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SCP 0903/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 11 de agosto de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
11 de agosto de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
62817-2024-126-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

La impetrante de tutela a través de su representante, alegó la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, vinculado al principio de celeridad; toda vez que, habiendo interpuesto recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 17 de febrero de 2024, que dispuso la medida cautelar de detención preventiva en su contra y habiéndose remitido el legajo procesal a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, transcurrieron dieciséis días y los Vocales demandados no programaron la correspondiente audiencia de consideración y resolución del recurso de apelación incidental, incurriendo en dilación procesal e impidiéndole poder formular nuevamente solicitud de cesación de la detención preventiva en el Juzgado de origen. En consecuencia, en revisión corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2024 de 7 de marzo, cursante de fs. 39 a 41, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en la modalidad de acción de libertad innovativa, sobre los derechos a la libertad, al debido proceso, a una justicia pronta y oportuna, vinculado al principio de celeridad, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2° Exhortar a las autoridades demandadas a no incurrir en lo posterior en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales y garantías constitucionales, menos aún en la atención de los trámites y solicitudes vinculados con el derecho a la libertad.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, así como de la acción de libertad innovativa
  2. III.2. Obligación del tribunal de alzada de resolver el recurso de apelación incidental contra resoluciones que imponen, rechazan o modifican medidas cautelares
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0903/2025-S3 Sucre, 11 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 62817-2024-126-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 03/2024 de 7 de marzo, cursante de fs. 39 a 41, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Esther Chacón Marín en representación sin mandato de Lucía Carmen Meruvia Fara contra Heiddy Elizabeth Zapata Montaño y Adalid César Quiróz Vera, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 6 de marzo de 2024, cursante de fs. 21 a 22 vta., la accionante a través de su representante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 17 de febrero de 2024 se celebró audiencia de medidas cautelares, que determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Sebastián Mujeres de Cochabamba, por treinta días, resolución contra la cual interpusieron recurso de apelación incidental el Ministerio Público y su defensa, remitiendo actuados, el 19 del mismo mes y año, ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Desde la fecha antes señalada hasta la presentación de la acción tutelar, el tribunal ad quem no programó la audiencia respectiva, habiendo transcurrido dieciséis días, a pesar de reiterados reclamos y solicitud de priorización de sorteo por encontrarse delicada de salud, dilatando el trámite e incumpliendo obligaciones, aspecto que constituye un acto dilatorio en la tramitación de su recurso que no puede ser resuelto en un plazo razonable, dejándola en una incertidumbre jurídica.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, vinculado al principio de celeridad, citando al efecto los arts. 23 y 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que las autoridades demandadas en el plazo de veinticuatro horas programen audiencia para la consideración del recurso de apelación.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 7 de marzo de 2024, según consta en acta cursante a fs. 38 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su representante, ratificó en su integridad los extremos señalados en su memorial de acción de libertad y amplió en los siguientes términos, “a la fecha” -se entiende de realización de la audiencia de garantías- existe señalamiento de audiencia, pero no se cumplió el plazo establecido en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), las autoridades demandadas debieron celebrar la audiencia en el plazo de veinticuatro horas, por haber transcurrido superabundantemente el término legal.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Heiddy Elizabeth Zapata Montaño y Adalid César Quiróz Vera, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por informe escrito presentado el 7 de marzo de 2024, cursante de fs. 36 a 37 vta., manifestaron que: a) El objeto procesal de la acción desapareció, correspondiendo la sustracción de materia; toda vez, que, la eventual concesión de la tutela sería ineficaz e innecesaria; y, b) La Sala que representan tiene excesiva carga laboral, priorizando las audiencias según los delitos y los que correspondan a sectores vulnerables; sin embargo, se señaló audiencia en el caso de la accionante para el 11 de marzo de 2024, habiéndose notificado a las partes, antes de la notificación con la acción de libertad, correspondiendo denegar la tutela por sustracción de materia.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Martha Beatriz Saavedra Urquizu, en representación del Ministerio Público en audiencia señaló: para la acción de libertad se debe tener en cuenta los presupuestos del art. 125 de la CPE, en el proceso penal hay imputación formal por un hecho en flagrancia por la cual se emitió el Auto Interlocutorio de 17 de febrero de 2024 que dispuso la detención preventiva de la accionante de conformidad a los arts. 393 bis., 393 ter. y 393 quater. del CPP, aplicándose el principio de inmediatez.

I.2.4. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 03/2024 de 7 de marzo, cursante de fs. 39 a 41, concedió la tutela impetrada, disponiendo que los Vocales demandados celebren audiencia -de consideración de recurso de apelación incidental- en el plazo de veinticuatro horas, basándose en los siguientes fundamentos: 1) De conformidad al art. 251 del CPP, el Tribunal de alzada debe resolver el recurso “dentro los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior. Y conforme analizó el TCP en su reiterada jurisprudencia, el plazo para fijar audiencia en apelación y resolver el recurso es de tres días, por lo que se incurrirá en dilación indebida…” (sic); 2) Desde el 19 de febrero de 2024, la causa radica en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba y señaló audiencia para el 11 de marzo del mismo año, más de veinte días después, ocasionando retardación en la definición de la situación jurídica de la impetrante de tutela; y, 3) Sobre los excesivos señalamientos de audiencia de la Sala de los Vocales demandados, no fueron respaldados con documentación alguna; empero, la accionante demostró su delicado estado de salud.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-04/2024 de 9 de mayo de Optimización de la Gestión Procesal para Resolución de las Secciones de Libertad, cursante de fs. 48 a 54, se dispuso, en lo central, el sorteo conforme el orden cronológico de las acciones de libertad traslativas o de pronto despacho; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente acción tutelar.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa Auto Interlocutorio de 17 de febrero de 2024, que determinó la medida cautelar de detención preventiva de la accionante, en el Centro Penitenciario San Sebastián Mujeres de Cochabamba y recurrido en apelación incidental en la misma audiencia por el Ministerio Público y la impetrante de tutela (fs. 15 vta. a 17). II.2. Mediante oficio de 19 de febrero de 2024, el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, remitió la apelación incidental de medida cautelar, con Código Único 301102052400037, sustanciado por el Ministerio Público contra Lucía Carmen Meruvia Fara -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, con cargo de recepción de 21 del mismo mes y año a horas 10:55 (fs. 20). II.3. Por decreto de 22 de febrero de 2024, emitido por la Secretaria de Cámara de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, señaló “…Audiencia para Vista y Resolución de la Apelación para el día lunes 11 de marzo de 2024 a horas 13:00…” (sic), notificado a las partes el 7 de marzo de igual año (fs. 31 a 35).

III. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL FALLO

La impetrante de tutela a través de su representante, alegó la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, vinculado al principio de celeridad; toda vez que, habiendo interpuesto recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 17 de febrero de 2024, que dispuso la medida cautelar de detención preventiva en su contra y habiéndose remitido el legajo procesal a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, transcurrieron dieciséis días y los Vocales demandados no programaron la correspondiente audiencia de consideración y resolución del recurso de apelación incidental, incurriendo en dilación procesal e impidiéndole poder formular nuevamente solicitud de cesación de la detención preventiva en el Juzgado de origen. En consecuencia, en revisión corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, así como de la acción de libertad innovativa

La SCP 0011/2014 de 3 enero, señaló que: “…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, extraída de la declaración del objeto y finalidad de la acción de libertad (art. 125 de la CPE) cuya comprensión se encuentra recogida en las SSCCPP 0017/2012 y 0112/2012, entre otras, en razón al desarrollo que hicieron las SSCC 1579/2004-R, 0465/2010-R y 0044/2010-R; busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos.

(…) Ahora bien, existen supuestos en los cuales posteriormente a las dilaciones indebidas y ante la formulación de la acción de libertad, la autoridad judicial demandada resuelve inmediatamente la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; sin embargo, este aspecto no elimina la posibilidad que mediante esta acción se evalúe la actividad de la autoridad demandada, en cuanto la acción de libertad se configura también bajo la modalidad innovativa. La misma que procede a efectos de tutelar una situación de dilación indebida cuando ésta ya ha cesado, a efectos de no dejar en impunidad el actuar lesivo de quien ha vulnerado el derecho a la libertad. (…) Recogiendo el espíritu de ésta Sentencia Constitucional; asimismo, la construcción doctrinal del voto disidente de 22 de julio de 2010, respecto de la SC 0451/2010-R de 28 de junio -que estableció que la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe, caso contrario, se desnaturalizaría su esencia-, entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias” (SCP 2491/2012 de 3 de diciembre) (las negrillas son añadidas).

III.2. Obligación del tribunal de alzada de resolver el recurso de apelación incidental contra resoluciones que imponen, rechazan o modifican medidas cautelares

La SCP 0288/2024-S3 de 3 de junio, estableció que: “El art. 251 del CPP, en su parte final, al respecto señala que: ‘…El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior’. La SCP 1471/2012 de 24 de septiembre, estableció que: ‘…los tribunales de alzada, cuando resuelven las apelaciones incidentales planteadas contra el establecimiento, revocatoria o sustitución de medidas cautelares, están sujetos al cumplimiento de varios requisitos; entre ellos, por imperio de lo preceptuado por el art. 251 del CPP, a fijar audiencia para su consideración, a desarrollarse dentro de los tres días siguientes a la recepción del recurso, sin recurso ulterior. Obligación que constituye una potestad reglada, es decir, que no queda a criterio de los administradores de justicia, el señalamiento o no, de la audiencia para la resolución del caso, sino que están constreñidos a celebrarla, en cumplimiento de lo estipulado por la precitada norma legal (…) (…) al encontrarse en tela de juicio un derecho de carácter primario para el desarrollo de la persona, como es la libertad física así como la de locomoción; por lo que, el constituyente boliviano dejó expresamente establecido que dicho derecho es inviolable y, respetarlo y protegerlo es un deber primordial del Estado (…) Desde esa perspectiva, ante la presentación de un incidente en materia penal o de su apelación, éstos deben ser tramitados conforme a los principios constitucionales y las normas procedimentales de la materia; entre ellos, seguridad jurídica, celeridad y legalidad (arts. 178 y 180 de la CPE)’” (el resaltado nos corresponde).

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante a través de su representante, alegó la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, vinculado al principio de celeridad; toda vez que, habiendo interpuesto recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 17 de febrero de 2024, que dispuso la medida cautelar de detención preventiva en su contra y habiéndose remitido el legajo procesal a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, transcurrieron dieciséis días y los Vocales demandados no programaron la correspondiente audiencia de consideración y resolución del recurso de apelación incidental, incurriendo en dilación procesal e impidiéndole formular nuevamente solicitud de cesación de la detención preventiva en el Juzgado de origen. La acción de libertad se constituye en un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador que tiene como objeto la protección o tutela de los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro, siendo su tramitación especial y sumarísima, reforzada por características como la inmediatez en la protección, el informalismo, generalidad e inmediación, características reiteradas en el Código Procesal Constitucional, por ende los presupuestos para su activación constituyen los atentados contra el derecho a la vida, la afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción, los actos y omisiones que constituyan procesamiento indebido y los actos y omisiones que impliquen persecución ilegal o indebida. Ahora bien, dentro del caso que se analiza, se estableció la interposición del recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de consideración de aplicación de medidas cautelares de 17 de febrero de 2024 que dispuso la medida cautelar de detención preventiva de la accionante en el Centro Penitenciario San Sebastián Mujeres de Cochabamba; Resolución que fue apelada por el Ministerio Público y la impetrante de tutela (Conclusión II.1) y remitido al Tribunal de alzada según cargo de recepción el 21 de similar mes y año (Conclusión II.2), sin que hasta fecha de interposición de la acción de libertad se haya celebrado la audiencia y emitido la resolución correspondiente, incumpliendo con el plazo estipulado en el art. 251 del CPP. Así también, adjunto al informe de los Vocales demandados se presentó el decreto de 22 de febrero de 2024 señalando audiencia para el 11 de marzo de la misma gestión a horas 13:00, notificado a las partes el 7 de similar mes y año (Conclusión II.3). Bajo ese contexto, corresponde precisar que son veinte días a computar, desde la remisión del recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada de 21 de febrero de 2024, hasta la realización de la audiencia de consideración del recurso de apelación de la cesación de la detención preventiva, a efectuarse el 11 de marzo del mismo año, como se evidenció de los datos extractados del oficio de remisión y el proveído de señalamiento de audiencia emitido por la Secretaria de Cámara de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, incumpliendo el plazo de tres días siguientes a la recepción del recurso, conforme determina el art. 251 del CPP y según lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, y el argumento de “excesivos señalamientos de audiencias programadas a diario” para justificar una negligencia e incumplimiento de un deber de servicio a la sociedad; no resulta ser justificativo para incurrir en una dilación en el plazo establecido por ley. En ese sentido, por lo señalado anteriormente, la problemática expuesta en revisión, versa en la demora del señalamiento de la audiencia para considerar la apelación incidental, la dilación en la efectivización de la misma y el auto de vista que resuelva dicho recurso, con la mayor celeridad posible o dentro de los plazos establecidos por ley, celebración y resolución que no se materializaron hasta la fecha de presentación de la acción tutelar; en ese entendido, y conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, en el cual se establece que la autoridad administrativa o judicial, debe atender las tramitaciones a su cargo en el plazo otorgado por la norma más aún cuando se trata de privados de libertad y si estos se ven afectados por alguna dilación relacionada con su derecho a la libertad, pueden activar la presente acción de defensa en su modalidad traslativa o de pronto despacho, con el fin de acelerar la resolución del actuado procesal impetrado; en ese sentido, es imperante otorgar la tutela a favor de la accionante, puesto que las Autoridades demandadas lesionaron su derecho al debido proceso, aun así hayan señalado audiencia, pues esta se encuentra fuera de los cánones establecidos en el ordenamiento jurídico, vinculado a la libertad y al principio de celeridad, debiendo los demandados tener claro que, dicha conducta es contraria al orden constitucional; en similar contexto, en la modalidad innovativa de esta acción tutelar, la autoridades jurisdiccionales tienen la responsabilidad de evitar incurrir en una similar vulneración en contra de la ahora accionante u otros ciudadanos en similares circunstancias a fin de no obrar contra los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad -art. 73 y 74 de la CPE- en el marco también de los razonamientos expresados en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional. En consecuencia, la Jueza de garantías al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2024 de 7 de marzo, cursante de fs. 39 a 41, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en la modalidad de acción de libertad innovativa, sobre los derechos a la libertad, al debido proceso, a una justicia pronta y oportuna, vinculado al principio de celeridad, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2° Exhortar a las autoridades demandadas a no incurrir en lo posterior en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales y garantías constitucionales, menos aún en la atención de los trámites y solicitudes vinculados con el derecho a la libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0903_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.

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