B.IA.LEGAL

SCP 0858/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de mayo de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
4 de mayo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
59238-2023-119-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y a la petición, así como a la garantía del debido proceso en sus vertientes derecho a la defensa técnica, material, y el principio de celeridad; toda vez que, la autoridad judicial demandada, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión de delitos financieros y legitimación de ganancias ilícitas, le impuso la medida de detención preventiva; en ese contexto, solicitó en dos oportunidades el señalamiento de fecha y hora de audiencia de cesación a dicha medida: el 2 de octubre de 2023 y, ante la falta de respuesta, reiteró aquella petición el 5 del mismo mes y año; sin embargo, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, no recibió respuesta alguna. Ante ello, la autoridad demandada no presentó informe alguno, tampoco asistió a la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 33/2023 de 10 de octubre, cursante de fs. 17 vta. a 20 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho ante reiterativas suspensiones de audiencias
  3. III.3. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0858/2026-S2 Sucre, 4 de mayo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 59238-2023-119-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 33/2023 de 10 de octubre, cursante de fs. 17 vta. a 20 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jorge Marcelo Tamayo Antezana y Luis Fernando Gutiérrez Lobo en representación sin mandato de Jorge Arturo Chávez Vargas contra Alejandro Gamboa Mendoza, Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 9 de octubre de 2023, cursante a fs. 1 y 9 a 11 vta., el accionante, a través de sus representantes sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal iniciado en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos financieros y de legitimación de ganancias ilícitas, previsto y sancionado por el art. 185 bis del Código Penal (CP), solicitó en dos oportunidades el señalamiento de fecha y hora de audiencia de cesación a la detención preventiva. La primera solicitud fue presentada el 2 de octubre de 2023, al amparo del art. 239. 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, no habría sido respondida. Posteriormente, de manera reiterativa, efectuó una segunda solicitud el 5 del mismo mes y año, la cual tampoco fue atendida hasta la presentación de esta acción tutelar, existiendo dilaciones indebidas para resolver su situación jurídica, ya que se encontraba con detención preventiva.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y a la petición, así como, a la garantía del debido proceso en sus vertientes derecho a la defensa técnica, material, y el principio de celeridad, citando al efecto los arts. 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia: a) Ordenar al Juez demandado que en plazo de veinticuatro horas, emita resolución y proceda a resolver de manera pronta y oportuna, bajo el principio de celeridad, derecho a la defensa material y técnica y al derecho al debido proceso, así como también el derecho a la petición; y, b) Sugerir que, en lo sucesivo, se dé cumplimiento al principio procesal correspondiente, al haberse considerado válida y oportuna la solicitud formulada por su defensa.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 10 de octubre de 2023, según consta en acta cursante de fs. 16 a 17 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de sus abogados, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad, y ampliando señaló que: 1) De manera injustificada, el proceso fue trasladado a la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, pese a que se encontraba radicado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, dentro de un proceso relacionado con presuntos delitos financieros y legitimación de ganancias ilícitas, seguido contra personal del cuerpo directivo y funcionarios bancarios del Banco Fassil Sociedad Anónima (S.A.). En ese contexto, solicitó el cumplimiento del principio de celeridad, a fin de evitar dilaciones indebidas; sin embargo, hasta ese momento, no se resolvió su solicitud de cesación a la detención preventiva, habiendo transcurrido ciento sesenta y siete días debido a distintos motivos, entre ellos, la enfermedad de la Secretaria del Juzgado a cargo, la baja médica del Juez y el funcionamiento defectuoso de la cámara del sistema Cisco Webex; y, 2) No tenía acceso al cuaderno procesal y tampoco recibía respuestas a sus solicitudes, debido a que la referida Secretaria no le brindaba explicación alguna sobre el estado de la causa penal de origen; por ello, solicitó la extensión de fotocopias simples del expediente, así como el señalamiento de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, tomando en cuenta que permaneció durante ciento sesenta y cinco días sin que se hubiera convocado a dicha audiencia.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Alejandro Gamboa Mendoza, Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, no presentó informe alguno ni asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa, pese a su citación cursante a fs. 13.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 33/2023 de 10 de octubre, cursante de fs. 17 vta. a 20 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas señale audiencia de cesación a la detención preventiva; con base en los siguientes fundamentos: i) Ante la existencia de actos procesales cuya resolución podía beneficiar o mejorar la situación jurídica del accionante vinculada a su derecho a la libertad y de locomoción, corresponde al Juez de garantías constitucionales intervenir para evitar un estado de indefensión; en ese marco, se explicó que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho tiene como finalidad garantizar que las decisiones judiciales relacionadas con la libertad personal sean tramitadas, resueltas y efectivizadas con la mayor celeridad, conforme a la jurisprudencia constitucional; ii) Se señaló que esta obligación comprende no solo la resolución de solicitudes de cesación a la detención preventiva y recursos de apelación, sino también la entrega de copias de antecedentes procesales, debido a que la falta de acceso al expediente impide ejercer una defensa objetiva y genera indefensión; asimismo, se destacó que las demoras procesales, aun cuando no sean dolosas, pueden afectar directamente la posibilidad de mejorar la situación jurídica de una persona detenida preventivamente; y, iii) Se enfatizó que la obligación del juez cautelar no se limita únicamente a señalar audiencia, sino a garantizar la efectiva realización del acto procesal, asegurando que la audiencia de cesación a la medida cautelar se lleve a cabo de manera pronta y efectiva, a fin de resguardar los derechos fundamentales del accionante.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 2 de octubre de 2023, mediante el cual, Jorge Arturo Chávez Vargas -hoy accionante-, solicitó señalamiento de fecha y hora de audiencia de cesación a la detención preventiva ante Alejandro Gamboa Mendoza, Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado- (fs. 6 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y a la petición, así como a la garantía del debido proceso en sus vertientes derecho a la defensa técnica, material, y el principio de celeridad; toda vez que, la autoridad judicial demandada, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión de delitos financieros y legitimación de ganancias ilícitas, le impuso la medida de detención preventiva; en ese contexto, solicitó en dos oportunidades el señalamiento de fecha y hora de audiencia de cesación a dicha medida: el 2 de octubre de 2023 y, ante la falta de respuesta, reiteró aquella petición el 5 del mismo mes y año; sin embargo, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, no recibió respuesta alguna. Ante ello, la autoridad demandada no presentó informe alguno, tampoco asistió a la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0096/2025-S2 de 10 de marzo, señaló que: “El art. 115.II de la CPE establece que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’; en consecuencia, consagra el principio de celeridad como un componente esencial del debido proceso, lo cual exige que toda causa -sea esta judicial o administrativa- se tramite sin demoras innecesarias; es decir, de manera oportuna. Por su parte, los arts. 178.I y 180.I de la Norma Suprema, instituyen de manera explícita la aplicación del citado principio en la potestad de impartir justicia. Con referencia a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: ‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…’” (las negrillas nos corresponden).

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho ante reiterativas suspensiones de audiencias

La Sentencia Constitucional Plurinacional de Avocación 0003/2026, establece que las dilaciones indebidas pueden manifestarse en dos modalidades, a saber: a) por acción, regulada en el Fundamento Jurídico II.3.1 de la referida SCP de Avocación, que establece la interposición del recurso de reposición en supuestos en los cuales la dilación es atribuida a verbigracia un señalamiento de audiencia lejano; y, b) Por omisión regulada en el Fundamento Jurídico II.3.2 de la SCP de Avocación, que ocurre ante la inacción de las autoridades accionadas, por ejemplo cuando estas no señalan audiencia o no remiten el legajo de una apelación de resolución de medidas cautelares. Ahora bien, el propósito de la Sentencia Constitucional Plurinacional de Avocación 0003/2026 es la de acreditar que la autoridad judicial en el marco de su competencia tuvo la posibilidad y oportunidad de tomar las medidas adecuadas para corregir actos u omisiones que demoran la tramitación de solicitudes de las cuales depende la libertad de procesados penales entonces y de lo expuesto se tiene que ninguno de los referidos supuestos de dicha avocación son aplicables a casos en los que existe reiteración de suspensiones de audiencias en la medida en la que en estos casos el recurso idóneo como es poner en conocimiento del juez competente la demora se denota manifiestamente improcedente en cuyo caso la tutela de la acción de libertad debe ser inmediata por haberse acreditado la inidoneidad de los recursos ordinarios. Asimismo, se aclara que dicho entendimiento por decisión de la mayoría de Sala Plena del órgano de control de constitucionalidad será aplicable a futuros casos en la medida en la que se entendió que las avocaciones no tendrán efecto retroactivo entendimiento con el cual el suscrito magistrado relator no se encuentra de acuerdo en la medida en la que jurisprudencia contradictoria no genera derecho alguno pero que respeta la decisión.

III.3. Análisis del caso concreto

En lo concerniente a la presente problemática, resulta relevante considerar que, toda autoridad que conozca una solicitud relacionada con la libertad física de una persona, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro de un plazo razonable. Además, con el fin de garantizar dicho objetivo, el art. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) señala que: “…los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”; aspecto que, también es aplicable a los jueces en lo relativo a la organización y gestión de sus despachos judiciales.

Ahora bien, se advierte que el Juez demandado, pese a la solicitud de cesación a la detención preventiva presentada por el accionante el 2 de octubre de 2023 (Conclusión II.1), no emitió pronunciamiento alguno ni dispuso el señalamiento de fecha y hora de audiencia para su consideración; motivo por el cual, ante la ausencia de respuesta, la parte accionante reiteró su petición mediante memorial de 5 del mismo mes y año; sin embargo, dicha solicitud tampoco mereció atención oportuna por parte de la referida autoridad jurisdiccional, persistiendo la omisión de resolver y tramitar la petición formulada; en ese contexto, la conducta omisiva atribuida a la autoridad demandada evidencia una dilación injustificada en la tramitación de una solicitud vinculada directamente con la libertad personal del accionante, vulnerando el principio de celeridad procesal y el deber de pronta administración de justicia. Tal situación incidió de manera directa en el derecho a la libertad del nombrado, quien continuó privado de libertad sin que su solicitud de cesación a la detención preventiva hubiera sido atendida dentro de un plazo razonable y oportuno. Ello demuestra que, la responsabilidad de la tramitación de la solicitud recaía directamente en el Juez demandado, considerando que el art. 239.1 del CPP, establece que, presentada la solicitud de cesación a la detención preventiva, el Juez o Tribunal deberá señalar audiencia para su consideración y resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas, cuando concurran nuevos elementos que demuestren que ya no subsisten los motivos que fundamentaron la imposición de las medidas cautelares personales o que hagan procedente su sustitución por otra medida menos gravosa; en consecuencia, no existe justificación válida que exonere de responsabilidad a la autoridad demandada; toda vez que, tiene el deber ineludible de ejercer control, dirección y supervisión sobre todas las actuaciones procesales desarrolladas en el despacho judicial a su cargo, garantizando el debido proceso, el principio de celeridad y el correcto funcionamiento de la administración de justicia. Asimismo, se advierte que la referida autoridad, pese a su notificación legal mediante mensaje de WhatsApp, no presentó informe alguno ni concurrió a la audiencia de garantías constitucionales, omitiendo desvirtuar los hechos denunciados por la parte accionante; en consecuencia, al no existir elemento de descargo que explique razonablemente la falta de sustanciación efectiva y oportuna de la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, corresponde mantener incólume el cuadro fáctico expuesto en la presente acción tutelar. Por consiguiente, de la revisión de los antecedentes procesales traídos en revisión en el marco de esta acción de libertad, se hace evidente que la autoridad demandada incurrió en una reiterada dilación indebida en la tramitación de la solicitud de cesación a la detención preventiva presentada por el accionante, configurándose la vulneración denunciada en su dimensión de pronto despacho; en mérito de ello, se debe conceder la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 33/2023 de 10 de octubre, cursante de fs. 17 vta. a 20 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Más sobre Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0858_2026-S2.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): 1863b3cd4f6b4ac71a980d5163680063b2c3c6b7e3147f7d0f56df4c29a257be

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →