Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 5 de agosto de 2025
Concede la tutela
El impetrante de tutela a través de su representante, alegó la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a una justicia pronto y oportuna, vinculado al principio de celeridad, toda vez que, habiendo interpuesto recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 89/2024 que dispuso la medida de detención preventiva en su contra, la misma fue resuelta por el superior en grado el 22 de febrero de 2024, a través de Auto de Vista 137/2024, empero, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar no se devolvió el legajo procesal incumpliendo con el plazo establecido por ley e impidiéndole solicitar nuevamente cesación de la detención preventiva en el Juzgado de origen. En consecuencia, en revisión corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 06/2024 de 28 de febrero, cursante de fs. 18 a 20, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en la modalidad innovativa, por la evidente lesión de los derechos a la libertad, a una justicia pronta y oportuna vinculado al principio de celeridad del accionante, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, y sin disponer la remisión solicitada, puesto que, la misma ya se materializó ante el Juzgado de Instrucción Penal Cautelar Noveno de la Capital de ese departamento; 2° EXHORTAR al Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para que en lo posterior no se vuelva a incurrir en dilaciones que van en contra de los derechos de las personas detenidas preventivamente.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0850/2025-S3 Sucre, 5 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 62352-2024-125-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución de 06/2024 de 28 de febrero, cursante de fs. 18 a 20, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Enrique Altamirano Hurtado en representación sin mandato de Alex Luis Huallpa Alanoca contra César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 27 de febrero de 2024, cursante de fs. 8 a 9 vta., el accionante a través de su representante expresó que:
En el proceso penal, con Código Único de Denuncia (CUD) 201102062400023, por la presunta comisión del delito de suministro de sustancias controladas, previsto y sancionado por el art. 51 con relación al art. 33.a de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988- se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz desde el 16 de febrero de 2024, según Auto Interlocutorio 89/2024 de la misma data, emitido por la autoridad jurisdiccional; por lo que, interpuso recurso de apelación incidental amparado en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP) siendo remitido a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y señalándose audiencia para el 22 del mismo mes y año, en la fecha señalada se instaló la misma, sin la presencia de las partes y se confirmó la resolución apelada.
Sin embargo, hasta la fecha el Tribunal ad quem no devolvió el expediente con el Auto de Vista al juzgado de origen, incumpliendo el procedimiento procesal, encontrándose sin control jurisdiccional para realizar nueva solicitud de cesación a la detención preventiva, dilatando el trámite e incumpliendo obligaciones.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso a una justicia pronta y oportuna, vinculado al principio de celeridad, citando al efecto los arts. 115.II y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que el Vocal demandado devuelva el legajo de apelación con el respectivo Auto de Vista al Juzgado de origen.
Celebrada la audiencia pública virtual el 28 de febrero de 2024, según consta en acta cursante a fs. 17 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante y este por intermedio de su abogado, ratificó en su integridad los extremos señalados en su memorial de acción de libertad y amplió en los siguientes términos: a) Se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, la Resolución que dispuso esa medida extrema apelada y confirmada por el Tribunal de alzada; y, b) Transcurrieron más de tres días hábiles o siete días calendarios y está impedido de solicitar cesación de la detención preventiva ante el Juzgado de origen, de conformidad al art. "329.1"-siendo correcto 239.1- del CPP, por la falta de devolución del legajo de apelación de parte del Vocal demandado.
César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito, cursante a fs. 16 y vta., señalá lo siguiente: 1) No expresó la causal presentado el 28 de febrero de 2014 en la que se basó el accionante, para interponer la acción de libertad; 2) Supuestamente sería por la falta de devolución del expediente de apelación al Juzgado de origen desde el 22 de febrero de 2024, en el que emitió el Auto de Vista 137/2024 de 22 de la misma fecha en el plazo correspondiente, no habiendo vulneración al debido proceso y careciendo de legitimación pasiva para ser demandado en esta acción de libertad; 3) Se cumplió con la emisión de la Resolución en plazo y con la remisión del legajo procesal al Juez a quo, según nota que adjuntó; y, 4) No fue adecuado que asevere la falta de control jurisdiccional por corresponder esta facultad al Juzgado de origen, por lo que, solicitó se deniegue la tutela solicitada.
El Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías mediante Resolución 06/2024 de 28 de febrero, cursante de fs. 18 a 20, denegó la tutela impetrada, exhortando al personal de apoyo jurisdiccional de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz a cumplir con los plazos determinados por ley, más aún cuando hay un privado de libertad, basándose en los siguientes fundamentos: i) El art. 125 de la CPE establece que “…toda persona que considere que esté en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por si o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier Juez o Tribunal competente en materia penal, y solicitara que se guarde tutela a su vida, cese la persecución a su vida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad...” (sic); ii) El Vocal demandado, tramitó en el plazo de tres días el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante, emitiendo el Auto de Vista 137/2024 que confirmó el Auto Interlocutorio 89/2024, devolviendo posteriormente el expediente mediante oficio el 28 febrero de 2024 a horas 8:40 al juzgado de origen; iii) Lo reclamado por el accionante fue cumplido por la autoridad demandada con anterioridad, no existiendo observación alguna de la supuesta dilación en la tramitación de la apelación y la remisión del legajo de alzada.; iv) La presente acción traslativa o de pronto despacho no se adecua a ninguna de las clasificaciones señaladas en la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio; v) Respecto al principio de celeridad procesal, “...impone a quienes imparten justicia, actuar con diligencia despachando los asuntos sometidos a su conocimiento, sin dilaciones indebidas, exigencia que se hace aún más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal (...) De no ser así, tal situación procesal provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido y en consecuencia repercute o afecta a su libertad que de hecho ya está disminuida por la sola privación de libertad en que se encuentra...” (sic), aspectos cumplidos por el Tribunal de alzada; y, vi) Respecto a las dilaciones, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no tuvo conocimiento de queja o reclamo verbal sobre la dilación en la devolución del cuaderno de apelación, más al contrario se adjuntó la copia del oficio al informe del demandado.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-04/2024 de 9 de mayo, de Optimización de la Gestión Procesal para resolución de las acciones de libertad, cursante de fs. 23 a 28, se dispuso, en lo central, el sorteo conforme el orden cronológico de las acciones de libertad traslativas o de pronto despacho; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente acción tutelar.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 89/2024 de 16 de febrero, que dispuso la medida cautelar extrema de la detención preventiva contra Alex Luis Huallpa Alanoca -ahora accionante- en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, mismo que fue recurrido en apelación en audiencia (fs. 2 a 7). II.2. Mediante oficio de febrero de 2024, la Secretaria de Cámara de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, devolvió obrados del proceso penal, Numero de Registro Judicial (NUREJ) 201102062400023, sustanciado por el Ministerio Público contra “Saúl Franklin” -lo correcto es Saúl Franklin Baldivieso Choque y otro- por la supuesta comisión del delito de suministro, al Juzgado de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento la Paz, con cargo de recepción de 28 del mismo mes y año a horas 8:40 (fs. 15).
El impetrante de tutela a través de su representante, alegó la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a una justicia pronto y oportuna, vinculado al principio de celeridad, toda vez que, habiendo interpuesto recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 89/2024 que dispuso la medida de detención preventiva en su contra, la misma fue resuelta por el superior en grado el 22 de febrero de 2024, a través de Auto de Vista 137/2024, empero, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar no se devolvió el legajo procesal incumpliendo con el plazo establecido por ley e impidiéndole solicitar nuevamente cesación de la detención preventiva en el Juzgado de origen. En consecuencia, en revisión corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0011/2014 de 3 enero, señaló que: “‘…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, extraída de la declaración del objeto y finalidad de la acción de libertad (art. 125 de la CPE) cuya comprensión se encuentra recogida en las SSCCPP 0017/2012 y 0112/2012, entre otras, en razón al desarrollo que hicieron las SSCC 1579/2004-R, 0465/2010-R y 0044/2010-R; busca acelerar los trámites judiciales 0 administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos. (...) Ahora bien, existen supuestos en los cuales posteriormente a las dilaciones indebidas y ante la formulación de la acción de libertad, la autoridad judicial demandada resuelve inmediatamente la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; sin embargo, este aspecto no elimina la posibilidad que mediante esta acción se evalúe la actividad de la autoridad demandada, en cuanto la acción de libertad se configura también bajo la modalidad innovativa. La misma que procede a efectos de tutelar una situación de dilación indebida cuando ésta ya ha cesado, a efectos de no dejar en impunidad el actuar lesivo de quien ha vulnerado el derecho a la libertad. (...) Recogiendo el espíritu de ésta Sentencia Constitucional; asimismo, la construcción doctrinal del voto disidente de 22 de julio de 2010, respecto de la SC 0451/2010-R de 28 de junio -que estableció que la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe, caso contrario, se desnaturalizaría su esencia-, entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias’ (SCP 2491/2012 de 3 de diciembre)" (las negrillas son añadidas).
La SCP 2077/2012 de 8 de noviembre, en su Fundamento Jurídico III.3. establece que: "... art. 251, modificado e incorporado por la Disposición final segunda de la LSNSC, señala que una vez remitido el expediente ante el Tribunal de apelación, éste 'resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior', debiendo incluirse dicho entendimiento bajo los argumentos expuestos del principio de celeridad, debido proceso y prohibición de dilación en el proceso, indicando que una vez el Tribunal de apelación dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, resuelva la apelación; deberá remitir el expediente, el acta y la Resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de 24 horas” (las negrillas son nuestras).
El accionante a través de su representante alegó la vulneración del derecho a la libertad, al debido proceso y a una justicia pronto y oportuna, vinculado al principio de celeridad, toda vez que, habiendo interpuesto recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 89/2024 de 16 de febrero, que dispuso la medida de la detención preventiva en su contra, la misma fue resuelta por el superior en grado por Auto de Vista 137/2024 de 22 de febrero; empero, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar no se devolvió el legajo procesal incumpliendo con el plazo establecido por ley e impidiéndole solicitar nuevamente solicitud de cesación a la detención preventiva en el juzgado de origen. La acción de libertad se constituye en un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador que tiene como objeto la protección o tutela de los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro, siendo su tramitación especial y sumarísima, reforzada por características como la inmediatez en la protección, el informalismo, generalidad e inmediación, características reiteradas en el Código Procesal Constitucional, por ende los presupuestos para su activación constituyen los atentados contra el derecho a la vida, la afectación de los derechos a la libertad física y de locomoción, los actos y omisiones que constituyan procesamiento indebido y los actos y omisiones que impliquen persecución ilegal o indebida. Ahora bien, dentro el caso que se analiza, se estableció la interposición del recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 89/2024 de consideración de aplicación de medidas cautelares de 16 de febrero de 2024 que dispuso la medida cautelar extrema de la detención preventiva del accionante en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; mismo que fue apelado por el impetrante de tutela (Conclusión II.1) y remitido al Tribunal de alzada, siendo resuelto por Auto de Vista 137/2024 de 22 de febrero, que dispuso confirmar la resolución apelada; asimismo, adjunto al informe del Vocal demandado se presentó el oficio de devolución de obrados de la apelación en estricto cumplimiento del Auto de Vista antes mencionado al Juzgado de origen, con cargo de recepción de 28 de febrero de 2024, según Conclusión II.2. de este fallo constitucional. Por lo que, corresponde precisar que transcurrieron siete días a computar desde la realización de la audiencia de consideración del recurso de apelación de la cesación de la detención preventiva el 22 de febrero de 2024 hasta el 28 de ese mes y año, data en la que se remitieron los antecedentes pertinentes al Juzgado de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento la Paz -Juzgado de origen- como se evidencia en el oficio emitido por la Secretaria de Cámara de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, incumpliendo el plazo de veinticuatro horas que la jurisprudencia determina, según lo determinado en el Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. En ese contexto, el Vocal demandado no consideró que la devolución de obrados al juzgado de origen está vinculada a la libertad del accionante, quien se encuentra detenido preventivamente; conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, debe considerarse que toda autoridad administrativa o judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o en su caso, dentro de los plazos razonables; puesto que, de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho.
En ese sentido, por lo expuesto anteriormente, el Vocal hoy demandado asumió responsabilidad en la demora denunciada por ser finalmente quien tiene a su cargo el cumplimiento de los principios procesales establecidos por el art. 180.1 de la CPE; vulnerando los derechos a la libertad, a una justicia pronta y oportuna, vinculado al principio de celeridad; es así que, es imperante otorgar la tutela a favor del accionante, aun haya cumplido con la devolución de los antecedentes procesales al Juzgado de origen, pues esta se encuentra fuera de los cánones establecidos en el ordenamiento jurídico, debiendo el demandado tener claro, que dicha conducta es contraria al orden constitucional; en similar contexto, en la modalidad innovativa de esta acción tutelar, la autoridad jurisdiccional tiene la responsabilidad de evitar incurrir en una similar vulneración en contra del ahora accionante u otros ciudadanos en similares circunstancias a fin de no obrar contra los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad (art. 73 y 74. de la CPE). En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 06/2024 de 28 de febrero, cursante de fs. 18 a 20, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en la modalidad innovativa, por la evidente lesión de los derechos a la libertad, a una justicia pronta y oportuna vinculado al principio de celeridad del accionante, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, y sin disponer la remisión solicitada, puesto que, la misma ya se materializó ante el Juzgado de Instrucción Penal Cautelar Noveno de la Capital de ese departamento; 2° EXHORTAR al Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para que en lo posterior no se vuelva a incurrir en dilaciones que van en contra de los derechos de las personas detenidas preventivamente. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0850_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): bfa0d3b9d8324478e5836adfc0ea3b7d2d567e644375a5c7d764c7264985e120
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