Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 11 de agosto de 2025
Concede la tutela
La accionante, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica; puesto que, a pesar de haber transcurrido más de sesenta días desde que interpuso apelación contra la Resolución 621/2022 de “20 de octubre”, que denegó la cesación a la detención domiciliaria y el levantamiento de medidas cautelares; la misma no fue remitida a la instancia superior para su análisis y consideración. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 09/2023 de 8 de febrero, cursante de fs. 11 a 12, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela, conforme a los Fundamentos Jurídicos precedentemente expuestos. 1. Exhortar al Juez y Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, para que, en futuras actuaciones análogas al presente caso, asuman sus funciones con responsabilidad y celeridad posible, evitando demora o dilación indebida; de acuerdo a los entendimientos asumidos en el presente fallo. 2. Disponer que por Secretaría General de este Tribunal, se remita copia legalizada del presente fallo constitucional al Presidente del Consejo de la Magistratura, a efectos que se determine lo que en derecho corresponda, en cuanto a la actuación de los demandados, conforme los Fundamentos Jurídicos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0901/2025-S3 Sucre, 11 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 54171-2023-109-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 09/2023 de 8 de febrero, cursante de fs. 11 a 12, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Guiselle Rosa García López, en representación sin mandato de María Eidy Roca de Sangueza contra William Presvítero Rodríguez Álvares, Juez; y, Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 7 de febrero de 2023, cursante de fs. 2 a 3 vta.; a través de su representante sin mandato, expresó que:
Dentro del proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público en su contra, se encuentra cumpliendo detención domiciliaria, por la presunta comisión del delito de contratos lesivos al Estado, por Resolución 621/2022 de “20 de octubre”, se rechazó su solicitud de modificación de medidas cautelares, en la misma audiencia interpuso el recurso de apelación. Conforme a normativa vigente, dicho recurso debió remitirse en el plazo de veinticuatro horas ante el superior en grado, con el fin de que se resuelva el recurso planteado, empero la remisión no fue efectivizada.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso y seguridad jurídica, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se le conceda la tutela; y en consecuencia “se ordene la remisión de obrados al superior en grado y está sea en el día” (sic).
Celebrada la audiencia pública virtual, el 8 de febrero de 2023, según consta en acta cursante a fs. 10 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
La impetrante de tutela a través de su representante, ratificó in extenso los argumentos contenidos en su demanda tutelar y ampliándolos, señaló que: a) Se encuentra cumpliendo detención domiciliaria más de un año, debido a una causa que le sigue el Ministerio Público, “por actividades que hubiera desarrollado a partir del Ministerio de Salud, durante un gobierno transitorio” (sic); b) En la última audiencia de levantamiento de medidas cautelares, solicitada en razón a su delicado estado de salud; puesto que, la accionante cursaba “alzhéimer” y también hizo referencia a la epidemia del dengue que estaba presente en el departamento de Santa Cruz, por lo que era necesario que la accionante recibiera una atención de salud adecuada, se denegó dicha solicitud, sin considerar que es una mujer de la tercera edad, su estado crítico de salud y que necesita tratamientos especializados; c) Su solicitud de apelación se encuentre pendiente para ser resuelta desde hace más de sesenta días.
William Presvítero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito, cursante a fs. 9, presentado el 8 de febrero de 2023, mientras se realizaba la audiencia de consideración de la acción tutelar, solicitó que se deniegue la tutela con base en lo siguiente: 1) Revisado el cuaderno de control jurisdiccional se evidencia que el 20 de octubre de 2022, se llevó a cabo audiencia de modificación de medidas cautelares; 2) Habiendo apelado la parte accionante la Resolución 621/2022, la causa se encuentra “radicando” en la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de justicia de La Paz, señaló que adjuntó oficio de remisión [nota: “TDJ/JAV5/OFI N° 030/2023” (sic)]; 3) Puso a conocimiento que la causa cuenta con mas de diez imputados, siendo de imposible cumplimiento la remisión en obrados originales debido a que se estaría dejando en indefensión a los demás imputados; y, 4)
Dejó en constancia que la parte apelante no se aproximó a proveer fotocopias para el formado de legajo de apelación. Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia, solicitó que se deniegue la tutela, señalando que: i) El proceso consta de quince cuerpos y no se pudo enviar en originales, en razón de que son más de tres -siendo lo correcto diez- imputados, los implicados en el proceso y remitir los originales sería vulnerar los derechos de los otros inculpados; ii) Habiendo tomado contacto, con la abogada de la accionante, para que provea las fotocopias del proceso, se cuenta con algunas fotocopias, textualmente indicó: “saco de algunos cuerpos pero no de la totalidad” (sic) aduciendo que ese sería el motivo para la no remisión de los antecedentes de la apelación, además las Salas observaron que faltaban algunas piezas procesales del cuaderno de apelación; y, iii) Finalizó indicando que los antecedentes, fueron remitidos a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se tiene el oficio de remisión de “8 de febrero”.
El Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 09/2023 de 8 de febrero, cursante de fs. 11 a 12, denegó la tutela, al considerar que el motivo y el petitorio de la acción de libertad fue cumplido, decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) Respecto a la naturaleza de la acción de libertad citó los arts. 125 de la CPE y 46 del Código Procesal Constitucional(CPCo); b) Con base en las SSCC 0662/2013 de 31 de mayo, 0044/2010-R de 20 de abril, 0673/2013 de 3 de junio, se refirió a la línea jurisprudencial traslativa de pronto despacho dentro de las acciones de libertad; c) En el caso de autos se reclamó que desde el mes de octubre no se había remitido la apelación al superior en grado, reclamo realizado ante el órgano jurisdiccional; sin embargo, el informe remitido por el Juez demandado señala que el control jurisdiccional es contra diez sindicados y son quince cuerpos, por ello no se puede remitir los originales, en razón que también los otros sindicados tienen derecho de hacer uso del cuaderno de control jurisdiccional; d) Si bien el Consejo de la Magistratura provee fotocopias mensualmente, es en una cantidad mínima, que se utiliza con prioridad para notificaciones; para remitir una apelación se deben sacar fotocopias que también deben cubrir la parte apelante, si bien se tiene principios que rigen la jurisdicción ordinaria, entre ellos el de gratuidad (art. 180 de la CPE); sin embargo, existen situaciones en las que no se puede cumplir con este principio, no corresponde a los servidores de apoyo jurisdiccional cubrir el costo de fotocopias de una apelación y es por eso que las partes deben proveer fotocopias para remitir los recursos que son planteados en su momento procesal; e) No obstante, cuando la parte apelante no provee las fotocopias, debe constar en antecedentes al igual que la conminatoria para su cumplimiento, en su caso hacer conocer al Consejo de la Magistratura para que provea fotocopias, finalmente disponer la remisión de antecedentes en originales, en razón que cuando se trata de medidas cautelares personales el plazo establecido en el art. 251 del CPP es de veinticuatro horas, el Juez y el personal de apoyo deben cumplir con los plazos procesales; y, f) Se tiene presente el informe y la fotocopia del oficio, del cual consta que la apelación fue remitida en la presente fecha, es decir 8 de febrero de 2023 a horas 12:50 fue recepcionada la apelación en la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa nota: “TDJ/JAV5/OFI N° 030/2023”, de 8 de enero de 2023,
“CUD:201102012003234”, bajo referencia “REMISIÓN DE OBRADOS EN FOTOCOPIAS LEGALIZADAS DE APELACIÓN INCIDENTAL DE MEDIDA CAUTELAR – RESOLUCIÓN 621/2022 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2022” (sic), cuyo contenido señala: “En fs. (227.-) Útiles, remito fotocopias legalizadas de piezas pertinentes dentro del proceso MINISTERIO PÚBLICO contra MARIA EIDY ROCA por el presunto delito de CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO asignado con el número de CÓDIGO ÚNICO 201102012003234” [sic (fs. 8)].
La accionante, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica; puesto que, a pesar de haber transcurrido más de sesenta días desde que interpuso apelación contra la Resolución 621/2022 de “20 de octubre”, que denegó la cesación a la detención domiciliaria y el levantamiento de medidas cautelares; la misma no fue remitida a la instancia superior para su análisis y consideración. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela.
La SCP 0011/2014 de 3 enero, señaló que: “…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, extraída de la declaración del objeto y finalidad de la acción de libertad (art. 125 de la CPE) cuya comprensión se encuentra recogida en las SSCCPP 0017/2012 y 0112/2012, entre otras, en razón al desarrollo que hicieron las SSCC 1579/2004-R, 0465/2010-R y 0044/2010-R; busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos. (…)
Ahora bien, existen supuestos en los cuales posteriormente a las dilaciones indebidas y ante la formulación de la acción de libertad, la autoridad judicial demandada resuelve inmediatamente la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; sin embargo, este aspecto no elimina la posibilidad que mediante esta acción se evalúe la actividad de la autoridad demandada, en cuanto la acción de libertad se configura también bajo la modalidad innovativa. La misma que procede a efectos de tutelar una situación de dilación indebida cuando ésta ya ha cesado, a efectos de no dejar en impunidad el actuar lesivo de quien ha vulnerado el derecho a la libertad. (…) Recogiendo el espíritu de ésta Sentencia Constitucional; asimismo, la construcción doctrinal del voto disidente de 22 de julio de 2010, respecto de la SC 0451/2010-R de 28 de junio -que estableció que la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe, caso contrario, se desnaturalizaría su esencia-, entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias…” (las negrillas son añadidas).
La accionante viene cumpliendo detención preventiva domiciliaria, emergente del proceso penal seguido en su contra a instancia del Ministerio Público, por el presunto delito de contratos lesivos al Estado, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica; puesto que, a pesar de haber transcurrido más de sesenta días desde que interpuso apelación contra la Resolución 621/2022 de “20 de octubre”, que denegó la cesación a la detención domiciliaria y el levantamiento de medidas cautelares; la misma no fue remitida a la instancia superior para su análisis y consideración.
Encontrándose identificada la problemática a resolver por medio de esta acción tutelar, se debe analizar los supuestos que llevaron a la demora en la tramitación de la causa, afectando la situación jurídica de la imputada al no haber sido analizada su apelación; en ese sentido, dentro de los mecanismos de defensa se cuenta con la acción de libertad bajo la modalidad traslativa o de pronto despacho, que será aplicada cuando se pretenda acelerar los trámites judiciales o administrativos en caso de existir dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad; debe considerarse inicialmente que el art. 251 del CPP, establece el término de veinticuatro horas para la remisión de una apelación; conforme se tiene de la demanda presentada por el accionante, así como de los informes presentados por los demandados, el expediente procesal no fue remitido a la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. En ese contexto, del análisis que nos ocupa, al no haber sido remitida la apelación a la instancia superior en grado, para quepueda considerar la solicitud de cesación a la detención domiciliaria de la impetrante de tutela, contraviniendo el plazo del veinticuatro horas, previsto para el efecto, se generó una demora indebida, prácticamente el proceso se encontraba paralizado, al no haber sustanciado su recurso ante la instancia correspondiente; en ese sentido y de conformidad con lo desglosado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, correspondía conceder la tutela demandada al advertirse el perjuicio que se ocasionó con la actuación dilatoria en la que incurrieron los demandados. Ahora bien, por nota presentada por el Juez demandado, consta la remisión de los antecedentes a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (Conclusión II.1); empero, la misma fue remitida después de interpuesta la presente acción tutelar, inclusive después de ser citada la autoridad demandada. En ese sentido, si bien la acción u omisión cometida por los demandados ya cesó o fue superada por haberse remitido los antecedentes de la apelación incidental al superior en grado, debe tenerse presente el tiempo transcurrido entre la presentación de la apelación y la fecha de remisión de la misma (más de tres meses y medio); por lo cual este Tribunal, siguiendo lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, advertido el retardo injustificado, no puede convalidar la señalada lesión a derechos fundamentales, más aún cuando se encuentra involucrada la libertad física de una persona de la tercera edad que alega problemas de salud; por cuanto, la finalidad de la presente acción tutelar, no es solamente la de disponer la finalización del hecho lesivo, sino también exhortar a los funcionarios judiciales a evitar conductas que conlleven una dilación indebida; inclusive la autoridad demandada, se hallaba plenamente facultada a remitir los actuados necesarios en copia conforme a los lineamientos de la SCP 0528/2014 de 10 de marzo; empero, en ningún caso generar una dilación indefinida del recurso de apelación. Por lo cual corresponde conceder la tutela de la acción de libertad en su modalidad innovativa. CORRESPONDE A LA SCP 0901/2025-S3 (vine de la página 6) En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 09/2023 de 8 de febrero, cursante de fs. 11 a 12, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela, conforme a los Fundamentos Jurídicos precedentemente expuestos. 1. Exhortar al Juez y Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, para que, en futuras actuaciones análogas al presente caso, asuman sus funciones con responsabilidad y celeridad posible, evitando demora o dilación indebida; de acuerdo a los entendimientos asumidos en el presente fallo. 2. Disponer que por Secretaría General de este Tribunal, se remita copia legalizada del presente fallo constitucional al Presidente del Consejo de la Magistratura, a efectos que se determine lo que en derecho corresponda, en cuanto a la actuación de los demandados, conforme los Fundamentos Jurídicos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Paola Verónica Prudencio Candia Ángel Edson Dávalos Rojas MAGISTRADA MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0901_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 141f184fedb21f198f46518c2403d05a9b60fca6dd79abbc03e32ee4343ea7e6
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →