 de la Norma Fundamental), otorgando a ambas partes su derecho de postulación ante la autoridad jurisdiccional revestida de competencia dirimitoria, y no simplemente aguardar el vencimiento de plazos cual si su simple avenimiento extinguiera una situación procesal, prescindiendo del contexto fáctico en el que se desarrolla el proceso, en perjuicio de la sociedad y el Estado’. En ese sentido, replicando la cita jurisprudencial precedente, cuando exista pluralidad de imputados o imputadas, o víctimas múltiples, carencia de personal de apoyo judicial y suplencias legales que incidan sobre la carga procesal, entre otras circunstancias que deberán ser valoradas en cada caso concreto, se tendrá por justificada la dilación razonable de plazos procesales vinculados a las solicitudes de cesación de la detención preventiva, pues la situación jurídica de una persona privada de libertad, no puede diferirse por razones arbitrarias” (las negrillas son añadidas).
En cuyo sentido, en el caso que se examina, en cuanto al nuevo señalamiento de la audiencia de cesación a la detención preventiva, que el accionante reclama excedió el término de cuarenta y ocho horas, encontrándose a su criterio, fuera del marco legal, se tiene que habiendo programado el Juez accionado nueva audiencia para el 28 de octubre de 2021; es decir, seis días después de efectuado dicho acto procesal -el viernes 22 del mismo mes y año-, se puede concluir que ante las circunstancias particulares y concretas que la justifican de manera razonable conforme fue analizado precedentemente y que figuran en antecedentes, dicha programación no resulta en excesiva ni injustificada, tomando en cuenta además que en función a la pretensión del accionante de que sea considerada y resuelta su situación jurídica con la celebración efectiva de la audiencia de cesación de la detención preventiva, se establece que a tiempo de celebrarse la audiencia de consideración de esta acción de defensa el 26 de igual mes y año, en la que se consideró su denuncia y solicitud concreta de que “…se señale audiencia de cesación a la brevedad posible” (sic), ya se contaba con un señalamiento próximo, lo que converge a su vez en falta de relevancia constitucional respecto al alcance de una eventual tutela y sus efectos; razones que hacen la denegatoria de la presente acción de defensa en cuanto a dichos reclamos. Por último, en cuanto al derecho a la defensa, corresponde señalar que el accionante no expresó cómo la presunta actuación cuestionada se encuentra vinculada a una lesión de dicho derecho en su núcleo esencial y alcance de ejercicio por la dilación denunciada, y en su caso, si dicha invocación de derecho estaría vinculada a la alegación de haberse cortado la comunicación en la audiencia virtual de manera abrupta, y ello habría impedido hacer uso del recurso de reposición; corresponde señalar que dicha alegación tampoco fue demostrada, y de acuerdo al contenido de la audiencia, tampoco se advierte la existencia de dicho corte abrupto; en consecuencia, corresponde denegar la tutela solicitada al respecto.
Resuelta como se encuentra la problemática planteada, corresponde a este Tribunal referirse al proceder del Juez de garantías, al no haber enviado a esta instancia todos los antecedentes relativos a esta acción de defensa, concretamente el acta de audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva de 22 de octubre de 2021, en la que se dispuso la suspensión acusada de lesiva, actuado que resultaba necesario para que este Tribunal pueda emitir una resolución justa e imparcial en base a elementos de convicción concretos contenidos en ella, siendo obligación de la referida autoridad dicha remisión, en cumplimiento de lo establecido en el art. 126.IV de la Constitución Política del Estado (CPE), en concordancia con lo señalado en el art. 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que disponen se debe remitir ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, todos los antecedentes necesarios, que se comprende deben ser verificados al inicio de la audiencia de esta acción de libertad y antes de su envío a este Tribunal, más aun considerando que fueron solicitados a momento de la admisión de esta acción de defensa; obligando con dicha omisión a este Tribunal a solicitar a la autoridad accionada remitir dicha documentación, derivando en la subsecuente suspensión del plazo para emitir el fallo correspondiente e incidiendo en la demora en la resolución de la presente acción tutelar; por lo que, se exhorta al Juez de garantías que sustanció la presente acción de libertad, para que en lo futuro observe este aspecto y no incurrir en tal omisión. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 37/2021 de 26 de octubre, cursante de fs. 19 a 20 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia:
1º DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los argumentos expuestos en este fallo constitucional; y, 2º Exhortar a Edwin José Blanco Soria, Juez de Sentencia Penal Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz, conforme las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.5 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0921_2023-S3.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9f9fb14d898b3d5df8edd7b2c11c828a2b62df2f75fb16677d9a3726714ddc70
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →