Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 30 de julio de 2025
Deniega la tutela
El peticionante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, al principio de publicidad y accesibilidad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra y radicada la causa ante la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz, el 26 de enero de 2023, presentó ante la autoridad demandada una solicitud para que todos los actuados del citado proceso “se hallen cargados” y se habilite el portafolio digital a favor de su abogado defensor y se emitan requerimientos fiscales; empero, “a la fecha” no tiene acceso a todos y cada uno de los documentos en el portafolio Justicia Libre, ahora “ECOSISTEMA JL2”, siendo que los mismos deben actualizarse permanentemente; de esta forma, precisa la omisión de actos propios del Ministerio Público que provocaron su situación de vulnerabilidad y riesgo, y sean aplicadas en su favor medidas cautelares y “protectivas”. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, al efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; iii) La solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por la Leyes 1173 y 1226; y, iv) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 02/2023-A de 31 de enero, cursante de fs. 22 a 24, pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela impetrada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional; y, 2º Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, manteniendo la validez de los actos posteriores a la concesión de la tutela efectuada a través de la Resolución del mencionado Juez de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0885/2025-S1 Sucre, 30 de julio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 53905-2023-108-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 02/2023-A de 31 de enero, cursante de fs. 22 a 24, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Andrés Salvador Vaca Bollati en representación sin mandato de Francisco Wilfredo Peñaranda contra Javier Berthy Huanca Yujra, Fiscal de Materia de Caranavi del departamento de La Paz.
Mediante el memorial presentado el 31 de enero de 2023, cursante de fs. 13 a 15, el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, a denuncia de su hija Daneyza Peñaranda Collo en su contra, por la presunta comisión del delito de violación previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP), el 25 de enero de 2023, se radicó la causa para conocimiento de la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz. Presentó una solicitud ante el Fiscal de Materia -ahora demandado- referida a que todos “los actuados se hallan cargados” (sic), en especial se habilite portafolio digital a favor de su abogado defensor y emita requerimientos fiscales; ya que, la habilitación en “ECOSISTEMA JL2” debe ser de manera inmediata a la presentación de la solicitud de apersonamiento de 26 de enero de 2023. Por lo que, solicitó -a la autoridad demandada- requiera: a) Al Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) emita un informe del impetrante de tutela; b) Al “Servicio” Nacional de Migración para que emita certificado de flujo migratorio e informe sobre su trámite de pasaporte; c) A la Policía Rural y Fronteriza de Caranavi, franquee Certificado de Antecedentes Policiales, correspondiente a su persona; d) Al Servicio Integral Municipal de Guanay “…para que realice valoración psicológica y social FRANCISCO WILFREDO PEÑARANDA (…) y que no existe otro Municipio Cercano a mi domicilio para poder efectuar dicho actuado importante a fin de conocer mi situación psico social” (sic); e) A la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Caranavi, remita copia legalizada del Informe Psicológico con cite GAMC/DNA/INF/PSI 172/2022 de 21 de julio y el Informe Social Preliminar con cite GAMC/DDH/DNA-TS/INF/078/2022 de igual día y mes; f) Al Centro Integral de Salud “Teoponte”, posibilite la atención en “TELESALUD” y remita informe médico especializado y atención en Psicología, para valorar el estado de salud de su persona; y, g) A la Fiscalía Especializada en delitos en razón de género y justicia penal juvenil de El Alto del departamento de La Paz, “…que remita copias legalizadas del cuaderno de investigación con CUD 201502022206433, ya que mi hija por encubrir los delitos cometidos contra mi nieta me endilga como autor de estos delitos” (sic). Así, “…AYER 30.01.2023 ni HOY 31.01.2023 se pudo dejar de forma física la solicitud PORQUE SE ENCUENTRA CON PUERTAS CERRADAS LAS OFICINAS DEL MINISTERIO PUBLICO DE CARANAVI de tal forma que presente CONTROL JURISDICCIONAL al Juez de la causa quien me notifica que POR RESOLUCION No. 56/2023-P de 26 de enero formulo EXCUSA y mientras sea elevada en Consulta (3 días por tratarse de Provincia) y luego la remisión a este Asiento Judicial de Guanay mi vida y salud corren riesgo; POR ESTOS ANTECEDENTES DESCRITOS preciso actos propios del MINISTRIO PUBLICO para que se demuestre MI SITUACION DE VULNERABILIDAD Y RIESGO y se aplique también a mi favor MEDIDAS CAUTELARES Y PROTECTIVAS YA QUE SOY ADULTO MAYOR ATACADO FEROZMENTE POR MI HIJA. El ministerio público debe actualizar en SISTEMA JL1 Y ECOSISTEMA JL2 con todas las actuaciones que cursan en el cuaderno de investigación…” (sic). No tiene “a la fecha” acceso a todos y cada uno de los documentos en el portafolio Justicia Libre, ahora “ECOSISTEMA JL2”; por lo que, debe actualizarse permanentemente, más aún considerando según los documentos médicos adjuntos la vigencia de teletrabajo y ejercer defensa por medios tecnológicos “…por el estado de salud del abogado defensor…” (sic) que no le permite reuniones presenciales y su situación de vulnerabilidad como imputado por ser de la tercera edad.
El peticionante de tutela a través de su representante sin mandato, identifica como lesionado su derecho a la defensa y al principio de publicidad y accesibilidad, citando al efecto a los arts. 21.6, 115.II, 119 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga “…AUDIENCIA VIRTUAL A FIN QUE TODOS LOS ACTUADOS SEAN SUBIDOS A SISTEMA JUSTICIA LIBRE ECOSISTEMA JL2 Y SE HABILITE MIS ABOGADOS DEFENSORES Y EMITAN LOS REQUERIMIENTOS” (sic).
La audiencia virtual de consideración de la presente acción de defensa, se realizó el 31 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 20 a 21, produciéndose los siguientes actuados:
El solicitante de tutela a través de su representante sin mandato, se ratificó en el tenor íntegro en el memorial de la acción de libertad presentado.
Javier Berthy Huanca Yujra, Fiscal de Materia de Caranavi del departamento de La Paz, pese a su legal citación cursante a fs. 18, no presentó informe ni se apersonó a audiencia.
El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante la Resolución 02/2023-A de 31 de enero, cursante de fs. 22 a 24, concedió la tutela solicitada en cuanto al pronto despacho, habiéndose presentado memorial el 26 de enero de 2023, solicitando la habilitación del sistema “JL2” y que el mismo hasta la fecha no tiene decreto y no habría sido decretado por el representante del Ministerio Público, ordenando que: 1) El representante del Ministerio Público -ahora demandado- dicte decreto o resolución del memorial de 23 de enero de 2023, siendo que en la audiencia se solicitó la habilitación del sistema “JL2” y que los decretos deben ser despachados en el plazo de veinticuatro horas por todas las autoridades administrativas, tal como lo establece incluso el art. 24 de la CPE; y, 2) Se habilite al abogado de la defensa -Andrés Salvador Vaca Bollati y Noel Arturo Vaca López- al sistema “JL2”, para que los mismos puedan realizar las observaciones respectivas a efectos que se asuma defensa del ahora accionante, considerando que el mismo no se encuentra en detención preventiva y no existe todavía imputación formal; por lo que aún su libertad no se encuentra descrita por el Ministerio Público, “…sin embargo los abogados de la defensa al igual que el Señor Francisco Wilfredo Peñaranda quien tiene el derecho a la defensa con los abogados de confianza” (sic), determinación asumida sobre la base de los siguientes fundamentos: i) Cuando un sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados de lesivos, de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos; ii) El Ministerio Público, cuando sus requerimientos se encuentran vinculados a una medida cautelar, como encargado de la investigación durante la etapa preparatoria, tiene el deber de acumular los documentos obtenidos en el cuaderno de investigaciones e ir cargando al portafolio digital, en este caso el sistema “JL1”; iii) Hasta el 30 de enero de 2023, no se recibió respuesta al memorial de 26 del mismo mes y año, por parte del representante del Ministerio Público -ahora demandado-; iv) Si bien el accionante es una persona de la tercera edad; empero, dentro del proceso penal es parte imputada y habría sido denunciado por el delito de violación, siendo la víctima una menor de edad que sería la propia hija del impetrante de tutela; y, v) La Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- establece que los que deben recibir protección reforzada son las víctimas de los procesos penales.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa el Auto Interlocutorio 56/2023-P de 26 de enero, emitido por Sandy Madeleine Rodríguez Aguilar, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra “Wilfredo Francisco Peñaranda”, por el supuesto delito de violación, por el cual se excusó en la causa 201503022201523 y dispuso que por Secretaría de su despacho se remitan obrados ante el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Guanay y se remita a la Sala Penal de turno ambos del departamento referido para la correspondiente revisión (fs. 5 a 8). II.2. Consta el memorial de 26 de enero de 2023, dirigido al Fiscal de Materia
-ahora demandado-, el ahora impetrante de tutela solicitó “HABILITACION DE ECOSISTEMA JL2” (sic), anunciando pluralidad de defensores (fs. 9). II.3. Cursa el memorial de 30 de enero de 2023, dirigido al “SEÑOR JUEZ PUBLICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA E INSTRUCCIÓN PENAL DE CARANAVI” (sic), por el cual el ahora peticionante de tutela, “REITERA PRONUNCIAMIENTO EXPRESO”, refiriendo en el “OTROSI 2” que:
“…lamentablemente la FISCALIA DE CARANAVI no procede a la habilitación del portafolio digital pese a haber solicitado el 26.01.2023 y se cuenta con el SISTEMA JUDICIAL LIBRE 2. Realmente en plena época todavía de PANDEMIA COVID 19 y dado que el abogado defensor debe teletrabajar por haber contraído la enfermedad pandémica SE NIEGA EL ACCESO A LOS ACTUADOS DEL PORTAFIOLIO DIGITAL Y EFECTUAR seguimiento y defensa adecuada, lo que debe ser motivo de CONTROL JURISDICCIONAL conforme a sus facultades de Juez contralor de garantías” (sic [(fs. 10 a 11)]. Mereciendo el decreto de la misma fecha, emitido por Sandy Madeleine Rodríguez Aguilar, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz, que dispuso:
“A lo principal y al Otrosies.- Estese a la resolución 56/2023-P de 26 de enero de 2023 Resolución de Excusa” (sic [fs. 12]).
El peticionante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, al principio de publicidad y accesibilidad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra y radicada la causa ante la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz, el 26 de enero de 2023, presentó ante la autoridad demandada una solicitud para que todos los actuados del citado proceso “se hallen cargados” y se habilite el portafolio digital a favor de su abogado defensor y se emitan requerimientos fiscales; empero, “a la fecha” no tiene acceso a todos y cada uno de los documentos en el portafolio Justicia Libre, ahora “ECOSISTEMA JL2”, siendo que los mismos deben actualizarse permanentemente; de esta forma, precisa la omisión de actos propios del Ministerio Público que provocaron su situación de vulnerabilidad y riesgo, y sean aplicadas en su favor medidas cautelares y “protectivas”. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, al efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; iii) La solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por la Leyes 1173 y 1226; y, iv) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0032/2019-S2 de 25 de marzo, asumió el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado, reconoce la inviolabilidad del derecho a la libertad dentro del catálogo de los derechos civiles y políticos; lo que trae como corolario, la obligación para el Estado de protegerlo por su vital importancia en el desarrollo de la personalidad; y al ser un valor inspirador del orden social y jurídico sirve de sustento a la construcción y vigencia del modelo de Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional.
Una de las dimensiones en las que se manifiesta este derecho, es la libertad física, reconocido en el art. 23 de CPE, que establece:
I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales (…)
negrillas son nuestras). De estas disposiciones se puede extraer, que el sistema jurídico y político boliviano, instituyó la reserva legal como garantía de este derecho; es decir, que de acuerdo a la voluntad del constituyente, es el legislador quien se halla facultado para limitar el ejercicio del mismo; de igual modo, otorgó a la persona garantías jurisdiccionales para el resguardo de dicho derecho, entre las que se halla la acción de libertad, configurada como un mecanismo de defensa para lograr su protección, en caso de ser restringido u amenazado de restricción; así lo establece el art. 125 de la CPE:
Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Ahora bien, a partir de la clasificación del entonces hábeas corpus -ahora acción de libertad-, desarrollada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre y la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se hizo alusión al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).
2El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”.
3El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.
Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.
Bajo ese razonamiento, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración que realice el juez del acervo normativo que se produzca, conforme a la normativa legal. Por su parte, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, estableció que se considera actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se señale la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificado legalmente y no comparecen a la audiencia. Posteriormente, la SCP 0110/2012 de 27 de abril, modulando este entendimiento y la subregla establecida en el SC 0078/2010-R, en cuanto al plazo para fijar audiencia, señaló que éste no podía exceder de tres días; además, que la solicitud de cesación de la detención preventiva debe ser providenciada dentro del plazo de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente entendimiento: Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, dejó establecido que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: “La jurisdicción ordinaria, se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad (…) eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30.3 de la LOJ, pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia. En cuanto a la aplicación del principio de celeridad exigida a toda autoridad judicial, que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también la seguridad jurídica, más aun, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R, en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que:
…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud" (las negrillas nos pertenecen). Jurisprudencia reiterada en numerosas Sentencias Constitucionales como las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre y 0900/2010-R de 10 de agosto. Por consiguiente, debe entenderse que si bien la privación de libertad fue dispuesta por orden judicial, esta determinación no es indefinida, tiene límites en el tiempo y sobre la base del cumplimiento de requisitos que están expresamente previstos en la ley, de manera que cuando un procesado solicita la cesación de su detención preventiva, habiendo cumplido tales condiciones y el juez o tribunal no responde dentro de plazo a la pretensión efectuada, la privación se convierte en una detención indebida, razonamiento expresado en la SC 0862/2005-R.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0740/2022-S1 de 1 de agosto de 2022, asumió el siguiente razonamiento:
La Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, implementó procedimientos para agilizar la tramitación de las causas penales, descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia; en su Capítulo III, específicamente el art. 8 incluyó modificaciones y sustituciones a las normas del Código de Procedimiento Penal, entre las que se encuentran el art. 239, que en lo relativo al pedido de cesación de la detención preventiva por las causales que se hallaban previstas en los numeras 1 y 4 de dicha norma, establecía que se debía señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco días. Si bien hasta antes de la promulgación de la Ley 586, este Tribunal estableció que para la procedencia de la protección que brinda la acción de libertad, ante la falta de pronunciamiento oportuno dentro de una solicitud de medidas cautelares que afecta el derecho a la libertad física del imputado, dicha petición debía ser atendida dentro del plazo razonable de tres días, en el que debía fijarse día y hora de realización de la audiencia correspondiente y procederse con las notificaciones respectivas -SCP 0110/2012 de 27 de abril-; con la modificación efectuada al art. 239 del CPP por la referida Ley 586, dicho plazo fue regulado a cinco días.
6La detención preventiva cesará:
1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;
2. Cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;
3. Cuando su duración exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, asesinato, violación a infante, niña, niño, adolescente, e infanticidio; y,
4. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad terminal.
Planteada la solicitud, en el caso de los Numerales 1 y 4, la o el Juez deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco (5) días.
En el caso de los Numerales 2 y 3, la o el Juez o Tribunal dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, correrá traslado a las partes quienes deberán responder en el plazo de tres (3) días. Con contestación o sin ella, la o el Juez o Tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro de los cinco (5) días siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.
En los casos previstos en los Numerales 2, 3 y 4 del presente Artículo, la o el Juez o Tribunal aplicará las medidas sustitutivas que correspondan, previstas en el Artículo 240 de este Código (las negrillas son añadidas).
7El FJ III.3, dispone que: “…tratándose de señalamientos de día y hora de audiencia para considerar este beneficio [cesación de la detención preventiva], debe ser conceptuada como un término brevísimo, de tres días hábiles como máximo, pues el imputado se encuentra privado de su libertad. En este entendido, el plazo razonable para la realización de la audiencia de análisis, consideración y resolución del beneficio de la cesación de la detención preventiva, será el término máximo antes señalado, incluidas las notificaciones pertinentes, lo contrario constituye vulneración del derecho a la libertad, en el entendido en que los jueces no pueden obrar contra los derechos fundamentales de las personas Sin embargo, la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, y posteriormente la Ley de Modificación a ley 1173 de 3 mayo de 2019, de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres -Ley 1226 23 de septiembre de 2019- introdujo las modificaciones al art. 239 referente a la cesación de las medidas cautelares personales, siendo el texto vigente el siguiente:
Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de vienticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas. 5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o, 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas. Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las vienticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.
En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código. La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente. Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código. En consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de la detención preventiva, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes. Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud. Respecto del plazo en el cual debe ser providenciadas las peticiones efectuadas mediante los memoriales presentados, de conformidad con el art. 132.1 del CPP, salvo disposición contraria de dicho Código, el juez o tribunal, deberá dictarlas cuando se traten de mero trámite dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme lo entendió la SCP 0110/2012, ya que en el caso de retrasar o aplazar su emisión, no solo se lesiona el derecho a la libertad del impetrante de tutela, sino que el juzgador incurrirá en una falta grave, debido a la demora culpable en la que incurre; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán providenciar los escritos que presenten los imputados dentro del plazo de veinticuatro horas y señalar las audiencias respectivas dentro del término establecido, a efecto de no lesionar el derecho a la libertad de los detenidos preventivamente, sin que sea una excusa para el incumplimiento de esta obligación la excesiva carga procesal, pues su inobservancia, atenta el derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad. Otro aspecto a tomarse en cuenta, es la línea jurisprudencial contenida en la SCP 1905/2012 de 12 de octubre, que establece que una vez suspendida la audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad de control jurisdiccional debe señalar nueva fecha y hora, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud.
El demandante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, al principio de publicidad y accesibilidad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra y radicada la causa ante la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Caranavi del departamento de La Paz, el 26 de enero de 2023, presentó ante la autoridad demandada una solicitud para que todos los actuados del citado proceso “se hallen cargados” y se habilite el portafolio digital a favor de su abogado defensor y se emitan requerimientos fiscales; empero, “a la fecha” no tiene acceso a todos y cada uno de los documentos en el portafolio Justicia Libre, ahora “ECOSISTEMA JL2”, siendo que los mismos deben actualizarse permanentemente; de esta forma, precisa la omisión de actos propios del Ministerio Público que provocaron su situación de vulnerabilidad y riesgo, y sean aplicadas en su favor medidas cautelares y “protectivas”. De la revisión de antecedentes se tiene que, Sandy Madeleine Rodríguez Aguilar, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz, emitió el Auto Interlocutorio 56/2023-P de 26 de enero, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra “Wilfredo Francisco Peñaranda”, por el supuesto delito de violación, por el cual se excusó en la causa 201503022201523 y dispuso que por Secretaría de su despacho se remitan obrados ante el Juez Público Mixto en lo Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Guanay y se remita a la Sala Penal de turno ambos del departamento referido para la correspondiente revisión (Conclusión II.1). Mediante el memorial de 26 de enero de 2026, dirigido al Fiscal de Materia -ahora demandado-, el hoy impetrante de tutela solicitó “HABILITACION DE ECOSISTEMA JL2” (sic), anunciando pluralidad de defensores (Conclusión II.2).
También, por memorial de 30 de enero de 2023, dirigido al “SEÑOR JUEZ PUBLICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA E INSTRUCCIÓN PENAL DE CARANAVI” (sic), el ahora impetrante de tutela, “REITERA PRONUNCIAMIENTO EXPRESO”, refiriendo en el “OTROSI 2” que: “…lamentablemente la FISCALIA DE CARANAVI no procede a la habilitación del portafolio digital pese a haber solicitado el 26.01.2023 y se cuenta con el SISTEMA JUDICIAL LIBRE 2. Realmente en plena época todavía de PANDEMIA COVID 19 y dado que el abogado defensor debe teletrabajar por haber contraído la enfermedad pandémica SE NIEGA EL ACCESO A LOS ACTUADOS DEL PORTAFIOLIO DIGITAL Y EFECTUAR seguimiento y defensa adecuada, lo que debe ser motivo de CONTROL JURISDICCIONAL conforme a sus facultades de Juez contralor de garantías”.
Mereciendo el decreto de la misma fecha, emitido por Sandy Madeleine Rodríguez Aguilar, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz, que dispuso:
“A lo principal y al Otrosies.- Estese a la resolución 56/2023-P de 26 de enero de 2023 Resolución de Excusa” (sic [Conclusión II.3]). Conforme a lo establecido en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es obligación que toda autoridad judicial o administrativa que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho y en los casos de existir dilación indebida la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye en el mecanismo procesal idóneo para su reparación inmediata. De antecedentes se tiene que el ahora accionante acudió ante la autoridad demandada solicitando la “HABILITACION DE ECOSISTEMA JL2” (sic), anunciando pluralidad de defensores; igualmente, si bien el impetrante de tutela acudió al Juez de control jurisdiccional de Caranavi, siendo que Sandy Madeleine Rodríguez Aguilar, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz, mediante el Auto Interlocutorio 56/2023-P de 26 de enero, se excusó del conocimiento de la causa; así, del merituado memorial -de 26 de enero de 2023- se extrae que hizo conocer que la “Fiscalía de Caranavi” no procedió a habilitar el portafolio digital “…pese a haber solicitado el 26.01.2023 y se cuenta con el SISTEMA JUDICIAL LIBRE 2” (sic), negando el acceso a los actuados del portafolio digital y efectuar el seguimiento y defensa adecuada. En el caso venido en revisión y conforme a lo expresado ut supra, no se activa la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; por cuanto, no se cumplió con uno de los presupuestos imprescindibles, cual es que el peticionante de tutela esté privado de libertad; en este caso, no existe trámite administrativo que acelerar, debiendo acudirse ante la autoridad judicial a cargo del control jurisdiccional a fin de hacer conocer las supuestas irregularidades del representante del Ministerio Público. De esta forma, la justicia constitucional no advierte la existencia de un trámite administrativo ante el Ministerio Público que merece acelerarse para resolver la situación jurídica del ahora demandante de tutela, pues éste no se encuentra privado de libertad, correspondiendo denegarse la tutela impetrada. Finalmente, es preciso señalar que debido a las particularidades de la situación fáctica expuesta y ante la concesión de la tutela efectuada por el Juez de garantías, resulta necesario el dimensionamiento en el tiempo de la determinación asumida en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional para no generar disfunciones procesales, correspondiendo aplicar la facultad previsora de este Tribunal Constitucional Plurinacional, en situaciones excepcionales en las que si bien se revoca la tutela concedida, resulta necesario dimensionar los efectos de la concesión inicial; así, la SCP 0015/2018-S2 de 28 de febrero, señaló que los jueces y tribunales de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional deben y/o pueden modular los efectos de sus sentencias emitidas en las acciones de defensa, otorgando efectos inmediatos, suspensivos, diferidos, conciliatorios, reparadores, preventivos, a las mismas, con el fin de optar por la alternativa que mejor proteja los derechos y garantías constitucionales que fueron motivo de la acción tutelar; de tal suerte que, la justicia constitucional venga a reparar o prevenir la lesión a derechos y no se convierta en un incordio dentro del proceso judicial o administrativo del cual emerge; para lo que, debería tenerse en cuenta que la protección de los derechos fundamentales de la parte peticionante de tutela no atente o amenace con vulnerar los derechos fundamentales de la o las partes no accionantes o terceros interesados -se entiende, en el trámite de origen e incluso en el propio proceso constitucional-; por lo que, cuando corresponda, deberá dimensionar los efectos de su resolución en cuanto a los procesos judiciales o administrativos de los cuales deriva la acción de defensa. En virtud al referido entendimiento y considerando el tiempo transcurrido en la resolución de la presente acción de defensa, al haberse generado en este lapso actos administrativos -se entiende como producto de la concesión de la tutela solicitada-, corresponde a los fines de evitar una disfunción procesal, dimensionar los efectos de la Resolución pronunciado por el Juez de garantías, conforme los alcances establecidos en la parte resolutiva del presente fallo constitucional. Finalmente, cabe considerar que en casos de violencia, y en cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado, las autoridades administrativas, judiciales, policiales y otras, tienen la obligación de aplicar perspectiva de género, efectuando un análisis integral y, si el caso amerita, utilizar el enfoque interseccional -tal como fue desarrollado en la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo-, tomando en cuenta todos los factores de vulnerabilidad de las víctimas a fin de protegerlas y resguardar sus derechos de manera reforzada. Por todo lo expuesto, el Juez de garantías al conceder la tutela solicitada, no obró correctamente.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 02/2023-A de 31 de enero, cursante de fs. 22 a 24, pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela impetrada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional; y, 2º Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, manteniendo la validez de los actos posteriores a la concesión de la tutela efectuada a través de la Resolución del mencionado Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
1 El art. 8.II de la CPE, dispone: “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad…”.
4 El FJ III.3, indica: “…ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento”.
5 El FJ III.2, refiere que: “…el tratamiento que debe darse a las solicitudes en la que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido” (…).
privadas de libertad (art. 73 y ss de la CPE), bajo el argumento de existencia de `sobrecarga procesal´ para justificar una negligencia e incumplimiento de un deber de servicio a la sociedad”.
8 El FJ III.3, expresa: “…ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0885_2025-S1.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3f20c1ecc7bce2193c887d009cf03fd693866f453e00cd54843c6badf000e05d
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