Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 11 de agosto de 2025
Concede la tutela
La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso vinculado al principio de celeridad; por cuanto, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, en audiencia de consideración de medidas cautelares de carácter personal, la Jueza de la causa -hoy demanda- mediante Auto Interlocutorio de 2 de febrero de 2024, ordenó su detención preventiva, ante lo cual interpuso recurso de apelación incidental de forma oral; sin embargo, hasta la presentación de esta acción de defensa la apelación no fue remitida ante el Tribunal de alzada, incumpliendo lo establecido en el art. 251 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/24 de 15 de febrero de 2024, cursante de fs. 14 vta. a 15 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada en la modalidad de acción de libertad innovativa, al evidenciarse la vulneración del derecho al debido proceso la libertad y el principio de celeridad de la accionante. 2º Exhortar a la ahora demandada Carla Lorena Añez Méndez, Jueza de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz; a no incurrir en lo sucesivo en dilaciones injustificadas e indebidas que vulneren derechos fundamentales y garantías constitucionales, más aún en la atención de trámites con solicitudes vinculadas al derecho a la libertad, como lo es el recurso de apelación incidental de medidas cautelares.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0904/2025-S3 Sucre, 11 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 62742-2024-126-AL Departamento Santa Cruz En revisión la Resolución 04/24 de 15 de febrero de 2024, cursante de fs. 14 vta. a 15 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Tamar Jimena Nina Yupanqui en representación sin mandato de Brenda Melgar Arroyo contra Carla Lorena Añez Méndez, Jueza de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 14 de febrero de 2024, cursante de fs. 5 a 6 vta., la accionante, a través de su presentante expresó que:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, en audiencia de consideración de medidas cautelares de carácter personal, la Jueza de la causa emitió el Auto Interlocutorio de 2 de febrero de 2024, ordenando su detención preventiva; en mérito a ello, interpuso recurso de apelación incidental en audiencia; sin embargo, hasta el momento de la formulación de esta acción, el mismo no ha sido remitido ante el Tribunal de Alzada.
Denunció la lesión de su derecho a la libertad, al debido proceso vinculado al principio de celeridad procesal y sin dilaciones, citando al efecto los arts. 22 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, y se declare procedente la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, restituyéndose sus derechos vinculados a la libertad, celeridad procesal y la dignidad, ordenando a la Jueza de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz que de forma inmediata se proceda conforme establece el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
Celebrada la audiencia pública de 15 de febrero de 2024, según consta en acta cursante a fs. 14 y vta. se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través de su representante reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar.
Carla Lorena Añez Méndez, Jueza de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, por informe escrito presentado el 15 de febrero de 2024, cursante a fs. 13 y vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada argumentando que: En su calidad de autoridad jurisdiccional dispuso la detención preventiva de la solicitante de tutela y ante el recurso de apelación incidental interpuesto, por Oficio 169/2024, remitió los antecedentes a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por lo que, no se ha vulnerado derecho alguno del accionante; y, resulta contradictorio e incoherente los fundamentos vertidos en la acción de libertad interpuesta.
El Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, a través de Resolución 04/24 de 15 de febrero de 2024, cursante de fs. 14 vta. a 15 vta., concedió la tutela solicitada disponiendo que en próximas actuaciones procesales se cumpla con los plazos establecidos por ley, máxime, si están vinculados con el derecho a la petición de mejorar la situación jurídica de la imputada ahora accionante, argumentando que: Dispuesta la detención preventiva en contra de la solicitante de tutela en audiencia de 2 de febrero de 2024, interpuso recurso de apelación incidental en dicho acto procesal y la consiguiente remisión de antecedentes en fotocopias legalizadas a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Santa Cruz fue realizada el 14 de febrero y recepcionada el 15 de febrero ambos del referido año, incumpliendo el plazo de veinticuatro horas dispuesto por el art. 251 del CPP.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-04/2024 de 9 de mayo (fs. 21 a 27), se dispuso el sorteo conforme al orden correlativo de las acciones traslativas o de pronto despacho clasificadas a la Sala voluntaria o piloto; en cumplimiento a dicha determinación la Comisión de Admisión de este Tribunal, según orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acción de libertad interpuesta por Tamar Jimena Nina Yupanqui en representación sin mandato de Brenda Melgar Arroyo contra Carla Lorena Añez Méndez, Jueza de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-(fs. 5 a 6 vta.). II.2. Informe escrito de 15 de febrero de 2024, presentado por la hoy demandada (fs. 13 y vta.). II.3. Oficio 169/2024 de 15 de febrero por el que se remitió el cuaderno procesal en original al Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías (fs. 12). II.4. Resolución 04/24 de 15 de febrero de 2024, emitida por el indicado Juez de garantías (fs. 14 vta. a 15 vta.).
La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso vinculado al principio de celeridad; por cuanto, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, en audiencia de consideración de medidas cautelares de carácter personal, la Jueza de la causa -hoy demanda- mediante Auto Interlocutorio de 2 de febrero de 2024, ordenó su detención preventiva, ante lo cual interpuso recurso de apelación incidental de forma oral; sin embargo, hasta la presentación de esta acción de defensa la apelación no fue remitida ante el Tribunal de alzada, incumpliendo lo establecido en el art. 251 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Respecto de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida la SCP 0141/2018-S2 de 30 de abril señaló que: “El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- `…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida´.
A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último `…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad´.
Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificados legalmente y no comparecen a la audiencia.
Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando: `d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP, ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley´.
De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el tribunal de apelación.
Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual, la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.
En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; decreto a partir del cual, se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del referido Código.
En ese contexto, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0619/2012 y 0633/2012, ambas de 23 de julio, que confirman el precedente constitucional contenido en las SSCC 1491/2003-R, 0276/2006-R y 0803/2010-R, determinan que tanto el decreto de remisión y la posterior audiencia de apelación, deben ser notificadas en la forma prevista por los arts. 161 y 162 del Código de Procedimiento Penal (CPP); señalando además que otras normas del mismo Código, establecen taxativamente, cuáles providencias o resoluciones deben ser notificadas en forma personal, entre las que no se encuentra, la que ordena la remisión de la apelación ante el tribunal de alzada, tampoco la que admite dicho recurso ni la que señala audiencia para considerar el mismo; concluyéndose por lo tanto, que la notificación que se practique con estas providencias, deben observar lo previsto en los artículos citados precedentemente.
La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en su Fundamento Jurídico III.3:
i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.
ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal.
iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. Página 11 de 14 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.
iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.
v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.
vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte.”
Sobre el particular, la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre dejó establecido que: “La doctrina constitucional ha desarrollado diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad-, así, entre ellos se tiene el habeas corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido.
En ese contexto argumentativo, la acción de libertad -innovativa- permite al agraviado o víctima de la vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, 'la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada'.
Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional.
(…)
'…entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias'.
(…)
Consiguientemente, a partir de la SCP 2491/2012, queda clara la reconducción de la jurisprudencia al entendimiento contenido en la SC 0327/2004-R, en sentido que procede la acción de libertad -bajo la modalidad innovativa- aún hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida o, en su caso el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal.
(…)
En ese contexto, el propósito fundamental de la acción de libertad no es únicamente el de reparar o disponer el cese del hecho conculcador, sino también de advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza contravienen el orden constitucional y, por consiguiente, son susceptibles de sanción, no pudiendo quedar en la impunidad, así, el acto lesivo haya desaparecido” (las negrillas son añadidas).
La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso vinculado al principio de celeridad; por cuanto, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, en audiencia de consideración de medidas cautelares de carácter personal, la Jueza de la causa hoy demandada mediante Auto Interlocutorio de 2 de febrero de 2024, ordenó su detención preventiva, ante lo cual interpuso recurso de apelación incidental de forma oral; sin embargo, hasta la presentación de esta acción de defensa el recurso de apelación incidental no fue remitido ante el Tribunal de alzada, incumpliendo lo establecido en el art. 251 del CPP. De la revisión de la acción tutelar interpuesta, (Conclusión II.1), así como del informe escrito de 15 de febrero de 2024, presentado por la autoridad demandada (Conclusión II.2) se puede advertir que el 2 de febrero de 2024, la Jueza de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada- dispuso la detención preventiva de la solicitante de tutela, quien en dicha audiencia interpuso de forma oral recurso de apelación incidental contra el indicado Auto Interlocutorio de la misma fecha y que hasta la presentación de la acción tutelar el 14 de febrero del referido año, el recurso de apelación incidental no fue remitida al correspondiente Tribunal de alzada para resolverse. Señalando la autoridad demandada en el informe de 15 de febrero del mencionado año que si cumplió con la remisión de los antecedentes mediante oficio 169/2024 sin mencionar la fecha del oficio ni adjuntar el mismo. Así plasmados los hechos traídos a colación, debemos considerar el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional el cual indica de forma taxativa que con relación al recurso de apelación incidental, cuando esta hubiere sido planteada de forma oral en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida; toda vez que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el tribunal de apelación. Refiere también el señalado fundamento jurídico que, excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación incidental y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual, la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En este sentido en el caso de análisis el recurso de apelación incidental se interpuso de forma oral en la audiencia de consideración de medida cautelar de 2 de febrero de 2024 y el día de la presentación de la acción tutelar 14 del mismo mes y año, dicho recurso de apelación incidental no fue remitido en alzada habiendo excedido por demás las veinticuatro horas establecidas por el art. 251 del CPP, incluso el plazo excepcional flexibilizado de tres días cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, además de que no se argumentó tales situaciones por la autoridad jurisdiccional, consiguientemente no existe una explicación de la dilación incurrida por la Jueza de la causa ahora demandada, habiendo excedido el plazo legal establecido para la remisión del recurso de apelación incidental de medida cautelar, constituyéndose en una dilación ilegal y por ende vulnerando el derecho al debido proceso y a la libertad de la impetrante de tutela; toda vez que, encontrándose privada de libertad la autoridad jurisdiccional debe atender su solicitud con la mayor celeridad y diligencia posible, más aun tomando en cuenta que en alzada se determinará sobre la libertad de la misma. Del mismo modo debemos tomar en cuenta lo manifestado por la autoridad demandada en el informe escrito de 15 de febrero de 2024, donde señala que a la fecha del referido informe, los antecedentes de la apelación incidental ya fueron remitidos por oficio 169/2024, lo cual es corroborado por el Juez de garantías en la Resolución 04/24 de 15 de febrero de 2024 que resuelve la acción tutelar (Conclusión II.4), donde manifiesta que ya se cumplió con el acto que está siendo reclamado en la acción tutelar, autoridad que contaba con el cuaderno procesal en original conforme el oficio de remisión 169/2024 de 15 de febrero (Conclusión II.3). Al respecto debemos remitirnos al Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional el cual indica que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. De esta manera evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la libertad de locomoción, pues no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino que en lo sucesivo no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales. En el análisis del caso concreto se puede advertir que si bien la autoridad jurisdiccional informó que el recurso de apelación incidental de medida cautelar fue remitido en alzada por oficio 169/2024 no consignó la fecha correspondiente del señalado oficio y dicha información la realizó en el informe presentado al juez de garantías el 15 de febrero de 2024, lo cual no lo absuelve de la responsabilidad de haber incurrido en una dilación indebida y vulneración del derecho al debido proceso y libertad de la accionante siendo aplicable la acción de libertad innovativa con el objetivo de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional por el incumplimiento del plazo establecido por el art. 251 del CPP para la remisión de la apelación incidental de medida cautelar al superior en grado, debiendo la autoridad jurisdiccional tomar en cuenta lo referido a fines de no incurrir nuevamente en la vulneración de derechos constitucionales por el incumplimiento de plazos establecidos en la norma legal aplicable al recurso de apelación incidental de medidas cautelares, más aun tomando en cuenta que es la libertad del solicitante que será dilucidada en la instancia superior, razón por la cual corresponde conceder la tutela. En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela impetrada, aunque con distintos fundamentos obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/24 de 15 de febrero de 2024, cursante de fs. 14 vta. a 15 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada en la modalidad de acción de libertad innovativa, al evidenciarse la vulneración del derecho al debido proceso la libertad y el principio de celeridad de la accionante. 2º Exhortar a la ahora demandada Carla Lorena Añez Méndez, Jueza de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz; a no incurrir en lo sucesivo en dilaciones injustificadas e indebidas que vulneren derechos fundamentales y garantías constitucionales, más aún en la atención de trámites con solicitudes vinculadas al derecho a la libertad, como lo es el recurso de apelación incidental de medidas cautelares. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0904_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4c14cd8c21c8ff0d0c08fb741609f77fd104c2ca001175203054ca15f1c92601
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