Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 11 de agosto de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante considera lesionados su derecho a la libertad, al debido proceso, a la defensa; y, a la “atención eficaz y oportuna” en relación al principio de celeridad y a una justicia plural pronta, oportuna, gratuita, trasparente y sin dilaciones; alegando que, en audiencia de medidas cautelares de carácter personal, interpuso recurso de apelación incidental de forma verbal contra el Auto Interlocutorio de 20 de febrero de 2024. El Juez de la causa -ahora demandado-, no remitió el cuaderno de apelación al Tribunal de alzada, vulnerando sus derechos constitucionales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 9 de 12 de marzo de 2024, cursante de fs. 8 vta. a 10, pronunciada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela impetrada, únicamente en lo referente a la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso, ambos en vinculación directa con el principio de celeridad y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, en los mismos términos y alcances a lo dispuesto por el Tribunal de garantías; y, 2º DENEGAR la tutela en cuanto al derecho a la defensa, en el marco de lo expuesto en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0905/2025-S3 Sucre, 11 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 62750-2024-126-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución de 9 de 12 de marzo de 2024, cursante de fs. 8 vta. a 10, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mario Michel Rodríguez Suárez en representación sin mandato de Juan Carlos Villegas Sandoval contra Michael Jhoan Quiroga Llanos, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Cuatro Cañadas del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 11 de marzo de 2024, cursante de fs. 1 a 2, el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó que:
En audiencia de medidas cautelares de carácter personal, conforme a los art. 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE), en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, interpuso recurso de apelación incidental de forma verbal contra el Auto Interlocutorio de 20 de febrero de 2024. El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Cuatro Cañadas del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, no remitió el cuaderno de apelación al Tribunal de alzada, para definir su situación jurídica, en vulneración de sus derechos constitucionales.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa; y, a la “atención eficaz y oportuna” en relación al principio de celeridad y a una justicia plural pronta, oportuna, gratuita, trasparente y sin dilaciones, citando al efecto los arts. 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: la remisión del cuaderno de apelación al Tribunal de alzada.
Celebrada la audiencia pública el 12 de marzo de 2024, según consta en el acta cursante a fs. 8 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, ratificó in extenso los argumentos contenidos en su demanda tutelar.
Michael Jhoan Quiroga Llanos, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Cuatro Cañadas del departamento de Santa Cruz, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante de fs. 6 a 7.
La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 9 de 12 de marzo de 2024, cursante de fs. 8 vta. a 10, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada, en el día remita el cuaderno de apelación al Tribunal de alzada de turno a los fines legales; con base en los siguientes fundamentos: a) El accionante en audiencia de medidas cautelares de 20 de febrero de ese año, planteó apelación incidental de forma verbal e invocó la remisión del Auto Interlocutorio al Tribunal de alzada. El Juez demandado, hasta el planteamiento de la acción de libertad, no remitió el cuaderno de apelación; y, b) La autoridad demandada, no cumplió con los plazos previstos en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), teniendo veinticuatro horas para remitir el cuaderno de apelación; sin embargo, demoró injustificadamente.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-04/2024 de 9 de mayo, se dispuso la optimización en la gestión procesal por las resoluciones de acciones de libertad traslativo o de pronto despacho; por lo que, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional procedió con el sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Juan Carlos Villegas Sandoval -ahora accionante-, formuló recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio de 20 de febrero de 2024, que definió su situación jurídica dentro de la causa penal seguida en su contra -no se identifica la misma de los actuados adjuntos al expediente tutelar- (fs. 1, extractado de la demanda tutelar). No existiendo constancia en el expediente respecto a la remisión al Tribunal de alzada. II.2. La presente acción de libertad fue interpuesta el 11 de marzo de 2024, mereciendo el pronunciamiento de la Resolución 9 de 12 de ese mes y año, por el Tribunal de garantías (fs. 1 a 2; y, 8 a 10).
El accionante considera lesionados su derecho a la libertad, al debido proceso, a la defensa; y, a la “atención eficaz y oportuna” en relación al principio de celeridad y a una justicia plural pronta, oportuna, gratuita, trasparente y sin dilaciones; alegando que, en audiencia de medidas cautelares de carácter personal, interpuso recurso de apelación incidental de forma verbal contra el Auto Interlocutorio de 20 de febrero de 2024. El Juez de la causa -ahora demandado-, no remitió el cuaderno de apelación al Tribunal de alzada, vulnerando sus derechos constitucionales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre este tópico, la SCP 0420/2021-S2 de 16 de agosto, estableció que: «La SC 0044/2010-R de 20 de abril, respecto al hábeas corpus -hoy acción de libertad- traslativo o de pronto despacho, señaló: “…a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.
Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R)…”.
Bajo esta línea de entendimiento, la misma jurisprudencia constitucional ha recogido el desarrollo doctrinal sobre los tipos de acciones de libertad introduciendo precisamente como un componente de los alcances de la tutela que brinda la misma, en su modalidad traslativa, la cual se encuentra reconocida implícitamente por el art. 125 de la Norma Suprema. En el orden señalado, la SCP 0112/2012 de 27 de abril, reiterando la línea jurisprudencial sobre el deber de tramitar todas las cuestiones vinculadas con la libertad personal con la celeridad necesaria recordó que: “La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva”.
-ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: ‘(…) se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad La SCP 0571/2012 de 20 de julio, refirió: “…el hábeas corpus cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’”.
Por otra parte, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, de igual manera puntualizó: “...la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.
Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”.
Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, sostuvo que: “...la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”.
(…)
De todo lo anteriormente glosado, se puede concluir que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por finalidad acelerar los trámites judiciales o administrativos, cuando existan dilaciones ilegales o indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad» (las negrillas son nuestras).
Al respecto, el art. 180.I de la CPE señala que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”.
Asimismo, el art. 178.I de la indicada Norma Suprema, refiere que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”.
En correspondencia con la norma señalada, el art. 115.II de la Ley Fundamental determina que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; estableciéndose que, la administración de justicia debe ser rápida y eficaz tanto en la tramitación como en la resolución de las causas; puesto que, las personas que intervienen en los procesos esperan una decisión oportuna de su situación jurídica; máxime, si se encuentra comprometido de por medio el derecho a la libertad.
Por su parte, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determina que el principio de celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia.
La SC 0105/2003-R de 27 de enero, sostuvo que: “…Las Sentencias Constitucionales 758/2000-R y 1070/2001-R, entre otras, establecen que el principio de celeridad procesal (…) impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existiera, el plazo debería ser cumplido estrictamente” .
Asimismo, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sobre este principio sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud” (las negrillas son nuestras).
En relación al tema, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, señaló que: “El trámite del referido medio de impugnación, no establece que previo a su remisión ante el superior jerárquico, deba ser corrido en traslado para que las partes del proceso contesten, con el fin de proseguir el trámite. Por encontrarse de por medio el bien jurídico de la libertad, no puede estar sujeto a dilaciones indebidas que tendieren a demorar la pronta definición de la situación jurídica del imputado, debiendo en consecuencia, tramitarse dentro de los plazos establecidos por la norma adjetiva penal. Cabe agregar que, cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectúe el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación” (las negrillas nos corresponden). Entendimiento reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0062/2014 de 3 de enero y 0017/2016-S1 de 6 de igual mes. En ese sentido, la SCP 0435/2015-S3 de 17 de abril, sostuvo que: “La Constitución Política del Estado en su art 180.II, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; por lo que, dentro de un proceso judicial, una de las partes que no esté de acuerdo con una resolución emitida por el administrador de justicia o considere que la misma vulnera sus derechos o en alguna medida atenta contra sus intereses, tiene derecho a que dicha resolución sea revisada por un tribunal superior, en un plazo razonable y de forma oportuna; y éste determine si efectivamente el administrador de justicia obró correctamente. Para el recurso de apelación incidental de medidas cautelares, de forma específica el art. 251 del CPP, establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas, y una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, debiendo resolver el Tribunal de alzada en el plazo de setenta y dos horas…” (las negrillas son nuestras). Entendimiento reiterado por la SCP 0331/2021-S2 de 20 de julio.
Al respecto, en una sistematización referente al principio de presunción de veracidad, la SCP 0500/2018-S2 de 14 de septiembre, estableció que: “La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante.
Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el i) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, ii) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras.
(…)
En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
El accionante a través de su representante considera lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa; y, a la “atención eficaz y oportuna” en relación al principio de celeridad y a una justicia plural pronta, oportuna, gratuita, trasparente y sin dilaciones; alegando que, en audiencia de medidas cautelares de carácter personal, interpuso recurso de apelación incidental de forma verbal contra el Auto Interlocutorio de 20 de febrero de 2024. El Juez de la causa -ahora demandado-, no remitió el cuaderno de apelación al Tribunal de alzada, vulnerando sus derechos constitucionales.
En ese contexto, conforme el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, los administradores de justicia están en el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas. Exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal; toda vez que, tales peticiones deben ser atendidas con la celeridad posible o cuando menos dentro los plazos razonables. En este caso el Juez demandado, no remitió el cuaderno de apelación ante el Tribunal de alzada dentro del plazo de veinticuatro horas previsto por art. 251 del CPP, incurriendo así en una la dilación indebida; siendo que, la administración de la justicia, debe ser rápida y eficaz tanto en su tramitación como en la resolución de las causas.
De acuerdo al entendimiento expresado en la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.3, cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad.
En virtud al razonamiento jurisprudencial citado, en el caso que se analiza, una vez emitido el Auto Interlocutorio de 20 de febrero 2024, el impetrante de tutela a través de su representante, en audiencia, de manera oral interpuso apelación incidental. A cuyo efecto el Juez demandado, hasta el día del planteamiento de la acción tutelar, no remitió el cuaderno de apelación al Tribunal de alzada, aspecto que fue verificado por el Tribunal de garantías. Desde la emisión del citado fallo (20 de febrero de 2024) -Conclusión II.1-, hasta la celebración de esta acción de defensa (12 de marzo de igual año) -Conclusión II.2-, transcurrieron veintiún días, desconociendo con ello el plazo previsto en el art. 251 del CPP, el cual establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable en el efecto no suspensivo; y una vez formulado el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal de alzada, en el término de veinticuatro horas.
Cabe destacar que, si bien no consta ningún actuado del proceso penal del que emergió la presente acción de libertad, en el expediente, no habiendo presentado el Juez demandado informe escrito ni concurrido a la audiencia de garantías; en el caso, resulta aplicable lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.4, en cuanto al principio de presunción de veracidad de los hechos y de los actos denunciados por la parte accionante, teniéndose, por ende, como ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar, en relación a la dilación en la remisión de antecedentes del recurso de apelación interpuesto respecto a la decisión emitida por el Juez de la causa, sobre la situación jurídica del impetrante de tutela. En ese sentido, es viable otorgar la tutela conferida por la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados a la libertad; es decir, cuando existan dilaciones indebidas que retardan o evitar resolver la situación jurídica de una persona -Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional-.
Conforme a lo expuesto, la no remisión del referido trámite de apelación incidental, en plazo oportuno, vulneró los derechos del impetrante de tutela, a la libertad y al debido proceso, ambos en vinculación directa con el principio de celeridad y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; por cuanto, la negligencia y desidia con la que obró el Juez demandado, conllevó la demora en la revisión y resolución de su situación jurídica, por un Tribunal de alzada. En ese marco, concierne conceder en parte la tutela requerida, en relación a los citados derechos; precisando que, en lo concerniente al derecho a la defensa, compele denegarla, al haber sido solo citado en la acción tutelar, sin mayor explicación sobre su supuesta transgresión. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 9 de 12 de marzo de 2024, cursante de fs. 8 vta. a 10, pronunciada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela impetrada, únicamente en lo referente a la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso, ambos en vinculación directa con el principio de celeridad y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, en los mismos términos y alcances a lo dispuesto por el Tribunal de garantías; y, 2º DENEGAR la tutela en cuanto al derecho a la defensa, en el marco de lo expuesto en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas MAGISTRADO
1 (APELACIÓN): “La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0905_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2a2f9b5b4ed17bed8621f5d67d468e63071ed35a85765a27f94277aaac925033
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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