Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 5 de agosto de 2025
Concede la tutela
El accionante a través de sus representantes denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, acceso a la justicia, principio de celeridad, por cuanto, en el proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio en grado de tentativa, la Jueza del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia Primera de Cabezas del departamento de Santa Cruz, en la audiencia de medida cautelar de 25 de enero de 2024 dispuso la detención preventiva, apelando de forma oral en la misma audiencia, sin que a la fecha de interponer la presente acción se haya remitido el recurso a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, habiendo transcurrido 30 días desde que se interpuso la referida apelación. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 05/24 de 29 de febrero de 2024, cursante de fs. 33 vta. a 37, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décimo Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, determina: 1° CONCEDER la tutela solicitada sin disponer nada, por estar ya remitida la apelación y de conformidad a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Exhortar a las autoridades demandadas del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia Primero de Cabezas del departamento de Santa Cruz, así como a la Jueza de Sentencia Penal Décimo Tercera de la Capital del mismo departamento, constituida en Jueza de garantías, en lo sucesivo no condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley, debiendo decretar dicha remisión en la misma audiencia de medida cautelar, cuando el recurso sea interpuesto de forma oral para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación; y, la Jueza de garantías debe considerar y aplicar la línea jurisprudencial y las subreglas establecidas por el Tribunal Constitucional respecto de la apelación de medidas cautelares.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0878/2025-S3 Sucre, 5 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 62426-2024-125-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 05/24 de 29 de febrero de 2024, cursante de fs. 33 vta. a 37, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Eduardo Iver López Villegas y David Mamani Balderrama, en representación sin mandato de Jhonny Choque Chiri contra Janethe Esperanza Castro Martínez y Leyla Valdivia Valencia, Jueza y Secretaria, respectivamente, del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia Primero de Cabezas del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 28 de febrero de 2024, cursante de fs. 7 a 10 vta., el accionante a través de sus representantes, manifestó que:
Dentro del proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio en grado de tentativa, la Jueza Público Mixto Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia Primero de Cabezas del departamento de Santa Cruz, en la audiencia de medida cautelar de 25 de enero de 2024 dispuso su detención preventiva, que el accionante apeló de forma oral, sin que a la fecha de interponer la presente acción tutelar se haya remitido el recurso a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, habiendo transcurrido 30 días desde que se interpuso la referida apelación.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, acceso a la justicia, principio de celeridad, citando al efecto los arts. 22 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) y art. 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).
Solicitó se conceda la tutela y se disponga que el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia Primero de Cabezas del departamento de Santa Cruz remita la apelación referida y se ordene a la Sala de turno emane el Auto de Vista correspondiente en el plazo establecido por ley.
Celebrada la audiencia pública virtual el 29 de febrero de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 32 a 37, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su representante reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar.
Janethe Esperanza Castro Martínez y Leyla Valdivia Valencia, Jueza y Secretaria respectivamente del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia Primero de Cabezas del departamento de Santa Cruz, por informe escrito remitido a la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp de Secretaría del despacho, cursante de fs. 26 a 27, solicitaron se deniegue la tutela impetrada en mérito a los siguientes argumentos: Sustanciada la audiencia de medida cautelar el 25 de enero de 2024 e interpuesta en la misma audiencia, apelación en contra del Auto Interlocutorio 15/2024 de 25 de enero, los apelantes víctima y defensa no proporcionaron los recaudos de ley consistentes en las fotocopias de las piezas procesales ni se apersonaron por secretaría de despacho. Por lo que se dispuso mediante providencia de 2 de febrero del referido año, se remita de oficio fotocopias legalizadas a la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz con nota de cortesía y vía courrier lo cual fue cumplido por la Secretaria del Juzgado, debiendo tomarse en cuenta además que el despacho judicial se encuentra de turno del Juzgado Mixto Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Lagunillas del departamento de Santa Cruz.
La Jueza de Sentencia Penal Décimo Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante la Resolución 05/24 de 29 de febrero de 2024, cursante de fs. 33 vta. a 37, denegó la tutela solicitada, argumentando que: Efectuada la audiencia de medida cautelar de 25 de enero de 2024, se remitió la apelación en alzada el 2 de febrero del mismo año, encontrándose dentro de los márgenes razonables por la distancia tomando en cuenta el turno y la suplencia asumida por el juzgado del Municipio de Lagunillas, constando la guía de courrier adjunto al oficio 101/2024 que acredita la remisión de la apelación dirigido al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por lo que operó la pérdida o sustracción del objeto procesal.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-04/2024 de 9 de mayo, se dispuso el sorteo conforme al orden correlativo de las acciones traslativas o de pronto despacho clasificadas a la Sala voluntaria o piloto; en cumplimiento a dicha determinación la Comisión de Admisión de este Tribunal, según orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Informe de 2 de febrero de 2024 de la Secretaria del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia Primero de Cabezas del departamento de Santa Cruz, por el que informó a la Jueza del despacho que las partes apelantes no proporcionaron los recaudos de ley consistentes en las fotocopias de las piezas necesarias para la remisión del recurso en grado de apelación y que no se apersonaron por el juzgado encontrándose el plazo vencido para el efecto incumpliendo lo dispuesto por la autoridad judicial en la audiencia de medida cautelar de 25 de enero de 2024 (fs. 28). II.2. Cursa Proveído de 2 de febrero de 2024 de la Jueza del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia Primero del Cabezas del departamento de Santa Cruz, evacuado en virtud del informe de secretaría de la misma fecha, disponiendo que ante la falta de recaudos de ley proporcionado por los apelantes y siendo de su responsabilidad el retraso, se remita de oficio por secretaría fotocopias legalizadas de las piezas pertinentes a las Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 29.) II.3. A través Oficio 101/2024 de 2 de febrero, de remisión en grado de apelación, suscrito por la Jueza del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia Primero de Cabezas del departamento de Santa Cruz, dirigido al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento a fines del correspondiente sorteo (fs. 30). II.4. Fotocopia del servicio de Courrier con guía de rastreo número 1310511 constando como remitente la Jueza del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia Primero de Cabezas del departamento de Santa Cruz Janethe Esperanza Castro Martínez (fs. 31).
El accionante a través de sus representantes denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, acceso a la justicia, principio de celeridad, por cuanto, en el proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio en grado de tentativa, la Jueza del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia Primera de Cabezas del departamento de Santa Cruz, en la audiencia de medida cautelar de 25 de enero de 2024 dispuso la detención preventiva, apelando de forma oral en la misma audiencia, sin que a la fecha de interponer la presente acción se haya remitido el recurso a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, habiendo transcurrido 30 días desde que se interpuso la referida apelación. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Respecto de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida la SCP 0141/2018-S2 de 30 de abril señaló que: “El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”.
A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
(…)
De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el tribunal de apelación.
Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual, la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.
(…)
La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en su Fundamento Jurídico III.3:
i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.
ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal.
iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. Página 11 de 14 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.
iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.
v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.
vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte.”
El impetrante de tutela a través de sus representantes denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, acceso a la justicia, principio de celeridad, por cuanto, en el proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio en grado de tentativa, la Jueza del juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia Primero de Cabezas del departamento de Santa Cruz, en la audiencia de medida cautelar de 25 de enero de 2024 dispuso su detención preventiva, apelando de forma oral en la misma audiencia, sin que a la fecha de interponer la presente acción tutelar se haya remitido el recurso a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, habiendo transcurrido treinta días desde que se interpuso la referida apelación.
De la revisión de los antecedentes adjuntos, se puede evidenciar que, sustanciada la audiencia de medida cautelar de 25 de enero de 2024 en la que se determinó su detención preventiva, de acuerdo al Informe de 2 de febrero de 2024 de la Secretaria del despacho judicial (Conclusión II.1) tanto la víctima como el accionante realizaron la apelación de forma oral en contra del Auto Interlocutorio 15/2024 de la misma fecha.
El referido informe, dirigido a la autoridad judicial continuó señalando que, las partes apelantes no proporcionaron los recaudos de ley consistentes en las fotocopias de las piezas necesarias para la remisión de la apelación incidental y que no se apersonaron por secretaría del juzgado, encontrándose el plazo vencido para el efecto, sin dar cumplimiento a lo dispuesto en la audiencia de medida cautelar de 25 de enero de 2024. Posteriormente, en virtud del informe evacuado, la Jueza de la causa emanó el proveído de 2 de febrero del mismo año, (Conclusión II.2), disponiendo que ante la falta de recaudos de ley proporcionado por los apelantes, para la remisión en grado de apelación, siendo de su responsabilidad el retraso, se remita de oficio por secretaría fotocopias legalizadas de las piezas pertinentes a la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. En consecuencia, se cursó el Oficio 101/2024 de 2 de febrero, (Conclusión II.3) por el que se remite la apelación incidental al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a fines del correspondiente sorteo y consideración, constando la Fotocopia del servicio de Courrier con guía de rastreo número 1310511 (Conclusión II.4) señalando como remitente a la Jueza del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia Primero de Cabezas del departamento de Santa Cruz. De lo expuesto se puede evidenciar que, interpuesta de forma oral la apelación en contra del auto Interlocutorio 15/2024 que disponía su detención preventiva, la remisión del recurso al superior en grado fue condicionada al cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial en la referida audiencia, consistente en las fotocopias de las piezas pertinentes del cuaderno de control jurisdiccional, por lo que la secretaria del despacho esperó al cumplimiento de dichos recaudos para remitir los antecedentes correspondientes, y ante el incumplimiento de tal disposición, recién el 2 de febrero de 2024 realiza el informe a la autoridad judicial indicando tal incumplimiento y que el plazo se encontraba vencido. En el mismo sentido el proveído de 2 de febrero de la autoridad judicial, hace referencia que el retraso incurrido correspondería a la responsabilidad de las partes que no cumplieron con los recaudos de fotocopias del expediente y dispone la remisión del recurso en alzada incumpliendo el plazo de veinticuatro horas dispuesto por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), dilatándose la remisión hasta el 2 de febrero del señalado año por la falta de proveer los referidos recaudos. Dicha dilación en la que se incurrió tanto por la autoridad judicial como por la secretaria del despacho -ahora demandados- no puede ser atribuida a las partes apelantes ya que la remisión del recurso de apelación al superior en grado no puede ser condicionada al cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, puesto que, si el recurso de apelación fue formulado de manera oral corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en la misma audiencia de medida cautelar, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, esto conforme a los alcances del Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que describe la sistematización de las subreglas establecidas al respecto por este Tribunal Constitucional, siendo taxativa al señalar que, interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales, no pudiendo ser condicionada dicha remisión al cumplimiento de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial y que en caso de plantearse la apelación de forma oral la autoridad judicial debe decretar la remisión en la misma audiencia. Aspecto que no acontece en el caso de autos, ya que la secretaria del despacho esperó a que las partes cumplan con la presentación de recaudos para remitir los antecedentes del recurso y la autoridad judicial aguardó a que la secretaria realice el informe de incumplimiento para recién decretar la remisión en alzada del recurso señalado, cuando conforme el Fundamento Jurídico III.1 ello no debe constituir un óbice para la remisión que debió disponerse en la propia audiencia de medida cautelar, ante la interposición oral de la apelación incurriendo así los demandados en una dilación indebida. Así mismo, si bien el informe de los demandados refiere que el despacho Judicial se encontraba cumpliendo turno o suplencia del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Lagunillas, el Fundamento Jurídico III.1 hace referencia a que de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal. Existiendo en el caso concreto más de los tres días establecidos como excepción por la línea jurisprudencial citada, además de que el fundamento del proveído de la autoridad judicial y el informe de la Secretaria, versan sobre el incumplimiento de los recaudos señalados y no por la suplencia o turno a la que hacen referencia recién en el informe de los demandados, lo cual además no se encuentra acreditado de manera objetiva en los antecedentes adjuntos a la presente acción tutelar. Razones por la que las autoridades demandadas incurrieron en una dilación indebida al no haber decretado la remisión del recurso de apelación incidental de la medida cautelar en la misma audiencia una vez que el accionante interpuso el recurso de apelación de forma oral, condicionando la remisión a la presentación de los recaudos de ley dispuestos por la autoridad judicial y demorando el envió de los antecedentes a la Sala Penal de turno de la capital, hasta la elaboración del informe de la Secretaria de despacho y posterior proveído judicial de remisión al superior en grado, vulnerando de forma evidente el derecho a la libertad del accionante y el principio de celeridad, con el que se debe actuar ante cualquier solicitud en estrados judiciales de personas que se encuentran privadas de libertad. Consiguientemente, aunque la lesión haya cesado corresponde conceder la tutela impetrada en la modalidad innovativa, para evitar que a futuro se reitere la conducta lesiva; por lo que, se realizará la pertinente exhortación. En consecuencia, la Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró en forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 05/24 de 29 de febrero de 2024, cursante de fs. 33 vta. a 37, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décimo Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, determina: 1° CONCEDER la tutela solicitada sin disponer nada, por estar ya remitida la apelación y de conformidad a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Exhortar a las autoridades demandadas del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia Primero de Cabezas del departamento de Santa Cruz, así como a la Jueza de Sentencia Penal Décimo Tercera de la Capital del mismo departamento, constituida en Jueza de garantías, en lo sucesivo no condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley, debiendo decretar dicha remisión en la misma audiencia de medida cautelar, cuando el recurso sea interpuesto de forma oral para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación; y, la Jueza de garantías debe considerar y aplicar la línea jurisprudencial y las subreglas establecidas por el Tribunal Constitucional respecto de la apelación de medidas cautelares. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0878_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6e19946d33b5e8d0c431316f88f525617d62efe79345cea153c0c826fa77e264
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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