B.IA.LEGAL

SCP 0847/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 24 de julio de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
24 de julio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
53760-2023-108-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

La peticionante de tutela a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración del derecho a la libertad; toda vez que, habiéndose emitido la Sentencia 51/2022 de 5 de septiembre, y detenida en el “Centro de Rehabilitación de Palmasola”, se sometió a una salida alternativa (descongestionamiento) de procedimiento abreviado; empero, desde esa fecha hasta el 31 de enero de 2023, reclamó ser notificada con dicho fallo y no se remitió las piezas principales -del expediente- ante el Juez de Ejecución Penal y Supervisión, para seguir con los trámites y beneficios de la Ley de Ejecución Penal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, al efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; iii) La solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por la Leyes 1173 y 1226; y, iv) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/23 de “27 DE AGOSTO DEL 2022” -siendo lo correcto 2 de febrero de 2023-, cursante de fs. 35 a 39, emitida por la Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, respecto de Renzo Carrasco Hottman, Secretario del Juzgado de Sentencia en lo Penal Décimo Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, conforme a lo dispuesto por la Jueza de garantías y el razonamiento expresado en la presente Resolución Constitucional; y, 2º DENEGAR la tutela con relación a la Jueza demandada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares
  3. III.3. La solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las leyes 1173 y 1226
  4. III.4. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0847/2025-S1 Sucre, 24 de julio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 53760-2023-108-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 03/23 de “27 DE AGOSTO DEL 2022” -siendo lo correcto 2 de febrero de 2023-, cursante de fs. 35 a 39, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Edgar Yanarico Orihuela en representación sin mandato de Vanessa Roxana Mamani Santos contra Jenny Liseth Camargo Jaldín y Renzo Carrasco Hottman, respectivamente Jueza y Secretario, ambos del Juzgado de Sentencia Penal Décimo Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante el memorial presentado el 31 de enero de 2023, cursante de fs. 6 a 7 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro del proceso penal seguido -en su contra- por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de robo agravado previsto y sancionado por el art. 332 del Código Penal (CP), fue detenida en el “Centro de Rehabilitación de Palmasola” (sic), el 5 de septiembre de 2022 y se sometió a una salida alternativa (descongestionamiento) de procedimiento abreviado, Sentencia “51/22” y desde esa fecha reclamó ser notificada con la Sentencia de primera instancia y que remitan las piezas principales conforme procedimiento ante el Juez de Ejecución Penal y Supervisión, para seguir con los trámites y beneficios de la Ley de Ejecución Penal y Supervicion; empero, “…DESDE ESA FECHA 05/09/22 A LA FECHA 31/01/23, NO FUE REMITIDO CONFORME PROCEDIMIENTO…” (sic).

Así, existe una retardación de justicia de cinco meses, siendo que su abogado defensor reclamó constantemente y “…SOLO DICEN MAÑANA, PASADO Y ASI HACIENDOSE LA BURLA” (sic).

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

La impetrante de tutela a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, conforme a los arts. 22 y 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia; se ordene a las autoridades judiciales remitan en el día las piezas principales ante el Juez de Ejecución Penal, para proseguir con el trámite del proceso y poder solicitar los beneficios que contempla la Ley de Ejecución Penal, toda vez que existe cinco meses de dilación; asimismo, se remitan antecedentes ante la Fiscalía Anticorrupción por el incumplimiento de deberes y retardo de justicia de manera dolosa por parte de los demandados; también, al Tribunal Disciplinario del Consejo de la Magistratura, para su procesamiento y se siente precedente conforme a ley, más la reparación de daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 2 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 34 a 35, produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La demandante de tutela, a través de su representante sin mandato, se ratificó en el tenor íntegro de la acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad y funcionario demandados

Jenny Liseth Camargo Jaldín, Jueza de Sentencia en lo Penal Décima Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe de 2 de febrero de 2023, cursante de fs. 25 a 27 vta., refirió que: a) Para gestionar y controlar las quejas o reclamos que puedan existir en cuanto a dilaciones de los funcionarios de apoyo judicial -como en el caso-, la accionante omitió dirigir su reclamo de forma verbal ante la autoridad; b) Hizo llamadas de atención verbal, escrita, conminatoria de cumplimiento de plazos con el debido resguardo del principio de celeridad y posterior orden de remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura; c) No se podría establecer dilaciones o retardación atribuibles a su autoridad, porque los reclamos realizados no corresponden a funciones que tenga que realizar dentro del marco de sus competencias establecidas en la Ley del Órgano Judicial y el Código de Procedimiento Penal, sino son competencias y atribuciones que tiene el Secretario del Juzgado, el Auxiliar y la Oficina Gestora de Procesos; y, d) No existe vulneración al principio de celeridad, habiéndose cumplido con la remisión de actuaciones ante el Juez de Ejecución de Turno, el 1 de febrero de 2023, por parte del Secretario del Juzgado ahora demandado. Renzo Carrasco Hottman, Secretario del Juzgado de Sentencia en lo Penal Décimo Tercero de la Capital del citado departamento, pese a su notificación cursante a fs. 12, no presentó informe alguno ni se apersonó a la audiencia.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante la Resolución 03/23 de “27 DE AGOSTO DEL 2022” -siendo lo correcto 2 de febrero de 2023-, cursante de fs. 35 a 39, denegó la tutela solicitada respecto a la Jueza demandada y concedió con relación al Secretario codemandado, ordenando se notifique con el indicado fallo a la ahora autoridad demandada, conforme fue solicitado en su informe, sobre la base de los siguientes fundamentos: 1) Atendiendo el objeto de la acción de libertad de pronto despacho, pese a su presentación, de la revisión de obrados se observa que existe el oficio de remisión de antecedentes del proceso con Sentencia ejecutoria al Juzgado de Ejecución Penal Tercero del referido departamento; es decir, el Secretario habría cumplido; 2) La Jueza ahora demandada refiere que, el encargado de elaborar el acta es el Secretario, pese a que existen varias llamadas de atención; también, el 5 de mayo de 2022, existe una nueva llamada de atención a dicho funcionario por falta de elaboración de actas de audiencia; asimismo, el 10 de junio del mismo año, “…existe una llamada de atención al secretario por la falta de elaboración del acta y de situación que ha sido puesta en conocimiento del secretario y el mismo después de 3 llamadas de atención de fecha 31 de enero de 2023, de 18 de noviembre de 2022, la remisión de antecedentes de la unidad de transparencia y fiscalización del 31 de enero del 2023, 28 de noviembre de 2022, igual se pone en conocimiento de la unidad de transparencia y control fiscalización…” (sic); 3) Igualmente se puso a conocimiento del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, la situación de los expedientes, el incumplimiento de las labores encomendadas al Secretario; 4) La Jueza -hoy demandada- al emitir la Resolución e instar al Secretario al cumplimiento de los plazos y la normativa legal vigente respecto a la remisión de antecedente al “juez de ejecución” cumplió con su labor de supervisar y llamar la atención, no siendo responsable directo del acto vulnerador, careciendo de legitimación pasiva; y, 5) Respecto al Secretario codemandado, éste no presentó informe ni se apersonó al Tribunal de garantías; por lo que, se aplicará el principio de presunción de veracidad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa el acta de audiencia de consideración de salida alternativa (descongestionamiento) de 5 de septiembre de 2022 y la Sentencia 51/2022 de la misma fecha, emitida por la Jueza ahora demandada, por la cual declaró autor y culpable a la hoy impetrante de tutela por el delito de robo agravado previsto y sancionado en el art. 332.2 del CP, imponiéndole la pena de tres años de reclusión a cumplirse en el “Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola sección mujeres” (fs. 3 a 4 vta.). II.2. Consta el decreto de 11 de enero de 2023, emitido por la Jueza demandada, dentro del expediente “249-21”, por el cual ordenó la notificación a la parte denunciante y víctima con la Sentencia de 1 de abril de 2022 y llamó severamente la atención al Secretario del Juzgado por la demora en el ingreso de los memoriales a “este despacho judicial” y la falta de notificación a los sujetos procesales en la fase de ejecución de sentencia, debiendo remitirse antecedentes al Consejo de la Magistratura (fs. 31). II.3. Cursa el decreto de 11 de enero de 2023, emitido por la autoridad demandada, dentro del expediente “249-21”, por el cual llamó severamente la atención al Secretario del Juzgado por la demora al ingreso de los memoriales a “este despacho judicial”, debiendo remitirse antecedentes al Consejo de la Magistratura (fs. 32). II.4. Consta la nota CITE JLCJ/SD13 002/2022 de 31 de enero de 2023, dirigido a la Unidad de Transparencia, Control y Fiscalización, por la cual la Jueza ahora demandada refirió que adjunta copias legalizadas de las piezas principales del cuaderno procesal signado con el 249/21 y Número de Registro Judicial (NUREJ) 701102012104338, respecto a incumplimiento de labores por parte del Secretario del Juzgado -Renzo Carrasco Hottman- “…correspondiendo el trámite en Ejecución de Sentencia es decir la Remisión al Juez de Ejecución de Turno, la remisión al REJAP para el registro de la Sentencia, el correspondiente mandamiento de condena, los mismos no son cumplidos por el funcionario pese a tener las instrucción dadas desde la emisión de la Sentencia, y que son instruidas diariamente…” (sic [fs. 16]). II.5. Cursa el informe de 1 de febrero de 2023, emitido por el Secretario codemandado y dirigido el mismo a la Jueza demandada (fs. 15).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La peticionante de tutela a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración del derecho a la libertad; toda vez que, habiéndose emitido la Sentencia 51/2022 de 5 de septiembre, y detenida en el “Centro de Rehabilitación de Palmasola”, se sometió a una salida alternativa (descongestionamiento) de procedimiento abreviado; empero, desde esa fecha hasta el 31 de enero de 2023, reclamó ser notificada con dicho fallo y no se remitió las piezas principales -del expediente- ante el Juez de Ejecución Penal y Supervisión, para seguir con los trámites y beneficios de la Ley de Ejecución Penal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, al efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; iii) La solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por la Leyes 1173 y 1226; y, iv) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 abril reiterada por la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio -entre otras-, realizó el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.

Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el 1El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”.

El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”.

El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 2El FJ. III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.

Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.

Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.

III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente entendimiento: Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, dejó establecido que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: “La jurisdicción ordinaria, se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad (…) eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30.3 de la LOJ, pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia. En cuanto a la aplicación del principio de celeridad exigida a toda autoridad judicial, que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también la seguridad jurídica, más aun, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R, en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que:

…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud" (las negrillas nos pertenecen). Jurisprudencia reiterada en numerosas Sentencias Constitucionales como las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre y 0900/2010-R de 10 de agosto. Por consiguiente, debe entenderse que si bien la privación de libertad fue dispuesta por orden judicial, esta determinación no es indefinida, tiene límites en el tiempo y sobre la base del cumplimiento de requisitos que están expresamente previstos en la ley, de manera que cuando un procesado solicita la cesación de su detención preventiva, habiendo cumplido tales condiciones y el juez o tribunal no responde dentro de plazo a la pretensión efectuada, la privación se convierte en una detención indebida, razonamiento expresado en la SC 0862/2005-R.

III.3. La solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las leyes 1173 y 1226

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0740/2022-S1 de 1 de agosto de 2022, asumió el siguiente razonamiento:

La Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, implementó procedimientos para agilizar la tramitación de las causas penales, descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia; en su Capítulo III, específicamente el art. 8 incluyó modificaciones y sustituciones a las normas del Código de Procedimiento Penal, entre las que se encuentran el art. 239, que en lo relativo al pedido de cesación de la detención preventiva por las causales que se hallaban previstas en los numeras 1 y 4 de dicha norma, establecía que se debía señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco días. Si bien hasta antes de la promulgación de la Ley 586, este Tribunal estableció que para la procedencia de la protección que brinda la acción de libertad, ante la falta de pronunciamiento oportuno dentro de una solicitud de medidas cautelares que afecta el derecho a la libertad física del imputado, dicha petición debía ser atendida dentro del plazo razonable de tres días, en el que debía fijarse día y hora de realización de la audiencia correspondiente y procederse con las notificaciones respectivas -SCP 0110/2012 de 27 de abril-; con la modificación efectuada al art. 239 del CPP por la referida Ley 586, dicho plazo fue regulado a cinco días.

6La detención preventiva cesará:

1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;

2. Cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;

3. Cuando su duración exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24)

meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, asesinato, violación a infante, niña, niño, adolescente, e infanticidio; y,

4. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad terminal.

Planteada la solicitud, en el caso de los Numerales 1 y 4, la o el Juez deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco (5) días.

En el caso de los Numerales 2 y 3, la o el Juez o Tribunal dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, correrá traslado a las partes quienes deberán responder en el plazo de tres (3) días. Con contestación o sin ella, la o el Juez o Tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro de los cinco (5) días siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.

En los casos previstos en los Numerales 2, 3 y 4 del presente Artículo, la o el Juez o Tribunal aplicará las medidas sustitutivas que correspondan, previstas en el Artículo 240 de este Código (las negrillas son añadidas).

7El FJ III.3, dispone que: “…tratándose de señalamientos de día y hora de audiencia para considerar este beneficio [cesación de la detención preventiva], debe ser conceptuada como un término brevísimo, de tres días hábiles como máximo, pues el imputado se encuentra privado de su libertad. En este entendido, el plazo razonable para la realización de la audiencia de análisis, consideración y resolución del beneficio de la cesación de la detención preventiva, será el término máximo antes señalado, incluidas las notificaciones pertinentes, lo contrario constituye vulneración del derecho a la libertad, en el entendido en que los jueces no pueden obrar contra los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad (art. 73 y ss de la CPE), bajo el argumento de existencia de `sobrecarga procesal´ para justificar una negligencia e incumplimiento de un deber de servicio a la sociedad”.

Sin embargo, la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, y posteriormente la Ley de Modificación a ley N° 1173 de 3 mayo de 2019, de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres -Ley 1226 23 de septiembre de 2019- introdujo las modificaciones al art. 239 referente a la cesación de las medidas cautelares personales, siendo el texto vigente el siguiente:

Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de vienticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas. 5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o, 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas. Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las vienticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código.

La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente. Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código. En consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de la detención preventiva, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes. Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud. Respecto del plazo en el cual debe ser providenciadas las peticiones efectuadas mediante los memoriales presentados, de conformidad con el art. 132.1 del CPP, salvo disposición contraria de dicho Código, el juez o tribunal, deberá dictarlas cuando se traten de mero trámite dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme lo entendió la SCP 0110/2012, ya que en el caso de retrasar o aplazar su emisión, no solo se lesiona el derecho a la libertad del impetrante de tutela, sino que el juzgador incurrirá en una falta grave, debido a la demora culpable en la que incurre; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán providenciar los escritos que presenten los imputados dentro del plazo de veinticuatro horas y señalar las audiencias respectivas dentro del término establecido, a efecto de no lesionar el derecho a la libertad de los detenidos preventivamente, sin que sea una excusa para el incumplimiento de esta obligación la excesiva carga procesal, pues su inobservancia, atenta el derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad. Otro aspecto a tomarse en cuenta, es la línea jurisprudencial contenida en la SCP 1905/2012 de 12 de octubre, que establece que una vez suspendida la audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad de control jurisdiccional debe señalar nueva fecha y hora, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud.

III.4. Análisis del caso concreto

La peticionante de tutela a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración del derecho a la libertad; toda vez que, habiéndose emitido la Sentencia 51/2022 de 5 de septiembre, y detenida en el “Centro de Rehabilitación de Palmasola”, se sometio a una salida alternativa (descongestionamiento) de procedimiento abreviado; empero, desde esa fecha hasta el 31 de enero de 2023, reclamó ser notificada con dicho fallo y no se remitió las piezas principales -del expediente- ante el Juez de Ejecución Penal y Supervisión, para seguir con los trámites y beneficios de la Ley de Ejecución Penal. De la revisión de antecedentes se tiene que, la Jueza demandada emitió la Sentencia 51/2022 de 5 de septiembre, por la cual declaró autor y culpable a la hoy impetrante de tutela por el delito de robo agravado previsto y sancionado en el art. 332.2 del CP, imponiéndole la pena de tres años de reclusión a cumplirse en el “Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola, sección mujeres” (Conclusión II.1). También, la Jueza demandada emitió el decreto de 11 de enero de 2023, dentro del expediente “249-21”, por el cual ordenó la notificación a la parte denunciante y víctima con la Sentencia de 1 de abril de 2022 y llamó severamente la atención al Secretario del Juzgado ahora demandado por la demora en el ingreso de los memoriales a “este despacho judicial” y la falta de notificación a los sujetos procesales en la fase de ejecución de sentencia, debiendo remitirse antecedentes al Consejo de la Magistratura (Conclusión II.2); de igual manera, mediante otro decreto de la misma fecha, dicha autoridad judicial llamó severamente la atención al indicado funcionario judicial por la demora al ingreso de los memoriales a “este despacho judicial”, debiendo remitirse antecedentes al Consejo de la Magistratura (Conclusión II.3). Asimismo, mediante la nota de 31 de enero de 2023, dirigido a la Unidad de Transparencia, Control y Fiscalización, la ahora Jueza demandada refirió que adjunta copias legalizadas de las piezas principales del cuaderno procesal signado con el 249/21 y NUREJ 701102012104338, respecto a incumplimiento de labores por parte del Secretario del Juzgado -Renzo Carrasco Hottman- “…correspondiendo el trámite en Ejecución de Sentencia es decir la Remisión al Juez de Ejecución de Turno, la remisión al REJAP para el registro de la Sentencia, el correspondiente mandamiento de condena, los mismos no son cumplidos por el funcionario pese a tener las instrucción dadas desde la emisión de la Sentencia, y que son instruidas diariamente…” (sic [Conclusión II.4]). Por otra parte, el Secretario codemandado emitió el informe de 1 de febrero de 2023 (Conclusión II.5), dirigido a la Jueza demandada, refirió: …dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Publico contra Vanesa Roxana Mamani Santos por la presunta comisión del delito de Robo Agravado EXP 249/2021 NUREJ 701102012104338 se ha dictado sentencia condenatoria en fecha 05 de septiembre de 2023 saliente a fs. 261 a 262 de obrados en la cual se declara culpable a la Sra. Vanessa Roxana Mamani Santos y se le impone la pena de Tres Años de Reclusión. Encontrándose notificado el Ministerio Publico, y la acusada sin embargo por la recarga laboral del juzgado se procedió efectivizar la notificación a la víctima Herman Arteaga Saldias en fecha 26 de Enero de 2023 saliente a fs. 277 de obrados, siendo una omisión de parte del suscrito secretario el no efectuar oportunamente la notificación correspondiente a las partes pese a las instrucciones que su autoridad emite constantemente (sic). Conforme a lo establecido en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es obligación que toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho y en los casos de existir dilación indebida la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye en el mecanismo procesal idóneo para su reparación inmediata. De los antecedentes descritos, se tiene que, la Jueza demandada una vez que emitió la Sentencia 51/2022, ordenó la notificación a la parte denunciante y víctima con dicho fallo, llamó severamente la atención al Secretario del Juzgado ahora demandado por la falta de notificación a los sujetos procesales en la fase de ejecución de sentencia, disponiendo la remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura; además, puso en conocimiento de la Unidad de Transparencia, Control y Fiscalización, el incumplimiento de labores por parte del ahora Secretario demandado. Actuaciones judiciales que denotan que procuró evitar una dilación en la resolución de la situación jurídica de la hoy impetrante de tutela; así, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho no se activa respecto del indicado sujeto procesal, deviniendo en la denegatoria de la tutela pretendida.

Ahora bien, corresponde analizar la actuación del Secretario codemandado y de los antecedentes referidos ut supra se tiene que en reiteradas oportunidades recibió instrucciones por parte de la autoridad judicial a cargo del Juzgado y realice las correspondientes notificaciones y remita actuados ante el Juez de Ejecución y Supervisión y continúe el trámite en ejecución de sentencia; empero, la ahora Jueza demandada en reiteradas oportunidades le llamó la atención por su incumplimiento de labores y dispuso la remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura y a la Unidad de Transparencia, Control y Fiscalización; es más, el referido funcionario judicial mediante el informe de 1 de febrero de 2023, que recién el 26 de enero del mismo año, procedió a notificar a la víctima, reconociendo que no realizó oportunamente dicha diligencia pese a las instrucciones constantes emitidas por la indicada autoridad judicial. Asimismo, en la presente acción de defensa, no presentó informe ni se apersonó a audiencia, no demostró de forma alguna el cumplimiento de la remisión de las piezas principales del cuaderno procesal respecto del trámite en ejecución de sentencia.

De la relación procesal descrita precedentemente, respecto de la omisión del Secretario codemandado, se establece que la falta de remisión de las piezas procesales principales del cuaderno procesal en el trámite de ejecución de sentencia provocaron una dilación innecesaria en la tramitación del proceso penal y por causas ajenas a la voluntad de la ahora accionante, provocando que se active la acción de libertad traslativa o de pronto despacho en procura de acelerar el referido trámite judicial ante la demora indebida en resolver la situación jurídica de la hoy impetrante de tutela que se encuentra privada de libertad. De esta forma, la justicia constitucional al advertir la existencia de un trámite judicial que merece acelerarse para resolver la situación jurídica de la privada de libertad -ahora demandante de tutela-, corresponde otorgar la tutela impetrada. Por todo lo expuesto, la Jueza de garantías al conceder en parte la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/23 de “27 DE AGOSTO DEL 2022” -siendo lo correcto 2 de febrero de 2023-, cursante de fs. 35 a 39, emitida por la Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, respecto de Renzo Carrasco Hottman, Secretario del Juzgado de Sentencia en lo Penal Décimo Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, conforme a lo dispuesto por la Jueza de garantías y el razonamiento expresado en la presente Resolución Constitucional; y, 2º DENEGAR la tutela con relación a la Jueza demandada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

5 El FJ III.2, refiere que: “…el tratamiento que debe darse a las solicitudes en la que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido” (…).

8 El FJ III.3, expresa: “…ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento”.

Más sobre Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0847_2025-S1.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): c88c9a775be0db05f28d20416a9f42b0843451a687d8a905fcbf8074d6adb813

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →